El INE se ha convertido en un luchador más de la contienda política. Una mala decisión, porque el país pierde una necesaria autoridad electoral para consolidar su democracia. Al final del día, cuando termine la actual pelea de lodo, los mexicanos seguiremos con un país lleno de problemas sin resolver
Alberto Najar / Twitter: anajarnajar
Nadie gana en el debate sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) y sus controvertidas decisiones.
Un grupo de consejeros, entre ellos el presidente Lorenzo Córdova, está claramente alineado con el movimiento opositor al proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador, la llamada 4T.
Lo demuestran con algunas de sus recientes votaciones, como la modificación de las reglas para asignar curules de representación proporcional en la Cámara de Diputados.
Una mayoría de consejeros determinó que a ningún partido se le puede asignar más del 8 por ciento de los espacios ganados en las urnas.
La idea, según el INE, es evitar la sobrerrepresentación de alguna fuerza política que podría asegurar, de esta manera, el control de las decisiones en la Cámara.
Se trata de un viejo planteamiento, que hicieron sobre todo partidos de izquierda para evitar la llamada aplanadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al votar iniciativas legales o asuntos controvertidos.
En sentido estricto la decisión del INE parecería correcta. Pero en realidad se trata de un asunto político.
Los consejeros que avalaron la propuesta tuvieron varias oportunidades para hacerlo en el pasado, pero eligieron este 2021 cuando el partido en el gobierno, Morena, parece enfilado a renovar su mayoría en la Cámara baja.
Eso indica la mayoría de las encuestas, algunas inclusive patrocinadas por adversarios de la 4T.
Actualmente el Movimiento de Regeneración Nacional tiene el respaldo de al menos 257 de los 500 diputados federales, con lo que ha conseguido aprobar la mayoría de las iniciativas de ley enviadas por López Obrador.
Para los adversarios del presidente es fundamental arrebatar a Morena el control de la Cámara para revertir algunas de estas reformas.
Las encuestas, sin embargo, les son adversas. Y en tal escenario se inscribe la determinación del INE:
Al limitar la asignación de diputaciones plurinominales se obligaría a Morena a negociar con otras fuerzas políticas la conformación de mayorías, y al mismo tiempo aumenta el margen de la oposición para comprar el voto de algunos diputados.
El partido en el gobierno ya no podría aprobar sin problema las iniciativas presidenciales, como lo ha conseguido hasta ahora.
López Obrador, creen sus opositores, estaría obligado a negociar con ellos, algo que no han conseguido en más de dos años de amenazas, sabotajes y linchamientos mediáticos.
Es claro, pues, que con esta determinación la mayoría en el Consejo General del INE asumió una clara posición política que, por cierto, contraviene a la Constitución.
Y es que el artículo 105 prohíbe modificar las leyes electorales en los 90 días previos a las votaciones.
Los consejeros del INE alegan que no cambiaron ninguna ley, sino que regularon una norma.
Pero en el fondo se trata de un cambio sustancial. La decisión última está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Otro ejemplo de la parcialidad de algunos consejeros del INE es la reciente cancelación de la candidatura a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, aspirantes de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán.
El argumento fue que no presentaron a tiempo sus informes de gastos de precampaña, sancionado en las leyes electorales con la cancelación de su registro como candidato.
Sin embargo, el centro del debate no es el texto legal sino la forma como se aplicó la norma.
Morena acusó un exceso de los consejeros, especialmente Lorenzo Córdova y el polémico Ciro Murayama.
Algo parecido dijo el presidente del TEPJF, José Luis Vargas.
En varios mensajes por Twitter el magistrado cuestionó que el INE negó el derecho de audiencia a los precandidatos para que pudieran defenderse.
Los consejeros, aseguró, cometieron excesos: en el caso de Guerrero se abordó el caso a partir de una supuesta falta de informe de precampaña, y no como un asunto de entrega extemporánea como, asegura Vargas, fue lo que realmente ocurrió.
El colmo ocurrió en la sesión donde el Consejo General analizó de nuevo el caso, después que el Tribunal ordenó su revisión.
La consejera Adriana Favela reveló en el debate que, en Guerrero, el único candidato que entregó en tiempo su informe de gastos de precampaña fue Ambrosio Guzmán Suárez, postulado por Redes Sociales Progresistas.
No lo hicieron así los candidatos de Morena, PRI, PRD, PAN o Movimiento Ciudadano.
Pero el INE sólo castigó a los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional, el partido con más posibilidades de ganar los comicios según las encuestas.
Así, resulta poco convincente la defensa del consejero presidente Lorenzo Córdova, quien alega que sólo pretenden asegurar la aplicación de las leyes y la Constitución.
Pero lo más grave es que las determinaciones del INE -y la evidente parcialidad de algunos consejeros- meten a la autoridad electoral en un debate innecesario.
Uno donde nadie gana. El Instituto dejó de ser la autoridad que garantiza la confianza de los mexicanos en sus elecciones, asegurar que son justas e imparciales.
El INE, además, se convirtió en un luchador más de la arena electoral. Se colocó en el mismo nivel del PRI, PAN o Morena, los partidos en contienda.
Y en tal escenario se le trata como adversario, no como autoridad. Es uno más enfrascado en la batalla de descalificaciones, propaganda, guerra sucia, manipulaciones.
El INE, que debería separar a los peleadores, se sumó a la golpiza. Dejó el papel de réferi al TEPJF que, con esa carambola, pierde también el sentido de autoridad inapelable en sus decisiones.
En las familias, en las empresas, equipos deportivos y la sociedad es indispensable una figura que todos respeten, capaz de poner orden y las caídas o decisiones irreparables.
Y, por si fuera poco, con la narrativa opositora alimentan el extremismo político, a los fanáticos de la demolición de instituciones.
En estos días no son pocos los que reclaman desaparecer al INE y al TEPJF, justo porque los consideran imparciales, enemigos.
Un discurso lamentable no sólo porque las autoridades electorales son fundamentales en cualquier democracia, sino porque olvida la historia misma del país.
México no tuvo elecciones democráticas en más de un siglo. Conseguir votaciones sin violencia, donde se respeten los resultados, costó la vida a miles de personas, asesinadas a lo largo de décadas de represión política.
Nada más por eso no se vale que Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y los consejeros que los acompañan en sus cruzadas hayan convertido al INE en otro luchador de la actual batalla de lodo.
Difícilmente el presidente López Obrador escucharía las voces de quienes reclaman desaparecer al Instituto.
Pero no había ninguna necesidad de derribar, con tal estridencia, la credibilidad que recuperó el organismo en 2018.
No la había, porque en la gritería del debate político se olvida que la presidencia de AMLO termina en 2024.
Quien le suceda, aún si forma parte de la 4T, difícilmente tendrá el respaldo de López Obrador.
Sea quien sea no le conviene heredar un país aún más dividido, básicamente porque no tendría la misma capacidad de gobernarlo.
Es la cruda realidad. Los consejeros parciales del INE se van, alejados de los reflectores que ahora tienen.
Salgado Macedonio podría o no gobernar Guerrero. La bizarra coalición de partidos, opositora al presidente, desaparece en los hechos la noche del 6 de junio.
Pero el país sigue. El resto de los mexicanos vamos a despertar en el mismo territorio, con los mismos problemas irresueltos.
Con la certeza de que el escandaloso debate de hoy no lo ganó nadie. Y, ojalá no, de que perdimos todos.
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