El reclamo de los científicos sociales se da luego de que los diputados del Congreso local desecharan un exhorto para atender con urgencia el tema, y se suma a otras tres peticiones realizadas por comunidades indígenas y activistas en el mismo sentido durante los meses pasados.
Por Óscar Rosales / Raíchali
Chihuahua- El colectivo de Antropólogas y Antropólogos Observantes de los Derechos Indígenas (AAODI), dio a conocer este lunes en conferencia de prensa la entrega de una carta dirigida a la gobernadora María Eugenia Campos y al diputado priista Omar Bazán Flores, en la que solicitan la destitución de Enrique Alonso Rascón Carrillo, titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), por existir un conflicto de intereses en su cargo, ya que también es suplente en el congreso del mismo Bazán, quien tiene demandada penalmente a la comunidad rarámuri de Mogótavo, en Barrancas del Cobre, por despojo agravado desde abril de este año.
El grupo de 46 profesionistas especializados en la Sierra Tarahumara, también exigió que el diputado plurinominal del PRI desista de sus intentos de despojar a la comunidad del municipio de Urique de 154 hectáreas de territorio que les pertenece desde hace más de 100 años, según la evidencia histórica. En octubre pasado una jueza en Cuauhtémoc falló a favor de Bazán y otros cuatro empresarios políticos del PRI y ordenó que se continuara la investigación contra los tres gobernadores rarámuris de Mogótavo y otros 13 de sus habitantes, de los cuales, cuatro al menos ya han fallecido.
El colectivo está conformado por científicos de centros académicos locales, nacionales e internacionales como del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Chihuahua, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad de Buffalo en Nueva York, así como también por profesionistas independientes.
En su carta, señalan que la COEPI fue creada como una vía posible para cambiar la política de atención hacia los pueblos originarios, y que, por lo tanto, el titular no debe obedecer a intereses políticos partidarios ni a grupos económicos.
Sostienen que el cargo debe evidenciar conocimiento sobre los derechos y realidades indígenas de Chihuahua, elementos de los cuales Rascón carece.
El titular nombrado por Campos a inicios de septiembre, cuenta con una larga trayectoria dentro de la vida política del PRI. En 2007 se afilio al partido, fue coordinador estatal de primeros votantes durante la campaña de Cesar Duarte en 2010 y consejero político estatal del 2013 al 2017. En 2014 fue presidente del Comité Directivo Estatal de la Red Jóvenes por México y del 2016 al 2019 fue consejero nacional del partido.
Los antropólogos afirman que su designación a cargo de la COEPI es una moneda de pago por su alianza local y nacional con el partido tricolor.
Añaden que la designación de personas sin experiencia en la función pública y sin conocimiento de la realidad serrana, evidencia la poca convicción que hay por abandonar prácticas del neocolonialismo, que solo ven a la Sierra Tarahumara como un sitio de negocios para unos pocos.
“No cabe una oportunidad para demostrar el desempeño del actual titular, pues la historia nos ha mostrado que quienes más ignoran la problemática, son quienes más le apuestan a fórmulas mágicas que son probadamente contraproducentes”, afirman.
Conscientes de que es una decisión del ejecutivo estatal, el colectivo considera que la gobernadora aún está a tiempo de escuchar a los pueblos originarios y encontrar a otro titular para la COEPI, con experiencia comprobada y que responda a las necesidades de la difícil realidad serrana.
Horacio Almanza, representante del grupo de antropólogos y antropólogas, comentó que no han tenido acercamiento con Rascón y que, en lo personal, él no lo reconocía como autoridad.
“Creemos que es responsabilidad de ellos (autoridades) aclarar la situación, tener una postura puntual y también una acción decidida a favor de los derechos de los pueblos indígenas, en estas acciones que vemos como grandes retrocesos”, señaló Almanza.
Dentro de este marco de peticiones, en la carta también se pide que se atiendan de fondo los problemas de desigualdad, violencia, despojo y desplazamiento forzado que azotan actualmente a la Sierra Tarahumara.
SE ACUMULAN LAS EXIGENCIAS
La denuncia de este colectivo se suma a otras tres exigencias que se han hecho en el mismo sentido, desde que Campos asignó en septiembre a Rascón.
La primera de ellas fue una junta de firmas digital iniciada el 22 de septiembre, impulsada por comunidades indígenas, sociedad civil y activistas. La colecta ya superó las dos mil firmas.
La segunda fue una carta entregada a Campos el 27 de septiembre por la Red de Mujeres de Pueblos Indígenas, un colectivo formado desde el 2018 por mujeres de pueblos rarámuri, ódami, warijó, chatina, chinateca, o’óba, mixteca y náhuatl. Al no tener respuesta, el grupo entregó un segundo oficio el 22 de octubre, para luego denunciar que se ha investigado desde las oficinas de Palacio de Gobierno a cada una de sus integrantes, a través de interrogatorios realizados a funcionarios indígenas.
La tercera petición, se trató de una carta entregada el 20 de octubre por comunidades rarámuri del Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre dirigida a Maru Campos y a María Angélica Granados, de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, al igual que a los representantes de cada una de ellas, Cesar Jauregui y Gerardo Vidales, respectivamente.
La gobernadora de Chihuahua no ha respondido de manera precisa a ninguno de estos pronunciamientos y solo se ha limitado a decir a los medios que “lo que importa no es el cargo, sino el encargo”. Pide el beneficio de la duda para el joven priista y que él, al igual que todos los funcionarios de su administración, está a prueba.
DIPUTADOS DE CHIHUAHUA NO PRIORIZAN EL TEMA
El pasado 9 de noviembre, la diputada de MORENA Leticia Ortega Máynez, presentó en el Congreso de Chihuahua un punto de carácter urgente, para exhortar a Maru Campos a establecer dialogo con las comunidades indígenas que han presentado peticiones para la destitución de Rascón.
La diputada reconoció que, si bien la designación de los miembros del gabinete es una función exclusiva del gobernador en poder, los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos indígenas, defienden la postura de las denuncias hechas contra la asignación del titular de la COEPI.
Sin embargo, con 12 votos en contra, 8 a favor y 8 abstenciones de los diputados locales, el proyecto no fue considerado como urgente y se canalizó a la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, en la que destaca la participación de Noel Chávez Velázquez, miembro cercano a Omar Bazán y cuya candidatura fue impugnada por el Movimiento Indígena Popular, al no pertenecer a un pueblo originario, un requisito que pedía la ley electoral para la representación del Distrito 22.
Aquí puedes leer la carta integra entregada por el AAODI a la gobernadora:
***
Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
