Una joven trabajadora social ingresa en perfecto estado a una clínica del IMSS para alumbrar a su segundo hijo. El reporte médico inicial dice que todo salió bien, pero ella muere minutos más tarde. Dentro del instituto se manipula el cuerpo y se entrega al departamento forense sin órganos que permitan una necropsia en forma. Todas las violencias posibles contra la mujer se concentran aquí, denuncian grupos feministas.
Texto y fotos: Daliri Oropeza / Pie de Página
Mexicali– Keren Vallejo Castro, una mujer de 31 años, educadora social, llegó en labor de parto de su segundo hijo a la Clínica 31 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la tarde del domingo 30 de enero de 2022. Parió y, aunque el reporte médico fue positivo, falleció minutos más tarde. Organizaciones feministas denuncian que fue víctima de violencia obstétrica además de negligencia médica.
Su caso se volvió el tema de las mesas en Mexicali. Conmocionó porque la familia denunció publica y judicialmente lo sucedido.
El IMSS informó que murió de hemorragia, de acuerdo con el certificado de defunción expedido por el médico Alejandro Vizcaíno García. El Semefo salió después a decir que no podía realizar la autopsia por falta de órganos. Tras ello, el IMSS informó que tal procedimiento puede hacerse con el consentimiento familiar en casos de emergencia. Por lo delicado del asunto, creció la indignación de la población cachanilla.
El IMSS entregó el cuerpo y los órganos días después. Pero los rumores de manejos turbios, lejos de aminorar, crecieron. El asunto de la autopsia está en el centro. El semanario Zeta dedicó una cobertura amplia para detallar cómo fue todo este proceso.
Con el escándalo suscitado, renunciaron a sus cargos la directora y subdirectora del Hospital de Ginecopediatría de la clínica 31 y el IMSS aseguró que ya estaba abierta la investigación en la Fiscalía de Baja California. Después, la Fiscalía General de la República atrajo el caso. Aún no hay esclarecimiento de la investigación por negligencia médica.
La sociedad civil convocó a protestas el lunes 21 de febrero a las 8am en frente de la clínica para exigir justicia. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la Fiscalía debe clarificar el caso porque ha sido muy opaco su manejo, y exigen una investigación con perspectiva de género.
“Este caso está muy oscuro”, dice Rebeca Maltos, feminista, directora de la organización Gente Diversa. Lo que le sucedió a Keren concentra varios tipos de violencias que atentan contra distintos derechos de la mujer y los derechos humanos, comenzando por el acceso a una vida libre de violencia, y la violencia obstétrica en su contra, como estipula la ley de Baja California.
“El artículo VI define la violencia obstétrica como ‘Toda conducta, acción u omisión que ejerza el personal de salud, de manera directa o indirecta, y que afecte a las mujeres durante los procesos de embarazo, parto o puerperio, mediante un trato deshumanizado, omisión de atención oportuna y eficaz, prácticas sin consentimiento como esterilización o realizar cesárea sin motivo’”, especifica la ley.
Rebeca Maltos la cita de memoria. Ella es experta en el tema derechos sexuales y reproductivos. Fue coordinadora de la Red Estatal por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Baja California. De acuerdo con su perspectiva, estamos en un caso que tiene que ver con la violencia obstétrica, violencia simbólica, violencia institucional, violencia jurídica y todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Y la experta resalta:
“Por cuestión cultural las violencias obstétricas no se denuncian”. Maltos asegura que hay violencias simbólicas con las que normalizamos las actitudes machistas y patriarcales. Las mujeres, por ser cromosomas xx y dar a luz son las únicas que pueden ser víctimas de esta violencia, señala.
Recuerda otros dos casos, el de una adolescente menor de 18 años a quien no le permitieron abortar después de denunciar una violación, y el caso de una señora mayor a quien le tomaron fotos y la exhibieron para una clase sin su consentimiento en el estudio del papanicolau.
“Este caso (Keren) es solo la punta del iceberg”, advierte la entrevistada.
“Se revictimizó a la víctima, la institución no hizo bien su protocolo de salud ni de justicia”. Maltos asegura que esto también es parte de la violencia institucional que vivimos las mujeres día con día.
“Muchas mujeres que no han denunciado, no lo hacen porque no quieren represalias. Que no quieren hacer las vueltas para denunciar o que las cuestionen de nuevo. Que mejor prefiero olvidarlo”, describe.
Lo preocupante para la experta en temas reproductivos es que la violencia obstétrica no se denuncia y esto puede ser un indicador de algo más grande al interior de las instituciones de salud. Por eso resulta fundamental que la sociedad civil exija rendición de cuentas.
“Hay que terminar con todo el maltrato; en el trabajo, el maltrato en la casa, del maltrato en los hospitales, el maltrato y la institución. Yo veo muy bien que hayan convocado a las movilizaciones”, dice Maltos.
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
