Opinión

Otra movilidad es posible




noviembre 11, 2021

No es válido buscar obstaculizar esfuerzos encaminados a democratizar la movilidad y el transporte a fin de mantener el privilegio, meritocrático si se quiere, de andar en automóvil particular… se trata de comprender que es necesario restarle hegemonía como modelo de transporte

Fernando Aguilar

Hasta hace unas décadas, el automóvil particular era el gran paradigma de la movilidad intraurbana. Durante mucho tiempo, en México y en el mundo, las políticas de transporte, la obra pública, los instrumentos normativos y los de planeación urbana favorecieron simbólica y materialmente la consolidación del auto como el modelo hegemónico de ejercer el derecho a la movilidad.

Con el paso del tiempo, esto ha cambiado. La conciencia civil y gubernamental sobre las externalidades negativas ambientales, sociales y económicas atribuidas al uso excesivo del automóvil particular ha impulsado movimientos que apuestan a la ‘desmotorización’ de los espacios urbanos. En el mundo, la llamada “tarifa de congestión” que Londres aplica desde hace casi 20 años a quienes circulan en auto por el centro de la ciudad y, en México, el impresionante desarrollo del sistema Ecobici de la Ciudad de México a partir de 2010, cuyo fin es ampliar las opciones de transporte sustentable, son dos formas que ha adoptado la respuesta del Estado a esta creciente preocupación.

En Ciudad Juárez también tenemos signos de esta conciencia, tanto en el sector público como en el de la sociedad civil. El Plan de Movilidad Ciclista elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) en 2015, la reciente apuesta por la continuidad del sistema BRT y el proyecto de ciclovías en el distrito universitario de la ciudad, el Pronaf, son ejemplos de acción desde la esfera gubernamental. Desde la sociedad civil, ejemplos son agrupaciones como Peatones Heroicos, Colectivo Ciclista FixieBeat y el movimiento Sí a la modernización del transporte en Juárez, quienes hacen una importantísima labor en la promoción de que moverse por la ciudad de otra forma es posible.

Al menos desde el punto de vista estrictamente urbanístico, iniciativas como estas responden a la necesidad de encaminar la ciudad hacia medios de transporte más sustentables para lograr ‘democratizar’ la movilidad. Sin embargo, aun con todos estos esfuerzos en sintonía con la conciencia mundial, hay una parte de la población que no quiere que nos dirijamos hacia un ejercicio de la movilidad más justo, democrático y sustentable.

En torno al proyecto de construcción de las rutas del BRT y las ciclovías en Juárez han surgido toda clase de movimientos de oposición. Editorialistas de medios de comunicación, políticos de oposición, candidatos a cargos de elección popular, comerciantes, vecinos y vecinas de las zonas donde se realizan las obras e incluso funcionarios de la anterior administración municipal se han sumado a estas reacciones en contra. Todos han manifestado profundamente su rechazo con argumentos muy variados, que incluyen la privación de la calle como estacionamiento, una falaz y poco documentada preocupación por el impacto ambiental de las obras y de los proyectos una vez en marcha, la totalmente posible corrupción que puede haber detrás de ellos y, por supuesto –la reina de todas las argumentaciones–, la pérdida de un carril en la calle para circular en mi auto particular.

Es muy válido oponerse a cualquier obra, más cuando ésta se realiza con recursos públicos y en un espacio –el espacio urbano, el espacio público en un sentido político– que pertenece a todas las personas. Es más: es válido, deseable e imperativo cuestionarla, auditarla, fiscalizarla, criticarla y hasta desacreditarla para contribuir al debate sobre la movilidad y el transporte.

Pero completamente inválido es buscar obstaculizar esfuerzos encaminados a democratizar la movilidad y el transporte a fin de mantener el privilegio, meritocrático si se quiere, de andar en automóvil particular. Un privilegio que se ha construido históricamente en función sí de la condición material de nuestra dispersa ciudad, pero también a partir de la cultura aspiracional de tener coche, de la otrora inacción gubernamental, de las ‘mafias’ del modelo de transporte hombre-camión y su pésima gestión del transporte público, de la incapacidad del Estado por sembrar certeza en los procesos de licitación, de cualquier factor.

Hoy, querer mantener este privilegio es excluir a quienes no pueden o no quieren adquirir un coche –en regla– del disfrute de todo lo que nos ofrece la ciudad. Es ir en contra de los compromisos asumidos ante el mundo en materia de desarrollo urbano sostenible.

Y más, todavía, ante el hecho de que México está alineado a la Nueva Agenda Urbana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, lo que implica el compromiso de lograr, vía los procesos urbanos, el desarrollo humano de la población.

No se trata de cancelar al automóvil particular, no. Se trata de comprender que es necesario restarle hegemonía como modelo de transporte, pues otra movilidad es posible.

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