Como ningún otro gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador reconoce claramente su decisión de frenar la migración irregular. Con ello el país se convierte, en los hechos, en el ansiado muro fronterizo de Estados Unidos.
Por Alberto Najar
En octubre de 2018 el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto enfrentó una fuerte crisis en la frontera sur de México.
Una caravana con miles de migrantes trató de ingresar al país por el puente Rodolfo Robles que une Ciudad Hidalgo, Chiapas, con Tecún Umán, Guatemala.
La Policía Federal trató de impedir el paso de los centroamericanos con golpes y gas lacrimógeno. Inclusive algunos migrantes cayeron del puente al Río Suchiate.
Las imágenes dieron la vuelta al mundo, y sirvieron para que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometiera que, en su gobierno habría una política migratoria con carácter humanista.
“Cuentan con nosotros” dijo a quienes definió como “hermanos migrantes” durante un discurso en Tapachula, Chiapas. “Va a haber trabajo para los mexicanos y trabajo para los centroamericanos en nuestro país”.
La política de apertura se mantuvo durante los primeros meses de su gobierno. Hasta junio de 2019, cuando el presidente Donald Trump de Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a las importaciones de productos mexicanos si no se frenaba la migración irregular hacia su territorio.
El gobierno mexicano aceptó parar a los migrantes y para ello desplegó a miles de soldados y elementos de la Guardia Nacional.
El río humano disminuyó su cauce, en parte por el cerco militar pero sobre todo por la pandemia de la COVID-19
La situación cambió a finales de agosto. Miles de haitianos, que ha permanecido varios meses en Tapachula, caminaron hacia el norte para escapar del encapsulamiento en que los mantiene la GN y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Sólo pudieron avanzar unos kilómetros pues se encontraron con cientos de policías que les bloquearon el paso.
Decenas de migrantes fueron detenidos, algunos con violencia. El video de un agente del INM que patea la cabeza de una persona ya sometida desató cientos de críticas en medios y redes sociales de internet.
Apareció el fantasma de octubre de 2018 pero esta vez el mensaje de López Obrador fue muy distinto. Hace cuatro años habló de empleos y visas humanitarias.
La oferta continúa, pero con una condición: que no intenten viajar a Estados Unidos y permanezcan donde están.
“El propósito es mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur-sureste del país”, dijo el presidente en la conferencia de prensa matutina del 31 de agosto.
“Permitir la introducción por completo al territorio, que atraviesen nuestro país significa muchos riesgos de violación de derechos humanos”.
Con esta respuesta a los periodistas López Obrador reconoce abiertamente lo que defensores de derechos humanos denuncian desde hace dos años:
Que su gobierno no permitirá el paso de migrantes por el país, y que está dispuesto a pagar el costo de convertirse en un muro fronterizo para Estados Unidos.
Es algo nuevo. Desde el sexenio de Ernesto Zedillo se han aplicado operaciones militares para tratar de contener el flujo de personas que caminan desde el sur del continente.
Pero ninguno ha reconocido públicamente que su objetivo es parar por completo la migración irregular, como históricamente demanda la Casa Blanca.
En todos los casos las acciones de años pasados han sido más mediáticas que realmente efectivas, en parte porque los migrantes encuentran formas de evadir los cercos y seguir su camino, y también porque, en los hechos, las autoridades no solían afanarse en cumplir con su tarea.
Pero ahora es distinto. Impedir la migración irregular es política pública en México y parte de las tareas que se han asignado a las fuerzas armadas.
Lo dijo el secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval el 27 de agosto, un día antes de la caravana de haitianos.
Las actividades del Ejército en las fronteras, reconoció, “tienen diferentes objetivos, el principal detener toda la migración que es uno de los planes que se tienen”.
El objetivo de contener a la migración puede ser atendible: México es un cementerio para los migrantes, expuestos a secuestros, abusos sexuales, asesinatos, extorsiones.
Pero el propósito de proteger a estas personas contrasta con la realidad. Muchos de los haitianos que integraron la caravana detenida por la GN y el INM habían solicitado asilo en México.
Varios alegaron que tenían hasta diez meses a la espera de una respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
El organismo ha recibido cerca de 78 mil peticiones de asilo o refugio en lo que va del año, 10% más que 2019. La Comisión está rebasada, pero a pesar de eso no ha recibido más presupuesto ni, mucho menos, ha incrementado su capacidad de atención.
Por eso, entre otras razones, la decisión de muchos haitianos de emprender la caminata al norte. Ante su inconformidad el INM les ofrece un campamento para permanecer en México… pero sin salir del sureste.
Otro elemento que contrasta con el discurso de proteger a los migrantes es la deportación express de solicitantes de asilo por parte del gobierno estadunidense, amparada con el llamado Título 42.
Es una política de emergencia ordenada por Dondald Trump para contener la pandemia de la pandemia, y que mantiene el actual presidente Joe Biden.
Es más, el político del Partido Demócrata ha endurecido la estrategia. Desde hace varias semanas envía aviones con cientos de migrantes hacia la frontera sur de México, donde son recibidos por el INM que los deporta hacia Guatemala.
El gobierno mexicano también hace lo mismo, pues de acuerdo con organizaciones civiles también ha enviado vuelos con migrantes desde ciudades del norte del país hacia la frontera sur.
Se trata de una evidente mano dura a la migración que contrasta con la política exterior en el gobierno de AMLO, que pretende recuperar la tradición de asilo y refugio.
Una estrategia clara en el caso del expresidente Evo Morales de Bolivia, y que hace unos días tuvo un nuevo capítulo al contribuir al rescate de cientos de afganos que escaparon del régimen Talibán.
En tal escenario no son pocos quienes se preguntan el trato distinto a personas en condición de riesgo y obligadas a abandonar sus países.
Un falso debate pues de lo que se trata no es de establecer categorías especiales para algunos refugiados, sino garantizar que todos los solicitantes de asilo tengan la posibilidad de quedarse y ser protegidos en el país.
Es una deuda histórica de México, y uno de los saldos más caros del gobierno de López Obrador.
***
Alberto Najar. Productor para México y Centroamérica de la cadena británica BBC World Service. Periodista especializado en cobertura de temas sociales como narcotráfico, migración y trata de personas. Editor de En el Camino y presidente de la Red de Periodistas de a Pie.
