Aunque la ley establece obligaciones para las prisiones en el Estado, como el abastecimiento de medicamentos y artículos de aseo para los internos, las cinco cárceles de Coahuila incumplen este mandato. ¿Quién absorbe entonces los gastos que le corresponden al gobierno?
Texto de Jesús Peña / Vanguardia
Ilustración de Edgardo Barrera
Fotos de Homero Sánchez y archivo Vanguardia
El gobierno de Coahuila viola los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, por no dotar de suministros necesarios a los internos que purgan condena en los cinco centros penitenciarios del estado.
Familiares de internos, acompañantes, así como organizaciones civiles y religiosas, son quienes mantienen, y con recursos propios, a la mayoría de las personas que se encuentran en prisión.
Medicamentos, comestibles, ropa, productos básicos de higiene personal, artículos de limpieza…
Estas son algunas provisiones que solicitan los propios reclusos y reclusas. Sin embargo, cuando el Estado no garantiza este abastecimiento, son los parientes o asociaciones independientes quienes hacen donaciones voluntarias.
Esto contraviene a todas luces lo establecido en el artículo 32 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el sentido de que la autoridad es la responsable de brindar, gratuitamente, todos los suministros a la población penitenciaria.
Además, el Artículo 9, en su inciso VII, dice que los internos tienen derecho “a recibir un suministro de artículos de aseo diario”.
SEMANARIO preguntó a la Secretaría de Seguridad Pública estatal (solicitud de información con folio 050094500004121) y a la Secretaría de Finanzas de Coahuila (folio 050098000024521), cuánto dinero se invirtió en el rubro de suministros durante el último lustro.
Dichos rubros se refieren a los conceptos de alimentos, vestido, medicamentos, artículos de aseo personal y productos de limpieza en las cinco prisiones del Estado: las tres cárceles varoniles en Torreón, Saltillo y Piedras Negras; así como las dos femeniles, en Saltillo y Piedras Negras.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) respondió en el oficio SSP/UT/864/2021 que “después de una búsqueda exhaustiva”, no encontraron documentos que encuadren con lo solicitado.
En todo caso, la institución sugiere a SEMANARIO auxiliarse con la Secretaría de Finanzas (Sefin) “por pertenecer a ella la información solicitada”.
Por su parte la Sefin, resolvió en el oficio SEFIN/UT/1370/2021 que tal petición “no corresponde a ésta dependencia su trámite y atención”.
Entrevistado al respecto, Apolonio Armenta Parga, titular de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario de Coahuila, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, aclaró que esta Unidad no maneja un presupuesto propiamente dicho.
“No puedo decir ‘voy a tener 100 mil pesos al mes’, porque en un mes pudieron haber salido 100 e ingresado 200 (internos). No hay una cantidad específica”, declaró.
Cuestionado sobre la existencia de un piso mínimo que satisfaga las exigencias más básicas de los Centros de Readaptación Social del estado, Armenta Parga reiteró que la Unidad que dirige no tiene una partida o fondo asignado, sino más bien cubre necesidades a partir del área administrativa.
Es decir que la institución toma los ejerce los recursos que considera necesarios para la operación diaria.
Los días de visita en las penitenciarías, las familias deben abastecer a sus internos de pantalones y sudaderas caqui, el uniforme de los presos. También les llevan limpiadores, desinfectantes, escobas, trapeadores, colchonetas, calzado, y cualquier medicamento que necesiten.
“Es polémico por tanto dinero que tiene el gobierno de Coahuila. El gobierno es quien tiene el deber de ofrecer estos artículos. Hipócritamente el estado exige uniforme a los internos, pero no provee uniforme”, criticó Robert Coogan, capellán de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Saltillo.
La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Además, las personas privadas de la libertad deben recibir atención y tratamiento médico gratuitos, cada vez que sea necesario.
Así lo establecen ordenamientos nacionales e internacionales como la Ley Nacional de Ejecución Penal; el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela); y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
En su artículo 34, la Ley Nacional de Ejecución Penal decreta que la autoridad penitenciaria, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas, deberán brindar la atención médica y garantizarán la permanente disponibilidad de fármacos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención.
Este documento señala también que las instituciones de reinserción social se encargarán de establecer procedimientos para brindar servicios e insumos requeridos en otros niveles de atención.
Las familias asumen costos económicos
SEMANARIO realizó un sondeo entre los grupos de familias que acuden al penal varonil de Saltillo todos los fines de semana para ver a sus internos.
Un sábado por la mañana, mientras aguardaba en la fila para entrar a la visita, una mujer se quejó de que el centro penitenciario no proporciona el medicamento a su marido enfermo de diabetes.
“Medicamento para el azúcar aquí no les dan, tiene uno que traerlo”, reveló. Su nombre, sin embargo, prefirió ocultarlo por temor a que su esposo, preso en esta cárcel, fuera castigado.
Hace algunas semanas que esta señora no tiene trabajo porque su niña de brazos enfermó y ella tuvo que renunciar para cuidarla. Tampoco tiene casa propia, así que vive con su hermana.
“A mi esposo lo veo muy acabado. (En el penal) No hay medicamentos. A veces tengo para comprarle y a veces no. Entonces se queda una semana sin su medicamento. Dice, ‘es que ya no puedo vivir sin la pastilla, si no la tomo ando mareado’”.
Formada en mitad de la fila de gente que aguarda un viernes por la mañana a las afueras de esta prisión, con el sol a plomo, una madre de familia platica que cuando un preso es recién ingresado aquí, sus parientes tienen que traer el uniforme, la ropa caqui del penal. Si no lo hace, le prohíben la vista.
En cambio hay una lista de productos que a los familiares les está vedado ingresar al cereso. Por ejemplo, jabón de baño, champú, pasta dental, cepillos para dientes, papel higiénico, rastrillos, tortillas de harina, salsa, galletas, entre otros.
No porque el centro se los proporcione a los presos, sino porque los reclusos están obligados a adquirirlos en la tienda del penal a precios que exceden los de las tiendas de conveniencia, de acuerdo con las familias.
El estanquillo es administrado por las autoridades de la prisión, y sus ganancias van, supuestamente, a las mejoras del lugar.
No obstante, basta ver las últimas observaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) al sistema penitenciario, ya que apuntan a las recurrentes deficiencias de infraestructura y equipo en los penales del estado.
Padecen lo mismo las mujeres
Lo mismo sucede en el caso del centro penitenciario femenil. Este lugar fue certificado en 2015 y re-acreditado en 2018 por la American Correctional Association (ACA), que se encarga de desarrollar los principios fundamentales para el tratamiento humano de los internos. Su estándar más importante, entre 138 parámetros de calidad, es el del cuidado que se refiere a proveer las necesidades básicas y atención personal a las internas.
Empero, es habitual que las reclusas de este Cereso soliciten la ayuda de las organizaciones religiosas, que acuden a este lugar para evangelizar.
Al respecto, las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), establecen que los recintos destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con los medios y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias gratuitas.
Pero eso no ocurre. Seguido en esta prisión, que cuenta con una población aproximada de 100 internas, escasean los medicamentos para dolor de cabeza. Por eso mismo, cuando hay padecimientos crónicos, es todavía más improbable que cuenten con las sustancias necesarias a decir de los voluntarios que asisten en el centro.
En el informe “La situación de los derechos humanos de las mujeres en los centros penitenciarios femeniles en el estado de Coahuila 2021”, se hace referencia a que una de las observaciones más frecuentes es la falta de atención médica por la que atraviesan las personas privadas de su libertad.
Además, el documento destaca que más de una vez se ha resaltado la necesidad de dotar de medicamentos a los dispensarios y cubrir los servicios médicos de psiquiatría y odontología, entre otros.
Una informante anónima que trabaja en el Cereso femenil de Saltillo precisó que quienes se costean los suministros básicos en el estanquillo del penal son las mujeres que trabajan en el taller de piñatas o en la maquila, armando batas quirúrgicas.
Las que no trabajan, y que además no reciben la visita de parientes, piden el auxilio de las distintas agrupaciones sociales que asisten al femenil, a través de las propias autoridades del centro.
Un estimado de la CDHEC indica que alrededor del 85 por ciento de las internas del penal femenil de Saltillo no tienen visita de familiares. En primer lugar porque viven en ciudades distantes de Saltillo. Otra por razones de estigma social. Y, finalmente, por abandono.
“El cereso nos pide ayuda para que les llevemos cosas. No estamos para proveer esos recursos, pero se nos mueve el corazón y conseguimos con los vecinos, con los amigos. Sí es bueno que toda la sociedad se entere de lo que está pasando ahí dentro, de los derechos de los que las están privando”, comentó la fuente.
Durante un foro realizado en Saltillo, previo a la fiesta de la Virgen de la Merced, patrona de los encarcelados que se celebra en septiembre, Daniela Hernández Ruiz, asistente de la organización Documenta A.C. expuso que el estado debe garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas en reclusión, dado que están bajo su custodia.
Opinó que, en vez de limitar esos derechos, deberían robustecerse, ya que las personas se encuentran en custodia del Estado y bajo el control de la autoridad penitenciaria, dijo. Entonces, el Estado tendría que cubrir las necesidades de salud, alimentación y de aseo personal de los internos. Sin embargo, reconoció que eso no siempre sucede.
En la inspección realizada por SEMANARIO al exterior del penal varonil de Saltillo, se pudo observar, incluso, una tienda al aire libre que vende ropa caqui, pantalones, sudaderas, playeras, gorras, donde las familias de los internos se surten los días de visita.
Apolonio Armenta Parga, el titular de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario de Coahuila, explicó que la ley no obliga al estado a proporcionar vestido a los presos, ya que dice “de acuerdo a los posibilidades presupuestales”.
Aun con esta declaración, en ninguno de los 207 artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se establece tal excepción.
En contraste, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), estipulan que toda persona a quien no se permita vestir sus propias prendas, recibirá las apropiadas al clima y suficientes para mantenerla en buena salud.
La deficiencias llegan hasta la cocina
Otro reclamo constante de internos y familiares es el de la mala calidad e insuficiencia de la comida que se sirve en el Cereso.
Papas crudas en agua, arroz y frijoles mal cocidos o en mal estado. Ese es el menú que, a decir de los afectados, se ofrece a diario en el penal y que es preparado por los mismos reclusos.
“Nos daban papas medio cocidas, sin sal, frijoles medio crudos. Los lunes, supuestamente, era caldo de res, pero pura verdura y un pedacito de hueso ahí. Los martes, supuestamente era mole, pero de puras papas. Los jueves era carne molida, pero medio cruda. La teníamos que volver a cocer”, relató un ex interno que estuvo encerrado en el Cereso para hombres de esta ciudad. Fue acusado de un homicidio. Asegura que es inocente.
Adicional a la mala calidad, también hay falta de alimentos.
A propósito de la alimentación en los centros penitenciarios, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos ordenan que todo interno recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.
El titular de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario de Coahuila dice que en los cinco ceresos de la entidad se cuenta con un menú de alimentos que es diseñado por un nutriólogo, mismo que está adecuado a las necesidades de la población privada de la libertad.
Es un menú que se hace cada 15 días, asegura, y se elabora bajo una cierta dieta calórica que el nutriólogo dice que deben de cubrir todas las personas. Son dos tipos de dietas: una para la población general y otro para la población que se encuentra con alguna enfermedad, a quienes no se les da azúcar o sal, en el caso de los diabéticos e hipertensos.
En relación a las denuncias hechas a SEMANARIO por familiares de internos sobre la falta de suministros básicos en los penales, Armanta Parga explicó que, a la fecha, no existe queja formal alguna. “Ni de internos, ni de familiares”.
Al mismo tiempo, el funcionario aseguró que el de Coahuila es uno de los mejores sistemas penitenciarios en el país.
Empero, Juan Antonio García Cerecero, pastor de la iglesia cristiana “La Roca”, narró que hace unos días en la congregación se hizo una colecta de champú, jabón y otros artículos personales para los internos del Cereso varonil de Saltillo.
“Uno va y ve las necesidades. Debemos ayudar al prójimo como el buen samaritano”, comentó.
¿Qué dicen los defensores de derechos humanos?
Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, señaló que en esta institución no se han presentado quejas en torno al desabasto de insumos básicos dentro los penales.
“No es que me sorprenda lo que usted me dice, pero no lo hemos detectado. No hemos recibido quejas en ese sentido y tenemos presencia permanente. Me imagino que cuando se trata de un medicamento extraordinario posiblemente las familias apoyen para cumplir con ello, pero el área médica tiene la obligación de atender el tema de medicamentos y de consulta”, declaró.
En 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió un total de 34 quejas de familiares e internos de penales de Coahuila, tanto en el ámbito federal como estatal, por diversos abusos de distintas autoridades en los centros de readaptación social.
Para Alma Eunice Rendón Cárdenas, doctora y maestra en sociología política y políticas públicas, la razón por la que los ceresos carecen de los insumos indispensables que garanticen una estancia digna de las personas privadas de la libertad, es la escasa inversión que el gobierno de Coahuila asigna a la subfunción de reinserción social.
“Creo que sí ha faltado una inversión del estado en estos temas. No ha habido una prioridad ni de la federación ni de los estados. Es una constante que no le quieren destinar, entre menos mejor. El problema, en términos de reducción del delito, es que como no estamos atendiendo el tema penitenciario los que salen vuelven a delinquir o delinquen desde la cárcel”, expresó la coordinadora de diversos programas de prevención de la violencia y la delincuencia en varias prisiones de México.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.
La también experta en seguridad resaltó que cada vez es más importante, no sólo en Coahuila sino en todo el país, que haya dinero etiquetado para los temas de reinserción social. Mientras esto no ocurra, la sociedad civil será la que solvente esta deficiencia gubernamental.
Nulos fondos para la reinserción
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene un informe denominado “El gasto público frente a los resultados en seguridad pública y justicia”. En este se revela que, en 2016, Coahuila dedicó el 45 por ciento del gasto ejercido en justicia al rubro “impartición de justicia”, 52.8 por ciento a “procuración de justicia”, y 2.2 por ciento a “derechos humanos”.
¿Cuánto se dedicó a la “reinserción social”? Nada. Cero por ciento.
En torno al tema del gasto de los centros penitenciarios por persona privada de la libertad, este documento no contempló información de Coahuila. La razón, precisa, es que el estado no aportó elementos suficientes para responder sobre el gasto ejercido por los ceresos a cargo de la administración estatal.
Para dar mayor contexto, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila creció de mil 220 millones 902 mil 994 pesos en 2020, a un mil 857 millones 902 mil 994 pesos en 2021.
La cifra representa un incremento del 35 por ciento. Sin embargo, en las prisiones del estado no hay con qué curar un catarro o un dolor de cabeza.
En 2020, la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Saltillo envió una solicitud de información a la Secretaría de Seguridad Pública.
El documento con folio 00724420, cuestionó ¿cuántos y qué personal médico atiende permanentemente a la población penitenciaria de los ceresos varonil, femenil y los dos centros de internamiento para adolescentes de Saltillo?, ¿de cuánto es el presupuesto anual por centro, destinado para la atención médica de las personas privadas de la libertad?, ¿cómo está distribuido éste presupuesto, en sueldos de personal médico, medicamentos, mantenimiento a departamentos médicos?
Como en el caso de SEMANARIO, la SSP respondió que no había encontrado lo requerido por la Pastoral y que, en todo caso, era la Secretaría de Finanzas la que podría auxiliar con su petición.
La Pastoral interpuso entonces un recurso de revisión al que la SSP respondió que tal información era reservada, entre otros motivos, y de acuerdo con diversas leyes, por ser un asunto de seguridad nacional y porque “actualiza o potencia una amenaza”.
Rendón Cárdenas, quien además dirige Red VIRAL (una plataforma de prevención al delito enfocada en jóvenes), señaló que Coahuila es uno de los estados que menos recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destina al sistema penitenciario.
“Ahí creo que hace falta que se considere más en el gasto del FASP y no solamente para prisiones, sino que esté enfocado en los temas de reinserción y prevención terciaria (seguimiento de las personas ya en libertad), que creo que eso está todavía más difícil”.
El pasado 1 de diciembre de 2021, durante la comparecencia del cuarto informe de gobierno de Miguel Riquelme Solís, la secretaria de Seguridad Pública Sonia Villarreal Pérez hizo un desglose sobre la aplicación del FASP en Coahuila.
Dijo que el monto de 2020 fue de 216 millones 566 mil 783 pesos. La funcionaria explicó que 147 millones se asignaron al C4; 17 millones a equipamiento y armamento; 50 millones a la academia y capacitación de los elementos; 2 millones de pesos al C3. Y “luego vienen otros rubros que son más chiquitos”, explicó.
En ningún momento mencionó el o los montos que la secretaría destinó al renglón de reinserción social.
“Un pendiente nacional es que la federación debe obligar a los estados a meterle, mínimo, 10 por ciento del FASP al tema penitenciario”, insiste Rendón Cárdenas. “Es un tema políticamente poco popular y los gobernadores no le quieren meter nada. La federación no obliga. Entonces se vuelve un tema poco atendido”.
Un mal generalizado que no se quiere admitir
No obstante, y pese al contexto brindado, la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario de Coahuila, Apolonio Armenta Parga, calificó de irrelevantes las últimas observaciones hechas por la CNDH y la CDHEC a los cinco centros de readaptación social del estado.
“La verdad no tuvimos observaciones relevantes, solo las de siempre: falta de personal, de equipo, infraestructura, pero esa es cuestión presupuestal y se tiene que ir programando. Son cuestiones de ampliar, de pintar, de reparar algunas cuestiones hidráulicas o de alumbrado, pero no, ninguna relevante, reparar un sanitario, o sea cosas muy simples”, explicó su titular.
En este aspecto, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos establecen que “las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma aseada y decente”.
Según el informe “La situación de los Derechos Humanos de los hombres en los Centros Penitenciarios Varoniles en Coahuila”, durante su visita 2020 al Cereso varonil de Saltillo la CDHEC, observó, por ejemplo, que, de acuerdo con la versión de la enfermera, en el área médica de este centro no existe un médico de planta, por lo que se solicita auxilio de médicos externos.
Del mismo modo, en la zona de visita conyugal se observaron malas condiciones de las instalaciones, como falta de luz, olores a drenaje y carencia de lavamanos.
En términos generales, resume el documento, se requiere mantenimiento en todas las áreas de esta prisión como: instalación de focos en las celdas, poner vidrios en las ventanas, adecuar las tuberías al descubierto, proporcionar agua e higiene en los sanitarios, reparar las grietas en las instalaciones, construir rampas para personas con algún tipo de discapacidad y poner drenaje en el área de indiciados, para evitar malos olores.
“Son edificios que tienen más de 50 años y hemos tratado de ir corrigiendo deficiencias de electricidad, sanitarias, hidráulicas, porque son edificios viejos que requieren muchísima inversión. Imagínate cambiar toda la red hidráulica representa un costo muy pesado”, detalló Armenta Parga.
En el caso de los penales para hombres de Torreón y Piedras Negras, las observaciones de la CDHEC son similares.
Sin embargo, la constante en las recomendaciones de la CDHEC, desde 2014, para estos dos penales, fue la de dotar el área médica de medicamento suficiente.
El primer problema que encuentran los defensores de derechos humanos es que lo que sucede en los centros penitenciarios está fuera del escrutinio público. Así lo cree Daniela Hernández Ruiz, asistente de la organización Documenta A.C. en Saltillo.
“No es algo muy común que todos nos enteremos de las dinámicas que se dan en los centros penitenciarios ¿Y cuáles son estas dinámicas que pueden suceder? Actos de corrupción, de extorsión, de intimidación, represalias. Lamentablemente, las autoridades penitenciarias aún se muestran muy reticentes a permitir que haya actores externos que vigilen su actuación”.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 de la CNDH reveló que en el caso de la penitenciaría varonil de Saltillo hay deficiencias en las condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, además de inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica.
Por lo que se refiere a Torreón, en su visita de 2020, la CNDH encontró “inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica”.
Con relación al penal varonil de Piedras Negras, se descubrieron deficiencias en los servicios de salud, deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores.
Eunice Rendón advirtió que ya es tiempo de que las autoridades penitenciarias tomen más en serio el tema de la reinserción social, de lo contrario, las cárceles seguirán siendo esos espacios de castigo y no de readaptación.
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* Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
