En Sinaloa hay un registro de 2 mil 79 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, 336 no han regresado a casa.
Por Scarlett Nordahl / #HastaEncontrarles*
Faltaba poco para que dieran las 02:00 de la tarde, Dalia Sánchez tenía menos de 15 minutos de haber dejado su hogar en Villas de las Flores, un barrio al norte de Mazatlán, el puerto turístico más importante del noroeste de México. Fue a trabajar. Pasaron unos meses desde que logró conseguir una casa propia, lejos del alcance de Manuel, el padre de su hija, María Dayana Heredia Sánchez de siete años de edad.
La tarde de ese jueves 18 de marzo las vecinas de Dalia platicaban en la calle y sus hijas jugaban con María y su hermanito dentro de la casa donde ocurriría algo atroz. Ese día también estaba la niñera. Fue entonces que ocho hombres con los rostros encapuchados y armados entraron a la fuerza.
Cubrieron los rostros de las niñas y la cuidadora. Les amarraron las manos y les quitaron los teléfonos celulares. Desde afuera las vecinas se vieron atónitas y la desesperación se apoderó de ellas. Rogaron porque liberaran a sus hijas y los hombres no pusieron resistencia, iban únicamente por María.
Ella, con tan solo siete años, se dió cuenta de la situación, tuvo miedo y tomó a su hermano, se escondieron en su recamara, pero ese refugio no fue suficiente para detener a los de rostro cubierto. Tumbaron la puerta y con esa misma fuerza, se la llevaron. Más tarde, Dalia de 24 años se enteraría que esos hombres estuvieron al acecho por días.
“Después de eso, las vecinas nos dijeron a mí y a los policías que esas personas tenían ahí varias horas afuera de mi casa, en la esquina, vigilando por días qué era lo que yo hacía. Veían pasar constantemente esos carros, esas camionetas, fuimos a poner la denuncia por sustracción”, relató la mujer de 24 años.
Unas horas después, por medio de las declaraciones de la niñera, Dalia supo que María había alcanzado a identificar a uno de sus ocho agresores, se trataba de Manuel, su papá.
A nivel nacional 77 mil 752 niñas, niños y adolescentes han sido reportados como desaparecidos, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda. En Sinaloa los expedientes abiertos son 2 mil 79.
María fue víctima de desaparición a cargo de su padre, quien se la llevó y arrebató del regazo de su madre. Ambas huían de ese hombre que las violentó por años.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que hay dos motivos detrás de la desaparición de niñas y niños por parte de uno de sus padres. El primero está relacionado a la protección del menor para alejarlo del peligro, generalmente este es ejercido por la madre, el segundo es la venganza, generalmente ejercido por el padre como una manera de vengarse de la mujer, este último es el caso de María.
Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa coinciden en señalar a la violencia familiar como una de las posibles causas detrás de la desaparición de menores, ya sea porque huyen de situaciones de violencia o son tomados como un ajuste de cuentas entre los mismos padres.
Para Mario Higuera Cota, representante del colectivo Rastreadores Fé y Esperanza, integrado por más de 200 personas en búsqueda de familiares desaparecidos en los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix y Guasave, hay varias situaciones que concluyen en la desaparición de las niñas, niños y adolescentes, pero es la edad la que determina la posible causa, aunque en su mayoría, señala a los problemas dentro del núcleo familiar como la principal de ellas.
“Desaparecen por los problemas familiares por el núcleo familiar, la drogadicción, el alcoholismo, la separación de los padres, los pleitos entre ambos”, mencionó el líder del colectivo al norte de Sinaloa.
Dalia conoció a Manuel antes de cumplir los 15 años, una prima lejana los presentó y aunque sus papás eran conservadores y él era mayor por cuatro años, confiaron en que era de buenas intenciones, sin malicia y hasta inocente, así que le permitieron que fuera su amigo. Pasaron meses y en vez de tener una fiesta de quinceañera como cualquier adolescente mexicana, la raptaron, le arrebataron su juventud, sus sueños y sus metas de golpe.
“En cuanto cumplí los 15 años me robó. En los ranchos, bueno, es que en ese entonces para mí, para todos eran muy diferentes las costumbres que tienen ellos (la familia de Manuel). No fue un noviazgo que durara mucho tiempo, para que él llegará a una situación así. Yo estaba muy niña y quería estar con mis papás”, contó con tristeza la joven madre.
Pidió ayuda en un sinnúmero de ocasiones y sus papás no le hicieron caso. Cuando Manuel se la llevó de su hogar fue contra su voluntad. Para él había dejado de ser una niña y se convirtió en su mujer. Prácticamente hizo que perdiera su identidad, su libertad y juventud. Antes de cumplir los 16 años ya estaba esperando su primer hijo.
“Yo me salía pero a medio camino él me alcanzaba en un carro o en el transporte y pues no, nunca lograba salir de ahí. De hecho, el embarazo de María fue prematuro, nació a los seis meses, igual por las agresiones de él. Fue la manera en la que mi familia me sacó de ese ambiente”, dijo Dalia mientras su voz se quebraba.
Como el caso de Dalia, en Sinaloa hay un promedio de 15 denuncias diariamente por violencia familiar. Tan solo de enero a agosto del 2021 se tenía un registro de 3 mil 905 casos.
Actualmente la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas tiene a la violencia familiar como una de las principales cargas de trabajo, con 63 por ciento de incidencia, le siguen las desapariciones con 19 por ciento y delitos relacionados a lesiones dolosas con un 11 por ciento.
Manuel prometió cambiar, ir a terapia, convertirse en un hombre nuevo. En un principio cumplió con su palabra, acudieron en pareja a sus citas con el psicólogo, pero esto solo duró un mes.
Según la teoría del ciclo de la violencia de Leonore Walker, la mujer pasa por tres fases cuando vive sumergida en ésta, siendo la de reconciliación la más común entre las víctimas. Perdonan, se culpabilizan y regresan con su agresor a recibir más violencia.
“Al mes cae en vicios, empieza a consumir drogas y pues ya las agresiones eran más fuertes, ya me mandaba al hospital. Pero era como de te mando al hospital y yo mismo te saco y te vuelvo a llevar a la casa. Así fue durante ocho meses, hasta que ya la última vez que estuve en el hospital, ya fueron como daños más fuertes y ya ahí mismo levantaron un acta. Apenas iba a cumplir 17 años”, comentó Dalia mientras se aferraba a su hijo.
A Dalia le diagnosticaron escoliosis crónica, necesitaba intervención quirúrgica, durante dos años recibió golpes que le desviaron su columna vertebral. No podía más, pero se levantó entre el dolor y acudió al Ministerio Público a levantar la denuncia en contra del papá de María ante la Fiscalía General. Al final todo fue en vano.
Dalia estaba tranquila porque creyó que Manuel se había ido. Cuando María cumplió cuatro años volvió para exigir sus derechos como padre. Llegó con abogados y citatorios del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Mazatlán, obligándola a someterse a estudios psicológicos. Ante la institución pública, ella también era agresora.
“Él llega con un licenciado y llega con oficios del DIF también para pelear derechos nada más de convivencia. Yo me negué, pero nos mandaron a los dos con psicólogos y nos dijeron que teníamos que llegar a un acuerdo. El abogado me dijo que legalmente él tenía derechos como papá, pero jamás le había dado pensión o se había hecho cargo de los gastos”, dijo nerviosa mientras secaba el sudor de su frente.
Dalia estuvo sola, sin abogados y le hicieron un acuerdo donde cedió parcialmente los derechos de la patria potestad de su hija. Durante dos años, luchó para que no la llevaran a paseos, para que no la buscaran pero era imposible oponerse. Los padres de Manuel jugaron un papel clave, eran quienes se encargaban de ir por la niña y traerla de vuelta.
Así sucedió hasta octubre del 2020, los abuelos paternos pasaron a recoger a María un fin de semana y ya no regresó. Fue escondida e incomunicada durante un mes y quince días de su madre.
“No tenía comunicación con ella, pero sabía dónde podía estar, pero no podía ir porque estaba muy lejos y era difícil para mí. De la nada, una cuñada de él me dijo que me la traía, no me dieron explicaciones y yo fui a recogerla. La niña venía muy cambiada, no era la misma niña. Una como mamá conoce a sus hijos y ella venía cambiada, venía con moretones y a la defensiva”, lamentó Dalia.
Al percatarse de los cambios en su hija, cortó comunicaciones con la familia paterna e inició un proceso legal para exigir la patria potestad absoluta y tener una orden de restricción.
Comenzaron las amenazas, las llamadas intimidantes y las manipulaciones. Fue entonces que solicitó protección de parte de las autoridades y apoyo para salir del municipio, pero la ayuda jamás llegó. Al final, el 18 de marzo del 2021, a María se la robaron y, se presume, fue su papá.
Ese mismo día se emitió una alerta Amber con el nombre de María Dayana Heredia Sánchez de siete años, hija de Dalia y quien hasta la fecha sigue sin volver a casa con su mamá y hermano.
La Alerta Amber tiene como objetivo contribuir en la búsqueda, localización y recuperación de menores desaparecidos con fichas impresas o digitales. Pero, ello no garantiza que detrás de su publicación se pueda encontrar a las niñas, niños y adolescentes.
Óscar Fidel González Mendívil, Comisionado Estatal de Atención Integral a Víctimas, señaló que en muchas ocasiones las fichas de búsqueda no tienen mayor consecuencia porque la Fiscalía General no lo traduce en un expediente de investigación.
“Nos hemos dado cuenta que la Fiscalía no siempre levanta carpeta de investigación y cuando levanta carpeta de investigación nos manda la ficha con la fotografía, etc. La que circula por redes sociales, eso nos llega a nosotros. Pero en muchas ocasiones no nos llega la carpeta, ni nos llega la declaración donde se les de conocer sus derechos (a las víctimas)”, lamentó el comisionado.
Para María Isabel Cruz Bernal, líder de Sabuesas Guerreras, un colectivo integrado por al menos 400 familias que buscan a personas desaparecidas en Sinaloa, la Alerta Amber simplemente no sirve.
“Para nosotros la Alerta Amber, no sirve para nada. Nosotros como sociedad civil podemos hacer la ficha, igual o mejor que la que hace Alerta Amber y distribuirla muchísimas veces más que ellos. Ellos tienen nada más una alerta, simplemente la distribuyen pero no salen a buscarlos”, puntualizó la líder de un grupo de mujeres de búsqueda y rastreo en la capital de Sinaloa.
Para que funcione, señaló, es necesario la reacción inmediata de las autoridades al momento de recibir una denuncia por desaparición de menores. Cerrar aeropuertos, carreteras y terminales, tan solo podrían ser uno de los tantos pasos a seguir dentro de las primeras horas. Ellas lo tienen claro, se necesita respuesta al momento y no pasividad.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), todos los días desaparecen hasta 12 infantes y adolescentes en el país.
Para esta investigación se solicitó por lo menos en 10 ocasiones a la Fiscalía General del Estado el análisis sobre casos de violencia familiar y desaparición de niñas, niños y adolescentes, pero esta no se atendió.
En Sinaloa las niñas desaparecen más
Las edades de los menores podrían ser la clave para tratar de entender porque suceden los hechos, los niños y niñas de cero a nueves años desaparecidos en Sinaloa ascienden a 399, pero en el caso de los adolescentes, los cuales según la UNICEF abarca de los diez a los diecisiete años, tenemos que la cifra aumenta a mil 676 casos.
Y es en ese grueso poblacional es donde comenzamos a ver una anomalía; las adolescentes mujeres desaparecen más que los hombres, siendo las menores de 15 años las más afectadas y desaparecidas en la entidad.
Para la activista feminista y socióloga Natalia Reyes Andrade, hay tres vertientes que marcan las causas detrás de la desaparición de una adolescente, la primera, señalada también por los colectivos de búsqueda, es la violencia familiar como el motivo que provoca que menores de 12 años desaparezcan.
Pero con los adolescentes es diferente, si aparecen, regularmente lo hacen siendo víctimas de violencia sexual o abuso. En ocasiones las dejan en el mismo lugar donde las raptaron o simplemente las autoridades dan con ellas y logran su rescate, otras no corren con la misma suerte, son encontradas calcinadas, descuartizadas o no son localizadas.
“Algunos casos de adolescentes mujeres, es que ellas han vivido varios secuestros virtuales. Por medio de extorsiones las orillan a que permanezcan en un lugar, que estén incomunicadas con sus familiares, amenazadas. Tal vez son víctimas de violencia sexual o no, en ocasones, las extorsionan a las menores diciéndoles que van a matar a su familia si no consiguen el dinero, si no obedecen a los favores sexuales, etc.”, señaló la activista feminista.
De enero a julio del 2021 Sinaloa ha registrado 38 casos de corrupción de menores, 14 casos más que los registrados en el mismo periodo del 2020; durante este tiempo también se ha visto un aumento del delito de violación simple y equiparada en un 38 por ciento, ello en comparación al año pasado.
Estas cifras podrían darle explicación a las numerosas fichas de Alerta Amber que se emiten diariamente de mujeres adolescentes, que regresan a casa sin una explicación oficial por parte de autoridades que aclaren las condiciones en las que ellas regresan. Contrario a los otros delitos que han ido en aumento, la trata pareciera que no existe, pues únicamente se han registrado tres casos de enero a julio del 2021.
“Las adolescentes que son levantadas por grupos de delincuencia organizada y las raptan para abusar de ellas sexualmente y en algunos de los casos, aparecen sin vida o son asesinadas de manera muy cruel, como hemos visto niñas que son calcinadas”, puntualizó Reyes Andrade.
Aunque en Sinaloa, hasta el momento, han sido localizadas mil 741 menores, 74 menores regresaron a sus hogares sin vida.
Así sucedió con Mariana Moreno, una joven que fue asesinada a sus 17 años. Era estudiante de la Preparatoria Emiliano Zapata en Culiacán. A ella la desaparecieron el 11 de diciembre de 2019 y cinco días después la encontraron sin vida.
El día del plagio se dirigía a La Lomita, un templo católico al sur de Culiacán que sirve también como mirador de la ciudad. Después ya no se supo de su paradero. Eso ocurrió aproximadamente a las 21:30 horas, después de salir de casa de una amiga.
Una mujer morena, de ceja pronunciada, ojos grandes y de color café. En la ficha de búsqueda se le mostró con una pose seria, con mirada profunda, quizás retadora. Su asesinato reveló uno de los síntomas feminicidas en Sinaloa.
Melissa, su hermana, narró que su familia se acercó a la Fiscalía General del Estado, donde se abrió un expediente y se elaboró una ficha de Alerta Ámber a partir del 13 de diciembre, cuando se hizo la denuncia.
La familia interpuso la denuncia por desaparición el día 13 de diciembre, porque no conocía que podía hacerlo desde que se tuvo sospecha del crimen.
Días más tarde se hacía una narración pública. La hermana suplicó el regreso con vida de Mariana.
Casi al mismo tiempo corrió otra noticia: las autoridades atendían un reporte sobre el cuerpo de una mujer asesinada en el pueblo Costa Rica, cerca de la base militar El Sauz.
El cuerpo yacía en un predio enmontado, envuelto con una cobija color café. Era el cuerpo de una mujer, de identidad desconocida, el cual había sido registrado en los hallazgos de la Policía Municipal.
Momentos más tarde, la Fiscalía General del Estado notificó a la familia de Mariana: esa joven asesinada era su hija, quien había sido desaparecida el 11 de diciembre.
Pasó de una estadística a otra: de mujeres desaparecidas a mujeres asesinadas.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este fue el caso número 15 sobre feminicidios en 2019, sólo en Culiacán. Ese año Culiacán fue el segundo municipio con más casos clasificados como feminicidios, solo debajo de Monterrey.
Este caso provocó una serie de pronunciamientos desde grupos y colectivos civiles, que han insistido en que debe replantearse y crear mejores mecanismos para la búsqueda de mujeres desaparecidas -hasta julio de ese año ya sumaban 494 casos.
El colectivo feminista No se Metan con mis Hijas sostuvo durante un año la exigencia para la aplicación del Protocolo Alba, que obliga a todas las autoridades a hacer una búsqueda inmediata de mujeres que fueron privadas de su libertad, es decir, que fueron víctimas de desaparición, desaparición forzada, retención, secuestro y trata.
El protocolo obliga cierre de casetas, revisión en aeropuertos y centrales de autobuses, hacer retenes especializados y difundir fichas de búsqueda en cualquier lugar en que se puedan colocar.
Esa insistencia logró que el 16 de diciembre se publicara en el periódico oficial y a partir de ese día el Protocolo Alba es obligatorio en todos los casos de desaparición o no localización de mujeres.
El impulso lo realizó una organización de la sociedad civil, pero éste debía ser obligatorio desde antes, a partir del 2012, cuando se hicieron modificaciones a nivel federal por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a México como un país negligente en las investigaciones sobre desapariciones de mujeres.
Sin embargo, el caso de Mariana no fue difundido ni tratado de esa manera.
Los adolescentes son posibles víctimas de reclutamiento forzado y drogas
Carlos Enrique Pérez Beltrán tenía 17 años cuando fue desaparecido. Es coqueto y cariñoso, andaba enamorado y le gusta estar bien cambiado y peinado. También le gustan los carros, andar en bicicleta y el deporte, gustos propios de un joven de su edad.
Ese joven que trabajaba en un taller de accesorios para auto en Culiacán fue desaparecido.
Su madre, la señora Casandra, contó que eso ocurrió el sábado 11 de noviembre de 2017. Carlos salió a tomar el transporte público hacia su trabajo, ubicado en la avenida Álvaro Obregón, la calle principal de la ciudad.
Durante la jornada, su jefe le pidió que fuera a entregar un dinero como parte de su trabajo, solo que en esta ocasión no regresó. Su madre no sabría esto hasta dos días después.
Su hijo no llegó ese sábado como todas las tardes, pero a ella no le preocupó, pensó que estaría con su novia. Más tarde le llamaría la atención, confío en que regresaría pronto.
Llegó el domingo y Carlos seguía sin regresar a casa, comenzó a buscar con sus amigos y vecinos, pero no tuvo éxito. Llamó al jefe de su hijo, pero no le contestó. Entonces comenzó a caer en desesperación.
Su ansiedad fue peor cuando su hija, llorando, le comentó que había recibido una llamada de una amiga de su hermano donde le decía que él estaba muerto. La amiga pensaba que Carlos era uno de los seis jóvenes que fueron desaparecidos un par de días antes en su misma colonia.
“Dos días antes de que desapareciera levantaron a unos muchachos vecinitos de aquí también, amiguitos de mi hijo claro. El domingo empiezan a publicar que estos muchachitos ya los habían encontrado muertos, algunas personas referían pues que el mío también”, recordó la mamá de Carlos.
Llegó el lunes y el jefe de su hijo le dio respuesta, Carlos había salido a hacer una entrega y no había regresado a su trabajo.
Casandra prefirió no alarmarse, si bien, su hijo salió del trabajo el día sábado 11 de noviembre del 2017 y no había vuelto a casa, conociendolo podía estar con su novia. Prefirió solo esperar para que en su regreso darle ‘la regañada de su vida’, la iba a escuchar.
“Yo no veía la gravedad del asunto, porque yo no supe de estos muchachitos que levantaron prácticamente en un parque que está frente a mi casa, una patrulla de municipales se los llevó, no sabía yo, eso fue jueves y ya el sábado mi hijo no llegó a casa. Se empezó a publicar, pues en las redes en los estados de Whatsapp de estos muchachitos, pues fotos como recordandolos y en algunas fotos aparecía el mío”, lamentó mientras frotaba sus manos.
Ya no soportó más y acudió al Ministerio Público. Ahí le informaron que los cuerpos de jóvenes que coincidían con la edad de su hijo habían llegado al Servicio Médico Forense (Semefo). Le comentaron también que podía ver los cuerpos para ver si entre ellos estaba su hijo, pero no pudo. Un hermano de Casandra entró por ella. Ninguno era Carlos.
“Otros muchachitos de aquí de la colonia que supuestamente el sábado en la noche también los levantaron pero más adelante, yo tampoco supe de eso. Nomás el mío fue el que no apareció. Mi hermano fue el que entró al Semefo y los vio y ya salió y me dijo que eran todos los plebes de la colonia, pero no Carlitos”, comentó. En la sala, su hija la escuchaba mientras veía la ficha de su hermano.
La Alerta Amber se emitió al tercer día de realizada la denuncia, fueron las llamadas de insistencia y la presión que Casandra impuso a las autoridades que ayudaron a que por fin divulgaran la ficha de su hijo.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en 2017 (año en que fue desaparecido Carlos Enrique), también fueron separados de sus familias 123 menores de edad. La constante en estos casos es el poco avance en la búsqueda e investigación, obligando a las familias a buscar alternativas e incluso ser ellos mismos quienes hagan la labor que por obligación corresponde a las autoridades.
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Al año y ocho meses de la ausencia de su hijo, Casandra se integró al colectivo de “Sabuesos Guerreras”, con el fin de encontrar respuestas. Ella, a diferencia de otras madres, no tenía a quien señalar, ni un carro, rostros, o un lugar exacto de la desaparición y hasta la fecha continúa sin saberlo.
“La verdad, lo poco o mucho que hay en el expediente de mi hijo, son cosas que yo, a lo mejor arriesgándome, he tratado de averiguar y les he llevado información para ver por dónde pueden buscar. Se supone que para eso están (las autoridades) y sí a la fecha me quedan muchísimo a deber”, reprochó mientras apretaba su puño.
La mujer busca casi a ciegas, preguntando a quien puede para saber más. En este tiempo también pensó en que su hijo pudo ser víctima por crímenes de drogas, pues tiempo atrás llegó a consumirlas.
También se ha preguntado si esas personas que lo desaparecieron sabían que parte de su trabajo era el de llevar el dinero del negocio donde trabajaba.
Luego piensa en que su hijo pudo haber desaparecido también con sus vecinos, los que fueron asesinados.
Son muchas preguntas que no puede resolver de manera simple, un acertijo que le carcome todos los días desde ese 11 de noviembre de 2017.
Desde aquel día se culpa por haber dejado que Carlos permaneciera solo en su adolescencia, mientras ella trabajaba día, tarde y noche para sostener su casa.
María Isabel Cruz Bernal, representante de Sabuesas Guerreras en Culiacán, colectivo de búsqueda y rastreo al que pertenece Casandra, señaló la ausencia de los padres como posible causa detrás de la desaparición de niños.
Esto, dijo, sumado a factores externos, como el entorno social donde el menor se desarrolla y las amistades, podrían ser determinantes para que no regresen a casa.
“Si descuidamos a los hijos desde casa es cuando se empiezan a salir, se empiezan a juntar pues con el amiguito de ahí en frente del parquecito o ya lo llevó un amiguito más grande y yo creo que el trabajo nos está absorbiendo de más y es lo que hacen que los hijos se empiecen a salir para después ser los próximos desaparecidos”, señaló la líder de Sabuesas Guerreras.
Según la UNICEF, las personas menores de edad no deben quedar sin protección de su red familiar y tutores legales, pues al carecer de está protección son vulnerables a ser víctimas de un delito, pueden convertirse en “objetos de venta” para fines de explotación sexual y/o laboral, adopciones ilegales, entre otras. Es por eso que el Estado tiene la obligación de protegerlos totalmente.
Para Alma Rosa Rojo Medina, del Colectivo Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana en Culiacán, la desaparición de hombres adolescentes también está relacionado con el reclutamiento forzado y explotación laboral en organizaciones criminales porque son manipulables y toman las cosas a la ligera.
“Les pagan una miseria de dinero y arriesgan su vida, pero ellos creen que andar en una moto, andar con una pistola los hace ser más grandes y yo pienso que eso ha sido una de las partes que hacen que estén violentando a tanto chamaco de 13 a 16 años”, declaró la representante del colectivo integrado por más de 200 familias en búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa.
En Sinaloa diariamente se emiten en promedio más de 12 reportes por delitos relacionados al narcomenudeo, tan solo de enero a julio del 2021 se lleva un registro de 89 casos, esto según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A Casandra ninguna de estas razones le da explicación a lo que le pasó a su hijo, solo que esta experiencia la ha llevado a investigar por su cuenta y en su camino se ha percatado de la falta de acción de las autoridades y las fallas en la prevención.
En su búsqueda, se dió cuenta que el taller donde su hijo laboraba estaba protegido con video vigilancia, además, afuera del taller había cámaras de seguridad ciudadana, de nada sirvió, no pudo obtener las cintas que podrían resolver hacia dónde se fue su hijo tras haber trabajado ese sábado.
“Mi hijo trabajaba por la Obregón, es una de las calles principales de aquí de Culiacán donde está una cámara, resulta que las cámaras no sirven, supuestamente el 80 por ciento de las cámaras están vandalizadas. El MP nunca me ha dado una respuesta. Yo les digo que ese vídeo de seguridad debe tener si subió a un carro, lo levantaron, se fue solo, lo que sea. No tengo ni a quien culpar, ni es lo que quiero ni mucho menos, lo que más quisiera uno es encontrarlo, ya a estas alturas, como sea”, subrayó Casandra con un ligero golpe en la mesa.
Hasta la fecha sigue buscando a su Carlitos. Cada que escucha una bicicleta pasar frente a su casa, su corazón da un vuelco, piensa que es él y espera sea él, pero todavía no vuelve. De momento lo seguirá esperando y mirando la ventana hasta el último día de su vida.
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La desaparición de personas en Sinaloa tiene un incremento significativo en los últimos 10 años.
Estos delitos se cometen, sobre todo, contra hombres, pero también hay casos de mujeres, adolescentes, niños y niñas que han cobrado relevancia por la brutalidad que significa.
Los esfuerzos de los colectivos de búsqueda, colectivos feministas y de derechos humanos no han sido suficientes para frenar esa actividad criminal.
Se solicitó a la Fiscalía General del Estado y a la dirección de Alerta Amber Sinaloa un diagnóstico del sobre este tipo de crímenes en Sinaloa. Esa petición se repitió en por lo menos 10 ocasiones, pero no hubo respuesta positiva.
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Este trabajo se realizó gracias a Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, el Fondo Resiliencia, el Taller de Gráfica Popular Juan Panadero, el Center for U.S.-Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego, Mente Interactiva y Revista ESPEJO.*Scarlett Nordahl (@ScarlettNrdhl) es periodista sinaloense, colaboradora de Revista Espejo y el proyecto Hasta Encontrarles.