Cuando se dé la eventual extradición de César Duarte, este encontrará terreno fértil que le permita sortear un proceso amistoso y su retiro a disfrutar del producto de su saqueo.
Jaime García Chávez
Le asiste la razón a Myriam Hernández Acosta: era impensable que llegara a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, mas no por los argumentos que hizo públicos en una extensa entrevista.
La historia registra que ella llegó a la magistratura en medio de una trama escrita por César Duarte, con la complicidad de la fracción parlamentaria del PAN que en ese momento conducía el grupo político de Maru Campos.
Fue un duro golpe al Poder Judicial, del cual hasta ahora no se ha recuperado; fue también un toma y daca que pavimentó el camino para que el ahora partido gobernante recibiera dos magistraturas en pago. Eso no lo hace tema de su comunicación política con la sociedad la actual presidenta del TSJ, porque en su momento recibió los beneficios de la tiranía que padeció Chihuahua de 2010 a 2016.
Se dice “perseguida política”, pero no se vio nada de ello afuera, porque se invisibilizó, de ser cierto, la que hoy se victimiza. El andamiaje que la condujo a la presidencia del tribunal se armó con una idea de cogobernar la institución, principalmente por el PAN, y en un segundo nivel, por el PRI. Así lo entiendo por la designación que ella hizo en favor del abogado Fernando Mendoza para la Secretaría General de esa institución, cuyo cargo se presentaba hasta este fin de semana como provisional. Por la víspera, los días. Así, la presidenta, inexperta en política, se complementaría con un priísta que ya tiene callo por su andadura.
En efecto, Fernando Mendoza es esa figura que ahora se coloca en un lugar estratégico en el proyecto de ultraderecha que encabeza María Eugenia Campos Galván. Mendoza fue diputado ante el Congreso local por el partido al que aún pertenece; además, jugó roles importantes durante la era Duarte como secretario del ayuntamiento de Chihuahua con el expresidiario Javier Garfio, de donde brincó, sin carrera judicial alguna, a la Secretaría General del Poder Judicial del Estado, cargo al que ahora regresa, centralmente por su cercanía familiar con Graciela Ortiz, quien abdicó de su candidatura para echarse en brazos del panismo local, en un hecho impensable en un estado como Chihuahua donde la rivalidad y contradicciones entre los partidos mencionados parecía irreductible.
Tengo para mí que la llegada de Mendoza a ese cargo es un pago, la contraprestación para saldar un compromiso electoral que prácticamente se ha convertido en la fosa mortuoria del PRI.
Algunos piensan que nada ha cambiado, que el nombramiento es una rutina burocrática más. He dicho que se trata de un matiz, ciertamente, y que debemos verlo a la luz de los acontecimientos que vendrán con la extradición de Duarte, si es que ésta finalmente se da para regresar a Chihuahua, encontrando un panorama muy favorable a la corrupción política, de una parte con una magistrada presidente prohijada por él, y un secretario al que él mismo ya había designado en su franco intervencionismo y postración del Poder Judicial.
En otras palabras, una presidenta que, más allá de sus declaraciones, recibirá a su benefactor y el otro las operará políticamente. De esto habla muy claramente el expansionismo autoritario del cogobierno PAN-PRI imperante en Chihuahua y que, como ya se advierte en el Poder Judicial, continuará en la Universidad Autónoma de Chihuahua.
A final de cuentas, en Chihuahua se observa que los gobiernos del PAN y del PRI ya no se distinguen, ya no tienen diferencia alguna. A tal grado que cuando se dé la eventual extradición de Duarte, este encontrará terreno fértil que le permita sortear un proceso amistoso y su retiro a disfrutar del producto de su saqueo.
19 noviembre 2021
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Jaime García Chávez. Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.
