Sin tener notificación previa de un juicio hipotecario, familias son forzadas a dejar la propiedad que compraron hace años y que aún adeudan; un caso reciente es el de Rogelio quien al regresar de casa encontró sus muebles en la calle, aquí su historia:
Texto y fotografías: Karen Cano / La Verdad
Para cuando Rogelio llegó del trabajo a su casa la calle estaba llena de policías, y todas sus cosas, muebles, ropa, trastes y documentos, afuera.
“Sólo vi la cara de mi hija, y vi que estaba todo afuera, no tuvimos oportunidad de nada”, comenta el hombre cuya familia fue desalojada de su vivienda la tarde del pasado 22 de febrero, luego de supuestamente haber perdido un juicio hipotecario al que asegura nunca fueron notificados y que derivó en la pérdida de lugar donde habitaban.
La casa es propiedad de los padres de Mireya Urbina, su suegra, quien desde hace más de 20 años se ha mantenido a la expectativa ante la inminente amenaza de perder su patrimonio.
Esta última, su padre, su hija y su nieta se encontraban al interior cuando tocaron a la puerta, y vio a unas personas ingresando a su casa.
“Nunca nos negamos a pagar, es sólo que nunca nos cobraron”, expresa la mujer, actualmente asesorada por el movimiento del Grupo el Barzón, quien decidió exponer su caso en una manifestación de protesta realizada la mañana de este miércoles, al exterior del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde varias familias en su condición solicitaron tregua judicial contra esas acciones que consideran ilegales.
Además de Mireya, a la protesta también acudieron una veintena de personas en apoyo a ella y a todas las personas que han estado enfrentado esta situación en la ciudad.
“Hay un grupo de abogados que tienen ciertos privilegios en el Poder Judicial, tanto a nivel federal como estatal, porque les autorizan todo. Pedimos un amparo, pero si las autoridades revisaran todo como debe de ser tendrían que restituir a la señora”, indica Griselda Sosa, líder del Barzón en Ciudad Juárez.
Más de 20 años en la incertidumbre
Era el año 1994 cuando los padres de Mireya se enfrentaron, junto con miles de familias, a la privatización de la compañía Comermex, la cual terminó desapareciendo, dejando los créditos a la deriva, explica Griselda Sosa.
De ese tiempo, Mireya recuerda que los pagos mensuales subieron de mil a 8 mil pesos abruptamente, y la cartera vencida de esa terminó en manos de CE Calpulli, una sociedad de recuperación de cartera vencida de inmobiliarias.
“En ese entonces nos unimos a un grupo que se hizo que se llamaba Vecinos de Juárez, éramos muchas personas las que estábamos igual. Nunca nos negamos a pagar, pero no sabíamos ni a quien”, relata.
Para el año siguiente, en el 95, supieron que la cartera de su crédito le pertenecía a la compañía Pendulum Associates, dicho asunto fue descubierto al momento de presentarse a pagar el Predial, en el recibo del impuesto municipal la propiedad salió a nombre de Sociedad Gramercy.
“Luego cambiaron a Legal Access, con el abogado Joaquín Bautista, ellos no cambiaron el nombre del predial, trataron de negociar, pero no se pudo porque querían dinero en efectivo, les preguntamos que si aceptaban crédito Infonavit y no aceptaron”, expone.
De esto último fue hace unos 13 años. Luego, el año pasado, nuevamente al llegar a pagar el impuesto Predial, encontraron que en esta ocasión aparecía como dueña de la propiedad Danae Antonia Persona Rivera, pero hasta el momento no han logrado comunicación directamente con ella, no saben quién es; a la fecha, nunca la han visto y no saben dónde se encuentra.
En el intermedio, diversas personas en diferentes momentos se acercaron a su casa ostentándose como las nuevas dueñas, solicitando pagos a cambio de las escrituras, pero jamás se llegó a ningún acuerdo, ni tampoco les presentaron ningún documento que les acreditara la propiedad.
“Todo este tiempo cambiaron los nombres sin avisarnos en el Predial, nunca vinieron a notificarnos, vinieron a desalojarnos sin avisarnos, vendieron la casa sin citarnos a los juzgados. Según ellos si se avisó, pero no es verdad, la actuaria no nos dejó ningún papel donde constara que se había efectuado, hasta se burlaban de nosotros”, expresa.
Griselda Sosa explica que los padres de Mireya presuntamente están demandados desde el año 2000, pero ellos nunca se enteraron.
Un juicio que al parecer inicio ese año es el que se enuncia en la orden de desalojo que les fue presentada; es decir, que tiene 20 años que inició el proceso, y a ellos nunca se les informó que se había reanudado.
“Por el tiempo que había pasado, el juez en automático debió haber dicho a los que se creyeran dueños de esos créditos y de esa deuda que volvieran a demandar, y sin embargo dejaron de actuar casi 13 años y no notificaron, sólo acataron la orden de desalojo”, agrega.
La situación es aún más preocupante para esta familia, dado que tanto el yerno como el padre de Mireya, quien es un adulto mayor, contrajeron COVID-19 recientemente y al menos el padre seguía aún convaleciente cuando fueron sacados a la fuerza de la vivienda.
Griselda Sosa señala que el desalojo de personas en medio de una pandemia es un acto no sólo falto de humanidad, sino también, de riesgo.
“Por sentido común no metería a personas a una casa donde hay pacientes COVID-19, la actuaria podía haber detenido el desalojo por esa razón, pero no lo hizo”, manifiesta.
10 desalojos diarios
Pese a la pandemia, los desalojos no se han detenido. Sosa comenta que tiene información, proporcionada de personas que laboran al interior del Tribunal Superior de Justicia, de que a diario se está despojando de sus hogares a 10 familias.
Todos estos desalojos tienen en común el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y que se hacen casi por la noche, cuando existen menos posibilidades de poder acceder a apoyo legal, pero, además, cuando es más complicado el que las familias encuentren un sitio donde resguardarse ante el inesperado suceso, menciona.
Al respecto, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Arturo Sandoval, dijo que los elementos que participaban en estos desalojos solo acuden para vigilar la situación y que no intervenían en absoluto a menos de que hubiera un problema.
Al cuestionarle sobre el número de ocasiones en que los agentes han asistido a asuntos como este, Sandoval mencionó que el no poseía esa información, pues se limitaban a cumplimentar con los oficios que se enviaban por parte de los Tribunales.
Por otro lado, la información estadística sobre procesos hipotecarios contra deudores también le fue solicitada al departamento de comunicación del Tribunal Superior de Justicia del estado, pero aún no hay respuesta a la petición.
Tan solo por parte del Barzón, Griselda indica que desde que inició la pandemia se ha enterado de al menos 10 casos, todos prácticamente iguales, incluyendo uno que fue masivo.
Este último sería uno de los más recientes, ocurrió en enero, en el cual desalojaron a 10 familias de sus casas al mismo tiempo y sin orden judicial, explica.
De momento, Griselda considera que miles de juarenses pudieran estar en el mismo riesgo, por lo que recomendó a las personas buscar ayuda y certeza jurídica sobre sus propiedades.
