Las colectivas de Oaxaca han sido clave en la visibilización y regulación de los delitos de acoso y hostigamiento; y para las expertas lo más importante es trabajar desde el enfoque preventivo con la incorporación de diversos protocolos y el involucramiento de hombres.
Por Citlalli López
María* resiste a la impunidad contra el hostigamiento sexual. Desde 2015, como estudiante de un bachillerato público en Oaxaca, denunció a uno de sus profesores en la institución educativa.
A pesar de un camino minado por la burocracia, la revictimización social e institucional e incluso las amenazas, decidió no abandonar el proceso como una manera de resistir y contener nuevas agresiones hacia otras mujeres. María describe este andar como largo y difícil. Pero sostenida por sus redes de apoyo se mantiene firme en el proceso, ahora también ralentizado por la pandemia de COVID-19.
Las redes de apoyo en estos procesos son vitales y de ello habla Angélica Ayala Ortiz, presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos, organización feminista que brinda acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género, y quien indica que haber colocado el tema en la agenda pública es un avance hacia su erradicación. “El primer paso es visibilizar el problema, el segundo la ‘desnaturalización’ y el siguiente que todas las leyes generadas se cumplan en la práctica para que cada carpeta de investigación abierta tenga enfoque de género”.
Ximena Avellaneda, integrante del GESMujer y participante de grupos de trabajo que buscan prevenir el acoso y hostigamiento sexual en espacios públicos, remarca que más allá del enfoque punitivo, hay que apostar sobre todo por la prevención.
“Hay lugares en donde se han establecido procesos de sensibilización e información y aún donde de manera conjunta se construyen códigos de conducta, ahora le llaman también protocolos en donde se definen exactamente lo que no es posible antes de que suceda para que todos los implicados, ya sean los docentes, los patrones, los trabajadores, los y las estudiantes, se enteren que esto no es posible, que lo identifiquen”.
“Cada vez hay más códigos en los centros de trabajo, en los centros educativos, en las redes sociales donde los límites se aclaran y se tiene ya mucha claridad de qué instancias hay para acompañar, atender, asesorar y aún para llegar hasta las últimas consecuencias cuando haya necesidad de hacer denuncias”, señala Avellaneda en entrevista.
Para ella la prevención debe contemplar a hombres y mujeres. A ellas, al informarles sobre sus derechos, y a los posibles agresores, advirtiendo cuáles son las conductas y acciones que constituyen acoso y hostigamiento sexual, así como sus sanciones. “Esto va a todos los niveles, desde las más altas jerarquías son responsables de que no exista violencia”, añade.
De hecho, el Informe de Resultados Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas de México realizado por ONU Mujeres, hace hincapié en el enfoque preventivo con ciertas acciones estratégicas. Los cuatro ejes para enfrentar este delito más allá de las sanciones, son: generar datos y construir alianzas para el cambio; desarrollar e implementar leyes y políticas integrales; invertir en la seguridad y viabilidad económica de los espacios públicos con perspectiva de género; y transformar las normas sociales, es decir la transformación de comportamientos, normas y las actitudes que fomentan la violencia, además de promover masculinidades positivas y fomentar relaciones de género respetuosas, basadas en la igualdad entre los sexos.
El Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas se ha aplicado en más de 40 ciudades del mundo. En México, forman parte de esta iniciativa la Ciudad de México, Guadalajara, cinco municipios del área metropolitana de Monterrey, Puebla y Torreón.
Caminos más transitables hacia la justicia
Antes de denunciar penalmente, María* recurrió a la dirección escolar y al profesorado. Por más de un año no hubo respuesta, hasta que, por la presión, la escuela jubiló al profesor que fue señalado por tres estudiantes más de la misma institución de nivel medio superior de Oaxaca.
Retirar al docente de su cargo, única solución planteada por la escuela, no garantizaba la justicia, tampoco la reparación del daño y mucho menos la no repetición. Fue en 2019 cuando comprendió que el camino era la vía penal.
María* indica que ha requerido acompañamiento psicológico y psiquiátrico debido a la ansiedad y depresión que no venía sólo de la agresión “sino de todo lo que me generó el proceso de denuncia. El momento de la agresión es fuerte y muy significativo, pero todas las violencias que se desatan a partir de nombrarlo y denunciarlo causaron heridas fuertes y revictimización constante. Todo el tiempo hay preguntas muy invasivas y violentas”, explica en entrevista.
El que la impunidad siga imperando en su caso la ha hecho dudar si vale la pena continuar, pero sabe que seguir en ello es una manera de visibilizar y frenar este delito: “en la medida de lo posible, voy a seguir en el proceso”, menciona.
Ayala Ortiz, presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos agrega al respecto que “si bien el proceso de la denuncia puede ser desgastante, creemos que tenemos que ir haciendo estos caminos más transitables para que las siguientes mujeres que acudan a poner su denuncia, puedan avanzar hacia el proceso final, que sea la sanción, la reparación del daño y garantizar la no repetición”.
Los casos son cada vez más visibles, y eso es un avance. En esta entidad, tan sólo en los primeros cinco meses de 2021 se denunciaron 142 agresiones: 34 de hostigamiento sexual (cuando existe una relación de subordinación) y 108 de acoso sexual (cuando no existe la relación jerárquica), según la incidencia delictiva reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Las activistas oaxaqueñas son clave para empujar la agenda
En julio de 2020, la 64 Legislatura de Oaxaca reformó el Código Penal para sancionar hasta con cuatro años de prisión y multa de 100 a 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quienes cometan delitos como acoso y hostigamiento. Su valor en 2021 es de 89.62 pesos, lo que equivale a pagos de entre 8 mil 962 o hasta 17 mil 924 pesos.
“Sin duda han sido las víctimas y las activistas quienes influyeron en colocar el tema en la agenda legislativa y mantener visible el avance legislativo”, dice en entrevista la diputada local Elisa Zepeda.
Como impulsora de la reforma que endurece las sanciones y amplía el tipo penal para el acoso y el hostigamiento sexual señala que la denuncia es también una forma de luchar porque ayuda a “desnormalizar” estos delitos.
“Sabemos que todavía la brecha es muy grande entre la denuncia y las sentencias, pero estamos empezando a poder visibilizar. Por eso es que el tema toma importancia entre las mujeres, porque sí es una forma de luchar contra estas formas de violencia. Sí es una lucha de las mujeres el poder colocar estos temas en la agenda pública y en una agenda legislativa”, resalta.
Por ahora, aún con el endurecimiento de la sanción penal, la inhibición del delito no se reflejó en las cifras del SESNSP. Del total de las 252 carpetas de investigación iniciadas en todo 2020 (209 por acoso y 43 por hostigamiento), 50.39 por ciento, es decir 127, corresponden a los meses siguientes a partir de la reforma.
Pero, ¿qué pasa cuando no se sanciona un delito o se ponen obstáculos? Lo que sucede, explica Angélica Ayala Ortiz —quien desde su organización feminista brinda acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género—, es que genera falta de credibilidad en los sistemas de procuración de justicia.
“Esto envía un grave mensaje hacia las mujeres, de que sus derechos no son respetados y que, por lo tanto, no tiene caso que denuncien porque no habrá justicia; y hacia los agresores, que nunca se va a ejercer algún tipo de acción penal. La impunidad permite que la problemática permanezca y se vaya agravando”, expone en entrevista.
En dos de cuatro casos acompañados por el GESMujer el año pasado, las mujeres abandonaron la denuncia porque la instancia de procuración de justicia objetó que lo que les ocurrió no era grave. Una más continúa en proceso y sólo una de ellas logró la reparación del daño. Por esto es importante que los aparatos de justicia caminen con perspectiva de género.
*María es un seudónimo para proteger su identidad por temor a represalias
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