La anulación de la criminalización del aborto en México y la cercanía de Ciudad Juárez con El Paso ofrecen a las mujeres de esta frontera oportunidades de acceso a servicios de salud para interrumpir su embarazo; hace unos días en Texas se prohibió el aborto después de las seis semanas de gestación
Por Verónica Martínez / La Verdad
Victoria Rossi de El Paso Matters colaboró en esta historia
Ciudad Juárez– La decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la criminalización el aborto en México abre un panorama distinto para las mujeres fronterizas que por décadas han recurrido al otro lado del río Bravo para poner fin a los embarazos.
En una resolución histórica, la Corte anuló este martes la penalización del aborto considerada en el artículo 196 del código penal del estado de Coahuila, estableciendo una jurisprudencia con la que se obliga a los jueces de todos los estados del país a fallar a favor de las mujeres.
“Ya que no se podrá procesar a ninguna mujer por abortar sin violar el criterio de la corte y la Constitución”, declaró Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.
Coahuila es el primer estado fronterizo que despenaliza el aborto en México. El fallo de la Corte en México fue anunciado a menos de una semana de que una nueva ley en Texas, conocida como “Heartbeat Act” prohibiera el acceso al aborto después de las seis semanas de embarazo cuando se detecta actividad cardiaca en el feto.
Ante nueva prohibición en Texas y la decisión de la Corte en México, organizaciones binacionales defensoras de los derechos de la mujer consideran que habrá más residentes de El Paso que opten por cruzar la frontera mexicana.
Por muchos años las personas viviendo en la frontera han visto la proximidad entre los dos países como una oportunidad para intercambiar servicios de salud, incluyendo el acceso al aborto. Debido a la criminalización del aborto en México las fronterizas han optado por viajar a los Estados Unidos para acceder a las clínicas de salud reproductiva.
El nuevo panorama legal en México y las restricciones en Texas no han cambiado aún las opciones de aborto para las fronterizas, pero posiblemente puede invertir los roles, dijo Mariela Castro, vocera del colectivo Marea Verde Chihuahua.
“Las mexicanas iban a las clínicas en Texas y es curioso ver cómo se replica la historia. Lo que esta dando la posibilidad (al aborto) en México es una sentencia judicial como lo fue en su momento Roe v. Wade”, afirmó.
Los grupos feministas a favor del aborto en México, como Marea Verde y sus afilados en cada estado, intentaron por muchos años lograr el derecho al aborto a través de la vía legislativa. Fue así que se logró la legalización del aborto en Ciudad de México y en los estados de Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, explicó Castro.
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“Me parece muy probable que se abra la puerta para que las Texanas vengan a Chihuahua”, dijo Castro. “Estadísticamente vamos a tener la posibilidad de saber cuantas y quienes son las mujeres que van a venir a abortar de este lado”.
El precedente legal que ha puesto la Suprema Corte en Coahuila también llevó consigo una señal de esperanza a los defensores y proveedores de servicios de aborto en El Paso. Planned Parenthood of Greater Texas of El Paso celebró la decisión señalando que es un paso que acerca a Ciudad Juárez a la libertad reproductiva.
“La decisión señala una esperanza de que algún día nuestra comunidad hermana no tendrá que cruzar la frontera internacional y puestos de revisión migratorios para tener acceso a servicios de salud competentes y seguros que nosotros proveemos bajo la supervisión de un personal médico certificado en los Estados Unidos”, dijo la vocera de Planned Parenthood El Paso, Xochitl Rodriguez.
Desde mayo de este año los servicios de aborto en El Paso han pasado de ser limitados a inexistentes. La única clínica que proveía servicios de aborto en la ciudad, Hill Top Women’s Reproductive Clinic cerró mientras que Planned Parenthood interrumpió sus servicios con la llegada de la pandemia.
No solo estas clausuras han limitado el acceso a abortos clínicos para los residentes de El Paso, pero también para las juarenses que habrían considerado cruzar.
Elia Orrantia, directora de la organización Sin Violencia, que da apoyo jurídico y psicológico a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en Ciudad Juárez, señaló que el acceso a servicios de aborto no solo están determinados por la legalidad del procedimiento si no también por aspectos socio-económicos.
“Estamos viendo que (en Texas) esta habiendo un retroceso, entonces si veo posible que mujeres estadounidenses busquen los servicios de organizaciones como la nuestra”, dijo Orrantia. “Esto también puede abrir la posibilidad de realizar la interrupción del embarazo a un costo más económico”.
¿Qué sigue en Chihuahua?
El código penal del estado de Chihuahua criminaliza la interrupción voluntaria del aborto y solo lo permite en casos de violencia sexual, cuando la salud de la madre está en peligro y en casos de inseminación forzada o si el aborto fue accidental. Pero con la reciente decisión de la SCJN, el código penal del estado obstaculiza el acceso a este derecho, explica el abogado especializado en temas de reproducción y derechos humanos, Alí Méndez.
“En Chihuahua si una mujer quiere interrumpir el embarazo de una manera voluntaria sin tener que explicar que fue violación o tema de salud, con este precedente ya tendría elementos para solicitarlo y en caso de que se lo nieguen podrá presentar un amparo para ejercer este derecho” dijo Ali.
Esto no solo previene la penalización de las personas que aborten si no que también de los médicos que realicen el procedimiento y de las mujeres, conocidas como acompañantes, que dan apoyo emocional y económico.
El siguiente paso le corresponde al Congreso de Chihuahua, para modificar el código penal del estado para que ninguna mujer se vea en la necesidad de amparar, dijo el abogado que trabajó por siete años para el Grupo de Información en Reproducción Elegida coordinando el área de litigio y ahora es consultor independiente.
En un comunicado publicado en redes sociales, Marea Verde Chihuahua celebró el precedente nacional y lanzó un llamado al Congreso de Chihuahua y a las autoridades de salud para apegarse a los criterios de la Suprema Corte.
“A las y los diputados de la nueva legislatura les estaremos recordando que el Código Penal del Estado de Chihuahua también es inconstitucional, que el aborto debe salir de este ordenamiento jurídico y que deben garantizar a las mujeres, niñas y personas gestantes la atención adecuada para interrumpir su embarazo. No quitaremos el dedo del renglón, estaremos trabajando para que así sea”.
El fallo de la SCNJ llegó en la víspera del cambio de gobierno estatal y con la entrada de la administración de la gobernadora María Eugenia Campos que se ha pronunciado en contra del aborto. A pesar del fallo a favor de las defensoras por el derecho a decidir, Castro predice que se viene un reto significativo justo en puerta de la jornada feminista que ocurre cada año durante el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto que se celebra el 28 de septiembre.
“Marea Verde se esta reorganizando porque teníamos una jornada prevista para el 28S, pero definitivamente esto nos cambia el panorama”, dijo la vocera del afilado de Marea Verde en Chihuahua. “Estamos reorganizándonos porque vamos a tomar la calle desde luego para levantar los pañuelos verdes – que identifica el derecho al aborto legal–”.
Aunque la SCJN ha invalidado la criminalización por la interrupción del aborto aún es necesario construir una ruta jurídica para adecuar e instruir al sistema de salud estatal las bases para prestar el servicio de interrupción del embarazo, explicó Orrantia.
Organizaciones como SinViolencia han visto que a pesar de que la ley en Chihuahua permite los abortos en este ámbito, en la práctica es una realidad muy diferente en la que no todos los hospitales estatales tienen los recursos para brindar el servicio.
“Vemos (esta decisión) en buenos ojos pero esperamos que no sean solo letras, si no que baje también a los espacios de salud” dijo Orrantia. “Podemos tener leyes, pero aún puede haber muchas formas en que a las mujeres se les niega la interrupción del embarazo”.
Por ahora la directora considera que las organizaciones deben informarse en los fundamentos que la SCJN ha propuesto en caso de encontrarse con el caso de una mujer que sea criminalizada por su decisión sabiendo que hay un marco jurídico para la defensa.
El trabajo de Orrantia ha sido principalmente con mujeres de bajos recursos que en ocasiones no conocen sus derechos al acceso al aborto.
“Son las mujeres más vulnerables que casi siempre no van a conocer sus derechos y que pueden llegar a un espacio de salud pública donde no le brinden la atención necesaria”.
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