El Cereso Productivo data de 2008; desde entonces y hasta la fecha, los gobiernos de los tres niveles han gastado millones de pesos en la construcción y equipamiento de un inmueble que se mantiene en el abandono
Itzel Ramírez/ La Verdad
Una inversión de más de 600 millones de pesos a lo largo de doce años no ha sido suficiente para poner en marcha el Cereso Productivo de Ciudad Juárez, un edificio donde no existe un solo reo y que se ha deteriorado al grado de estar inservible, a pesar de ser considerado un proyecto prioritario por tres administraciones estatales.
El subejercicio de recursos presupuestales, así como el abandono del proyecto por tres niveles de gobierno, son algunas de las causas que mantienen el inmueble sin posibilidad de funcionar como un centro de trabajo para 500 personas privadas de la libertad, como buscó la Fiscalía General del Estado en 2017, cuando se retomaron las solicitudes de inversión federal para la reactivación del plan.
El Cereso Productivo data del 21 de julio 2008, cuando el gobernador José Reyes Baeza Terrazas y el gobierno federal, con Felipe Calderón como presidente, firmaron un convenio para la construcción y equipamiento del Cereso Productivo en Ciudad Juárez, que sería un modelo para la generación de empleo para personas sentenciadas de baja y media peligrosidad.
Desde entonces y hasta la fecha, entre la federación, el gobierno estatal y el municipal, han sido gastados millones de pesos en la construcción y equipamiento de un inmueble ubicado a lado del Centro Federal de Readaptación Social 9 – recientemente inhabilitado–, en el kilómetro 37 de la carretera Juárez-Chihuahua.
De acuerdo con los documentos disponibles, el Cereso Productivo tendría una extensión de 19 hectáreas y la inversión total ascendería a 627 millones 886 mil 497 pesos para el trabajo de hombres sentenciados que pudieran acceder a un salario y capacitación laboral.
Para Georgina Bujanda, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Chihuahua, una de las razones que explica el fracaso del Cereso Productivo es la falta de planeación del proyecto.
“Este mismo proyecto cuando lo arrancaron, lo arrancaron al ‘chilazo’, sin tener claro los beneficiarios. En la administración anterior, los recursos del Cereso Productivo se ejercieron sin licitaciones, sin pagarle a proveedores, casi de palabra”, señaló Bujanda, también exdirectora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Para ponerlo en marcha de nuevo, dijo, se necesitarían además de recursos federales, la mejora de procesos que aseguraran tanto la construcción como la operación que garantice los mejores esquemas en un modelo de prevención terciaria.
Millones invertidos en edificio inservible
Los registros públicos indican que desde 2009 y hasta 2013 – durante las gestiones de Reyes Baeza y César Duarte– se pagaron más de 377 millones de pesos.
De acuerdo con los datos disponibles, esa cantidad se destinó para la construcción de terracerías, áreas de talleres, murallas, torres, pasos a desnivel, aduanas, zonas de ingreso y registro, cocina y lavandería, aulas, casas de máquinas, área de estancia para personas sentenciadas, vialidades, obras exteriores, esclusas de seguridad, escalatorias, sanitarios, refresquería, así como gastos asociados a ajustes financieros, a las empresas Grupo Casas Grandes SA de CV y Eiffel de México S de RL de CV.
Parte de esos recursos provinieron de una bolsa de 450 millones de pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010, etiquetados dentro del Ramo 36 de Seguridad Pública. Con el gasto ejercido ese año, indican los registros de la Secretaría de Hacienda, el avance de las obras llegaba a un 67 por ciento.
Adicionalmente, los gobiernos estatal y municipal habían aportado un total de 60 millones de pesos para la construcción del Cereso Productivo.
El plan contemplaba que las aportaciones municipales disminuyeran hasta desaparecer a mediano plazo, para hacer del Cereso un proyecto autosustentable.
Era parte de la reforma del sistema penitenciario del programa para combatir la violencia en Juárez en 2010 de acuerdo con los cables de la embajada de Estados Unidos.
En 2011, nuevamente el gobierno federal destinó 100 millones de pesos para el mismo proyecto, como parte de las transferencias enviadas a la Secretaría de Seguridad Pública.
Para entonces, las maquiladoras Seisa, MSI, Foxconn, Naps de Juárez, Strattec, Intermatic, Smg, Ease Internacional, Amex, Coplasco, Bell Manufactura, Flextronics y Clover Group habían emitido cartas de interés para ser tomadas en cuenta al momento de designar a quienes darían empleo a los internos.
Abandonado desde 2011, fue hasta el primer trimestre de 2016 cuando autoridades municipales realizaron obras de limpieza y retiro de escombro en las instalaciones construidas a lado del Cefereso 9.
Fue hasta el 2017, en el gobierno de Javier Corral, que se que planteó la necesidad de retomar el Cereso Productivo, ahora también como una medida que serviría para disminuir la sobrepoblación de los centros de reclusión estatales.
Para 2018, el gobierno estatal proyectaba que con 150 millones de pesos de inversión federal se podría avanzar en la adecuación de las instalaciones y serían 2 mil custodios con empleo nuevo, según informó el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, en una comparecencia ante el congreso local.
La solicitud del funcionario se incluyó con la clave 19-DOP-CST-031 dentro del Programa Anual de Obra Pública 2019 de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y dependiente del Departamento de Construcción de Obras Públicas de la Fiscalía General del Estado.
Con la inversión, más una complementaria del gobierno federal, indicó Peniche, se esperaba que el Cereso Productivo estuviera en plena operación en 2019.
Hacia mayo de ese año, el gobierno estatal entregó a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, una solicitud para que se designaran recursos de la Federación al proyecto laboral.
La petición incluyó una visita a las instalaciones que, de acuerdo con funcionarios del gobierno estatal, estaban destruidas, no aptas ni siquiera para servir como resguardo de elementos de seguridad pública.
‘El salario más alto del país’
Para enero de 2020, el gobernador Corral anunció que era probable que el Cereso Productivo de Juárez tuviera el salario más alto de la frontera.
“Puede ser el salario más alto del país el que se pague en el Cereso productivo, porque si bien es cierto ya hay un aumento muy importante en la frontera del salario, ahí en el cereso productivo se podría pagar incluso todavía por arriba de ese incremento por varias razones” dijo.
Enumero sus consideraciones: “primero porque ahí no tendrían rotación de personas, no habría ausentismo, pues ahí si hay ausentismo es que alguien se peló, entonces están todos ahí, luego puede haber muchos incentivos a la productividad, realmente son trabajadores cautivos, ahora sí literalmente, trabajadores cautivos y eso puede generar un gran salario y puede mejorar productividad, costos de producción y todo lo que ahorren estas empresas en términos de los procesos que tiene la industria maquiladora en la ciudad, o sea, afuera, se los vamos a pedir que los repercutan en el salario”.
Sin embargo, el gobierno federal no etiquetó fondos, ni el estatal ejerció los 150 millones previstos.
Alexandrina Saucedo, vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, explicó que la falta de presupuesto designado desde el Municipio y la Federación, mantienen el proyecto sin avance.
“Por cuestiones presupuestales (el Cereso Productivo) está sin funcionamiento”, dijo Saucedo.
La inversión en materia penitenciaria, mencionó, se ha destinado a capacitaciones, equipamiento a los penales que ya funcionan, así como la atención a la población penitenciaria.
Además, confirmó que gran parte de los recursos etiquetados para proyectos de inversión en la Secretaría de Seguridad Pública en 2020 se reasignaron para la atención de la pandemia.
En 2020, la presidenta de la organización Reinserta AC, Saskia Niño de Rivera, aseguró en entrevista con La Verdad que el proyecto del Cereso Productivo se enfrentaba además con el reto de funcionar con pleno respeto a los derechos humanos y con el cumplimiento de los objetivos de reinserción social.
“En México no existe legislación sobre los proyectos laborales en personas privadas de la libertad a pesar de que ya hay muchos centros donde existen estos esquemas. La falta de supervisión de las autoridades, de reglas claras de cómo debe funcionar el trabajo en la privación de la libertad y la posibilidad de que se cometan abusos son riesgos que hay que reconocer, por lo que urge que se legisle”, aseguró la también integrante del Consejo Nacional de Seguridad.
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