El magistrado Pablo Héctor González Villalobos renuncia a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia; con su salida se consuma el cuarto relevo en seis años sin que ninguno de los presidentes haya podido terminar el periodo para el que fue electo
Itzel Ramírez / La Verdad
El Poder Judicial de Chihuahua cambiará nuevamente de titular tras la renuncia del magistrado Pablo Héctor González Villalobos, quien hará efectivo su salida de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia este jueves 11 de noviembre en sesión de pleno.
La partida de González tiene lugar a dos meses de que llegara a la gubernatura la panista María Eugenia Campos Galván, quien antes de la elección fue vinculada a proceso por presuntamente haber recibido más de nueve millones de pesos del exgobernador César Duarte, dentro del esquema conocido como la ‘nómina secreta’.
Con la salida de González, el Tribunal Superior de Justicia vivirá su cuarto relevo desde 2015, sin que ninguno de sus presidentes haya podido terminar el periodo para el que fue electo.
Cuatro presidentes en seis años
En diciembre de 2015 el magistrado y exdiputado priista Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes fue elegido presidente del TSJ, tras la salida de José Miguel Salcido Romero –que solicitó licencia como magistrado para integrarse al gabinete de César Duarte y quiso regresar al TSJ en enero de 2016–.
Sepúlveda tendría que haber concluido su periodo como presidente del Poder Judicial de Chihuahua en octubre de 2017, sin embargo, en noviembre de 2016 –un mes después de que Javier Corral asumiera como gobernador–, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial que ordenaban el término del periodo de Sepúlveda para designar en las siguientes 48 horas a un nuevo presidente.
Julio César Jiménez Castro, magistrado decano, fue elegido presidente por el pleno del TSJ el 12 de noviembre de 2016, un día después de la remoción de Sepúlveda; Jiménez ocuparía el puesto hasta noviembre de 2019, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, que establece que el presidente del TSJ durará en su encargo tres años y puede ser reelecto por una ocasión para el periodo inmediato siguiente.
La injerencia del Legislativo en la designación del presidente del Poder Judicial de Chihuahua fue sancionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en abril de 2018 declaró inválido el artículo transitorio de la reforma de 2016 que permitió la destitución de Gabriel Sepúlveda como presidente del TSJ. La revisión, promovida por el propio Sepúlveda, fue la que llevó a una nueva elección, de la que resultó el nombramiento de Pablo Héctor González Villalobos el 10 de abril de 2018.
Ya en funciones, González Villalobos fue reelecto el 5 de octubre de 2020 para un segundo periodo, que terminaría en octubre de 2023.
Sin embargo, González, que regresará como magistrado de Sala, anunció su partida después de sostener una reunión con la gobernadora y con el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno.
‘El duartismo regresa a su lugar’
La renuncia de González Villalobos muestra que en Chihuahua no se ha logrado una efectiva división de poderes, consideró el activista Jaime García Chávez.
“(La salida del presidente del TSJ) es un acto rutinario ya en las formas tan anquilosadas de una fracasada división de poderes, o sea, a Pablo Héctor le faltaban poco menos de dos años y entra la gobernadora y le pide el espacio de presidente como si ella fuera la titular de todos los poderes tradicionales, el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, esto no abona en lo más mínimo en la construcción de un Poder Judicial fuerte”, consideró García Chávez.
El también dirigente de Unión Ciudadana dijo que la falta de autonomía del Poder Judicial es tanta que el aviso de la renuncia de González Villalobos se hizo después de que el magistrado sostuviera una reunión con la gobernadora Campos y con César Jáuregui Moreno, secretario general de Gobierno.
“Aquí no hay un Estado de Derecho, hay una mandamás que es María Eugenia, y un presidente destituido que fue a reunirse con ella gobernadora para declinarle el cargo, cuando tenía que hacerlo ante el pleno, pero lo que está haciendo es negociar a ver cómo se queda”, aseveró García Chávez.
El activista opinó sobre la posibilidad de que sea la magistrada Miriam Hernández la que sea electa presidenta del TSJ, como se ha mencionado en algunos medios de comunicación.
“Desde la semana pasada la magistrada Miriam Hernández está en campaña para obtener los votos del resto de los magistrados o sea la futura presidenta ya les pidió los votos porque así lo decidió la gobernadora. Miriam Hernández es una gente que llegó gracias al apoyo de César Duarte, lo que nos muestra que todas las fichas del duartismo se están acomodando en su lugar”, sentenció.
Antes de que el todavía presidente González Villalobos hiciera pública su renuncia por motivos personales, la gobernadora hizo hincapié en que no se usara la justicia como método de persecución de inocentes.
“… todas las instituciones tienen que entender que a lo mejor en otros años hubo poco respeto a esas instituciones. Necesitamos que las instituciones se utilicen para hacer justicia y para hacer derecho y no para perseguir a personas inocentes, porque yo les recuerdo que tan delito es dejar de perseguir al delincuente como perseguir al inocente”, aseveró Campos.
Un legado polémico
Como presidente del TSJ, González Villalobos fue cuestionado por el examen de selección de jueces, un proceso que fue altamente criticado por integrantes del mismo Poder Judicial, al considerar que no se privilegió la experiencia ni el conocimiento, sino la cercanía con integrantes del Consejo de la Judicatura.
En el mismo periodo la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en contra de algunas modificaciones que daban poder extraordinario a la Judicatura, también presidida por González Villalobos.
Otra de las polémicas que enfrentó el Poder Judicial bajo el mandato del todavía presidente fue la de las vinculaciones, sentencias y procedimientos abreviados que avalaron jueces y magistrados en torno a los llamados Expedientes X, relacionados con los presuntos delitos que habrían sido cometidos por César Duarte y su red de empresarios, líderes sindicales, religiosos, políticos, legisladores y funcionarios.
laverdadjz@gmail.com
