El gobierno de María Eugenia Campos realizó una reingeniería administrativa en el estado, de la cual se derivaron cambios a la fiscalía de atención a delitos por razones de género. Esto ha ocasionado posturas encontradas, y la titular de esta institución, Wendy Chávez, exhorta a sumar ideas
Por Ciela Ávila
Uno de los primeros cambios en la nueva administración de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván, fue el de renombrar la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) a la cual se le añadió el concepto de “Atención a la Familia”, y a su vez incorporar a esta institución los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum).
La iniciativa que se entregó al Congreso del Estado el pasado 13 de agosto, y fue aprobada el 30 del mismo mes ha generado posiciones encontradas en una de las entidades del país más golpeadas por la violencia feminicida. Bajo el título de “Reingeniería de la Administración Pública del Estado de Chihuahua”, la gobernadora panista, conocida como Maru Campos, planteó reorganizar el reparto de atribuciones y presupuesto en algunas instituciones, así como la creación de otras. El proyecto con carácter de decreto reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
La gobernadora ha expuesto que esta transformación surge de la necesidad de fortalecer el área de la “procuración de justicia para la mujer y la familia”, lo que ha dividido opiniones. Mientras su gobierno defiende esta nueva estructura, diversas organizaciones de la sociedad civil se han manifestado en contra, ya que desde su punto de vista esto significa un retroceso en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. De hecho algunas organizaciones han dicho que buscarán revertir los cambios.
“Atención y combate a la violencia familiar” es el nombre del apartado que habla de las transformaciones para mejorar los procesos de atención a víctimas. El texto de la gobernadora refiere la modificación para que la Fiscalía de la Mujer y la Familia tenga la facultad de “coordinar el esfuerzo conjunto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que integran los Centros de Justicia para las Mujeres en el Estado, ejerciendo funciones de control, vigilancia, supervisión y seguimiento de las responsabilidades que les competen, así como presidir el Consejo consultivo de los Centros de Justicia para las Mujeres (…)”.
En entrevista Wendy Chávez, titular de la ahora Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y Atención a la Familia, dice que la propuesta de la nueva administración se da tras el análisis de los efectos de la violencia familiar.
Lo cierto es que las mujeres son las que llevan muchos de los procesos judiciales, dice Wendy, y pone como ejemplo a las madres que interponen una denuncia por incumplimiento de la pensión alimenticia de sus hijas e hijos. “Finalmente, son ellas las que padecen esta situación porque son ellas las que además trabajan, las que proveen en su casa, y la idea es integrar, bajo la visión de la perspectiva de género, también a estas mujeres que tienen procesos que, anteriormente, por la situación de cómo estaba el diseño institucional de la FEM, no las no las teníamos incluidas en las prestaciones de los servicios; aunque sí estaban en los Cejum”.
Días antes de que esta reforma fuera aprobada, el Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua (integrado por activistas pertenecientes a diversos grupos reivindicativos, de derechos humanos y feministas), dirigió una carta abierta a María Eugenia Campos, las y los diputados del Congreso del Estado y la ciudadanía en general pronunciándose en contra de las transformaciones propuestas.
“Nos dirigimos a ustedes para solicitarles expresamente que no se aprueben las iniciativas relacionadas con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (conocida como la FEM) para añadir “y Atención a la Familia”, así como de incorporar a los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) a la FEM porque implica un retroceso en la política pública de los derechos humanos de las mujeres”, dice el posicionamiento que dieron a conocer el 24 de agosto en diversas redes sociales.
Ellas explican que la creación de estas instituciones responde a una demanda histórica de las mujeres en Chihuahua “para la atención especializada, adecuada y suficiente de la violencia contra las mujeres por razones de género. Un gobierno comprometido con el tema debe fortalecerles para que cumplan su propósito y no debilitarles (…) y no se deben diluir los esfuerzos alcanzados”.
Ruth Fierro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), cuenta en entrevista que han expresado preocupación por la iniciativa, “principalmente por el tema de la modificación que se hace a los Centros de Justicia para las Mujeres. Desde el Movimiento Estatal de Mujeres habíamos venido pugnando porque (los Centros) se convirtieran en órganos descentralizados del Poder Ejecutivo estatal, y que tuvieran mayor autonomía presupuestaria, técnica, de gestión administrativa”.
Respecto al cambio de nombre a “Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y Atención a la Familia”, Yadira Cortés, coordinadora de acompañamiento psicosocial y de intervención comunitaria de Red Mesa de Mujeres, expresa en entrevista que “en el espacio donde se atiende violencia contra las mujeres no podemos hablar de la familia, pues estamos incluyendo al agresor. El tema es prevenir situaciones de violencia (…) la historia nos lo dice, ha habido casos en los que las mujeres van a poner la denuncia y el agresor ahí está afuera”.
Una reestructuración que contemple a las organizaciones civiles
La iniciativa para el rediseño de la FEM fue aprobada con 23 votos a favor, cuatro en contra, dos inasistencias, dos abstenciones y un voto no efectuado. El proyecto fue avalado por mayoría a casi tres meses de la declaración de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en cinco municipios del estado (Juárez, Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc).
De acuerdo con Ruth Fierro, los Cejum mejor evaluados son autónomos, por lo que le pareció preocupante. “Antes eran una unidad administrativa de la Secretaría General y ahora son una unidad administrativa de la Fiscalía de Mujeres, que a su vez depende de la Fiscalía General. Es un desacierto el incorporar este modelo, estos Centros de Justicia a una Fiscalía que está más colapsada, que tiene más trabajo, que tiene menos presupuesto”, explica la coordinadora del CEDEHM.
Para Fierro, la aprobación contradice lo declarado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) en la AVGM de Chihuahua, sobre “fortalecer y consolidar las instancias estatales de prevención, seguridad y justicia que se implementen desde el gobierno estatal, (….) como son los Centros de Justicia para las Mujeres”.
Además, Ruth Fierro refiere que tiene dudas respecto a si “todas las atribuciones que tienen los centros de justicia están dentro de las atribuciones de una Fiscalía. Por ejemplo, los Centros de Justicia tienen un componente muy importante de prevención del delito, empoderamiento económico de las mujeres, litigio en materia familiar o civil”.
Por su parte, Wendy Chávez, quien ha sido titular de esta institución desde 2016, defiende que desde la Fiscalía: “Queremos que no se pierda la cuestión de la especialidad de la atención con perspectiva de género. (…) Lo vamos a tratar de diseñar de tal manera que incluso se pueda ampliar la especialidad”.
A pesar de que diversas organizaciones han dicho que no se logró establecer un diálogo para hacer los cambios, la titular de dicha fiscalía ahora asegura que se quiere “socializar la (nueva) visión e invitar a las organizaciones de la sociedad civil” a que aporten sus ideas.
Pero más allá de que se les convoque a ofrecer su perspectiva, Red Mesa y CEDEHM concuerdan en que no dejarán de insistir para que se revierta lo aprobado. Ruth Fierro revela que se está trabajando en una estrategia jurídica ante organismos internacionales “porque la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delito viene de un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Y Yadira Cortés refiere que seguirán buscando incidencia en el proceso legislativo: “buscaremos alianzas, que eso es algo que ha ayudado mucho al Movimiento de Mujeres de Chihuahua”.
