En los nueve Ceresos de Chihuahua se detectaron 351 contagios y se registraron 11 muertes por complicaciones de la infección viral, en siete meses; autoridades reportan aplicación de medidas ante contingencia, sin embargo no se pudo comprobar su cumplimiento, revela la CEDH
Itzel Ramírez / La Verdad
Las más de ocho mil personas que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios de Chihuahua enfrentaron la pandemia de COVID-19 en condiciones de hacinamiento, sin poderse comunicar con sus familiares y defensores y con servicios de salud y alimentación deficientes, de acuerdo con el más reciente diagnóstico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
De abril a octubre de 2020, la CEDH encontró que en siete de los nueve centros de reclusión estatales se registraron 351 contagios, 288 correspondientes a personas privadas de la libertad y 63 a personal que labora en dichas instalaciones, según el diagnóstico especial “Medidas implementadas en los centros de reinserción social, especializados en adolescentes y cárceles municipales durante la emergencia sanitaria”, incluido en el Informe Anual 2020 de la institución.
La pandemia de COVID-19, explica la CEDH, aumentó el riesgo y la vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad, debido a que las medidas adoptadas por las autoridades no garantizaron las condiciones de una estancia digna y segura.
En los nueve centros estatales de reinserción social de Chihuahua (incluyendo los de población masculina, femenil y de adolescentes) había hasta septiembre pasado una población de ocho mil 359 personas privadas de la libertad, aun cuando los espacios disponibles son de siete mil 315.
El reporte de la CEDH indica que la sobrepoblación –de mil 44 personas–, ubica a Chihuahua como el quinto lugar nacional con más excedente poblacional, una circunstancia agravada con la pandemia de coronavirus.
“Se detectaron celdas insalubres, con escasas instalaciones higiénicas y muchas de las PPL (personas privadas de la libertad) no tenían camas o colchones, lo cual les obligaba a dormir en el suelo, hacer turnos con sus compañeros, o compartir las pocas camas y colchones, que en el contexto de la pandemia por COVID-19, resulta sumamente riesgoso”, apunta el informe.
Las peores condiciones de sobrepoblación se encuentran en el Centro de Reinserción Social Estatal 1 de Aquiles Serdán, donde existe un “hacinamiento permanente”, concluye el documento.
La CEDH también detectó que las personas privadas de la libertad carecían de atención médica adecuada y de suministro de medicinas, además de enfrentar condiciones precarias de alimentación.
“En suma, y basándonos en los hechos analizados de manera concreta, quedó demostrado que las personas privadas de su libertad sufrieron violaciones a sus derechos humanos a la protección de la salud, a la vida y a la no incomunicación”, asegura el texto.
Una de las medidas adoptadas para el diagnóstico y la contención de la pandemia fue la de realizar pruebas de detección de COVID-19 a aquellas personas privadas de la libertad con sospecha de contagio o a petición de familiares y defensores.
De marzo a octubre se realizaron 960 pruebas de detección del nuevo coronavirus, con 918 a hombres y 42 a mujeres que habitan en los centros de reclusión.
El Cereso 3, ubicado en Ciudad Juárez, fue donde más pruebas se realizaron (424) , seguido del de Aquiles Serdán (276), Chihuahua (196), Femenil 2 de Juárez (42) y Parral (22).
De los 288 contagios detectados en reos, en 21 casos se hicieron traslados a hospitales externos y se registraron 11 muertes por complicaciones de la infección viral, detalla la CEDH.
Acusan aislamiento
A raíz de la pandemia, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública implementaron medidas para frenar el avance de los contagios dentro de los Ceresos estatales, entre ellas la de restringir las visitas a las personas privadas de la libertad.
Las autoridades informaron a la CEDH que habían impulsado el uso de otras vías de comunicación para no aislar a la población penitenciaria, sin embargo el cumplimiento de las medidas no pudo comprobarse.
“Si bien es cierto que la autoridad penitenciaria comunicó la implementación de medidas alternas para garantizar la comunicación de PPL con el exterior, como teléfonos instalados de los que podían hacer uso frecuentemente y un programa de videollamadas con sus defensas, este organismo no logró corroborar que la autoridad hubiera implementado tales medidas, pues la evidencia recabada no fue suficiente para acreditar que se cubría oportunamente dicha necesidad”, informa la CEDH.
Además, hubo quejas de personas que dijeron haber sido incomunicadas o a las que se les negó el acceso a alimentos especiales que habían sido previamente autorizados.
Los hallazgos llevaron a la emisión de la Recomendación 32/2020, dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Salud.
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