Tan sólo en Chihuahua, casi dos mil niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad en los últimos cuatro años. Ante el problema, el gobierno federal acaba de lanzar un protocolo que contempla desde ayuda inmediata hasta atención médica, psicológica y jurídica.
Texto y fotografías: Ciela Ávila*
En Chihuahua hay mil 724 menores de 18 años que perdieron a sus madres a causa de un feminicidio, dice en entrevista Concepción Cruz, coordinadora del Enfoque Psicosocial y encargada del Registro Estatal de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE).
De 2018 a junio de 2021, la CEAVE ha contabilizado a mil 102 niñas y adolescentes y a 622 niños y adolescentes en situación de orfandad, de acuerdo con el desglose que hace Concepción Cruz. Sin embargo, estas cifras pueden ser más altas. “Aquí la cuestión es que muchos de los delitos de feminicidio no se tipifican como tal”, señala.
Según el registro de incidencia delictiva del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio de 2021 se registraron 580 feminicidios en el país. En Chihuahua 24 delitos se tipificaron como tal, nueve de los cuales corresponden al municipio de Juárez.
Desde hace tiempo, en México hacía falta un protocolo de actuación que diera respaldo a las niñas, niños y adolescentes (NNA) que quedaron en situación de orfandad y fue el 4 de agosto cuando este mecanismo que contempla ayuda inmediata, atención médica y psicológica, representación jurídica y medidas de protección, se dio a conocer y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
No sólo había que reconocer a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, sino que era necesario comenzar a brindarles atención.
El Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio es un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Salud (SSa) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), pues estas instituciones participaron en la coordinación.
“Queremos con este protocolo evitar la revictimización y garantizar su protección integral”, dijo Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), durante la presentación virtual el pasado 9 de agosto de este 2021.
El documento está dividido en siete secciones: glosario, objetivos, ámbito de aplicación, principios, articulación interinstitucional, ruta de atención del protocolo y consideraciones finales. Todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a respetarlo para que niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio (NNAOF) puedan incorporarse a un hogar y ejercer todos sus derechos.
“Todo ello fue resultado de un ejercicio nacional donde se sondeó a las 32 entidades federativas, a sus fiscalías y procuradurías generales buscando el número y características de los NNA huérfanos de feminicidio que se habían identificado durante 2019. Gracias a este ejercicio obtuvimos varios hallazgos: el primero fue la ausencia de registros”, señaló Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres, durante su intervención.
Ahora que ya se trabaja en ello, la ruta de atención implica la canalización al Ministerio Público (MP) para coordinarse con otras autoridades que deban intervenir. En su investigación, el MP dictará las medidas pertinentes para el reconocimiento de la víctima y los sistemas del DIF brindarán asistencia social.
“Este protocolo cuenta con una ruta de atención que detalla cada uno de los pasos y procesos que deben llevarse a cabo para resguardar la integridad física de estos NNA en esta condición de orfandad por feminicidio y el procedimiento a seguir para la restauración de sus derechos”, mencionó María del Rocío García, titular del SNDIF.
Al identificar a un NNAOF, el protocolo contempla desde medidas de ayuda inmediata, atención médica y psicológica de emergencia, representación jurídica, medidas de protección y hasta de no repetición.
“Está en las manos de las instancias de las mujeres de las entidades federativas de los municipios y en las atribuciones de las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas brindarles el estatus de víctimas indirectas a NNAOF y también garantizar el acompañamiento en el procedimiento del duelo y psicológico y social en general”, añadió la comisionada Fabiola Alanís.
El impacto psicosocial de la orfandad por feminicidio
A nivel local, la CEAVE es la encargada de atender a los menores, al ser el área operativa del Sistema Estatal de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Cuando hay un caso de feminicidio, el área de Primer Contacto se encarga de identificar las necesidades inmediatas de la familia afectada.
“Se implementa un plan de atención integral y de ahí se vincula externa e internamente para inferir en las acciones: si hay que pasarlo hacia el área jurídica, trabajo social, psicología, o bien si se requiere desplegar hacia otras instituciones. […] Después se da un acompañamiento permanente e integral, por duelo, principalmente, y se trabaja con los niños, sus tutores y también con procesos individuales o familiares”, explica la coordinadora del Enfoque Psicosocial.
Por su parte, Tania Luján, integrante del Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAVE, expresa que previo al protocolo, dentro de la Comisión se creó un programa de reparación integral para víctimas feminicidio. “Este programa tiene el objetivo de garantizar una reparación integral, incluyendo las cuestiones de alimentación, salud, educación”, detalla en entrevista.
Uno de los objetivos específicos del protocolo es guiar el ofrecimiento del acompañamiento psicológico y socioeducativo de niñas y niños menores de 12 años y de adolescentes menores de 18 años de edad.
“La situación de los NNAOF es de especial preocupación en su contexto de violencia feminicida, porque constituye un evento traumático que, además de quebrar la idea de familia como un espacio de protección, les coloca en un mayor riesgo de la vulneración de sus derechos. El impacto es grave y se requiere de la intervención de todas las instituciones responsables”, dice el documento.
Al respecto, Concepción Cruz, coordinadora del Enfoque Psicosocial, habla de que las niñas, niños y adolescentes tienen que trabajar procesos de adaptación para los nuevos entornos familiares.
“Suelen tener retrasos en el desarrollo, problemas en el lenguaje, consecuencias biológicas en sus procesos evolutivos, conductuales”, especifica sobre quienes viven la pérdida de la madre a una edad muy temprana, antes de los 6 años.
El duelo es un proceso que niñas, niños y adolescentes viven de manera distinta a quienes son personas adultas. Se trata de condiciones traumáticas donde no hay preparación para enfrentar niveles de horror, violencia y maltrato.
“Generalmente los niños son muy pequeños, muchos de ellos no recuerdan, nada más heredan el duelo de la familia. Los niños más pequeños no tienen memoria porque sus capacidades cognitivas no están todavía desarrolladas al 100 por ciento”, refiere Cruz.
Por esta razón, las personas menores de los 12 años cumplidos tienen más posibilidades de recuperación que en la adolescencia.
“Los niños tienen muchísimos recursos de afrontamiento positivos, siempre y cuando hagamos un abordaje adecuado, intervengamos oportunamente y trabajemos de manera integral con claves restaurativas. Sí se recuperan porque hay posibilidades de cerrar procesos”, afirma.
Ivonne Mendoza, coordinadora general del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (Cedimac), coincide en que la situación más compleja no es el duelo. Para ella se trata de la adopción.
“Creo que es el principal problema con el que se topan los deudos de las víctimas de feminicidio, padres y madres que tienen que realizar procesos de adopción que no son rápidos, ni son fáciles”, lamenta.
Concepción Cruz destaca que la CEAVE colabora con el DIF Estatal para que intervenga en el traslado de infantes. Sin embargo, esto no siempre implica que los menores se encuentren en un proceso de adopción, porque tienen la tutela de su familia.
“El DIF se encarga de esa parte porque tiene sus propios mecanismos para resguardo buscando redes de apoyo y dejándolos con un familiar si hay condiciones de seguridad. En gran parte de los casos, los menores están tutelados por abuelos o tíos”, acota Cruz.
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* Ciela Ávila es periodista independiente
