Ministerio Público pide 83 años y cuatro meses de cárcel por los tres delitos en los que fue encontrado culpable el padre Aristeo; recomiendan reubicar a víctima y su familia fuera de Ciudad Juárez
Blanca Elizabeth Carmona/La Verdad
El Tribunal de Enjuiciamiento comenzó a escuchar la declaración de diversos testigos, con el propósito de una imponer una sanción al sacerdote Aristeo Trinidad Baca, quien el pasado 22 de febrero fue encontrado culpable de violación y abuso sexual en contra de una niña de su feligresía.
Los jueces escucharon este lunes a tres testigos presentados por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género (FEM).
Es espera que este martes continúe la presentación de testigos, entre ellos un agente de la Policía Procesal que participó en la custodia del presbítero en la casa donde cumple la medida cautelar de prisión domiciliara, dado que Aristeo no fue encarcelado; así como a la médica legista que realizó un examen al religioso cuando fue detenido, el 9 de febrero del 2019, y se exhibirá el certificado médico elaborado por está profesionista.
En la etapa anterior al juicio oral, un juez de Control también admitió para esta etapa del proceso penal la declaración de dos psicólogas. Una de ellas elaboró un dictamen psicosocial en el que se documento el impacto que los delitos ocasionaron a la víctima y la otra especialista realizo el dictamen psicológico definitivo a la víctima. Esas declaraciones ya fueron presentadas al Tribunal por el Ministerio Público, por lo que es posible que las profesionistas no vuelvan a ser presentadas ante los jueces.
En su fallo contra el sacerdote, los tres jueces del Tribunal determinaron por unanimidad que Aristeo cometió tres delitos: una violación a finales de diciembre del 2015, un abuso sexual en septiembre del 2016 y otra violación el 28 de enero del 2018, todos en la casa parroquial de la iglesia presidida por Aristeo, Santa María de la Montaña.
La Fiscalía solicitó al Tribunal que imponga las penas máximas al cura. Por cada una de las dos violaciones demanda 33 años y cuatro meses de cárcel y por el ilícito de abuso sexual un castigo de 16 años y seis meses de prisión. En total 83 años y cuatro meses de cárcel.
A la fecha, Aristeo solo ha permanecido en la cárcel 3 unos días.
Durante el juicio oral, en dos ocasiones el Tribunal de Enjuiciamiento se ha negado de ordenar la reclusión del sacerdote en el penal al considerar que no han cambiado las condiciones que permitieron la prisión domiciliaria, que básicamente se refiere a la edad. Él tiene 76 años.
Además, el Ministerio Público pidió al Tribunal que imponga al religioso la obligación de pagar 41 mil 600 pesos para cubrir 52 sesiones de terapia psicológica a la víctima. La Asesoría Jurídica de la víctima demanda a su vez que al párroco se le ordene cumplir con la reparación integral del daño, esto incluye medidas compensación a favor de la víctima y la garantía de la no repetición tanto para la víctima como de forma colectiva, y exige la reparación del daño moral.
Piden reubicar a víctima a otra ciudad
Los testigos que se presentaron ante el Tribunal este primero de marzo, en el dieciseisavo día del juicio oral, son una trabajadora social, una psicóloga y un abogado. Los tres aplicaron un protocolo de evaluación de riesgo para la familia de la víctima, desde cada una de sus áreas de conocimiento, el 14 de enero del 2019.
Al declarar la trabajadora social Patricia Contreras Jiménez dijo al Tribunal que el protocolo se aplicó porque fue solicitado por el Ministerio Público y se hizo a través de entrevistas a la mamá de la víctima para no revictimizar a la menor ofendida.
Además, Contreras explicó que se concluyó que la víctima y sus parientes estaban en un riesgo medio, esto con base en tres factores: había una situación de vulnerabilidad, la edad de la víctima y la ubicación de la casa familiar, es decir, que el sacerdote conocía donde vivían y también otros miembros de la comunidad católica.
Como parte del protocolo se recomendó atención psicológica para la víctima y su familia; dar acompañamiento psicosocial durante el proceso penal para toda la familia; resguardar la identidad de la ofendida y reubicar a todos fuera de la ciudad.
En el interrogatorio efectuado por la agente del Ministerio Público de la FEM, la trabajadora social también dio a conocer que el 12 de febrero del 2019 se hizo una segunda valoración del nivel de riesgo que existía para la víctima y sus parientes debido a que la autoridad consideró que la situación había cambiado al trascender a la opinión pública el caso. Para esa fecha, el sacerdote había sido detenido y el proceso penal se encontraba en la primera etapa.
“Salen notas periodísticas a favor y en contra de la víctima, esto trajo consigo a que se ubicara, de alguna manera se dieran datos sensibles de la víctima al público en general haciendo que hubiera un incremento en su estado de vulnerabilidad. Por ese motivo se hizo una nueva revaloración, incrementando con ello las medidas de protección a la familia”, declaró la testigo quien agregó que en esta ocasión se determinó que el nivel de riesgo era alto.
En esa ocasión se le pidió a la víctima y a su familia que no recibieran visitas; se les cambiaron los números telefónicos y el domicilio. Los otros dos testigos, Cintia Castillo Hernández y Ángel Iram Vega Guerrero, declararon en el mismo sentido que Contreras.
Por su parte, los abogados defensores del sacerdote dijeron al Tribunal que la pena solicitada por la Fiscalía es inexacta, exacerbada y está fuera de contexto.
“Esta defensa considera que es inexacta totalmente la apreciación de la agente del Ministerio Público y de la compañera asesora jurídica, y de que no tienen elementos vivaces para solicitar una pena. Que está totalmente exacerbada y totalmente fuera de contexto. A lo largo de esta última etapa, que vaya desahogando el Ministerio Público, este Tribunal se percatará de tal circunstancia, que es totalmente desproporcionada la pena que están solicitando respecto las circunstancias que rodean este caso”, afirmó el abogado Jorge Alberto Soto Adame.
Al interrogar a los testigos, Soto Adame, preguntó si hay algún dato concreto de que Aristeo Trinidad Baca haya tenido la intención de causar un daño a la víctima y si existió una amenaza directa para la víctima y a sus familiares; los testigos respondieron que no.
El testigo Vega Guerrero señaló a preguntas de la fiscal que en una ocasión el sacerdote busco al papá la víctima, en su centro de trabajo y esto se asumió como un riesgo. En su turno, el abogado defensor cuestionó si se conocieron cuáles eran las intenciones de Aristeo al buscar al jefe de familia y el testigo respondió que no y agregó que en esa ocasión el riesgo fue una hipótesis.
En la acusación presentada por la Fiscalía y que el Tribunal determinó como acreditados con las pruebas escuchadas en el juicio oral, son que a finales de diciembre del 2015 el sacerdote violó a la víctima entonces de 8 años, en el interior de la casa parroquial ubicada en la calle General Lorenzo Avalos de la colonia Santa María.
También que se cometió un abuso sexual en septiembre de 2016 en la casa parroquial y al momento que la niña contaba con 9 años y una segunda violación el 28 de enero del 2018, en el mismo lugar. Para ese año, la víctima tenía 10 años, de acuerdo con datos oficiales.
El juicio oral se va a retomar este martes 2 de marzo a las 9:30 de la mañana.
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