Un análisis de los datos de la Secretaría de Salud revela que nueve de cada diez víctimas de violencia sexual que ingresan a urgencias son mujeres, la mayoría de ellas niñas y adolescentes menores de 18 años. No todos los casos terminan en una investigación de la autoridad.
Por Alejandra Crail
Yatziri, una niña de siete años, ingresó a la sala de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en La Margarita, Puebla, el 21 de agosto de 2020. Tenía un pulmón colapsado y señales de violencia sexual; era la tercera vez que llegaba de emergencia al hospital, pues meses antes estuvo ahí por una serie de golpes y quemaduras.
Cuatro meses después de su ingreso a urgencias, Yaritzi murió a consecuencia de las lesiones causadas presuntamente por sus padres y un tío. Este último fue señalado como la persona que abusó sexualmente de ella y es el único que no ha sido detenido por las autoridades.
Su caso es apenas uno de los 2,970 de abuso sexual que quedaron registrados en el acta de ingresos a urgencias de los hospitales públicos en medio de la pandemia por COVID-19, de los cuales 91.3% fueron niñas y mujeres. Un análisis de los datos abiertos de la Dirección General de Información (Dgis) de la Secretaría de Salud (SSa) revela que la mayoría de las víctimas mujeres que se registraron en 2020 tenían menos de 18 años.
El rango de edad con mayor vulnerabilidad son las niñas y adolescentes entre 11 y 18 años que conforman un total de 1,191 casos, según los registros de la SSa. Sin embargo, es posible encontrar decenas de casos en todo el territorio nacional de niñas que apenas están en la primera infancia.
Se trata de los registros de 41 mil 57 unidades médicas ubicadas en 17 centros de salud o instituciones gubernamentales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los Centros de Integración Juvenil, la Cruz Roja, las fiscalías estatales y la general, servicios médicos estatales, municipales, privados y universitarios, entre otros.
El análisis de los datos de la SSa sobre ingresos a urgencias durante 2019 y 2020 arrojó 258 casos sobre ingresos de hombres. La mayoría de ellos (79%) son menores de entre uno y 16 años de edad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como los actos en los cuales una mujer es forzada físicamente a tener relaciones sexuales contra su voluntad u obligada a realizar un acto sexual degradante o humillante. La violencia sexual va desde el acoso verbal hasta la penetración forzada.
Está acompañada de coacción —intimidación psicológica, amenazas o extorsión—, presión social y, en muchos casos, fuerza física. También hay violencia sexual cuando la persona no está en condiciones de dar su consentimiento, como al estar bajo el influjo de alguna bebida alcohólica o estupefacientes, estar dormida o tener una discapacidad mental.
A los centros de urgencias de los hospitales públicos llegan los casos más graves, casi siempre cuando es evidente una agresión, aunque esto no significa que exista una investigación por parte de la autoridad.
La gran cifra negra
La información pública apenas alcanza a reflejar parte de la violencia que se cometió en medio del confinamiento por la crisis sanitaria. ONU-Mujeres señaló que con la pandemia se incrementó la violencia contra las mujeres por diversos factores como preocupaciones económicas, condiciones de vida limitada, aislamiento con los maltratadores, restricciones de movimiento y espacios públicos desocupados.
“No todas las mujeres que viven violencia sexual acuden a un servicio de salud pública, algunas prefieren los servicios privados y muchas más ni eso. El número es bajísimo en relación a la magnitud del problema”, advierte Laura Martínez, psicóloga y fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac).
Cuando una persona llega al sector salud —explica la especialista— generalmente no llega sola, acude con algún familiar que notó una gran afectación. “Son los casos más graves, pero no los únicos. La cifra negra es de las más altas en materia de delitos”.
Los registros de urgencias reflejan que durante la pandemia bajaron los delitos sexuales. En 2019 se registraron 3,258 ingresos a urgencias —2,993 de mujeres y 265 de hombres—, mientras que en 2020 fueron 2,970.
Sin embargo, esto no se ve reflejado en las denuncias sobre delitos sexuales. Un estudio de México Evalúa muestra que en 96.4% de los casos de violación de julio a diciembre de 2020 no hubo una denuncia o no se inició una investigación, mientras que 98.6% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de edad en el mismo periodo no fueron denunciados.
La OMS ha detallado que algunas de las razones por las que las mujeres no notifican sobre la violencia sexual que han padecido tienen que ver con sistemas de apoyo inadecuados, vergüenza, riesgo de represalias o temor a ser culpadas, así como de que no les crean, de ser tratadas mal o de ser socialmente marginadas.
Hace falta reforzar el sistema de salud y judicializar casos
El sector salud está obligado, en apego a la NOM-046-SSA2-2005, a procurar restaurar al grado máximo posible la salud física y mental a través del tratamiento y rehabilitación de personas víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, con perspectiva de género, además de tener que dar aviso al Ministerio Público para los efectos de procuración de justicia a que haya lugar.
Los casos de violación sexual, según establece la norma, son considerados urgencias médicas y requieren atención inmediata.
Sin embargo, desde Adivac, Laura Martínez ha documentado inconsistencias en la aplicación de la norma. Desde personal médico sin perspectiva de género que revictimiza a las sobrevivientes de una agresión, las faltas al dar aviso al Ministerio Público u omisiones que repercuten en la salud de las niñas y mujeres.
Recuerda el caso de una mujer que acudió a un hospital privado junto con su esposo. Había sido víctima de una agresión y estaba a punto de perder la vida. Cuando recobró el conocimiento informó a los médicos que tenía dolor en los genitales, pero pasaron cinco días hasta que los médicos optaron por revisarla. “La joven tenía un pepino en su vagina y durante cinco días los médicos no lo notaron porque no siguieron los protocolos”, lamenta.
“Llevo 36 años trabajando este tema y aunque hay agencias especializadas en delitos sexuales, centros de justicia para las mujeres, la atención en los delitos sexuales en todas las instituciones, desde el sector salud hasta la procuración de justicia, sigue siendo la misma”, señala.
Desde su perspectiva, falta que la normatividad existente se aplique para que las mujeres tengan acceso a tratos dignos durante su acceso a la salud y a la justicia, así como una labor interinstitucional que permita dar seguimiento a cada caso. También es necesaria la atención inmediata para las víctimas de violencia sexual, la capacitación de servidores públicos y del personal de salud.
Nueve de cada diez víctimas de violencia sexual que ingresan a urgencias son mujeres, la mayoría de ellas menores de 18 años, como Yatziri. Por eso, Laura Martínez insiste en la atención a las niñas y adolescentes: “¿Cómo es posible que no se investigue la relación entre una enfermedad de transmisión sexual en una niña y una violación?”, recalca.
Para Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México, “una de las formas de violencia más frecuente y normalizada que sufren mujeres y niñas es la violencia sexual, la cual se encuentra arraigada en la cultura patriarcal y machista. Dicha ‘cultura’ se perpetúa con el uso del lenguaje misógino, la objetivación de los cuerpos y la negación de reconocer el daño físico, emocional y psicológico que generan las agresiones sexuales.
En este sentido, señala Sanz, “es necesario hacer visible y dejar de normalizar la violencia sexual, establecer servicios multisectoriales integrales y ponerlos a disposición de todas las víctimas y sobrevivientes de esta forma de violencia».
La representante explica que estos servicios “incluyen atención médica adecuada; respuestas policiales inmediatas y efectivas con perspectiva de género y derechos humanos; apoyo psicológico, asesoramiento legal e implementación efectiva de órdenes de protección; refugios seguros y dignos, líneas telefónicas directas y asistencia social; así como garantía plena del acceso a la justicia. Finalmente, se requiere un cambio cultural con un liderazgo inequívoco de los hombres y de la sociedad en su conjunto para erradicar las normas sociales que perpetúan la violencia sexual contra las mujeres y niñas”.
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