El Tribunal más alto de Alemania condenó la empresa de armas Heckler & Koch por sus exportaciones ilegales a México. Para activistas contra este comercio sucio la sentencia es un golpe duro contra el sistema de venta de armamento
Texto: Wolf-Dieter Vogel / Pie de Página
El Tribunal Superior Federal de Alemania (BGH) confirmó el martes, 30 de marzo, la sentencia en contra de la fábrica de armas Heckler & Koch (HK) por la exportación ilegal de fusiles de asalto a México. El Tribunal más alto de este país desestimó la revisión del fallo que fue dictado en un juzgado de primera instancia en 2019. Eso significa que la empresa tiene que pagar más de tres millones de Euros de multa. Dos empleados de H&K fueron sentenciados de manera condicionada de 17 a 22 meses de cárcel.
Según el fallo, en la aplicación de la ley para el control de armas de guerra las “constancias del usuario final” no son parte del procedimiento de autorización de la exportación de armas. Eso Sorprende, porque estos documentos siempre fueron presentados por autoridades alemanas como una garantía para que una exportación esté “limpia”, es decir: fue una confirmación de que la mercancía peligrosa no llegue a destinatarios no deseados.
Con la sentencia este concepto está fundamentalmente a disposición por falta de una base legal para controlarlo. Eso podría tener consecuencias graves para la industria de armamento alemán. “Con la sentencia del día de hoy se pone fin al sistema de control de / exportaciones de armas alemanas que se ha venido aplicando”, dijó el activista Jürgen Grässlin. “Los legisladores deben elaborar sin demora una ley que regule las exportaciones de armas, prohíba las actuales prácticas de exportación y, finalmente, tenga en cuenta los intereses de las víctimas de armas de fuego”.
El abogado Holger Rothbauer habló de un “terremoto político” y declaró, que un elemento central del sistema de control alemán de exportaciones de armas ha quedado reducido al absurdo.
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Todo inició hace 15 años. Entre 2006 y 2009 la empresa HK vendió casi 10 mil de sus fusiles G36 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De acuerdo con sus propias informaciones, la Secretaría mandó la mitad de estas armas a Guerrero, Jalisco, Chihuahua y Chiapas, aunque las autoridades alemanas explícitamente han excluido estos estados de sus permisos. Las directrices de la Unión Europea y de Alemania dictan que no se otorgue una autorización de exportación si existe el riesgo de violación a los derechos humanos.
Pero justamente eso pasó. Después del ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural en Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, se encontraron 38 de estos rifles alemanes en la oficina de la policía municipal de esta ciudad guerrerense. Por lo menos siete de las armas se usaron noche. “Sin duda, durante el ataque a los normalistas se disparó con rifles G36”, dijo Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Casi 2 mil de los rifles llegaron ilegalmente a Guerrero y nadie sabe cuántas de estas armas terminaron en manos de policías corruptos y del crimen organizado. Tampoco se sabe exactamente qué pasó con los fusiles alemanes que se mandaron a Chiapas, Jalisco y Chihuahua.
Ninguno de estos “Estados prohibidos” apareció en las constancias del usuario final. Los papeles fueron falsificados. La Dirección de Comercialización de Armamento y Munición (DCAM), la dependencia de la Sedena, encargada de la compra y venta de armas, entregó estos documentos falseados a la empresa HK, y de ahí a las autoridades alemanas.
El activista Grässlin y el abogado Rothbauer denunciaron este manejo ilegal ante la justicia en 2010, después de que un informante de HK les contó sobre el envío ilegal. Tardó 11 años, hasta que ahora, el Tribunal Superior Federal sentenció finalmente a unos de los responsables. Pero por falta de base jurídica, así lo confirmó el BGH el martes, los procesados solamente se podía sentenciar por “captación de una autorización de exportación”, según la ley de comercio exterior. No fue posible condernarlos más duro según la ley para el control de armas de guerra, porque en esta ley no existe
la figura de falsificación de los documentos. Para cambiar eso, el legislador tendría que cambiar la situación de derecho, explicó el magistrado presidente del BGH, Jürgen Schäfer.
Es por eso que las y los activistas pacifistas interpretaron la sentencia como gran éxito que tiene un potencial explosivo para toda la industria armamentística alemana. Hay que esperar si los legisladores realmente cambian las leyes y manejen el control del destino final más estricto.
De todas maneras, quedan aspectos amargos. El director anterior de HK y encargado para las exportaciones, Peter Beyerle, quedó impune.
El juzgado absolvió a Beyerle de los cargos aunque todo indicaba que estaba enterado del negocio sucio. Tampoco se juzgó al representante de la empresa en México, Markus Bantle, que según testigos manipuló las constancias en colaboración con el General de División Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, que encabezó la DCAM.
Según una declaración del testigo principal, el militar que ya se retiró, consiguió de sus socios alemanes 25 dólares de sobornos por cada G36 que compró. El alemán Bantle sí fue acusado, pero se quedó en México, donde vive y no se presentó ante los jueces.
¿Y qué pasó con el General Aguilar? La Sedena debió saber exactamente que las armas no hubieran podido llegar a los “Estados prohibidos”. Sin embargo la DCAM las envió a estas regiones. ¿Y la falsificación de los documentos? ¿Y los sobornos? “A pesar de los señalamientos que surgieron en el proceso en Alemania, sobre posibles actos de corrupción por parte de la Sedena en la adquisición de estas armas, en México no se ha iniciado ninguna investigación”, declaró el Centro Prodh, después de la publicación de la sentencia de Tribunal Superior Federal en Alemania.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
