La tragedia del horror se recrudece en Chihuahua, el estado se ha ubicado como el segundo del país con de mayor incidencia de violencia extrema
Itzel Ramírez
La costumbre, sentenciaba Juan Gabriel, es sin lugar a dudas más fuerte que el amor.
Viene a cuentas la referencia para hablar sobre cómo la barbarie que vive México por las actividades del crimen organizado es cada vez más común y que, tal parece, tanto sociedad como gobierno hemos aprendido a tolerarla.
La organización Causa en Común publicó que durante el todo 2020 ocurrieron cinco mil 380 hechos de violencia extrema (entre masacres, asesinatos de personas vulnerables o de interés político, crímenes cometidos con maltrato extremo y terrorismo, fosas clandestinas, entre otros), en todo el país, con Guanajuato y Chihuahua como las entidades de mayor incidencia con 369 y 238 casos, respectivamente.
Chihuahua, de acuerdo con el recuento, tuvo 105 casos de tortura, 48 fosas clandestinas, 47 hechos de descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 46 masacres, 30 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, entre los hechos de extrema violencia más numerosos cometidos en la entidad.
La tendencia no para, es suficiente señalar la masacre del pasado 14 de febrero en Villa Coronado, Chihuahua, para observar que este tipo de hechos no son una “ola”, como una y otra vez dicen las autoridades, sino que se enmarcan dentro de un escenario de inseguridad incontrolable y que va siendo parte de la cotidianeidad de las poblaciones; para el primer mes de 2021, el registro alcanzó 33 actos de atrocidades.
Sobre el hecho de Villa Coronado, el gobernador Javier Corral opinó que los medios de comunicación no deberían difundir las imágenes en las que se aprecia el nivel de violencia de aquella masacre.
Sin dejar de lado la necesidad de una reflexión al interior de los medios para discutir los estándares y criterios editoriales que han de regir la publicación de información, creo que es importante destacar cómo los gobiernos se preocupan más por los efectos de la difusión que por los hechos delictivos mismos.
“Yo creo que es un error, lo digo con absoluto respeto, que se difundan ese tipo de imágenes que solo contribuyen a generar una mala percepción, una mala imagen, una zozobra, una angustia. Lo que buscan es eso, sembrar miedo en la población”, atajó el Corral en conferencia de prensa dos días después de la masacre que dejó cinco personas asesinadas en un presunto enfrentamiento entre criminales.
La imagen es lo que le preocupa al gobernador, no que en una carretera se enfrenten presuntos narcotraficantes o que hubiera decapitaciones en el acto.
Si Corral ocupa una palestra para discernir sobre qué sí se publica y qué no, en un nivel superior el presidente Andrés Manuel López Obrador informa que, casi por decreto, en México ya no hay masacres, torturas o desapariciones.
Si los gobernantes se sentaran 30 minutos con algún colectivo de familiares de víctimas, se darían cuenta de lo irracional de sus afirmaciones: desde lo ridículo que suena la preocupación por la imagen a una familia que busca a sus seres queridos, hasta la rabia que provoca la negación de la tortura.
No baste con recordar que sí, que los crímenes van en aumento, sino darse cuenta de que la percepción de que los delincuentes solamente se matan entre ellos es una absoluta mentira, igual que lo ha sido desde hace años.
Ocupo estas líneas para llamar la atención sobre cómo ese discurso va permeando cada vez más en la sociedad, cómo nos acostumbramos también a la violencia y cómo –siempre que no nos toque– justificamos el avance de los criminales.
‘Si mataron a X, seguro andaba metido’, ‘Se metió con quien no debía’, como razón suficiente para explicar un asesinato.
La barbarie con que se cometen estos crímenes de violencia extrema necesita ser analizada por sociedad y gobierno con elementos que vayan más allá de la guerra entre narcotraficantes o la descomposición de las sociedades.
El acceso a bienes y servicios, a derechos fundamentales y la intervención estatal para garantizar el acceso a la igualdad de oportunidades se vuelven más que nunca necesarias para intentar modificar el escenario actual.
La drogadicción como un asunto de salud pública, igual que la violencia intrafamiliar, por ejemplo, son ejes que en otros entornos han dado resultado y que podrían ser mucho más útiles que la simple condena de que estamos destinados a ser un país violento y exportador de narcotraficantes.
Urge, también, el reconocimiento de que las políticas implementadas hasta ahora y que consisten en militarizar el país, no han logrado frenar la violencia atroz que vivimos cada vez más mexicanos.
PANORAMA
Aprovecho este espacio para recordar una anécdota a propósito de la reflexión sobre los medios de comunicación y su ética.
“Sicarios perdonan la vida de un bebé” era el título de la nota principal de uno de los portales más importantes de Juárez hace unos tres años. Al leer el encabezado y sin invitación, cuestioné al editor web encargado del portal por la narrativa: el uso del verbo perdonar me parecía (entonces y ahora) deleznable para describir la conducta de un comando que decide no matar a un bebé, pero sí a sus padres, además de que dotaba de un poder sobrehumano a unos asesinos.
El editor me contestó que ese título atraía a la audiencia y que lo más importante era que los números de visitas subían, finalmente, me dijo, esos matones habían dejado vivo al bebé.
Sí, es urgente la reflexión de la responsabilidad de los medios de comunicación y de cómo se comunican con sus audiencias, pero ello no debería ser materia principal de la preocupación de quienes gobiernan.
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Itzel Ramírez. Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma, El Diario de Juárez y La Verdad. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.
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