Choréachi lleva 7 años en organismos internacionales pidiendo garantías para vivir en paz. Hasta el momento las únicas garantías que les dan son 2 celulares satelitales, de los cuales uno dejó de funcionar hace rato.
Jaime Armendáriz / Raíchali
Integrantes de la comunidad rarámuri Choréachi llevan 7 años transitando en organismos internacionales para exigir garantías de paz y erradicar los riesgos que representan vivir día a día en la sierra Tarahumara, una zona con vacíos de poder de las autoridades mexicanas y con fuertes controles desde grupos del crimen organizado.
La más reciente cita se dio ante la Corte Interamericana el pasado viernes 11 de junio, en una audiencia solicitada por las organizaciones que acompañan a la comunidad (Alianza Sierra Madre y Centro de Derechos Humanos para las Mujeres-Cedehm), y en la cual quedó exhibido que ni el Gobierno de Chihuahua ni el de México han implementado medidas de protección ordenadas por los mismos tribunales internacionales desde 2017.
La audiencia se realizó por videoconferencia, con la presencia de juzgadores de la Corte Interamericana, organizaciones e integrantes de la comunidad indígena, y representantes de las autoridades.
“Es insólito que haya transcurrido tanto tiempo desde que se dictaron las medidas y todavía no se tiene ni un diagnóstico”, condenó el juez Ricardo Pérez Manrique, oriundo de Uruguay. En un sentido similar se pronunció su compañero el juez Eduardo Vio Grossi, de Chile: No basta con que los representantes de los gobiernos reconozcan las fallas. No han cumplido con las obligaciones.
La conducción del encuentro se dio por la presidenta de esa Corte, la juez Elizabeth Odio Benito (Costa Rica). Ella adelantó que en próximas fechas se tendrá un pronunciamiento pero mientras urgieron nuevamente a los gobiernos mexicano y chihuahuense a proteger a la comunidad de Choréachi, como ya lo habían ordenado en 2017 y 2020 en 2 resolutivos incumplidos hasta el momento.
“Somos perseguidos en nuestra propia tierra”
Choréachi es una comunidad de aproximadamente 800 personas, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo. Sus habitantes llevan una lucha constante por la defensa del territorio, lo cual les ha provocado ser blanco, desde 2013, de graves agresiones, hostigamientos y amenazas.
En su mayoría esas ofensas se han denunciado en organismos locales, pero el desdén del Estado Mexicano por garantizar la seguridad llevó a los pobladores a llevar la exigencia en 2014 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2017 luego del asesinato del defensor indígena Juan Ontiveros.
Prudencio Ayala Chaparro, primer gobernador de la comunidad, fue claro ante los jueces internacionales en la audiencia del viernes pasado. “Somos perseguidos en nuestra propia tierra”. Y es que no solo viven discriminación de los “chabochis” o mestizos, sino que están en constante pleito por la defensa de sus tierras.
“Nos dicen que no tenemos documento que nos avale que somos dueños del territorio”, expresa, y con eso es que temen repercusiones legales y de seguridad que les impiden transitar con libertad.
“Ya no vivimos agusto. Sentimos miedo y vemos como nuestras familias son víctimas de hostigamiento y amenazas”, confirmó en su exposición Ángel Machado, segundo gobernador de Choréachi. Él relató cómo les han arrebatado el bosque y son acosados cada vez que intentan salir de la comunidad para denunciar las agresiones o solicitar apoyos.
Incluso para participar en la audiencia de la Corte Interamericana, tanto Prudencio como Ángel, debieron trasladarse a la ciudad de Chihuahua para tener buena conexión a internet, lo cual de entrada les representa un riesgo al momento de querer volver a la comunidad.
Ambos estuvieron acompañados por Prudencio Ramos Ramos, comisario de Policía de ese poblado. “Necesitamos protección, seguridad. Nadie nos resuelve. Los malechores siguen libres. Queremos respeto a los derechos humanos y colectivos”, expresó.
De protección les dieron 2 celulares satelitales pero uno no funciona
Una vez que la comunidad es blanco de alguna agresión, sus integrantes deben pasar 14 horas de camino para poder encontrarse con alguna autoridad para denunciar los hechos. Esa condición llevó a que se adoptaran unas primeras medidas de seguridad que consistieron, hasta ahora, en darle a los pobladores 2 celulares satelitales para comunicarse con las autoridades, pero uno de esos aparatos dejó de funcionar hace tiempo.
Ese tipo de hechos fueron exhibidos durante la audiencia ante jueces internacionales por parte de representantes de las organizaciones que acompañan a Choréachi.
Ruth Fierro, directora del Cedehm, consideró que en ningún momento el Estado Mexicano ha respondido con seriedad ni urgencia la inseguridad que viven los rarámuri en la sierra de Chihuahua, específicamente en este caso.
Aparte de los teléfonos satelitales, a la comunidad se le dieron números telefónicos de contactos de seguridad para llamar en emergencias y se les ofrece acompañamiento en sus traslados, pero una vez que están solos en la comunidad, nada les garantiza ser agredidos nuevamente.
Uno de los problemas principales es que las corporaciones de seguridad estatal y federal carecen de una coordinación para atender ese problema. Esa descoordinación ya había sido señalada por la Corte Interamericana hace varios años pero eso no influyó para mejorar la condición.
“Hace falta que puedan entrar a la comunidad para desmantelar las actividades criminales, y que tengan una presencia semi permanente. Luego se le pidió a las autoridades un diagnóstico nuevamente en 2020 sin que se haya realizado. Parece que existe una renuencia a aceptar la resolución”, subrayó Fierro.
Para el abogado Ernesto Palencia, de Alianza Sierra Madre, el Estado ha sido cómplice de la violencia en Choréachi por omisión.
Aletargamiento para atender la petición, reconoce Segob
La exposición de la autoridad estatal y federal solo dio pie a las críticas, pues sus principales bases fueron programas sociales que ya se dan en muchas comunidades más en materia de salud, asistencial y alimentaria.
Marcos Moreno, coordinador de asuntos internacionales de Secretaría de Gobernación, aseguró que se tenían las medidas para proteger y garantizar la vida de la comunidad, pero luego reconoció que había un “aletargamiento” en el cumplimiento de esas mismas medidas.
De parte del Gobierno del Estado hablaron varios funcionarios como María Teresa Guerrero, de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas. Ella hizo una relatoría de inversión y apoyo alimentario, de salud, obra pública, y proyectos de agua potable para comunidades de Guadalupe y Calvo, pero nuevamente fueron rebatidos por las organizaciones acompañantes de Choréachi.
“Lo que el Estado informa son derechos. Todo esto que hacen de programas de desarrollo social son bienvenidos, sin embargo son derechos que se les habían violentado a las comunidades”, enfatizó Isela González, de Alianza Sierra Madre.
Asímismo urgió a que exista protección para las autoridades rarámuri al momento de su regreso a la comunidad, porque sistemáticamente, cada vez que salen de la comunidad, hay represión, alertó.
En términos generales, la información de los entes oficiales resultan insuficientes para combatir el aislamiento de la comunidad, principal causa de la impunidad en la zona y éstas medidas corresponden a derechos que el Estado debe garantizar y no responden a una obligación reforzada de la Corte para protegerles, subrayaron las organizaciones comunicado de prensa al término de la audiencia.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
