Esta investigación relata la historia de Estela, María, Aracely y María de los Ángeles, quienes siguen en la búsqueda de sus amores desaparecidos en medio de un estado que no cuenta con un registro certero que dimensione la magnitud de la crisis de desapariciones en contra de las infancias y adolescencias, y donde tampoco sus instituciones han tenido la capacidad de vincular este crimen con otros delitos, como la trata de personas. A todas les han fallado.
Por Samantha Anaya / @Sam_An16 y Aletse Torres /@aletse1799
Ilustraciones: Ivanna Orozco
Edición: Darwin Franco / @DarwinFranco
Zona Docs
“Yo se las pedí (las cédulas de búsqueda), pero en Fiscalía me dijeron que la Alerta Amber no me la podrían dar como tal porque mi hijo había desaparecido con un mayor de edad, entonces, por eso la carpeta iba a ir inmediatamente a la Fiscalía de Desaparecidos. Ellos dos están juntos en la misma investigación. (Después) la que me atendió me dijo que la Alerta sí estaba, pero que sólo se había mandado a dependencias como hospitales y la Cruz Roja, pero que no era pública. Yo no sé si en verdad se trabajó de esa manera, pues yo nunca vi publicada la Alerta de mi hijo”.
Esta fue la experiencia que tuvo en Alerta Amber Jalisco (área especializada en la búsqueda de menores de edad desaparecidos), Estela Ruiz, madre de Christian Alexander Valencia Ruiz, joven de 16 años que fue desaparecido el 31 de diciembre de 2019 en la colonia Heliodoro Hernández Loza, en Guadalajara, cuando acudió al llamado de un hombre que supuestamente le compraría su motocicleta.
Desde entonces, la familia Valencia Ruiz ha sido víctima del mal funcionamiento de las áreas de búsqueda de personas desaparecidas, pues desde aquel 31 de diciembre son contadas las acciones que se han hecho para encontrar tanto a Christian Alexander, como a su tío Raudel Sandoval Barrera, quien también fue desaparecido, pero el 3 de enero de 2020, cuando emprendió la búsqueda de su sobrino.
Cristhian Alexander, lamentablemente, también es uno de los 804 menores de edad que han sido desaparecidas y desaparecidos en Jalisco durante la última década, y, a su vez, forma parte de las y los siete infantes y adolescentes que, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), desaparecen todos los días en el país.
Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, en el país se han reportado como desaparecidos 12 mil 762 niñas, niños y adolescentes. Luego de casi 15 años, y pese a la implementación de protocolos de búsqueda como Alerta Amber y Protocolo Alba, la incidencia del delito continúa creciendo.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en 2019 (año en que fue desaparecido Christian Alexander), también fueron separados de sus familias, 138 menores de edad. La constante en estos casos es el poco avance en la búsqueda e investigación.
“Desde que mi hijo desapareció, la familia ha sido quien hemos estado investigando. Toda la investigación que tiene la Fiscalía, nosotros se la hemos proporcionado. Ellos me hablan y me dicen ‘sabe qué señora fuimos a tal lado y no hay nada’. Cuando fuimos a que leyeran todo lo que tenían de la investigación, no había nada nuevo”.
El testimonio de Estela refleja la desarticulación que existe entre quienes deben buscar a los niños, niñas y adolescentes desaparecidos en Jalisco, pero también hace evidente la falta de acciones de seguridad para inhibir la comisión de este delito, pues en plena pandemia, la incidencia de desaparición en menores de 18 años no se detuvo. De acuerdo con los registros oficiales, en 2020 se registraron 132 casos de menores de edad desaparecidos.
Uno de los casos más sonados en ese año fue el de Daniel Rodríguez Sandoval, de 16 años, quien junto con su amigo Bryan Carrillo de 18 años. Fueron desaparecidos en Teocaltiche el 18 de julio de 2020, mientras trabajaban recolectando chatarra.
Sobre ellos tampoco se sabe nada, pese a que sus familiares, tras realizar diversas manifestaciones frente a Casa Jalisco, obtuvieron del propio gobernador, Enrique Alfaro, la promesa de que él mismo encabezaría la búsqueda de ambos jóvenes.
“Cuando fuimos a poner la denuncia me pasaron a Alerta AMBER, pero nunca subieron a mi hijo a la plataforma. La encargada, Amparo Ramos, nos decía que era por sigilo, por cuidarlo, pero lo que yo quería era en ese momento era subir la foto de mi hijo y que todo mundo lo viera, pero ella nos explicaba que no se hacía porque le podían hacer algo. Yo pedí que subieran la foto a Alerta Amber, pero nunca la subieron”.
Este testimonio pertenece a Aracely Rodríguez, mamá Daniel Rodríguez Sandoval, mujer combativa que le preguntó de frente al gobernador de Jalisco por qué no se estaba haciendo nada por buscar a su hijo y a su amigo. Las respuestas y las acciones que prometió Enrique Alfaro nunca llegaron.
Esa misma impotencia también la tiene María de los Ángeles Carrillo, madre de Bryan Carrillo, quien se quedó a la espera de que las instancias oficiales emitieran una ficha de búsqueda para su hijo.
“Amparo Ramos dijo que también iba a subir la ficha de mi hijo, porque también es joven, pero jamás lo subió. Después de cuatro meses nos dijo que los iba a subir como prealerta, porque ponía en peligro su integridad, pero nunca supimos si en realidad estuvieron en prealerta, porque en la plataforma nunca estuvo”.
Los protocolos en materia de menores de edad desaparecidos señalan la importancia de emitir las alertas como una forma de extender las acciones de búsqueda. Sin embargo, también especifican una serie de criterios para no comprometer la seguridad de quienes deben ser buscados de manera inmediata. No obstante, deben tener vinculación con las carpetas de investigación, pues es así como se determina si la emisión de la alerta genera un riesgo real.
En los casos aquí referidos, la negativa para no publicar las Alertas no se dio con algún sustento legal o análisis de riesgo, simplemente fue algo que se les comunicó de manera verbal por la encargada del área, Amparo Ramos.
En el análisis realizado a las Alertas Amber y las fichas de búsqueda de Protocolo Alba (focalizado en la desaparición de niñas y adolescentes), encontramos que de enero de 2015 a mayo de 2021, sólo se han emitido 178 Alertas Amber, es decir, el 22.1% de las 804 desapariciones reportadas.
Por su parte, Protocolo Alba únicamente publicó nueve fichas, lo que implica que sólo el 2.8% de las 336 menores de edad que fueron desaparecidas en Jalisco en el mismo periodo de tiempo, fueron difundidas a través de cédulas de identificación públicas.
¿Por qué estos porcentajes de emisión de alertas o fichas son tan bajos? Es una pregunta que se buscó realizar a ambas instancias. Sin embargo, al cierre de esta investigación, no han dado respuesta a nuestras solicitudes de entrevista.
Una de las posibles respuestas es que las propias instancias encargadas de hacerlo no saben con certeza cuántos menores de edad hay desaparecidos en la entidad.
La Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de una solicitud de transparencia, reportó que de enero de 2015 a abril de 2021, tenían un total de 448 niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos. Sin embargo, sólo tienen 407 indagatorias activas.
Por su parte, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas (que depende de la misma Fiscalía General) reportó contar con 321 reportes de personas menores de edad desaparecidas, pero sólo 291 carpetas de investigación.
La diferencia es de 127 menores desaparecidos y de 116 carpetas de investigación.
¿Por qué difieren en sus datos ambas instancias si deberían de compartir la misma base de datos? Es una respuesta que tampoco han dado las autoridades.
Estas inconsistencia también se trasladan a la información que la Fiscalía reporta en los registros estatales y nacionales de personas desaparecidas, pues mientras en el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID) se reportan, en los últimos 10 años, mil 086 niñas, niños y adolescentes desaparecidas y desaparecidos, en el registro nacional sólo aparecen como víctimas de este delito 804 menores de edad. Una diferencia de 282 desapariciones.
Otro dato que tampoco coincide con la información que otorga la Fiscalía, son los reportes sobre desaparición de menores de edad que se hacen a la línea de emergencia 911, instancia que afirma -mediante una solicitud de transparencia- que en los últimos cuatro años recibieron 6 mil 579 llamadas en donde se hacía referencia a la desaparición de algún niño, niña o adolescente.
Sobre este total de registros, las dependencias no fueron capaces de señalar en cuántos de estos casos sí se realizó una denuncia formal, así como tampoco explicaron por qué sólo 655 reportes en el 911 contienen en la ficha básica de atención el sexo de la o el menor de edad. Esto implica que el registro de incidencias sólo en uno de cada 10 reportes se conoce este dato.
Lo mismo pasa con la edad estimada de estas víctimas, pues únicamente 2 mil 083 (31.7%) de los 6 mil 579 reportes cuentan con un registro sobre la edad.
¿Cómo puede activarse una Alerta o una ficha en Protocolo Alba o un proceso en la Comisión Estatal de Búsqueda si esta primera autoridad respondiente, el 911, no cuenta con un correcto registro de los reportes de desaparición de menores?
El siguiente gráfico expresa la diversidad de estadísticas con las que cuentan las instituciones jaliscienses sobre la desaparición y reportes de desaparición de menores en la entidad, principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara; si bien, muchas de las llamadas al 911 no derivan en la confirmación de la existencia del delito, sí ofrecen un panorama de las veces en las que la ciudadanía ha sido testigo de la presunta comisión de desapariciones de menores de edad en la vía pública.
El problema es que todas estas inconsistencias impactan de manera directa los procesos de búsqueda de las familias, tal y como lo explica María Cortez, madre de Karla Macías Cortez, quien fue desaparecida el 24 de julio de 2017 cuando tenía 17 años y un embarazo de 4 meses.
“Mi hija desapareció el 24 de julio de 2017 y, por ser menor de edad, ellos me tuvieron que haber dado la posibilidad de activar dicha Alerta Amber o el Protocolo Alba, pero esta última se lanzó hasta el 30 de agosto, no se hizo de manera inmediata”.
Para María es claro que si las cosas se hubieran hecho como marca la ley, quizá, hubieran existido mayores posibilidades de encontrar a Karla, pues su desaparición se reportó no sólo en la Fiscalía, sino también en los sistemas de emergencia. Sin embargo, pasó más de un mes para que el protocolo de búsqueda se activará por completo.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Zona Docs que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie.
