El gobierno mexicano realiza una revisión de las concesiones que se entregaron en 1.5 millones de hectáreas de santuarios y parques nacionales. Entre las concesiones hay 49 en etapa de desarrollo, informó María Luisa Albores.
Texto: Daniela Pastrana / Pie de Página
Ciudad de México- Santuarios, parques nacionales, reservas de biósfera y áreas de protección de flora y fauna. Nada se ha salvado en México de la expansión masiva de las concesiones mineras en este milenio.
De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el 7.7 por ciento de la superficie que debería ser protegida por las leyes ambientales mexicanas fue concesionada a empresas mineras durante las últimas tres administraciones. Ese porcentaje equivale a 1.5 millones de hectáreas, distribuidas principalmente en los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Coahuila, Baja California y Baja California Sur, donde se ubican 45 proyectos mineros.
Dicho de otro modo: hay mil 609 concesiones mineras que se traslapan en territorios de 68 de las142 “áreas naturales protegidas” en superficie terrestre del país.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, presentó la información este miércoles durante la conferencia presidencial. La funcionaria explicó que las concesiones entregadas en estas áreas son de diferentes categorías: 75 por ciento con una categoría de áreas de protección de recursos naturales, 63 por ciento de reserva de biósfera, 45 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento en santuarios y 15 por ciento en parques nacionales.
“Es lo que encontramos cuando llegamos a la administración -dijo- Albores-: 503 (de estas concesiones) están en etapa de exploración, 96 en producción, 49 en etapa de desarrollo, 523 proyectos detenidos y en revisión, y seis operaciones mineras cerraron”.
Albores explicó que la superficie vigente en concesiones mineras actuales es de 21 millones de hectáreas. “Si lo sumamos en superficie, es casi el estado de Chihuahua lo que está concesionado para minería”, dijo.
También explicó que el territorio del país está concesionado a actividades mineras hasta por 50 y 100 años.
Mineras sacaron en 12 años seis veces más oro que en toda la Colonia
México ha registrado en las últimas décadas un aumento inédito de la extracción de minerales. De 2006 al 2018, la industria minera extrajo más de mil 59 toneladas de oro, “lo que equivale a casi seis veces a lo que se extrajo en la época de la Colonia”, dijo Albores.
A eso se agrega otro problema: el agua que requiere esta industria para operar.
La funcionaria explicó que hay aproximadamente 100 empresas con concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y permisos de descarga. El volumen concesionado equivale a 250 millones de metros cúbicos anuales de agua.
“El agua en el desierto se usa para minería en estados que están justo en zona de desierto, como el caso de Sonora, Zacatecas y Durango, además de Colima, que tienen las concesiones más grandes para agua”, dijo.
Explicó que utilizan anualmente las mineras. La principal fuente de extracción es el agua subterránea, con 174 millones de metros cúbicos anuales, mientras que el agua superficial se extrae en 73 millones de metros cúbicos anuales.
La funcionaria expuso también los daños socioambientales provocados por la megaminería: “Anteriormente, con la complicidad de gobiernos, las empresas mineras han arrasado con ecosistemas y cuencas hidrológicas, contaminando regiones enteras”, dijo. Y destacó que hay un registro de 23 incidentes ambientales en 33 años relacionados con las presas de jales
“Actualmente estamos trabajando con la Secretaría de Economía, con Conagua y el Servicio Ecológico Mexicano en la creación de un inventario, esto no existía, este inventario que les estoy platicando, que se ha homologado para saber cuántas presas de jales hay en el país. Hasta el día de ayer en la noche, en el cierre de esta presentación, teníamos 466 presa de jales”.
Derrame en el río Sonora es un expediente abierto: AMLO
La presentación del informe sobre la actividad minera respondió a una pregunta sobre la situación de los pueblos derivada del derrame de sulfato de cobre acidulado en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora, el 6 de agosto del 2014. El derrame fue causado por una fuga en una válvula en un tanque de proceso del complejo minero Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México.
Años antes, informó Albores, la Semarnat había autorizado la construcción de las presas de jales que vimos en las láminas anteriores en cauces del río Jaralito y Batamote. “Esto no se puede hacer”, aclaró.
La contaminación se extendió por 288.8 kilómetros del río Sonora, afectando económica, social y ambientalmente a más de 22 mil pobladores de Bacoachi, Arizpe, Banámichi, Huépac de San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, por la exposición crónica a metales en los suelos y aguas, la presencia de metales pesados en agua, en frutas, en hortalizas, en lácteos, porque también se tiene ganado, y la muerte de la mitad de árboles endémicos. “Hasta la fecha, el día de hoy, cuando la gente llega de estas comunidades a querer vender productos lácteos o la carne, en el caso de vender ganado para carne, no les compran porque está contaminado del lugar donde vienen”, aseguró la funcionaria.
Como medida de reparación, se creó un fideicomiso con 2 mil millones de pesos; pero en diciembre de 2016, Semarnat concluyó que los objetivos de los programas de remediación habían sido cumplidos, por lo que se devolvieron a la empresa alrededor de 800 millones de pesos. Los pobladores presentaron una demanda de amparo y el 15 de enero de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se debe de emitir una nueva disposición respecto al cumplimiento de las medidas correctivas al derrame que considere una reunión pública para informar a los afectados cómo se determinaron las medidas ambientales, escuchar sus preocupaciones y sugerencias.
Debido a la pandemia de covid-19, la reunión se retrasó y se realizará el 22 y 23 de mayo en el Museo Regional de Ures.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el tema está abierto y se va a hacer justicia.
“Es un expediente abierto y que ya en unos días más se va a llevar a cabo esta reunión en Ures para reiniciar, como lo ordena la Suprema Corte, con toda la investigación y, lo más importante, que se tomen medidas para remediar los daños que se causaron”, dijo. ”Es lo que le puedo decir a la gente de Sonora que fue afectada por este derrame. Vamos hacia adelante, ya María Luisa tiene este encargo y vamos a estar informando periódicamente”.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
