La elección de María Eugenia Campos no purifica sus posibles faltas de orden penal por las que está vinculada a proceso. Elección no es igual a impunidad…
Jaime García Chávez
Llegó el 6 de junio y arrojó los resultados que están en boca de todos. Como sucede con el éxito –nada hay superior al éxito– estamos en la fase de felicitaciones y fanfarrias y también de lamentaciones y quejumbres que caracterizan a los malos perdedores. A reserva de que haya mayores elementos para decantar, colectivamente, un buen análisis de lo que pasó, conviene tener en cuenta los hoyos negros de esta elección local, particularmente de la gubernatura obtenida mediante el voto mayoritario por María Eugenia Campos Galván.
El primero tiene que ver con la perspectiva partidaria. Se defenestró al gobierno panista de Corral –gran perdedor– e ingresa en el futuro inmediato otro panismo, de extrema derecha. De cualquier modo, sale el PAN y entra el PAN.
La calidad de la elección no supera los estándares internacionales de unos buenos comicios democráticos. La participación no superó el 50 por ciento del padrón electoral, e incluso es probable que no se haya superado la que hubo en 2016. No hubo deliberación de fondo sobre los grandes problemas del estado, particularmente la enorme deuda que afecta las finanzas públicas, y por lo tanto no se tuvieron a la vista las diversas alternativas que pudieron presentarse.
El próximo gobierno tendrá una insuficiente legitimidad si tenemos a la vista que su mayoría oscila entre el 20 y el 25 por ciento del cuerpo ciudadano, es decir, del padrón electoral. Los ausentes, por abstencionismo de diversa índole, y los opositores, encontrarán en esa base la posibilidad de nutrir un diferendo profundo con la hegemonía panista que se refrendó, a pesar de la baja aceptación que tuvo el gobierno de Javier Corral.
Fue una campaña esencialmente de imagen y marketing político, con reiteradas violaciones a las leyes electorales, y desde luego con un excesivo gasto, alguno apoyado en las prerrogativas legales y otro en gran parte en financiamiento ilegal, difícilmente auditable, que nos hace pensar que se rebasaron los topes establecidos para la campaña. Fue notoria la decadencia de la prensa de papel, que jugó el rol más deplorable de que se tenga memoria.
La elección de María Eugenia Campos no purifica sus posibles faltas de orden penal por las que está vinculada a proceso. Elección no es igual a impunidad, y de irse a fondo en la indagatoria y en el procesamiento, es válido conjeturar que pudiera perder sus derechos políticos y por tanto la gubernatura. Es claro que en las semanas que vienen –el periodo de entrega-recepción es de tres meses– no se puede desvanecer artificialmente un encauzamiento penal como el que existe, por el solo hecho del nuevo peso político que adquiere la electa por el resultado de la contienda.
El expediente conocido como “Nómina Secreta” se debe hacer público en su totalidad, con las consecuencias que deriven del mismo en el futuro gobierno. Esto tiene que ver con el destino que finalmente tenga César Horacio Duarte Jáquez, al que estuvo vinculada como cómplice la gobernadora electa. Es una información que no puede estar en la secrecía y mucho menos en manos de un gobierno que actuaría para patrocinar la propia impunidad de Campos Galván.
Fue destacada y causalidad esencial del triunfo del PAN el agotamiento del actual sistema de partidos. El hecho de que tres organizaciones (PRI, Fuerza por México y RSP) se hayan retirado de la contienda, les quita la característica constitucional de entes de interés público, imponiéndose la obligación de regresar las prerrogativas que malgastaron al momento de retirarse y sesgar un resultado electoral.
La elección legislativa arroja una mayoría en favor del PAN, que se verá obligado a negociar en todos aquellos aspectos que requieran de una mayoría calificada. No detallo más porque aún no se define más el tema.
En igual sentido y siendo María Eugenia Campos partidaria fundamentalista de ProVida, no tuvo enfrente al movimiento democrático y libertario de las mujeres, de manera extrapartidaria obviamente, pero que facilitó el manejo de un discurso ambiguo e hipócrita. En igual dimensión se encontraron los movimientos en favor de la pluralidad sexual. MORENA fue ayuno de discurso y posicionamiento al respecto.
La ausencia de una izquierda democrática fue definitiva para el resultado. A la vieja usanza, MORENA actuó en calidad de partido oficial, es decir gubernamental, y nada tiene que envidiarle al comportamiento que en esta materia tuvo el PRI de sus buenos tiempos. Juan Carlos Loera de la Rosa creyó, una vez que el dedazo se decantó por su persona, que todo estaba hecho y se dedicó a realizar una campaña para secundar en todo al presidente de la república, desentendiéndose de un acendrado sentir chihuahuense autonomista.
Esta izquierda no trazó ni estrategia ni táctica para ir al encuentro de la realidad chihuahuense, ofrecerle alternativa y conquistar el voto. A la hora de las definiciones, el propio candidato, que se asumía como principal líder para la defensa de la Cuatroté en Chihuahua, enajenó candidaturas tan importantes como la de Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, que vienen de una matriz de pensamiento diversa y contradictoria con el partido creado por López Obrador. Las políticas públicas clientelares no se tradujeron en votos. Hoy los municipios más importantes que gobernará MORENA, después de Ciudad Juárez, que encabezará un expanista, son Nuevo Casas Grandes y Jiménez. Ahí, el futuro presidente municipal ya lo fue en dos ocasiones por el Partido Acción Nacional y esta vez la ganó como miembro del PANAL.
Litigar resultados electorales por parte de MORENA no tiene destino. Tendrá nuevas derrotas en los tribunales que fortalecerán, en legitimidad, a los que ganaron mayoritariamente.
De todas las anteriores resalto por su gran importancia estratégica que esta elección se diseñó no a favor de un proyecto, sino que fue una contienda contra MORENA para que no entrara a Chihuahua. Lograron la meta por la coalición de grandes intereses económicos y financieros, que serán mano en las grandes decisiones que se tomen para Chihuahua. En otros términos, business are business. Y estos fueron los que, en esta elección, más importaron, al alto precio de convertirse en apologistas de la corrupción política.
10 junio 2021
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
