La reciente emboscada a tres vehículos oficiales en el Estado de México, donde fueron asesinados 13 agentes de seguridad pública, es un recordatorio de que en México no manda el Estado, sino los grupos del crimen organizado
Itzel Ramírez
A los bajos salarios, poca capacitación e insuficiente equipamiento, los policías en México deben sumar el altísimo riesgo que supone el desempeño de su trabajo cuando el crimen organizado es el que controla buena parte del país.
En lo que va del año (del 01 de enero a 16 de abril), cuando menos 141 policías han sido asesinados en territorio mexicano, es decir 1.33 homicidios de elementos de seguridad por día, de acuerdo con el recuento de la organización no gubernamental Causa en Común.
La emboscada a tres vehículos oficiales el pasado 18 de marzo en Coatepec Harinas, Estado de México, donde fueron asesinados 13 agentes de seguridad pública, ha sido no solo la masacre más grande cometida en contra de las fuerzas del orden público en lo que va del año, sino un recordatorio de que en México no manda el Estado, sino el grupo del crimen organizado que corresponda.
Hasta ahora, 25 personas detenidas y tres más identificadas como las posibles responsables de la masacre de los policías estatales, así como la adjudicación del hecho al cártel de la Familia Michoacana son los resultados que han ofrecido las autoridades, sin que haya más avances conocidos de la investigación (por ejemplo, todavía no se sabe la razón del ataque al convoy policiaco).
Según el informe “Ser policía en México”, también de Causa en Común, de enero de 2018 a diciembre de 2020 al menos mil 422 policías fueron asesinados en México; sumados los de este año, son mil 563 los asesinatos de agentes de seguridad pública documentados por la organización.
Los números no retratan ni un poco la tragedia que viven mil 563 familias por la pérdida de uno de sus integrantes, ni tampoco lo que significa la vulneración de la policía, la misma que como parte del Estado detenta en teoría el monopolio legítimo de la fuerza.
Menos todavía reflejan las condiciones de precariedad en las que los policías desempeñan sus labores. Sin capacitación, en un escenario de violencia constante y donde cuatro de diez policías ganan menos de 10 mil pesos al mes, ¿qué más necesitan las autoridades para implementar un modelo policial profesional?
Mientras la profesionalización de las policías de todos los niveles sigue siendo uno de los más grandes pendientes en materia de seguridad, también es necesario reconocer que las fuerzas del orden están fuertemente infiltradas por el crimen organizado y que, además, actúan en franco desdén por el respeto a los derechos humanos y con múltiples episodios de abuso de autoridad. Ahí están por ejemplo, los policías que asesinaron a Victoria Esperanza Salazar el pasado 27 de marzo.
También hay que reconocer que los “avances” presumidos por las autoridades en materia de equipamiento policial difícilmente se traducen en mayor seguridad pública y en que la sociedad perciba mejoras.
Las cifras recabadas por Causa en Común indican que son las policías municipales las más vulnerables y también las de mayor desigualdad, pues varían de corporaciones altamente calificadas a las que sobreviven casi sin uniformes ni vehículos.
Traigo como anécdota mi impresión sobre la primera vez que vi a un policía de tránsito en Ciudad Juárez: a diferencia de los uniformados viales de otros municipios y entidades, en Juárez los tránsitos portan armas largas, una estampa hasta entonces desconocida para mí; la posesión, por desgracia, no se traduce en mayor respeto por las normas de vialidad o en menores accidentes, fui testigo de cómo las detenciones no obedecen a un criterio de legalidad o de sanción.
Entre la impunidad que reina en el país también están los asesinatos de policías. Cada vez que hay un ataque, sale algún funcionario de rango considerable (por supuesto escoltado y transportado en vehículo blindado) a condenar el hecho, a prometer acompañamiento a la familia de la víctima y a prometer que se investigará y castigará el homicidio con todo el peso de la ley, cosas que no ocurren en la mayoría de los casos.
Con gobiernos estatales absolutamente rebasados y con un mandatario federal que ha optado por militarizar la seguridad pública, parece cada vez más lejana la puesta en marcha de una policía útil, respetuosa de la legalidad, vigilada por la ciudadanía y que pueda trabajar para mantener la seguridad pública.
El tema se antoja urgente, como lo era desde que Felipe Calderón inició una guerra que nunca supo cómo afrontar y que entregó a sujetos como Genaro García Luna, el exsecretario preso en Estados Unidos por su participación en el tráfico de drogas.
PANORAMA
A propósito de Calderón, el exmandatario se atrevió a decir que volvería a usar toda la fuerza pública para “reestablecer las condiciones de seguridad pública donde no hay”. El expresidente presumió vivir de conferencias y consultorías con las que mantiene a su familia, según dijo.
Él tranquilo, sin lastre de la violencia que dejó en el país, también sin mencionar que a toda costa ha tratado de seguir viviendo del erario a través de un intento de partido construido a base de transas (lo dijo y lo probó el Instituto Nacional Electoral, no yo).
Qué fácil para Calderón dar entrevistas, reírse, criticar y jactarse de su posición. Qué caradura de seguir tan campante cuando sus más cercanos están acusados de corruptos, lo que lo deja como copartícipe, o bien, como aquel que nunca se dio cuenta de lo que hacían sus subordinados, vaya líder.
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Itzel Ramírez. Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma, El Diario de Juárez y La Verdad. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.
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