Desaparición forzada, sustracciones y secuestros son parte de un amplio catálogo de violencias en contra de niñas, niños y adolescentes que cometió el Estado mexicano durante la Guerra Sucia y que hoy buscan identificarse
Por Susana Zavala / Edición: David Santa Cruz*
El 12 de junio de 1975, un grupo de hombres armados, vestidos con trajes de colores vistosos, típicos de los agentes de los servicios de inteligencia de aquella época, irrumpieron violentamente en una vivienda de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Durante casi toda su vida Lucio Antonio Gallangos Vargas no supo si ese hecho se trató de un sueño –que él describe como difuso– o de un recuerdo. Como no le causaba perturbación alguna, pasó de largo como uno más de su remota infancia.
Tampoco le incomodaba la cicatriz indeleble que desde los tres años de edad tiene entre una de sus piernas y la cadera. Lucio Antonio nunca la vinculó con esas imágenes intermitentes que su memoria guardó de la respiración agitada de una adolescente, que tiempo después le dijeron, se trataba de Violeta Tecla Parra. Según su relato fue ella quien lo rescató en medio de la balacera en aquella casa de seguridad que servía como refugio para una de las células de la Brigada Roja de la Liga Comunista 23 de Septiembre, sus hijas e hijos.
Según sabemos por los documentos y testimonios recabados por Aleida, la hermana de Lucio Antonio, Violeta cayó al suelo y dejó al pequeño que estaba herido. Fueron los agentes quienes lo llevaron al Hospital Infantil Moctezuma, de donde posteriormente fue trasladado a la Casa Cuna de Tlalpan, con el nombre de “Tony”. En febrero de 1976, fue entregado en adopción irregular a la familia Hernández Valadéz.
En el siglo XIX Samuel Taylor Coleridge escribió «Si un hombre atravesara el Paraíso en un sueño, y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano… ¿entonces, qué?». Ese mismo dilema es el que vive Lucio Antonio Gallangos cuya cicatriz resulta ser un vestigio de su vida pasada, pues al ser entregado en adopción también fue privado de su primera identidad, en la que sus padres Roberto Antonio Gallangos Cruz y Carmen Vargas Pérez, ambos integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fueron detenidos y desaparecidos en 1975.
El caso de los hermanos Aleida y Lucio Antonio Gallangos Vargas, también conocidos por sus nombres de adopción como Luz Elba Gorostiola Herrera y Juan Carlos Hernández Valadez, ha llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que está próxima a emitir un fallo sobre el caso. Esto abre la puerta a la posibilidad de que existan otros casos similares de apropiación de menores de edad en México, que fueron separados de sus familias a causa de la militancia de sus padres en grupos subversivos.
A decir de Javier Yankelevich Winocur, director de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas Víctimas de Terrorismo de Estado durante la Guerra Sucia de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), hasta el momento con los registros obtenidos por esta unidad no es posible asegurar si existe un patrón en la apropiación de niñas, niños y adolescentes en México como sucedió en países como Argentina, donde se calcula que de los 30 mil personas desaparecidas durante la dictadura militar de Jorge Videla, habría 500 personas menores de edad apropiadas, de los cuales se han recuperado 130. Aunque Yankelevich no descarta que pudieran existir más casos en México como el de Lucio Antonio.
Lo que sí han encontrado es el indicio que alerta, sobre la posibilidad que un grupo de mujeres víctimas de desaparición forzada en aquella época pudieran haber estado embarazadas. En ese supuesto está Violeta Tecla Parra, de la que hablaremos más adelante.
Cifra en construcción
La Guerra Sucia en México comprende un periodo de tiempo desde finales de los años 60 hasta mediados de los años 80 del siglo XX. Se caracterizó por un uso sistemático, desproporcionado e ilegal del aparato represivo del Estado mexicano frente a las demandas políticas y sociales de distintos grupos y por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Todo lo anterior fue parte de una estrategia contrainsurgente con características regionales. En las primeras reuniones de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Odio y el Silencio (H.I.J.O.S) México, colectivo creado por las hijas e hijos de desaparecidos durante la Guerra Sucia en nuestro país, resultaba impactante “ver que lo que se contaba en Argentina coincidía con lo que había pasado en Guatemala y coincidía con lo que había pasado en El Salvador, y coincidía con lo que había pasado en México, y fue como ¡wow!, pues el Plan Cóndor no era choro”, recuerda Tania Ramírez una de las fundadoras y actual directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Familiares de víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Sucia, aseguran que la cifra de víctimas podría rondar entre los mil y mil 200 casos. Por su parte en el Informe Especial sobre el caso que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2001 registró 532 personas desaparecidas.
En tanto, la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), en su informe final de labores reportó 766 Averiguaciones Previas, 630 denuncias y 375 ampliaciones de declaraciones de afectados y familiares de personas desaparecidas.
Ninguno de esos recuentos generados por las autoridades, sin embargo, incluyó casos de niñas, niños y adolescentes presumiblemente sustraídos, detenidos o desaparecidos. Quizá la que más se acercó fue el informe independiente elaborado por la Comisión de Trabajo del área Histórica de la Femospp “Que no Vuelva a Suceder”, al documentar 797 personas reportadas como detenidas desaparecidas, entre los cuales cuales identificó que 26 eran menores de edad al momento de su desaparición.
El actual gobierno de México aprobó el 15 de junio de este año, el Protocolo Adicional de Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes (PABNNA) en cumplimiento con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Dentro de este instrumento, por primera vez en la historia se estipula el marco legal específico para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos durante la Guerra Sucia. Dicho de otra manera, por primera vez se pasa de la documentación a la búsqueda efectiva.
Desaparecer por horas
Casi 50 años después, Pável Uranga Muñoz, recuerda con claridad como, con seis años de edad, conoció a Miguel Nazar Haro, torturador y ex director de la DFS (1978 a 1982). Alumno de la Escuela de las Américas, en Panamá, donde Estados Unidos entrenó a cientos de militares latinoamericanos en tácticas contrainsurgentes, Nazar Haro encabezó en México, el exterminio de los grupos guerrilleros de aquella época.
Tanto a Pavel como a su hermana Enoé, de entonces ocho años de edad, la policía los secuestraba de la escuela primaria, por horas: En una ocasión “Miguel Nazar Haro, me llevó una bata, me hizo ponérmela y quitarme la ropa. Me dijo: ya tenemos a tu mamá y sabes qué la voy a colgar de una gancho de carnicero”, recuerda Pável. Luego, esa ropa serviría como herramienta de tortura mucho más efectiva que cualquier golpe o amenza. Con ella en la mano se la mostraban a Margarita Muñoz Conde, madre de Pavel y le decían: “Mira, está calientita y yo aquí lo tengo”.
Un día el ejército sacó al niño de su casa y lo mantuvo preso tres meses en el Campo Militar Número Uno ubicado en la Ciudad de México mientras sus padres, Francisco Uranga López y Margarita Muñoz Conde, fundadores del Frente Urbano Zapatista (FUZ), estaban en detención domiciliaria.
Un caso similar es el de David Cilia, representante en Sonora de la Liga Comunista 23 de septiembre en Sonoro, a cuyos hijos tras su encarcelamiento también los detienen durante periodos breves de tiempo. “El niño pisó la cárcel durante cierto tiempo que no puede ser probado documentalmente, más que con el testimonio de Cilia y de su hijo quien quedó en una condición de orfandad temporalmente muy corta, pero que creo que podría ser sustancial para generar algún afectación física y psicológica” comenta Héctor Bravo, historiado adscrito al Departamento de Operaciones de Búsqueda de la CNB.
“Cuando se habla de reparación del daño, me pregunto cómo vamos a medirlo, a nosotros nos lo robaron todo”, reclama Pavel, quien asegura que como consecuencia de todo esto no tuvo oportunidad de ir a la escuela como cualquier niño, ni de obtener títulos académicos, pues para él estudiar se convirtió en una pesadilla, porque las autoridades se encargaron de exhibir a sus padres en televisión a nivel nacional como delincuentes, asalta bancos y secuestradores. Cosa que hicieron también con el resto de las y los guerrilleros.
“Entre 1974 y 1982, nosotros libramos 16 intentos de asesinato, y nos cambiamos las mismas veces de casa. Conozco todo México y lo conozco corriendo, huyendo de la policía porque nos encontraban en la calle y nos tiraban balazos, era un asunto despiadado, era tirarnos a matar. Me consideraban desde niño un enemigo del Estado”, denuncia Uranga.
En busca del censo perdido
El 28 de junio de 1975, días después de la balacera en la casa de seguridad ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, en la que Lucio Antonio Gallangos resultó herido, Violeta Tecla Parra fue internada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. Había cumplido los 18 años y permaneció encarcelada hasta 1977. Sin embargo, según consta en los informes de la DFS, en abril de 1978, con 21 años de edad, fue detenida por segunda ocasión, esta vez en Monterrey, Nuevo León. Según el reporte fue capturada tras la detención de su pareja sentimental Pedro José Lozano Cantú. Nunca se volvió a saber de ella.
De acuerdo a la información de la Federal de Seguridad, Violeta tenía cuatro meses de embarazo al momento de su segunda detención, una condición que se repite en al menos 10 casos más que ha detectado la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), siendo el más conocido el de la activista y sobreviviente de desaparición forzada, Martha Camacho, quien parió en cautiverio. A estos, se suman 16 casos de detenciones de niñas, niños y adolescentes que están en calidad de desaparecidos durante el periodo de la Guerra Sucia.
Ante la poca visibilidad de casos de agravios en contra de la niñez en esa época, la CNB conformó un censo de niñas, niños y adolescentes desaparecidos durante la Guerra Sucia, mediante la investigación en los acervos documentales transferidos al Archivos General de la Nación (AGN) en 2002 y otros archivos y levantó testimonios para conocer la identidad de las víctimas y sus historias.
Este nuevo censo ha sido posible a través de un sistema informático, que se encuentra aún en proceso de conformación, conocido como Ángelus, capaz de cruzar millones de datos de manera automática, para poder realizar búsquedas y poder visualizar en un momento tal cantidad de información sería imposible para un humano, explica Héctor Bravo.
En tanto, Javier Yankelevich señaló que el levantamiento de casos ha mostrado que los agravios en contra de niñas, niños y adolescentes entran en diversas categoría de delito, pues mientras unos los sustrajeron, a otros los secuestraron, otros más están desaparecidos y además, han incluido aquellos casos donde las mujeres militantes en la guerrilla estaban embarazadas al momento de su detención y se desconoce si dieron a luz o el embarazo se interrumpió.
Uno de los pendientes más urgentes, señala Yankélevich, es entrar a los acervos de los cuarteles militares, para recuperar los documentos de las retenciones y aprensiones que estuvieron en manos de las fuerzas armadas. Así se pretende, desde la CNB, construir un repositorio digital que permita realizar las búsquedas de personas, implementar estrategias con el apoyo de medios de comunicación y abrir una ventanilla pública para hacer posible que niñas, niños y adolescentes agraviados recobren su identidad, como en el caso de los hermanos Gallangos Vargas, además de hacer memoria pública, lo que implica reconocer que hubo violencias sistemáticas desde el Estado contra grupos específicos de la población.
A quién y cómo buscar
“Una de las cosas buenas que tiene el PABNNA es que dice con mucha claridad que hacer a cada quién” señala Tania Ramírez. Por ejemplo, el protocolo indica que la carpeta de investigación que se abra por desaparición de una niña, niño o adolescente en el periodo comprendido de la Guerra Sucia, deberá contener información que surja de la solicitud y rastreo de información concerniente a registros de llegada a orfanatos o centros de asistencia social, adopciones, registros de nacimiento, realizados el año de desaparición, y hasta dos años después. Siempre teniendo en cuenta que esos niños ahora son adultos.
También señala que se debe entrevistar a personas clave que pudieran tener información en la temporalidad en la que ocurrió la desaparición. Los expedientes deben incluir un retrato de progresión de edad actualizado que sirva para su difusión periódica y las autoridades encargadas de las acciones de Búsqueda Individualizada, deberán considerar que el niño, niña o adolescente desaparecido actualmente es una persona adulta.
A este respecto Hector Bravo de la CNB agrega que las búsquedas relativas a las niñas, niños y adolescentes desaparecidos durante la Guerra Sucia se están llevando a cabo tanto en archivos, como hospitales, hospicios, orfanatos, el Servicio Médico Forense (SEMEFO) y la fosa común de cementerios, aunque el marco normativo precisa que debe prevalecer el principio de Búsqueda en Vida. En ese sentido apunta Ramírez, quien además es hija de desaparecidos, si hacemos cálculos, los niños sustraídos o nacidos en cautiverio en este momento deberían tener alrededor de 40 años, por lo cual es perfectamente lógico que se les busque en vida.
Un punto en el que coinciden las personas entrevistadas, es al recomendar que si alguna persona tiene suspicacias o dudas sobre su pasado, y pudiera estar en este supuesto de ser un niño, niña o adolescente cuyo origen lo vincula con miembros de la guerrilla, pueden acercarse a colectivos como H.I.J.O.S México, Nacidos en la Tempestad o bien a las comisiones de búsqueda.
A decir de Yankelevich, es necesario construir una memoria pública México para que se sepa que esas cosas pasaron, que algunos actores en las Fuerzas Armadas y en el poder político, se sintieron en algún momento de la historia con la suficiente impunidad y omnipotencia “como para secuestrar mujeres embarazadas y hacerlas parir en cuarteles; como para robarse niños. Y en la medida que hagamos un descubrimiento de lo que esta sociedad ha sido capaz tal vez apuntemos hacia un futuro en el que no se repita”.
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* La presente publicación ha sido producida por encargo de Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea. Este texto es retomado por La Verdad de Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
