A pesar de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anunció la resolución de un feminicida serial con “prueba científica”, un juez negó una orden de aprehensión, la CEAV cuestiona la investigación y no hay sentencia ni certeza para la familia de la víctima de un caso que avanza en la CIDH porque el Estado tiene 20 años sin resolverlo
Marco Antonio López y Abraham Rubio*
Fotografías: Abraham Rubio
Ciudad Juárez, Chihuahua– Norma Andrade, quien frente al féretro de su hija juró que no iba a descansar hasta encontrar justicia, ahora duda. El tiempo la ha orillado a creer que morirá sin cumplir esa promesa, y cuando cae en cuenta y lo dice, llora.
Han pasado 20 años y ese duelo que se abrió el 14 de febrero de 2001 está lejos de cerrarse para ella y Jade y Caleb, quienes quedaron huérfanos desde ese momento.
El caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, permanece impune debido a las deficiencias en la investigación y el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, que tras una investigación de tres meses en 2018 detuvo al presunto asesino serial, Manuel N., y dio por “resuelto” un caso que llevaba más de tres lustros sin respuestas.
El gobernador Javier Corral y la Fiscalía han presionado a la defensa de Norma y a ella para que acepten al detenido como el responsable, pero no lo admiten ante las inconsistencias en la investigación por el feminicidio de Lilia Alejandra y la arbitrariedad con que las autoridades descartaron la línea de investigación más importante desde 2010: tres muestras genéticas.
Norma dice que estas acciones implicarían más violaciones por las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaría al Estado, pero eso no le importa en realidad: “Lo que me interesa es que detengan al que mató a mi hija y a los que lo ayudaron.”
La promesa de justicia
Lilia Alejandra tenía 17 años cuando desapareció el 14 de febrero del año 2001 tras salir de su trabajo de la Planta Maquiladora Servicios Plásticos Ensambles S.A. de C.V. Pidió prestado dinero para tomar el transporte público y partió al atardecer por un lote baldío cercano a la zona.
Horas después, cuando sus familiares se percataron de su ausencia, comenzaron a buscarla con sus amigos y conocidos para conocer su ubicación. No pudieron localizarla y acudieron a la Agencia del Ministerio Público. El primer encuentro desagradable de Norma Andrade con la autoridad fue ese día cuando le dijeron que debía esperar 72 horas para reportarla desaparecida porque “seguro estaba con el novio”.
Una semana después, su cuerpo sin vida, torturado y abusado sexualmente fue abandonado enredado en una cobija en un terreno baldío entre dos de las avenidas más importantes de la ciudad, la Tecnológico y la Ejército Nacional.
Norma Andrade sepultó a su hija con la promesa de que no descansaría hasta encontrar justicia.
Pasaron nueve años para que la carpeta pudiera tener una línea de investigación sólida, que se dio por la presión de la defensa de Norma, Grupo de Acción por la Defensa de los Derechos Humanos, y por ella misma. Se identificaron tres muestras genéticas: el raspado de las uñas restos orgánicos (perteneciente a un varón o “dudoso”), una mancha de sangre O+ en el cobertor en que fue envuelta la víctima (muestra C1666-1/07) y semen que se extrajo del cuerpo de la víctima (muestra 1298/06).
La última muestra, la 1298/06, coincidió en el haplotiplo “Y” con el ADN de un agente ministerial de nombre Enrique Castañeda Ogaz, quien fue asesinado el 19 de febrero de 2010 e ingresado a la base de datos de la FGE meses antes de que la defensa pidiera el cotejo de la muestra en la base de datos.
Los resultados del Informe Pericial en Materia Forense, que entregó y firmó la perito Karely Liliana Islas González el 8 de junio de 2010, mostraron que el agresor de Lilia Alejandra es un familiar perteneciente al linaje paterno de Castañeda Ogaz y, de acuerdo con el Ministerio Público, la muestra coincide y vincula al agresor de Lilia Alejandra con otros tres feminicidios: Sonia Ivette Sánchez Ramírez, Rosa Isela Tena Quintanilla y Coral Arrieta Medina.
Sin embargo, el avance en la investigación no facilitó las cosas para encontrar justicia: las complicaron. Norma sufrió dos intentos de asesinato en un lapso de 60 días (el primero en Ciudad Juárez el 2 de diciembre de 2011 y el segundo en Ciudad de México el 3 de febrero de 2012), además han entrado a su casa a vandalizarla, robado las computadoras de la organización en la que trabaja y ha recibido amenazas. Desde 2011, Norma, Caleb y Jade, viven desplazados, lejos de la ciudad donde nacieron.
En el caso de Lilia Alejandra el acceso a la justicia no ha llegado, pero en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso debido a la existencia de “un retardo injustificado por parte de los órganos jurisdiccionales mexicanos respecto a los hechos denunciados”. En 2018, durante la comparecencia del “Caso 12.853 – Lilia García Andrade, México”, el Estado mexicano aceptó su “responsabilidad internacional” por la ineficacia de sus instituciones para prevenir, investigar diligentemente y sancionar a los responsables del secuestro, tortura sexual y feminicidio de la adolescente Lilia Alejandra.
El Gobierno Federal ofreció un acuerdo amistoso que la defensa negó. Pero fue la participación del representante de la FGE de Chihuahua la que cambió todo a partir de ese momento: Sergio Castro Guevara se presentó como el nuevo ministerio público encargado de la carpeta y el mismo día de la comparecencia les informó de una nueva línea de investigación.
Un detenido, una “prueba científica”
El ministerio público Sergio Castro Guevara tomó la carpeta de investigación entre febrero y marzo de 2018 y, luego de entre dos y tres meses con el caso, determinó con una investigación basada en estadística genética que el principal sospechoso desde 2010, un familiar directo del linaje paterno del agente Castañeda Ogaz, no podía ser, porque ya se había cotejado el ADN encontrado en el rastro de semen con gran parte de la familia paterna del agente.
Incluso, refirió el agente del Ministerio Público en una entrevista, se exhumó a un familiar de la línea paterna y no coincidió con el ADN, por lo que luego de que se compulsaran las muestras de varios familiares con la del semen, se concluyó que lo que en un principio dijeron los peritos no era posible.
Entonces, dijo Castro Guevara, se inició una investigación desde el principio. En algún punto de la investigación Castro Guevara pidió comparar el ADN de otra víctima de feminicidio, Leticia García Leal –que fue asesinada en 2011 y cuyos restos óseos fueron encontrados dos años después–, con el de la muestra de semen 1298/06. Y, de acuerdo con el agente, se determinó que el semen que se encontró en el cuerpo de Lilia Alejandra pertenece por “estadística genética” a quien fuera padre biológico de Leticia García Leal: Manuel N.
Para llegar a dicha conclusión se tomaron muestras genéticas de la madre e hija de Leticia, pero no se tomó muestra a Manuel N para confirmar.
Manuel N. fue detenido en la ciudad de Chihuahua el 19 de mayo de 2018, a tres meses de que Castro Guevara tomara la investigación, y 12 días después de que se llevara a cabo la audiencia en República Dominicana de la CIDH.
Manuel N. está detenido y en proceso, aún sin sentencia a casi tres años de su detención, por su presunta responsabilidad en el homicidio y violación de Rosa Isela Tena Quintanilla y por el de Sonia Ivett Sánchez Ramírez.
El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró el 8 de agosto de 2018 a los medios de comunicación, luego de una manifestación de familiares de víctimas en el Foro de la Pacificación que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade estaba resuelto:
“Que haya motivaciones personales o políticas es otra cosa, son casualmente las dos personas más atendidas por la Fiscalía (el otro caso al que se refirió es José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo). Un caso que ya está resuelto es el de Norma Andrade, está resuelto el asesino serial con prueba científica, pero encontramos la oposición de ella, dice que no es… es un crimen seguir medrando con el dolor de las víctimas”, dijo en esa ocasión.
El gobernador dio por resuelto el caso, pero en los hechos, ese 8 de agosto, no había una orden de aprehensión validada por el juez por el caso de Lilia Alejandra y tampoco alguna persona detenida por este feminicidio.
De hecho, la orden de aprehensión por el caso de Lilia Alejandra fue negada el 27 de agosto de 2018 por el juez primero de Ejecución de Penas con funciones del Sistema Tradicional, Rubén Efrén Ramírez Santillán, al no estar comprobada su probable responsabilidad. Dos semanas después de que Javier Corral anunciara la resolución del caso “con prueba científica”.
Esa “prueba científica” fue cuestionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) al hacer una revisión de la estrategia pericial seguida por el MP y determinó que:
“las actuaciones realizadas por las y los peritos estatales (…) han contribuido en forma significativamente negativa en la investigación del homicidio de Lilia Alejandra García Andrade”.
Por ello, la CEAV ordenó un estudio exhaustivo de dos aspectos de la investigación.
El primero sugiere una evaluación de los dos peritajes contradictorios realizados por la perita Karely Liliana Islas González, que en un primer momento determinó la relación de parentesco por el linaje paterno entre Castañeda Ogaz y el agresor de Lilia Alejandra, y ocho años después eliminó esta línea de investigación tras emitir un segundo documento donde descarta esta hipótesis.
El segundo pide una revisión y evaluación de las técnicas, métodos, análisis y conclusiones realizados y si lo referido por los peritos “es congruente con lo dictado y sugerido en la comunidad científica, las bases teóricas y prácticas del área de conocimientos en la que dictaminan”.
A más de dos años de que se negara la orden de aprehensión a Manuel N. por el caso de Lilia Alejandra, la carpeta de investigación no ha tenido modificaciones, es decir, no se ha apelado la decisión del juez, y por lo tanto no se ha liberado alguna orden de aprehensión relacionada con el homicidio de Lilia Alejandra, de acuerdo con el Departamento de Comunicación del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
Feminicidios en México: la situación está más grave
La búsqueda de justicia de Norma ha sido transexenal: cuatro gobernadores y presidentes se han reunido con Norma o han escuchado alguna vez la petición de justicia. Sin embargo, considera que la situación es más grave hoy que hace 20 años: “no nomás por el aumento de casos, no nomás porque ya es en todo el país. Es más grave el problema porque, a pesar de todo lo que hay (leyes, instituciones, visibilidad en los casos), seguimos sin justicia”.
La impresión de la activista no es para menos: en cinco años los feminicidios en México aumentaron un 128.71 por ciento, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El país aumentó de 411 carpetas abiertas por feminicidios en 2015 a un total anual de 942 en 2019 y 940 en 2020. Cifras que de acuerdo con organizaciones civiles podrían ser más debido al subregistro en los estados donde no está tipificado el feminicidio y se considera como homicidio doloso.
Julia Monárrez Fragoso, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, explica que desde 2003 un informe de las Naciones Unidas – en el que se analizaron 86 feminicidios ocurridos en Juárez– planteó la incapacidad en los procesos de investigación de las autoridades y la necesidad de cambios profundos en las fiscalías, pero estos no fueron suficientes: “el sistema ha sido manifiestamente desbordado por un desafío criminal para el que no estaba preparado a partir de 2008, dando lugar a un colapso institucional que ha determinado la impunidad generalizada de los responsables de los crímenes”.
Sin embargo, considera injustificable que las autoridades del estado de Chihuahua y federales continúen subestimado el problema: “sí hay feminicidios, no es una leyenda negra, y las sociedades necesitan para su propia reconciliación saber la verdad y tener justicia, saber por qué estas niñas y mujeres empiezan siendo asesinadas desde 1993 y todavía hasta el 2021, a pesar de que el Estado mexicano ha sido condenado internacionalmente, sigue todavía permitiendo la desaparición forzada y el feminicidio”.
Este 21 de febrero se cumplen 20 años del asesinato de Lilia Alejandra y Norma ve lo que vio hace 20 años: “el mismo gobierno insensible de aquella época. Antes no teníamos nada de medios, entonces había pretexto para decir que no teníamos y no se encontraba justicia por eso; ahora lo tenemos y de todos modos no encontramos justicia”.
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*Una historia que La Verdad publica con autorización de los autores
