Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial coinciden en la necesidad de hacer una reforma profunda a la Constitución chihuahuense; sin embargo, el PAN como mayoría en el Congreso local se alista para plasmar su agenda ideológica con posturas en contra de la interrupción del embarazo y del matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otras
Por Itzel Ramírez / La Verdad
A pesar de la obligación de incluir la protección más amplia de derechos humanos, el PAN en Chihuahua, con la gobernadora María Eugenia Campos a la cabeza, como mayoría en el Congreso local se alista para plasmar su agenda ideológica en la nueva Constitución del estado, con posturas en contra de la interrupción del embarazo y del matrimonio entre personas del mismo sexo, entre otras.
Con octubre de este 2022 como plazo para tener listo el nuevo ordenamiento, el Congreso de Chihuahua ha iniciado –a través de una comisión especial– los trabajos para crear el proyecto que tiene por objeto armonizar, actualizar y dar orden y coherencia al marco legal estatal.
En un evento celebrado el pasado 14 de marzo en el Museo Casa Chihuahua, titulares de grupos parlamentarios y representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial coincidieron en la necesidad de hacer una reforma profunda a la Constitución chihuahuense, aunque con enfoques diferentes sobre lo que debe incluirse en el marco normativo.
Luis Villegas Montes en representación del Tribunal Superior de Justicia, aseguró que la discusión sobre la reforma constitucional deberá incluir revisiones al régimen de protección de los derechos humanos.
“Existen multitud de tópicos que, por lo menos a priori, merecen ser examinados y van desde los alcances del derecho a la vida en el marco de la tutela y salvaguarda de los derechos humanos, hasta el régimen electoral o la organización óptima de los tres poderes de Gobierno”, afirmó Villegas, magistrado del TSJ y antiguo militante y funcionario del Partido Acción Nacional.
Mientras que Cuauhtémoc Estrada, coordinador de Morena en el Congreso local, adelantó que su partido buscará adecuar la reforma constitucional a los tiempos actuales, con modificaciones que antes serían impensables.
“Como legisladores electos nos corresponde vivir en una época en donde los cambios culturales, políticos y sociales obligan al estado, entendiendo este en su concepto amplio, a llevar a cabo no solo adecuaciones a su marco jurídico, sino a revolucionar normas fundamentales, generar reformas estructurales cuyo objeto, hace unos cuantos años, parecieran imposibles”, mencionó el legislador.
¿Para qué una nueva reforma?
De acuerdo con la iniciativa para la reforma, la Constitución chihuahuense debe armonizarse para cumplir con la Carta Magna federal y con las disposiciones internacionales que en materia de derechos humanos ha firmado el Estado mexicano.
Además, se requiere que la redacción del ordenamiento incorpore el lenguaje incluyente, de manera que no se vulneren los derechos de las personas; claridad, orden y estructura coherentes, además de la incorporación en el texto de organismos constitucionales autónomos completan los objetivos de la modificación constitucional.
De acuerdo con el diputado Cuauhtémoc Estrada, la reforma se torna necesaria también para superar un ordenamiento estancado.
“La Constitución de Chihuahua no ha evolucionado, no se ha armonizado como lo ha hecho la Constitución federal o las constituciones de otras entidades de la República”, afirma el legislador en entrevista.
Incluso, dice Estrada, hay disposiciones “chuscas”, que reflejan cómo el texto constitucional no evolucionó a la par de la realidad.
Una revisión a la Carta Magna vigente muestra cómo, a pesar de sus 130 reformas, conserva algunas disposiciones consideradas anacrónicas por diversos actores. La pérdida de la condición chihuahuense y sus prerrogativas (artículos 13 al 24), el deber del Congreso combatir el alcoholismo (fracción 39 del artículo 64), la facultad de pegar decretos en parajes públicos (fracción 2 del artículo 93), o la obligación de leer y estudiar de la Constitución en todas las escuelas de la entidad (artículo 145), son algunos de los artículos que permanecen vigentes en el texto, promulgado en 1921.
René Moreno, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, recuerda que esta actualización es una obligación del Legislativo, más que un tema de buena voluntad.
“Lo de la armonización me parece bien, pero están obligados, está raro que traten de vender como un plus algo que básicamente se debe hacer cuando se genera una reforma a la Constitución federal”, afirma el activista.
‘Humanismo’, la apuesta del PAN
El documento de origen de la reforma constitucional reconoce que la redacción de la nueva Constitución debe ser “incluyente y acorde al principio de progresividad de los derechos”; sin embargo, la bancada del PAN en el Congreso y la administración de Campos Galván se han pronunciado en contra de adecuar el marco constitucional a los derechos fundamentales, incluidos la interrupción del embarazo y el matrimonio igualitario.
Óscar González, subsecretario general de Gobierno, insiste en que el gobierno de Maru Campos participará con su agenda ‘humanista’ en el proceso de consulta iniciado en el Legislativo.
“(Las propuestas del Ejecutivo) por supuesto van marcadas por un sentido humanista que es lo que caracteriza a nuestra gobernadora. Se pone en el centro al ser humano”, menciona el funcionario en entrevista.
En las mesas de participación, el gobierno de Chihuahua pugnará porque se incluyan “los valores de la mayoría”, asegura González.
“Una Constitución de una entidad refleja su realidad, si sentir, sus valores, sus problemas, sus soluciones. Habrá que atender a lo que atienda la mayoría, porque hay una mayoría que es la que decide qué valores son los que se van a imprimir dentro de la Constitución”, argumenta.
Mario Vázquez, coordinador de la bancada panista, ha afirmado que la despenalización del aborto no está a discusión en la reforma constitucional y que el nuevo texto permanecerá como el actual artículo 5, que considera la protección jurídica de la vida desde la concepción, una disposición que data de 1994.
Vázquez no atendió a las diversas solicitudes de entrevista sobre el tema, realizadas a través del personal de comunicación social del Congreso.
El pasado 15 de marzo, la diputada panista presentó una iniciativa para incluir en la Constitución vigente la protección a la familia y el derecho a desarrollarla y conservarla. En el texto se refiere a familia como aquella formada por “hombre y mujer que optan por el matrimonio”.
De no incluirse derechos ya marcados en la Constitución federal, el Congreso de Chihuahua estaría faltando a su obligación, recuerda René Moreno.
“Una ley puede ir para adelante, no puede ir para atrás, esas discusiones estériles como si rechaza o no temas que ya están zanjados en la Suprema Corte. La interrupción del embarazo que no es un tema de blanco y negro, de existe o no existe, sino es un tema de ver cómo se va a regular, el mismo caso en el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo, en esos temas han sido omisos los congresos locales para adaptarse en temas de control constitucional pero ahí sí no pueden meter sus ideologías, el tema es que esas ideologías no pueden ir contra las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia, contra los tratados internacionales o contra la Constitución misma”, defiende Moreno.
Cuauhtémoc Estrada, coordinador de Morena, reconoce que habrá debate sobre algunos temas, aunque confía en la apertura para constituir un texto actualizado.
“Tenemos claro que nuestra agenda completa no va a entrar, solamente somos 10 diputados, pero también creemos que no debemos quedar fuera del proceso, debemos establecer cuáles son nuestras posibles metas en la reforma. Además, estamos con otras fuerzas políticas en el entendido de que hay cosas que tenemos que cambiar, de lo contrario no tiene sentido y la Constitución debe quedarse como está, la reforma no tiene sentido si no le vamos a mover ni una coma”, defiende.
El pasado 10 de marzo, Morena presentó una iniciativa para despenalizar el aborto, lo que enfrentó a ese grupo parlamentario con el PAN.
Además de este tema, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador buscará que se garantice un porcentaje de inversión pública en cada presupuesto y que se limite el gasto corriente, según adelantó Estrada.
Nueva Constitución para este año
Aunque formalmente el Congreso de Chihuahua busca una reforma integral y no un nuevo texto –que implicaría la formación de un Congreso Constituyente–, las fuerzas políticas han apostado por hacer una revisión completa de la Carta Magna, donde se modifique desde el articulado y el lenguaje hasta las modificaciones conceptuales de derechos y facultades de órdenes de gobierno.
Para que sean aprobados los cambios se requiere del aval de dos terceras partes de los diputados que forman el Congreso, además de la venia de al menos 20 Ayuntamientos que representen más de la mitad de la población del estado, según el artículo 202 constitucional.
De acuerdo con un cronograma circulado entre los diputados, hacia el 16 de mayo se presentará un primer proyecto de reforma a la Comisión Especial, para luego iniciar procesos de consulta y participación política. El 31 de agosto se elaboraría el proyecto de dictamen, a presentarse ante el pleno el 4 de octubre.
De acuerdo con los cálculos del cronograma, el 29 de marzo se publicaría en el Periódico Oficial del Estado el nuevo marco normativo chihuahuense, en el entendido de que con esos plazos no se entorpecería la discusión del paquete económico de 2023.
Al igual que Chihuahua, otras entidades del país han iniciado recientemente sus procesos para emitir nuevos textos constitucionales. En octubre de 2021, el Estado de México comenzó con este proceso, mientras que en febrero pasado fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el que manifestó su intención de cambiar la Constitución de esa entidad. En 2019, Jalisco anunció el inicio de los trabajos legislativos para el cambio constitucional.
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