En 2018 el activista defensor de la sierra Tarahumara fue asesinado, dos años antes también su hijo. Este viernes un tribunal declaró culpable al acusado y la autoridad reconoció que los crímenes fueron por la defensa que las víctimas hacían de su territorio.
Por Jaime Armendáriz / Raíchali
Chihuahua– Un tribunal local en Parral, Chihuahua, determinó este viernes la culpabilidad de Feliciano Q. M. por los homicidios del activista Julián Carrillo y su hijo Víctor, ocurridos entre 2016 y 2018 en la comunidad Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo.
El hoy sentenciado regresará ante el tribunal el próximo jueves 11 de marzo para la audiencia de individualización de pena, donde se conocerá el tiempo que pasará en la cárcel y se establecerán los mecanismos de reparación del daño.
Los 3 jueces integrantes del Tribunal Colegiado dieron el veredicto por unanimidad y en este se precisó que Feliciano actuó con premeditación, alevosía y ventaja en contra de Julián, al haber planeado el asesinato y llevarlo a cabo entre varias personas.
Mientras que del asesinato de Víctor Carrillo se consideró la ventaja, al haber llevado el crimen mientras el hijo del activista se encontraba en su casa.
Durante el juicio oral, iniciado el 2 de febrero pasado, se presentaron pruebas para subrayar que el homicidio se llevó a cabo contra ambos por la defensa que hacían de su territorio, que llevó primero a agresiones sistemáticas desde el crimen organizado y luego a los hechos más violentos.
Se escucharon testimonios de 15 familiares e integrantes de la comunidad Coloradas de la Virgen, 6 peritos, 6 elementos de la Policía Investigadora, y 2 analistas de contexto. La defensa se abstuvo de presentar pruebas exclusivas.
Carrillo fue un destacado líder de su comunidad, quien en su papel de Presidente de Bienes Comunales, asumió la denuncia activa frente a diferentes instancias estatales y nacionales sobre el despojo del territorio en Coloradas de la Virgen.
Inédito: valoran contexto de la defensa de los derechos humanos
La sentencia integró un análisis de contexto presentado durante el juicio, para establecer la relación directa entre el crimen con la defensa de derechos humanos que encabezaba Julián.
Ese análisis estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada. Este es el primer caso que llevan a juicio oral.
Lo valioso y significativo es que el tribunal dijera que se probó esa relación y que bueno que existan este tipo de sentencias porque contribuyen a la justicia, dijo al conocer el resolutivo Ruth Fierro, directora del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres (Cedehm), organización coadyuvante en la investigación.
Ahora esperan que todo ello esté relacionado con la determinación para reparar el daño, que no solo vaya dirigida a la familia directa, sino que se considere que la comunidad resultó afectada con el homicidio de Julián por el rol de defensa que realizaba.
Otro aspecto favorable al terminar el juicio con la condena de culpabilidad es que obtener ese tipo de sanciones, por agresiones sufridas a defensores, contribuyen en que no ocurran otras similares. Contrario a cuando hay impunidad, que hasta se fomentan o alientan, explicó Fierro.
Julián advirtió que lo andaban ‘cazando’
El 24 de octubre del 2018 Julián advirtió a sus personas cercanas que había algunas personas que lo andaban ‘cazando’. Lo vigilaron durante gran parte del día hasta que el activista se acercó a una parte para agarrar señal de telefonía y justo ahí llegaron para asesinarlo.
Él mismo había identificado a Feliciano, hoy culpable del crimen, pues este mismo participó en el homicidio de su hijo Víctor el 5 de febrero del 2016.
En ese entonces, en 2016, luego de saber que Víctor había sido asesinado, el propio Julián relató ante los policías investigadores la serie de agresiones sufridas durante los años recientes por defender la tierra que ocupan de manera ancestral.
Las declaraciones que hizo en su momento el activista se leyeron ahora en el juicio oral contra su homicida.
En las pruebas presentadas hubo un testimonio de un menor que acompañaba a Julián cuando fue acribillado. Minutos antes del crimen, cuando llegaron los sicarios, el activista le alcanzó a decir al niño que corriera. Éste hizo caso y al voltear atrás solo observó el trágico desenlace.
La lucha encabezada por el activista representó amenazas de muerte, por lo que junto con otras personas, solicitó su incorporación al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en febrero de 2014.
Una vez incorporado al Mecanismo, el análisis de riesgo para Julián, que debía realizarse para determinar las medidas idóneas para su protección, demoró más de un año y se logró después de promover un amparo.
Como medidas para su protección se le otorgó un teléfono satelital y se le ofreció acompañamiento de la policía para sus desplazamientos fuera de la comunidad, siempre que diera aviso con 72 horas de anticipación.
Las amenazas no cesaron y, luego del homicidio de su hijo Víctor en febrero del 2016, su vivienda fue incendiada y se intensificaron las amenazas de muerte contra Julián con el claro propósito de inhibir su activismo, precisaron las organizaciones acompañantes del caso.
El activista salía temporalmente de la comunidad para salvaguardar su vida. En octubre de 2018, con motivo del fallecimiento de una de sus hijas, regresó a Coloradas de la Virgen, lo que fue aprovechado por sus agresores.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
