Aprueba Congreso del Estado penas de uno a seis años de prisión para los funcionarios que difundan imágenes o información de carpetas de investigación, como cadáveres o de lesiones en las niñas y mujeres víctimas
Redacción La Verdad
El Congreso del Estado aprobó este lunes una reforma el Código Penal del Estado de Chihuahua para que se castigue hasta con cárcel a las autoridades que difundan imágenes o información de carpetas de investigación y que no impongan medidas de protección a las niñas o mujeres víctimas o testigos.
La iniciativa aprobada fue presentada al pleno por la legisladora Georgina Alejandra Bujanda Ríos, quien actualmente preside la mesa directiva del Poder Legislativo en el estado.
“Las mujeres y niñas de Chihuahua debemos sentirnos seguras en los espacios y con las personas que se supone deben brindarnos su protección. Lo que aprobamos hoy es un avance para que las mujeres víctimas de violencia puedan tener la confianza de que las autoridades están de su lado y que el acceso a la justicia es posible”, indicó Bujanda Ríos.
La propuesta aprobada reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chihuahua con el propósito de establecer sanciones a las conductas cometidas desde la procuración e impartición de justicia en perjuicio de las mujeres y demás víctimas del delito, con base en casos emblemáticos de México para homologar en el estado las leyes “Abril” e “Ingrid”, se informó.
Se busca que se castigue a las autoridades que no impongan medidas de protección a la víctima cuando esté en peligro; a quien difunda imágenes o información de carpetas de investigación como cadáveres o de lesiones en las víctimas, y a la autoridad que no imponga medidas cautelares al imputado para proteger a la víctima o testigo, explicó la diputada.
La “Ley Abril” fue llamada así por el caso de Abril Cecilia Pérez Sagaón, una mujer que fue golpeada severamente por su pareja con un bate, sin embargo, la autoridad lo dejó libre. Días después Abril fue asesinada y su esposo es el principal sospechoso.
En el caso del homicidio de Ingrid Escamilla, su pareja confesó haberla asesinado y mutilado. Esta información así como imágenes del cuerpo desmembrado aparecieron en los medios de comunicación y redes sociales, lo que ha revictimizado a Ingrid, su familia y personas cercanas.
“Es reprobable que se sigan suscitando estos casos extremos de cosificación de la mujer, que hacen apología de la violencia, lo que contribuye a hacer más difícil el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, como lo marca la ley”, finalizó Geo Bujanda.
Con la reforma se adicionó el artículo 264 Bis; y la fracción X, al artículo 288, del Código Penal del Estado de Chihuahua, para sancionar a quien de a conocer documentos, constancias o información que obre en una investigación o proceso penal y que por disposición de la ley sean reservados o confidenciales.
Las sanciones aprobadas son de uno a seis años de prisión para el servidor público que, durante la investigación de un delito cometido en contra de una mujer por su condición de género, indebidamente niegue o retarde la aplicación de alguna medida de protección.
Las reformas tomarán vigencia una vez que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado, se informó.
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