En 11 meses de contingencia sanitaria, 3 mil 322 personas en todo el país han sido preliberadas. Esto es menos del 2 por ciento del total de internos a nivel nacional; además de que algunos mecanismos son opacos. Organizaciones defensoras exigen acelerar los procesos de preliberación y garantizar un seguimiento en libertad.
Daniela Rea / Pie de Página
Guanajuato – El pasado miércoles el gobierno de México anunció que habían preliberado a 3 mil 322 personas en el contexto de la pandemia por COVID-19.
“Qué bueno que se logró la preliberación de las personas, pero ¿qué va a pasar con ellas?”, pregunta Daniel Serrano de la organización Insade que trabaja la reinserción social de personas salidas de prisión. Se trata de personas que salen en medio de una pandemia, una crisis económica sin precedentes, y pocos o ningún programa de reinserción. Salen “a enfrentar una sociedad que los discrimina, los criminaliza y no les da oportunidades para desarrollarse”, resume Serrano.
Las preliberaciones y la ley de amnistía son un acierto, aclara. Como parte de la estrategia de despresurizar las cárceles. «Pero el reto no es sólo que se les haga justicia a estas poblaciones con encarcelamientos injustos, sino ser capaces de responder ¿qué pasará con ellos cuando estén libres? ¿Cómo será su renovación de los derechos político electorales?, ¿quién los va a contratar?, ¿hay posibilidades de justicia restaurativa? Siempre hemos recomendado que estas preliberaciones estén acondicionadas con una canalización a la sociedad. No se trata de liberar por liberar, se trata de garantizar sus derechos”, agrega.
No es la única voz desde la sociedad civil. Tras el anuncio de Segob sobre las preliberaciones, Equis Justicia para las Mujeres lanzó un boletín; ahí acusa lo mismo: preliberaciones insuficientes y un proceso lento.
Las acciones reportadas para establecer un regreso a casa adecuado y con base en una estrategia de reinserción social integral, especializada y acorde a las necesidades de la población egresada no resultan suficientes en el contexto de la pandemia, además de que se carece de un plan de reinserción para personas que resultarían beneficiarias de la Ley de Amnistía”.
Dos caminos para la libertad
En México hay dos mecanismos de despresurización de las cárceles: Uno es la ley de Amnistía que se aprobó en abril del año 2020 y que permite a personas sentenciadas en el fuero federal por ciertos delitos, recibir un perdón y salir en libertad; el otro es el mecanismo de liberación anticipada que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Ambos mecanismos responden a los llamados de organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos para atender a la población carcelaria y garantizar sus derechos; y esta importancia se acentúa en el contexto de pandemia. Sin embargo la operatividad ha sido lenta. Además, en el caso particular de la Ley de Amnistía, se trata de un mecanismo federal que aplica sólo para personas sentenciadas en este fuero. Esto significa un mínimo impacto para personas en detención que podrían aplicar para ese beneficio.
Y a ese pasmo con que están operando los mecanismos, se suma la falta de vínculos para garantizar que las personas que son preliberadas puedan acceder a un trabajo digno, a no ser discriminadas.
Una amnistía que llega a pocos
En abril del 2020 se aprobó la Ley de Amnistía a través de la cual se otorgaría un perdón a personas que han cometido delitos no graves, para salir de prisión antes de cumplir su sentencia.
Esta ley beneficia a personas ya sentenciadas por delitos como aborto, robo simple, delitos contra la salud (si se comprueba pobreza o pocas cantidades de droga), disturbios o alteraciones a la seguridad (menos terrorismo); también contempla cualquier delito para población indígena si su proceso no fue adecuado o no tuvo un intérprete.
La ley fue vista como una posibilidad para ayudar a la preliberación en el contexto de la pandemia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos registró, a octubre del 2020, que 233 personas privadas de la libertad murieron por COVID-19 y 2 mil 663 fueron contagiadas dentro de los penales.
Sin embargo, la ley de Amnistía sólo aplica para los delitos procesados en el fuero federal; esto es, solo unas 4 mil personas entran en esos supuestos de la Ley de Amnistía. Cuatro mil, de los más de 208 mil internos en el país, de acuerdo con cálculos de Equis Justicia para Mujeres.
Un proceso que trabaja en opacidad
“La ley de Amnistía reconoce la injusticia cometida por un sistema penal que ha criminalizado históricamente a grupos en situaciones de diversas vulneraciones; como mujeres, pueblos indígenas, luchadoras sociales así como poblaciones que están en contextos de pobreza y marginación”. Así dijo en conferencia Fátima Gamboa de Equis Justicia para las Mujeres.
“Sin embargo la ley dista mucho de ser una realidad pues aún persisten muchos obstáculos para su eficacia. La comisión (encargada de recibir y analizar las solicitudes de Amnistía) opera de manera opaca sin mecanismos de transparencia, no sabemos cuándo sesionan, los temas, los acuerdos y resoluciones de sus sesiones; sus audiencias no son públicas ni transparentes ni cuentan con las versiones estenográficas. No hay claridad sobre los criterios que utilizan para resolver si la amnistía es procedente o no y tampoco los mecanismos de información de la ley entre las personas privadas de la libertad”, señaló Fatima Gamboa, de Equis Justicia para las Mujeres.
La organización señala que no hay claridad en el número de cuántas personas han solicitado su amnistía y menos aún cuántas han sido liberadas.
Equis denunció la falta de claridad sobre el número de solicitudes de Amnistía realizadas: “La información (presentada por Segob el pasado 4 de febrero) fue imprecisa y contrasta con cifras publicadas por la propia Segob, que anteriormente había reportado recibir un total de 2,487 solicitudes de amnistía. En la conferencia de hoy se informó que, hasta ahora, tan solo han recibido 1,115 solicitudes de todo el país, de las cuales: 175 son improcedentes por los delitos de los que se tratan y 769 no cuentan con la información completa sobre los casos para dictaminar. No obstante, la Secretaría Técnica omitió explicar cuál es el estatus de las 171 solicitudes restantes”.
“Desde el Observatorio de Amnistías, llamamos a detallar el número real y la naturaleza de las solicitudes, así como su estatus, desglosadas por fechas de presentación, delitos de los que se tratan, fuero al que pertenecen, identidad sexogenérica, lugar de origen de las y los peticionarios; así como por las categorías de vulnerabilidad que la propia ley establece2; priorizando, en todo momento, la protección de sus datos. Esto permitiría tener un panorama realmente claro del interés que tienen personas privadas de la libertad de acceder a este recurso”.
La organización tiene conocimiento de dos mujeres que fueron preliberadas, porque les hizo acompañamiento.
Cada estado de la república tendría que aprobar su propia ley de Amnistía para que este beneficio se pueda aplicar a las personas detenidas y sentenciadas por los fueros locales.
El Estado de México tiene ya su ley y en este enero salieron libres las dos primeras personas beneficiarias, era una pareja acusada de homicidio y sentenciada a 40 años.
Difundir, resolver
Equis justicia publicó un boletín en octubre del 2020 en el que advertía las fallas en el procesamiento para lograr la preliberación, al considerarlo lento y discrecional. Uno de ellos era la falta de personal pues sólo 12 personas revisaban las solicitudes; además de que no se ha reportado traducción de los materiales a lenguas indígenas, dado que serían de los principales beneficiados.
Como una forma de difundir la información y facilitar el acceso a las preliberaciones Equis Justicia inventó el chatbot Libertad, “con el fin de facilitar el proceso de solicitud de amnistía para personas privadas de la libertad en México”. Este sistema, «Libertad” está diseñado para generar formatos de solicitud de este recurso, de forma automatizada.
Liberar y acompañar
Insade y Equis han señalado la falta de seguimiento a las personas que son preliberadas.
Daniel Serrano de Insade refiere que, salvo la Ciudad de México, ninguna entidad cuenta con una institución de reinserción social que recibe a personas egresadas del sistema de justicia penal que los vincula con espacios laborales y les da un apoyo de 5 mil pesos mensuales durante los primeros tres meses de su liberación, además de formación laboral. Yucatán tiene un programa de servicios post penales.
“Lo ideal sería que cada entidad tuviera un modelo como en Ciudad de México”, dice Daniel Serrano.
“Una persona que sale de prisión se enfrenta al estigma y discriminación de salir de la cárcel, tiene obstáculos como no credencial de elector y retrasos en la renovación por parte del INE. Tienen suficiente experiencia curricular de oficios pero a la hora de pedir empleo se enfrentan a la carta de antecedentes no penales y es complicado que se involucren en el contexto de la digitalización, no cuentan con recursos”, agrega.
Nuevo León es el único estado que no solicita carta de antecedentes no penales, Jalisco tampoco las solicitaba, pero el gobernador lo modificó.
“Hemos visto que la gente ha ido a pedir trabajo y la empresa sin su autorización hace la solicitud de carta de antecedentes no penales. Es por ello que la mayoría quiere emprender por su cuenta, pero a la hora en que están los programas de emprendimiento se enfrentan a la burocracia y la imposibilidad de tener los documentos”, dice Daniel Serrano.
Insade tiene programas para formar laboralmente a las personas que salen de prisión, como generar microempresas para la reinserción social y autonomía económica para adolescentes y jóvenes adultos liberados.
Serrano afirma que de por sí esta población enfrenta discriminación, con la pandemia se reavivó el rechazo a los beneficios que pudieran recibir.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
