Con la reciente sentencia dictada por la Suprema Corte, especialmente al reconocer el derecho a la interrupción del embarazo, en primer lugar, el no criminalizar a las mujeres que decidan a hacerlo, y algo de la mayor importancia: los estados no pueden reconocer un derecho a la vida desde el momento de la concepción
Jaime García Chávez
La derecha política y el conservadurismo actual en nuestro país están anclados en una estrecha plataforma ideológica que no les servirá, pragmáticamente, para sortear los retos de una sociedad cada vez más secularizada y mucho menos para dar respuesta a todo el malestar que se produce por la inequidad que surca nuestra sociedad de extremo a extremo; esto, por su visible servidumbre a los grupos más poderosos en el ámbito de la economía, refractarios como lo son a toda política redistributiva que se proponga desde el Estado.
Esa expresa plataforma tiene su raíz en una visión atrasada del catolicismo, por ende choca con agendas que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la despenalización del aborto, la eutanasia, la decisión anticipada o muerte asistida. Para colocarse democráticamente ante esa temática, siempre palpitante y vigorosa por la presencia organizada de las féminas, no hay más punto de partida que el reconocimiento de la pluralidad existente en el país y el reconocimiento, tanto de la filosofía que orienta el avance de los derechos humanos como del laicismo y la reforma del poder, para privilegiar la ética de la responsabilidad por encima de la que se sustenta en la imposición de la propia convicción del que detenta un cargo público.
Un funcionario de elección popular ha de entender que el pacto está establecido en la propia Constitución, centralmente en las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronuncie en caso de conflicto con la importancia que esto tiene. Todos estamos obligados a ceñirnos a esa vida institucional que es fundamento y vértice del Estado de derecho. Al respecto, me parece de la mayor importancia la reciente sentencia dictada por la Suprema Corte, especialmente al reconocer el derecho a la interrupción del embarazo, en primer lugar, el no criminalizar a las mujeres que decidan a hacerlo, y algo de la mayor importancia: los estados –las entidades federativas– no pueden reconocer un derecho a la vida desde el momento de la concepción.
A ese respecto no tengo duda de que la Suprema Corte dictó una sentencia histórica y estimo que el ministro presidente Arturo Zaldívar hace bastante bien al posicionarse públicamente en torno a esos temas, avanzando en el que tiene que ver con la objeción de conciencia que, a su juicio, “debe ser cuidadosamente regulada para que su ejercicio no produzca violaciones del derecho a la salud, particularmente a la reproductiva y a la sexual”.
A mi juicio tenemos ya dos ingredientes muy importantes a valorar en el despliegue de las luchas de las mujeres y las feministas en la arena local de Chihuahua, no por eso disociado el tema de lo que acontece en el país. Frente a un gobierno ultraderechista como el de María Eugenia Campos Galván y del cual es acólito Marco Bonilla, el alcalde del municipio de Chihuahua, ya no tan sólo se han de esgrimir las diversas y antagónicas visiones filosóficas en torno a estos delicados problemas, sino que se puede partir de que en este país, tanto el derecho como la determinación de la Suprema Corte ya dirimieron, fijando claramente lo que aquí se debe acatar. Siempre las luchas de este corte serán más fáciles a partir de una argumentación con esos cimientos. Esto me parece una obviedad que la experiencia corrobora.
El otro aspecto tiene que ver con el constitucionalismo local de Chihuahua. Durante el gobierno de Francisco Barrio Terrazas, que contó en el primer tramo de su administración con una legislatura mayoritaria del PAN, reformaron nuestro código político local para postular el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción, como una clara herramienta para oponerse y criminalizar la interrupción legal del embarazo. Se trata de una legislación contrahecha. Seguro estoy que en los días que vienen se aprovechará ese “ilegal ordenamiento” para continuar una política de ultraderecha. Pero una cosa es clara: no tienen razón y sí la obligación de obedecer, tanto la Constitución general como el reciente fallo de nuestro tribunal constitucional.
Les faltará cordura, sensatez, para tomar esa ruta, porque entre otras cosas no practican eso que se llama la ética para personas inteligentes.
30 septiembre 2021
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
