Casos de robos, narcomenudeo, lesiones y hasta homicidios destacan entre las carpetas de investigación que se han enviado a la ‘congeladora’ durante los últimos seis años; las autoridades aseguran que se mandaron al archivo debido a que no se encuentran datos suficientes para su esclarecimiento… los delitos se dejan en la impunidad
Por Blanca Carmona / La Verdad
Ciudad Juárez – Unas cuatro horas le tomó a Olivia bajar de la Sierra de Chihuahua a bordo de una vieja camioneta de un servicio funerario. Durante el trayecto se acomodó en la parte trasera de la unidad, junto a un cajoncito fabricado con tablas de madera donde iba el cadáver de su hijo, Samuel Rafael Celis Murillo, de 13 años.
El adolescente fue asesinado con dos impactos de bala. Un hilo de sangre corría por su frente, narra Olivia Murillo Bejarano al recordar aquel día, el 14 de marzo del 2010, cuando junto a su hermano viajó hasta el poblado de Guadalupe y Calvo para recoger el cuerpo de Samuel, el menor de sus tres hijos.
Dos meses antes, el 15 de enero del 2010, personas no identificadas se habían llevado a Samuel de un parque en la colonia Toribio Ortega, al surponiente de esta frontera, se presume que para obligarlo a trabajar en la siembra de marihuana en el llamado “Triángulo Dorado”, una región serrana entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango.
La mujer encontró el cuerpo de su hijo, pero no las respuestas sobre qué pasó, por qué se lo llevaron, por qué lo mataron.
Casi 12 años después la mujer sigue sin respuestas. La investigación sobre la desaparición forzada y asesinato de su hijo –número 59/2010– fue enviada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua al archivo. El 5 de diciembre del 2012 el Ministerio Público decidió cerrar el caso, por considerar que no tenía elementos qué investigar. Con ello, a Olivia se le negó el derecho a conocer la verdad y se quedó sin respuestas.
Su caso no es el único que las autoridades mantienen ‘congelado’. De enero del 2016 a agosto del 2021, el Ministerio Público mandó al Archivo Temporal 134 mil 674 carpetas de investigación por diversos delitos en el estado, revelan datos oficiales.
Anidan impunidad en el archivo
Ciudad Juárez es el municipio donde más carpetas han sido “congeladas” en la entidad, seguido de la ciudad de Chihuahua y en tercer lugar Delicias, de acuerdo con información de la Fiscalía del estado entregada por la plataforma de Transparencia, donde se indica que a nivel estatal suman 134 mil 674 carpetas “congeladas” en los últimos seis años.
Comparando ese número con la cantidad de delitos registrados durante ese periodo en Chihuahua y reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, se estima que al menos un 35 por ciento de las carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público del fuero común se mandaron al archivo de enero de 2016 a agosto del 2021.
A través del Sistema de Transparencia, la Fiscalía de Chihuahua informó que en 2016 mandó al Archivo Temporal 17 mil 224 carpetas de investigación; en el 2017, 31 mil 212; en el 2018, un total de 19 mil 342; en el 2019, la cantidad ascendió a 25 mil 992; en 2020 se guardaron 20 mil 527; y durante los primeros ocho meses de este año el Ministerio Público determinó que no tenía elementos para investigar 20 mil 377 hechos delictivos.
En todos los años revisados, los casos de robo son los que más se archivaron, es decir, los menos investigados. En total, de 2016 al primer semestre del 2021, la Fiscalía de Chihuahua envió al Archivo Temporal 80 mil 176 casos de robo.
De acuerdo con el reporte oficial, otras 19 mil 877 carpetas relativas a diversos delitos –entre ellos el homicidio– ocupan el segundo lugar al archivarse sin lograr dar con los responsables.
El narcomenudeo –donde la víctima es la sociedad, de acuerdo a la ley– es el tercer delito en que menos justicia se obtiene pues 10 mil 646 carpetas están archivadas.
En cuarto lugar se ubica el daño a la propiedad privada con nueve mil 798 carpetas guardadas por falta de datos para ubicar a los responsables.
El ilícito de lesiones es el quinto menos investigado con ocho mil 821 indagatorias guardadas. El fraude ocupa el sexto lugar con cinco mil 356 carpetas archivas, de acuerdo con los datos oficiales.
El envío de carpetas de investigación al Archivo Temporal esta previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), como una forma de terminación de la investigación.
El Artículo 254 establece que “el Ministerio Público podrá archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer líneas de investigación que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigación. El archivo subsistirá en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la acción penal”.
Piden revisar los envíos al archivo
Si bien el Archivo Temporal es una salida procesal prevista en la ley, Iván de la Garza, abogado y socio de “Fortis Consultoría”, una empresa especializada en temas en seguridad y justicia –enfocada al diseño de políticas públicas para la implementación de la reforma penal– considera que debe analizarse si la medida se opera con legitimidad, conforme al mandato legal.
Existe legitimidad del Archivo Temporal si “hay reglas claras para su uso, para su dictado y que responden a una cuestión de racionalidad administrativa”, explica el especialista, quien considera que lo importante es cuidar que se use de manera arbitraria, es decir, al capricho de la autoridad.
“Lo que podría resultar preocupante es que nos encontremos una buena cantidad, por ejemplo, de homicidios o violaciones o secuestros en el Archivo Temporal, eso si prendería alerta y más si te pones a buscar y dices oyes pero cuáles son las reglas como para que casos de ese tipo, que implican una alta legilidad para la sociedad, se manden a Archivo Temporal y te das cuenta que no hay reglas claras entonces ahí si preocúpate”, indica el abogado. Lo común es que se archiven carpetas de delitos patrimoniales cometidos sin violencia.
La vocera de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Sahira Castro Martínez, señala que el único parámetro para el uso del Archivo Temporal es lo establecido en el CNPP, pues no hay reglas internas para determinar cuáles carpetas se guardan, y únicamente existe un responsable de supervisar cada unidad de investigación.
De la Garza refirió que además de ver lo cuantitativo o el porcentaje de las denuncias, se debe analizar la parte cualitativa o entender el contexto en el que se dicte, en qué casos se usa.
En el mundo ningún sistema de justicia penal pueda resolver todos los casos que se le presentan, por eso –principalmente en los sistemas acusatorios, como el vigente en México- se utilizan una institución que se llama el principio de oportunidad de la persecución penal. Es decir, las fiscalías tienen que ir estableciendo cuáles son sus prioridades en la persecución penal e ir orientando los casos y las soluciones hacía estas prioridades, pueden archivar temporalmente aquellos asuntos donde reconocen no tener elementos para continuar la indagatoria.
Para Óscar Enríquez Pérez, sacerdote y director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, una organización civil enfocada a promover y defender los derechos humanos, cuando las carpetas de investigación no son atendidas, se abona a la impunidad.
“Hay que considerar el altísimo nivel de impunidad, creo que subió del 94 al 96 por ciento, por ahí, y tiene que ver con que abren carpetas, pero no hay seguimiento y son pocos los investigadores frente a tanta carpeta abierta. Tienen idea de cuántas carpetas le tocan a cada agente del Ministerio Público, es altísimo el porcentaje que tiene un solo investigador para darle salida a tanta carpeta de investigación”, dice.
Sobre el tema, La Verdad buscó una entrevista con el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte; sin embargo, la portavoz de la corporación informó que el funcionario no estaba disponible.<
Congelan investigación sin avisar a víctimas
En el caso de Samuel Rafael Celis Murillo, el Ministerio Público, con sede en Guadalupe y Calvo, determinó el 5 de diciembre del 2012 que no contaba con datos para continuar la investigación.
“… practicadas las diligencias pertinentes hasta el momento no existen antecedentes suficientes que permitan continuar con las actividades conducentes para el esclarecimiento de los hechos o la identificación del o los probables responsables, en virtud de que las investigaciones realizadas hasta el momento no arrojan datos suficientes para continuar con la investigación tendiente al esclarecimiento de los hechos donde perdiera la vida el menor Samuel Rafael Celis Murillo de tal forma que se ordena el archivo temporal de la investigación”, se indica en la carpeta de investigación 59/2010 a la que La Verdad tuvo acceso.
En el mismo oficio donde se ordena archivar temporalmente la investigación del homicidio de Samuel, se documenta que esa decisión fue notificada a Olivia Murillo Bejarano vía telefónica. Sin embargo, la mujer afirma que nunca recibió esa llamada y el número telefónico que se señala en el oficio no le pertenece. Ella lleva 20 años con otro número, dicen.
“Mentira, porque yo ese número de teléfono nunca lo tuve. Mire eso, nombre no. ¡Qué barbaridad!”, afirma. “Ellos si han de ver sabido quien mató al niño, para qué se hacen. Mire, ahorita estoy cayendo en cuenta a mí nunca me hablaron por teléfono y lo que querían era que saliera yo rápido de Guadalupe con el cuerpo; rápido, rápido me echaron para acá”.
“Mire nomas, no es cierto que me avisaron y ese número nunca lo he tenido yo, que no sean mentirosos”, sostiene Olivia en una entrevista concedida el pasado 17 de octubre.
La carpeta de investigación 59/2010 está conformada únicamente por unas 38 hojas, entre estos el aviso de la localización del cadáver en la carretera que conduce de Guadalupe y Calvo a Parral, en el kilómetro 213 y entre las comunidades Lagunitas y Los Alamitos; un informe en criminalística; un oficio instruyendo que se inicie la investigación; la inspección ocular del lugar de los hechos y del cadáver; un reporte policial; el informe médico-legal; la identificación del cadáver que realizó Olivia y su hermano y las actas de nacimiento y defunción, en esta última se documenta que la causa de muerte fue laceración de órganos vasculares y funcionales en la cabeza y un shock medular causado por los balazos.
Samuel salió a jugar y nunca regresó
Samuel, el hijo de Olivia, era un adolescente de 13 años cuando se lo llevaron de un parque público ubicado en la calle Tres Jacales, de la colonia Toribio Ortega, al surponiente de la ciudad. Él cursaba el sexto grado de primaria y ese 15 de enero del 2010, dice Olivia, salió de la casa familiar para jugar con otros niños de la cuadra.
Sin embargo, al caer la tarde, Samuel ya no regresó. Una semana antes de que lo encontraran asesinado le habló a Olivia para decirle que no se preocupara que en unos días regresaría a casa, ella cree que alguien lo obligó a llamar, que lo pusieron al teléfono para que la tranquilizara.
Superando el miedo que siente, Olivia ha realizado algunas investigaciones por su cuenta que le permite decir que un amigo de su hijo, a quien identifica como Ángel, se lo llevó en contra de su voluntad a la Sierra de Chihuahua, al llamado “Triángulo Dorado”, que se caracteriza por las plantaciones de mariguana y amapola, controlado, de acuerdo con autoridades, por el Cártel de Sinaloa.
“Para la Sierra se llevan a los niños a un mentado ‘Triángulo Dorado’, no sé bien. Y allá los soldados o los policías los ven así y los matan…. sí fue en contra de su voluntad, el niño no se pudo ir, cómo si el niño no me avisó, me hubiera dicho ‘ma voy a ir’, pero nada, nada”, dice Olivia.
Casi un mes después de que Samuel fuera privado de su libertad y antes de que lo asesinaran, su hermana mayor, Yazmín Taylen Celis Murillo, también desapareció. Ella fue vista por última vez el 7 de febrero del 2010 y dos años más tarde, en abril de 2012, sus restos óseos fueron entregados a Olivia Murillo, a quien le afirmaron que la menor había sido encontrada en el Valle de Juárez.
Los asesinatos de su hija y de su hijo, aún impunes, cambiaron la vida de Olivia y le han causado mucho dolor. Cuenta que empezó a padecer de alta presión y ataques de ansiedad, y estuvo a punto de sufrir un derrame cerebral. Ahora vive rodeada de cámaras de seguridad y sometida a un tratamiento psicológico.
“Estoy viendo un psicólogo cada 15 días y aparte estoy tomando tratamiento controlado para la ansiedad, para los ataques porque me dan muy feos, así como que quiero a veces salir corriendo, lloro mucho y me desesperó y grito, me dan muy feos los ataques, es que no quede bien ya”, dice la mujer quien mantiene su demanda de justicia para sus hijos.
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