Necesitamos gobiernos legítimos para que la representación sea un pilar de la democracia.
Jaime García Chávez
Preguntas imprescindibles: ¿Cuántos votos necesita el candidato ganador a la gubernatura para legitimarse? Si todo poder dimana del pueblo, escudriñar cuidadosamente los números es un punto básico de partida para examinar la calidad de la elección y ponerle un “hasta aquí” a los representantes que ni en su origen, ni en su desempeño, cumplen a cabalidad con la forma constitucional de gobierno. En el fondo está una ficción jurídico-política o un arreglo institucional.
Pero no nos quedemos con las apariencias. En función de eso se debe y puede exigir que los gobernantes, elegidos por el pueblo, puedan obrar en su nombre desde el poder que se les delega y actuar como si realmente fuera el propio soberano político, el demos contenido en un padrón establecido con oportuna antelación, más si hay voto universal.
En nuestro país la pregunta “¿a quién representan nuestro representantes?” es fácil de contestar: en unos casos, “a nadie”; en otra, “a muy pocos”; y atendiendo a la naturaleza del Estado, a quienes tienen el carácter de dominantes imbricados al sistema económico imperante.
No se trata en esta entrega de defender la democracia directa, lo que quiero someter a cuestionamiento es lo que hemos tenido como gobierno representativo y que en los hechos se ejemplifica con un divorcio permanente de la inmensa mayoría de los electores y los intereses contradictorios que palpita en su interior.
El asunto va de elecciones instrumentales que colocan en el mando y el poder a políticos como Peña Nieto o César Duarte, que toman las instituciones como una fachada para sacar adelante propósitos contradictorios al beneficio público, o de plano para ejercer la corrupción sin freno alguno, al amparo de que obtuvieron el voto mayoritario de los comicios que los encumbraron.
También vemos casos como el de López Obrador, quien ha hecho de su elección de 2018 una especie de plebiscito vinculante para una transformación –la Cuatroté le dicen– con la que abre caminos a propósitos que violentan la Constitución y que pueden derivar en la destrucción de la democracia de la que antes se sirvió para encaramarse al poder, que a lo que se ve, nunca se quiere reformar.
Muchos factores inciden en esto, y van desde trastocar las autonomías de toda índole hasta la crisis misma de los partidos políticos que azuela hoy a la república, pasando por elecciones estetizadas que cuidan el marketing y se olvidan de todo lo demás. También está en convertir los programas sociales de los gobernantes en el lubricante para obtener votos, a lo que se suma el endémico abstencionismo, en cuyo centro encontramos el repudio a la participación política misma.
Son, por lo menos, ingredientes de un malestar que tiende a crecer y puede convertirse en la premisa de la regresión autoritaria que se perfila en el horizonte o de la instauración de inéditas formas de dominación protofacistas o totalitarias. No es mi propósito exagerar, pero estamos a la vista de una crisis que nos puede llevar al abismo de la violencia de todos contra todos, cuyas desembocaduras ya hemos visto en la tragedia de otras naciones del orbe, del actual para no ir más lejos.
Veamos, a través de una sencilla ventana, algunos números de Chihuahua: César Duarte, que nunca fue un representante, llegó al gobierno local en 2010 con 600 mil 345 votos de un padrón compuesto por 2 millones 612 mil 623, que representan el 22.97 por ciento de ese padrón. Ese resultado significó el 55.49 por ciento de la votación válida emitida y la abstención fue mucho mayor a ese número, alcanzando el porcentaje de 58.39 por ciento. Si tomamos en cuenta ese padrón, significa que la tiranía que se instaló ese año, de origen contó con escasa legitimación, ese 22.97 por ciento que no representa ni una cuarta parte del pueblo elector.
En 2016, con un padrón que creció a 2 millones 666 mil 580 ciudadanos, la asunción de Javier Corral Jurado la facilitó el obtener 508 mil 077 votos; o sea, 115 mil 057 más que el antipático hombre de paja de Duarte, Enrique Serrano. De nuevo no se alcanzó ni a cubrir una quinta parte del padrón. Ese año la oligarquía, con acta de nacimiento en el porfiriato y que tenía a Corral como una especie de cabra en salón de espejos, con su testaferro José Luis Barraza se llevó 237 mil 849 sufragios, más o menos la mitad del “golfbernador”. Con esos números Corral se ostentó como “representante” de todos los chihuahuenses y hasta anunció un “nuevo amanecer” que quedó en tinieblas.
No niego, aunque lo critico, que el orden jurídico vigente permita eso. Lo que me preocupa son los estragos que a todos nos perjudican por ausencia de legitimidad de origen que limita la participación electoral para decidir y que obliga a preguntarnos: ¿a quién representan estos representantes? Esa carencia de legitimidad luego se agrava al no existir el componente de una real rendición de cuentas.
Sostengo que a partir de este año esto debe tener su punto final. Necesitamos gobiernos legítimos para que la representación sea un pilar de la democracia.
No veamos este propósito como un planteamiento sustentado exclusivamente en una preocupación teórica para escalar la idea de la soberanía política. No va por ahí. La preocupación es eminentemente política y articulable en un futuro inminente impulsado por un movimiento reivindicador de los ciudadanos.
Las campañas electorales han transcurrido en la banalidad, no obstante lo delicado del momento y la perspectiva del país. Lo que hemos visto, con la pandemia encima, son frivolidades, trivialización, hacer campañas tácitas y a veces expresamente a favor de lo menos peor. Política y delito van de la mano en la candidatura panista de Campos Galván, y, en la acera de enfrente, el ofrecimiento de constituir una regencia lopezobradorista en el aspirante de Juan Carlos Loera. Eso no puede ser la base para constituir un gobierno sexenal que concluiría en 2027, como el de Loera, basado en una especie de populismo alimentado con los recursos públicos del fisco federal traducido en programas clientelares que sustituyeron al anquilosado corporativismo.
Estaríamos en la dinámica de perder oportunidades que ya van para medio siglo de miseria, muerte y corrupción, ahora adobado con anhelos de recesión autoritaria.
Sostengo que si el abstencionismo se acentúa y se pretende tener un nuevo gobierno con la quinta parte de los electores, manipulados como nunca en una caricatura de políticos tránsfugas que hacen de Chihuahua su hábitat, seremos impelidos a iniciar un profundo movimiento de reivindicación del ideal de la república representativa y exigiremos, con cuanto esté a nuestro alcance, nuevas elecciones que produzcan gobiernos realmente mayoritarios y legítimos.
Que sólo la gestión de todo gobierno obre realmente a nombre del pueblo y con el respaldo del mismo. Nunca más gobiernos minoritarios, elitistas, que serían los que prefiguran los punteros en competencia María Eugenia Campos Galván y juan Carlos Loera de la Rosa. Tengamos en cuenta que el actual padrón es de 2 millones 894 mil ciudadanos.
Necesitamos, entonces, una revolución política. De ese tamaño veo el reto y el porvenir.
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
