La historia de Chihuahua está plagada de errores que Maru Campos no tendría por qué repetir, por eso es necesario que dé marcha atrás a su iniciativa para reformar a la FEM, de lo contrario puede ser que en poco tiempo se termine llevando a la primera mujer gobernadora de Chihuahua ante las Comisiones, la Corte y los mecanismos internacionales por retrocesos en los derechos de las mujeres
Por Imelda Marrufo / Twitter: @imemarrufo
En días pasados, la gobernadora electa Maru Campos mandó al Congreso del Estado de Chihuahua una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado (LOPE). Propone una modificación al nombre de la Fiscalía Especializada de las Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género (FEM) y, además, que los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) dependan de dicha fiscalía.
Me surge una pregunta, ¿Quién asesora a Maru Campos? Porque quien lo hacen no realiza un análisis y está a punto de generarle problemas a la próxima gobernadora.
Campos tomará protesta en Juárez, ciudad emblemática por la violencia contra las mujeres, por su historia marcada por el feminicidio, las desapariciones de mujeres, y, por un contexto de violencia que motivó la reciente Declaratoria de Alerta por Violencia contra las mujeres el pasado 17 de agosto.
No es tan sencillo el cambio de nombre a la FEM, está cargado de significados.
La FEM se logró como parte del Acuerdo para el Cumplimiento de las Recomendaciones en el Informe de Fondo No. 87/10, Caso 12.551 “Paloma Angélica Escobar Ledezma y Otros” emitido por la CIDH en agosto 201. La vía es una figura que se permite para que un caso no llegue hasta la Corte. El objetivo de especializar una fiscalía tiene como origen hacer frente a las desapariciones, el feminicidio y la impunidad presente desde décadas atrás.
La FEM tiene como antecedente la historia de madres que como a Norma Ledezma, que se puede revisar en el informe el brillo del sol se les perdió ese día.
Por eso, cambiarle el nombre de Fiscalía Especializada en Atención a las Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género a Fiscalía Especializada en Atención a las Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género ‘y Atención a la Familia’, no es un tema menor, cambia el énfasis de lo que se quiere dejar de ver, de su propio origen, de su historia.
La creación de la FEM se articula con acciones paralelas de lucha para la justicia: mientras varias defensoras que participamos en las organizaciones impulsábamos la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres, la madre de Paloma Angélica proponía la creación de la Fiscalía Especializada.
Maru debe saber que la FEM tiene una Unidad de Violencia Familiar, otra de Delitos Sexuales, Desaparición, Feminicidio y que, en Juárez, hay una unidad especial de casos de investigaciones de feminicidio y desapariciones llamada Grupo Especial Valle, propuesta por familiares de víctimas de Juárez y Red Mesa para atender principalmente los casos de Arroyo el Navajo
De acuerdo a la investigación que realizamos en Red Mesa de Mujeres, en diciembre del 2019, el área de denuncias de FEM en Juárez contaba con 8 ministerios públicos (MP) para tres turnos con una carga de atención de 700 denuncias mensuales.
La unidad de delitos de violencia familiar y contra el incumplimiento de pensión alimentaria contaba con 40 mil 406 carpetas vigentes; en la Unidad de Delitos Sexuales, cada ministerio público contaba con 700 a 1500 carpetas que en su mayoría se iban a juicio oral.
En la fecha arriba señalada, la unidad de feminicidios tenía activadas 450 carpetas, y al mes se atendía 20 casos de mujeres aproximadamente, con tan solo un turno de la mañana. La Unidad de Búsqueda atendía 600 reportes al año aproximadamente; el Grupo Especial de Valle contaba con 56 casos, solo un coordinador, 4 MP y 3 policías de investigación.
En nuestra investigación pormenorizada para el caso de zona norte, encontramos áreas que requieren duplicar el número de ministerios públicos y policías de investigación, como la de Delitos Sexuales y que a la Unidad de Feminicidios le faltaban 6 MP, 4 policías de investigación y 4 unidades vehiculares; que a la Unidad de Búsqueda le faltaban 2 MP exclusivos, y 7 policías.
Encontramos que al Grupo Especial Valle le faltaban 3 MP y 4 agentes de policía, además de escáneres para que la unidad de análisis haga mejor su trabajo y que de 9 personas que laboran solo 2 tiene computadora. Que a la Unidad de Femicidios le falta una médica exclusiva para neurocirugías.
De las necesidades de fortalecimiento para la FEM, sabemos que en 2020 se contrataron 16 personas con los recursos adicionales asignados por el gobernador y se proyectó mobiliario y equipamiento para el nuevo edificio de Ciudad Juárez.
Fue en 2017, 2018 y 2019 en el que se observa un incremento en el presupuesto. Sin duda hay avances, casos ganados y otros muchos pendientes. El servicio a las víctimas es notablemente, mejor que cuando lo realizaba la Fiscalía General.
Por otra parte, los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) nacen de un modelo pensado desde el paradigma de la seguridad ciudadana. De hecho, el modelo parte de una premisa teórica en la que la política pública con enfoque punitivo debe transitar a uno preventivo con participación ciudadana acompañado de acciones sociales.
Los CEJUM deben lograr la articulación de las redes de colaboración, atención integral a mujeres e hijos/as víctimas de violencia, en un mismo techo sin revictimizar.
Los servicios que ofrecen se centran en las necesidades de las mujeres y en el respeto a sus decisiones; las y los operadores realizan acompañamientos, con los que se rompen las rutas atención tradicional rígida.
Los énfasis en el acompañamiento de procesos de las víctimas se dan en el ámbito de salud, educación, empoderamiento, oportunidades laborales y autonomía económica. Además, un seguimiento en términos de los resultados e impacto de acuerdo con los indicadores del Sistema de Integridad.
El colapso en el que ha vivido la FEM y los Centros de Justicia para las Mujeres de Ciudad Juárez –a ambas dependencias les sobran víctimas y les faltan personal– requieren de un plan de fortalecimiento institucional.
Las organizaciones y quienes integramos el Movimiento Estatal de Mujeres, propusimos al ejecutivo estatal una iniciativa de ley para crear los Centros de Justicia de Chihuahua, con los estándares de progresividad avanzados. Que los CEJUM se consideren como órganos descentralizados, contar con patrimonio y personalidad jurídica propia. Consensada la propuesta, el mandatario la presentó en mayo pasado. El trabajo está adelantado.
La FEM es una de las siete instancias que integran los CEJUM, su papel es la investigación y judicialización de carpetas de atención a las víctimas y la persecución de los delitos, defender los procesos en tribunales. Desplegar fuerza en lugares remotos para acercarse a la comunidad. Cargarle a la FEM la estructura, modelo y responsabilidad de los CEJUM, sería como colocarle una bomba de tiempo a punto de detonar.
Me he especializado en la política pública de los Centros de Justicia para las Mujeres trabajé mucho para impulsar el CEJUM en Juárez, participé en varios comités nacionales y asesoré a algunos Centros. Para quienes nos hemos dedicado a acompañar a las víctimas por tantos años, lo más importante, es que la autoridad realice las mejores acciones de gobierno en su favor.
En Juárez y Chihuahua, Maru Campos tiene la ventaja que no tienen otros gobiernos estatales que entrarán el próximo septiembre: aquí hay capacidad y experiencia, no se necesita iniciar con ensayos. Las víctimas y quienes les defendemos no tenemos tiempo para eso.
Con la mejor de la intención les propongo que procuren mejores asesores/as, fuera de sesgos, prejuicios, pensando en las mejores políticas que pueda impulsar la gobernadora electa en temas tan delicados y sensibles. Ayúdenle, tiene la oportunidad de hacerlo bien.
La historia de Chihuahua está plagada de errores que Maru Campos no tendría por qué repetir, es necesario que se corrija, de lo contrario puede ser que en poco tiempo la soberbia y cerrazón termine llevando a la primera mujer gobernadora de Chihuahua a denuncias ante las Comisiones, la Corte y los mecanismos internacionales de derechos humanos por retrocesos en los derechos de las mujeres.
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