La fracción de Morena en el Congreso del Chihuahua busca eliminar el fuero del que gozan algunos cargos públicos en la entidad; sin embargo, los partidos políticos en el Legislativo se aferran a este instrumento legal que es sinónimo de impunidad
Itzel Ramírez / La Verdad
Ciudad Juárez –Políticos señalados e investigados por su presunta participación en ‘nómina secreta’ de César Duarte, encontraron en el Poder Legislativo su mejor protección: el fuero y el uso que de él hacen los partidos en el Congreso.
En los últimos años, la defensa que han hecho los partidos de sus integrantes con este instrumento legal ha alcanzado también a legisladores y a fiscales e integrantes de gobiernos estatales, a diferencia de integrantes del Poder Judicial, adonde no ha llegado el ‘manto’ protector de la política.
Los casos de Karina Velázquez, exdiputada local del PRI, y Cruz Pérez Cuéllar, senador con licencia por Morena y actual alcalde de Ciudad Juárez, son los más recientes ejemplos de cómo los partidos en el Legislativo operaron para evitar que sus integrantes se sometieran a la justicia.
En el caso de Velázquez, diputada por Parral en el periodo 2016-2018, la acusación vino de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que en 2017 quería fincarle responsabilidades por la retención de salarios a empleados de gobierno, dentro de un esquema que buscaba financiar las campañas electorales del PRI; mientras que en el caso de Pérez Cuéllar, la Fiscalía de Chihuahua le acusó de haber recibido 2.5 millones de pesos de origen público del exgobernador Duarte y pidió retirarle su fuero como senador, pero fue absuelto en abril de este año por la Cámara de Diputados.
Velázquez sigue activa dentro del PRI estatal, mientras que Pérez Cuéllar tomó protesta hace unos días como presidente municipal de Juárez, luego de que el pasado 9 de septiembre pidiera licencia indefinida a su cargo como senador.
Estos casos muestran cómo los partidos han desvirtuado un mecanismo diseñado para garantizar la libertad de expresión de los servidores públicos, para convertirlo en sinónimo de impunidad, opina el académico Eduardo Borunda.
“Se desvirtuó el mismo fuero constitucional porque no estaba previsto que fueran delincuentes los servidores públicos. Hubo y hay delincuentes que se aprovecharon de este fuero constitucional de los cargos públicos para evadir la acción de la justicia”, señaló Borunda, doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de la Frontera Norte.
“Hay un uso faccioso del poder para unos cuantos cuando los partidos quedan en la visión no obedecen a los intereses de los ciudadanos sino de los políticos y retrasan los procedimientos jurisdiccionales”, apuntó el académico en entrevista.
Desafuero a jueces, no a políticos
El actuar de las comisiones responsables de juicios políticos y de procedencia muestra cómo los procesos avanzan más rápido cuando se trata de desaforar a integrantes del Poder Judicial, al contrario de los legisladores que, protegidos por sus partidos, logran evadir las destituciones.
Expresidente del PAN en Chihuahua y excandidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, el senador Cruz Pérez Cuéllar quiso ser el abanderado de Morena para la elección de gubernatura este año, sin embargo, dentro del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador hubo críticas por los vínculos entre el legislador y el exgobernador César Duarte, preso en Miami en espera de que una corte norteamericana decida si se concede su extradición a México.
El 1 de diciembre de 2020, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua solicitó a la Cámara de Diputados la declaración de procedencia (es decir, el desafuero) de Pérez Cuéllar por los delitos de encubrimiento por receptación y de promoción de conductas ilícitas, cometidos presuntamente en tiempos de Duarte.
Cinco meses después, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados resolvió rechazar el procedimiento, por lo que Pérez Cuéllar siguió con la protección que le permitió no enfrentar los cargos que acusó la FGE.
Para Karina Velázquez, expresidenta del PRI estatal, el desenlace fue similar pues aunque la Sección Instructora sí emitió la declaración de procedencia en septiembre de 2017, el Congreso local no dio seguimiento con el procedimiento. En su lugar, Velázquez se acogió ese mismo año a un criterio de oportunidad que le permitió ser la presidenta del legislativo de Chihuahua, culminar su periodo como diputada y, recientemente, seguir en la organización del priismo local.
En la misma LXV Legislatura, la mayoría del PAN logró retrasar por más de un año el dictamen sobre el desafuero los diputados Citlalic Portillo, Miguel La Torre y Laura Marín, todos pertenecientes a la bancada blanquiazul. La solicitud de procedencia que pedía destituir a los diputados fue recibida por el Congreso de Chihuahua el 7 de junio de 2017, pero fue hasta el 31 de agosto de 2018 que la Comisión Jurisdiccional determinó negar el desafuero.
Similar suerte corrió el procedimiento en contra del entonces fiscal César Augusto Peniche –integrante del gabinete del panista Javier Corral–, cuya solicitud de desafuero se recibió en junio de 2017 y que fue resuelta en sentido negativo en julio de 2018.
En contraste, la solicitud para destituir al magistrado del Tribunal Superior de Justicia Jorge Abraham Ramírez Alvídrez –también acusado de participar en los esquemas de entregas de dinero de Duarte–, se resolvió en cinco meses, con una resolución que avaló su desafuero, aunque posteriormente una orden de un tribunal federal ordenó restituir al funcionario judicial.
Georgina Bujanda, diputada panista y presidenta de la Comisión Jurisdiccional encargada de analizar el desafuero de Ramírez, no estuvo disponible para una entrevista a pesar de las reiteradas solicitudes realizadas.
Tras intentos fallidos, van otra vez por su eliminación
La fracción de Morena en el Congreso local busca eliminar el fuero del que gozan algunos cargos públicos en la entidad.
El diputado David Óscar Castrejón Rivas declaró recientemente que uno de los puntos de su agenda legislativa buscaría desaparecer el fuero constitucional para garantizar “cero impunidad y trato jurídico igual a la ciudadanía”.
“Creo que todos somos iguales y no debe haber privilegios para nadie, nuestra conducta debe ser un ejemplo de vida para los ciudadanos y no tener privilegios de fuero para no ser procesados, todos debemos cumplir con la ley y los más obligados somos las autoridades”, declaró el legislador.
Para Eduardo Borunda, esta medida vulneraría el actuar de los servidores públicos, en especial de quienes no se encuentran en el Poder Ejecutivo.
“Si quitan el fuero estaríamos a expensas de que pudieran ser detenidos en cualquier momento estos actores, en particular los legisladores, por los señalamientos. Pudiéramos tener consecuencias y retrocesos. Si el legislador no se siente protegido para hacer señalamientos y denuncias con elementos de juicio los vamos a dejar indefensos”, refirió el investigador.
Además, recordó que la protección ha ayudado a tener estabilidad, al evitar que los juicios se usen como un instrumento político.
“El presidente de la República debe tener el fuero constitucional para evitar el golpe de Estado”, mencionó.
El intento de Morena se suma a otros dos que en legislaturas pasadas buscaron la eliminación del fuero, aunque sin éxito. Los diputados Miguel Vallejo e Israel Fierro, en 2016 y 2018, respectivamente, ingresaron iniciativas para erradicar esta figura, aunque las propuestas no llegaron ni siquiera a dictamen.
Actualmente, el artículo 179 de la Constitución de Chihuahua dota de fuero a los cargos de diputados locales, gobernador, secretario General de Gobierno, fiscal General del Estado, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, consejeros de la Judicatura, jueces de primera instancia, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, titular de la Fiscalía Anticorrupción, presidente del Instituto Estatal Electoral, y a comisionados del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y el Acceso a la Información.
En tanto que los artículos 108 y 110 de la Carta Magna regulan los términos de la protección a los servidores públicos de ese ámbito y a aquellos locales a los que se acuse de violar disposiciones federales.
De acuerdo con el artículo El fuero en México. Entre inmunidad e impunidad, para 2018 15 entidades federativas habían eliminado o acotado el fuero para los servidores públicos, entre ellos Campeche, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Nayarit, Ciudad de México, entre otras.
En el Congreso de Chihuahua, las propuestas no han sido ni siquiera discutidas y en la actual Legislatura está todavía pendiente la presentación de la iniciativa de Morena que buscará por tercera ocasión en cinco años quitar la protección del fuero a los funcionarios estatales.
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