En la informalidad, porque es simplemente gobernadora electa, María Eugenia Campos envió al Congreso del Estado una iniciativa que pretende, y seguramente logrará, reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Se trata de la administración central y se denomina con fraseología empresarial como “una reingeniería”.
Jaime García Chávez
Una de las grandes batallas que aún se libran en México es que las decisiones públicas se tomen en agencias formales. Hemos vivido en un país en el que en el seno de las logias, presbiterios, las cámaras empresariales, clubes sociales de élite, los casinos, las cantinas y burdeles mismos son los escenarios donde, tras bambalinas, se toman acuerdos que a todos nos afectan, lo mismo decretos que leyes y presupuestos. Quien lea La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán previsiblemente me dará la razón.
En la informalidad, porque es simplemente gobernadora electa, María Eugenia Campos envió al Congreso del Estado una iniciativa que pretende, y seguramente logrará, reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Se trata de la administración central y se denomina con fraseología empresarial como “una reingeniería”. El matasellos de la Oficialía de Partes del Congreso dice que así sucedió el pasado 13 de agosto. A no pocos les parecerá que es lo más natural, como muy natural le resultó a la madre de la electa asumir en los hechos la titularidad del DIF estatal, incluso esbozar un amplio programa, ya que por fraseología no queda en estas actividades.
Puede ser que se trate de las típicas ansias de una novillera, quién lo sabe. Si a términos ajedrecísticos vamos, al empezar la partida cualquiera decide su apertura, con uno o sendos peones. Pero eso es un juego, la Constitución dice otra cosa y no se trata de que se le dé un simple uso lúdico.
El problema viene de antaño. Referiré lo que hicieron los últimos tres gobernadores, puestos en los zapatos de la gobernadora electa. Cada uno a su tiempo hizo exactamente lo mismo: diseñaron reformas para la Ley Orgánica en cuestión para acomodar sus piezas y supuestamente imprimir un “estilo personal de gobernar”, empleando la frase de mi muy estimado Daniel Cosío Villegas.
En 2004 José Reyes Baeza, que llegó al poder con muy buen bono democrático, que luego se encargó de malbaratar; sustancialmente lo que hizo fue cambiarle el nombre a la Procuraduría General del Estado por el más rimbombante de “Fiscalía General del Estado”, y a partir de ese momento su titular sería electa con la participación del Congreso del Estado. Pensó que cambiando los nombres cambiaba la realidad, o como dice el poema de Borges, “el nombre es arquetipo de la cosa / en las letras de ‘rosa’ está la rosa / y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’”.Pero tratándose de política, poder, gobierno y estado todo marcha por otra calzada. Y esa fiscal lo mismo se pudo llamar, al calor de la guerra calderonista, Patricia González o Felipe de Jesús Espitia, que mezclaron sus funciones civil y militar, respectivamente, para darle a Chihuahua un baño de sangre y tortura que con altibajos llega hasta ahora y es un mal endémico.
Cuando llega Duarte con su lema de que “el poder es para poder”, se cocina su propia Ley Orgánica y lo que eran directores se convirtieron en “secretarios de estado” (una vez más recuerden a Borges). El poder del tirano muy pronto se utilizó para depredar, robar y extorsionar, y los nuevos secretarios se reclutaron en los bajos fondos de la política local. Hasta eso que Duarte fue franco y después de elevarlos los llamó simplemente “chanates”, por aquello de que podían caer electrocutados con una sola de sus gesticulaciones.
Luego llegó Javier Corral, hombre de utopías que ahora promete despojarse de todo rencor. Inició su propia Ley Orgánica y sustancialmente creó la Coordinación de Gabinete, en parte para satisfacer la empleomanía de Gustavo Madero Muñoz y en parte para lograr una “sinergia” con los empresarios, que jamás se dio porque entre ellos se le tiene como un simple chivo en cristalería.
De los tres, el juicio más severo en la hondura de la crítica recae en este personaje, porque habiendo llegado con velas hinchadas de viento ciudadano, estructuró un gobierno partidocrático, elitista, ineficiente y, para decirlo con palabras castizas, de talegas rasantes en el suelo.
Estas reformas, vistas a la luz de esta breve historia, no sirvieron absolutamente para nada y en algunos casos resultaron lesivas y onerosas. La lógica dice que a la reforma de la señorita Maru Campos no tiene porque irle mejor, más si se reconoce que tendrá el carácter de gerente de los intereses de la oligarquía local.
Empero, encuentro una diferencia entre las reformas de los tres gobernantes reseñados y lo que ahora esta en manos del Congreso del Estado de manera informal. A aquellos tres les bastó teclear en dos o tres hojas la iniciativa que luego les aprobaron. Maru empleó 84 cuartillas, pero no sólo: hace diagnósticos, presenta gráficas, por ejemplo en materia de incidencia delictiva, trae notas a pie de página…, todo para que se note que también es master made in Tec de Monterrey y Universidad Georgetown.
Denota un mayor esfuerzo de argumentación, pero es previsible que los resultados sean idénticos por la pasta humana que la acompañará: un panismo de ultraderecha, su fracción duartista, las excrecencias del PRI de Graciela Ortiz y el PRD de Pavel Aguilar, que se hacen ilusiones porque piensan que van a cohabitar en el poder. ¿Especulación pura? Sí, porque tiene que ver con el futuro. No, porque la experiencia dicta otra cosa.
En la teoría política y constitucional se subraya que el corazón político del Estado y el poder se encuentra en el Poder Ejecutivo y en la administración pública. Para los poderosos, el diseño que más les conviene es el que pretenden y diseñan conforme a sus propios intereses, pero se olvidan intencionadamente de que los estados modernos lo primero que hacen frente a la proclividad autoritaria de las administraciones es garantizar la forma que los particulares tienen para resistirlos.
En los términos que lo afirmó el español Eduardo García de Enterría, los modernos elevan precisamente la posibilidad de resistencia, y es a todas luces lo que han hecho los últimos gobernadores del estado de Chihuahua, incluida la que en breve asumirá. Me dirán: “pero, si ya se creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, y yo les contesto: “no es cierto, porque a final de cuentas, en este caso, la rosa no está en el nombre de la rosa”.
La sociedad y los ciudadanos necesitan herramientas eficaces para erradicar el despotismo, la discrecionalidad y el errático comportamiento de los gobernantes, y elaborar leyes de esta importancia es ponerse de espaldas a los intereses de la gente.
Maru Campos se hace un traje a la medida.
20 agosto 2021
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
