La disputa por El Chamizal es una lucha entre el poder, la fuerza y los intereses mercantiles, de un lado, y la ciudadanía, el derecho y la memoria histórica del otro
Por Héctor Padilla
En la disputa por El Chamizal los actores involucrados presentan varios argumentos en favor o en contra del Centro de Exposiciones y Convenciones (CEyC), así como en la defensa del parque. De un lado, los impulsores del CEyE son los más importantes empresarios de la ciudad y los dirigentes de la mayoría de las cámaras empresariales, principalmente Coparmex.
Son un grupo minoritario perteneciente a la élite económica, que además de los recursos materiales tiene a su servicio a una parte de la clase política –políticos, funcionarios, comunicadores– que ha recibido favores y está comprometida a devolverlos o busca congraciarse para recibirlos más adelante en tiempos electorales. Tienen poder de picaporte ante las autoridades en turno y se ostentan como los únicos actores con facultad para decidir qué hacer en la ciudad o dictar a dónde dirigir la inversión y políticas públicas.
Se valen del término “desarrollo económico” desde hace décadas, para insistir que promueven la generación de empleos y atraen la inversión maquiladora, a la que rentan naves industriales y prestan servicios. El suyo es un discurso donde todo aquello que conviene a sus intereses se considera indiscutiblemente un beneficio para la ciudad. Un discurso que a fuerza de repetirse se hizo hegemónico. Se le presenta como una verdad incuestionada, a la que debe creerse solo porque se le menciona. Tal como ahora sucede en torno a El Chamizal.
Entre los supuestos beneficios de su proyecto, los representantes empresariales enfatizan casi como estribillo, que traerá empleos y desarrollo económico para la ciudad. Que la obra se ubicará en unos “hoyos” abandonados desde hace años que no pertenecen a El Chamizal, a los que nadie prestaba atención. Además, como respuesta a la oposición ciudadana, añaden que la obra beneficiará al parque Chamizal porque incluye la reforestación de áreas verdes y generará recursos para mejoras al parque. Pero no se les cree. Es un discurso desgastado por los hechos, por la dura realidad que vive esta ciudad desde hace años, con desigualdad, pobreza y violencia como parte de sus rasgos distintivos. Una realidad producida por un proyecto de ciudad mercantil, que asegura únicamente beneficios para el poder económico y reparte los costos entre la población.
En lugar de desarrollo económico –que además de crear empleos y atraer inversiones implica la distribución de la riqueza, la reducción de la desigualdad social y efectos multiplicadores que redundan en más altos niveles de vida de los trabajadores y una mejor calidad de vida de los habitantes–, la élite propició la conformación de una ciudad territorialmente fragmentada y dispersa, socialmente segregada y ambientalmente deteriorada y enferma. Ejemplos de la manera reduccionista con que ese grupo entiende el desarrollo económico son la destrucción del Pronaf y el abandono del centro histórico; el surgimiento de una enorme periferia en el suroriente de la ciudad creada por proyectos de vivienda formal pero mínima y precarizada; y el déficit de equipamientos públicos deportivos, culturales y de salud, así como de áreas verdes, que contrastan con la proliferación de plazas comerciales, tiendas de conveniencia y grandes malls.
En el marco de ese discurso, los promotores del CEyC impulsan una campaña mediática en la que recurren a la descalificación de los opositores a su proyecto. Los acusan de desinformar y mentir a la ciudadanía al señalar el riesgo de privatización y de que se afectará el patrimonio ecológico. Reducen al absurdo sus argumentos, al plantear que prefieren un hoyo de arena y en abandono a una magnífica obra de clase mundial. Omiten mencionar los riesgos sociales y ambientales que provocará esa obra: el desalojo de los habitantes de colonias aledañas, la apropiación de tierra urbana por las elites (que ya sucede en beneficio de los principales impulsores del CEyC) y la afectación drástica al medioambiente al pretender construir un lago y río artificial en ese sitio.
Eluden informar y transparentar las verdaderas dimensiones y costos financieros de su proyecto, que, de realizarse, con toda seguridad serán absorbidos por los gobiernos, es decir, pagados con dinero de la ciudadanía. Sobre todo, no explican cómo es que han ejercido los recursos del fideicomiso para la construcción de CEyC, ni cómo regresarán a la ciudad los recursos gastados hasta el momento. Sobre estos temas deben rendir cuentas.
Por otro lado, quienes defienden El Chamizal son grupos de la sociedad civil y ciudadanos congregados en torno al Frente en Defensa de El Chamizal (Fedech). La mayoría de ellos tienen experiencia en procesos de participación ciudadana desde hace décadas. Se formaron al calor de luchas reivindicativas en defensa del medio ambiente, por la política cultural y contra la violencia y militarización de la ciudad. No son improvisados, sino una parte de la sociedad civil que desde entonces defiende el derecho a la ciudad y la sustentabilidad en oposición al proyecto de ciudad hegemónico, empresarial y mercantil.
Señalan las irregularidades normativas y técnicas que durante décadas han provocado la deforestación y deterioro de la infraestructura de El Chamizal, la reducción y fragmentación de sus terrenos y la privatización de facto de una parte de ellos por medio de comodatos entregados al margen de la ley a intereses privados. En defensa del parque aducen razones ambientales, culturales e históricas.
El Chamizal es un área que incluye al antiguo cauce del río y desde su devolución está destinada a ser una reserva ecológica con usos culturales, deportivos y educativos. Es un territorio icónico de la identidad cultural de las y los juarenses y una conquista histórica en las relaciones de nuestro país con los Estados Unidos. Es también el principal espacio público de la ciudad a donde acuden miles de familias. Protegerlo y mejorarlo implica que se le reconozca su carácter de patrimonio nacional bajo la figura de parque nacional, área natural protegida o alguna otra que técnica y normativamente disponga la Semarnat.
En apariencia, se trata de una disputa con un evidente desequilibrio de poder. Una lucha entre un David ciudadano y un Goliat elitista, como se ha dicho. Pero es algo más. Es una lucha entre el poder, la fuerza y los intereses mercantiles, de un lado, y la ciudadanía, el derecho y la memoria histórica del otro. Una disputa donde por fortuna la ciudadanía no está sola. Encontró un aliado en la voz directa del presidente López Obrador, muy sensible a los temas vinculados a la historia y soberanía nacional implícitos en el Chamizal.
En el involucramiento directo de la Semarnat, organismo que en los últimos meses concluyó grandes proyectos de renovación ecológica y logró importantes victorias en favor de la justicia ambiental. Concretamente en San Luis Potosí, donde impidió que avanzara un macro-proyecto inmobiliario que amenazaba una reserva ecológica en la sierra de San Miguelito, que pretendía arrebatar a las comunidades que allí habitan. También en las expresiones de apoyo de parte de reconocidos personajes de la comunidad y de la vida cultural nacional, como Joaquín Cosío y Daniel Giménez Cacho entre otros, y en la declaración de la senadora Bertha Caraveo, quien promovió un punto de acuerdo en el Senado para solicitar a la Semarnat que se declarare a El Chamizal un área natural protegida.
Esperemos que, en la cruzada por la defensa de El Chamizal y en contra de las pretensiones ilegitimas del poder económico, el Gobierno Federal refrende su apoyo a la causa ciudadana e incline en definitiva la balanza en favor del derecho a la ciudad. De ser así, las generaciones futuras podrán disfrutar un parque público nacional, una reserva ecológica y un espacio cultural mucho más grande y robusto, del que seguramente estarán muy orgullosos, como antaño lo estuvieron las y los juarenses y mexicanos que fueron testigos de la devolución de ese territorio. Ya es tiempo de que en esta ciudad la ciudadanía sea tomada en cuenta y participe en la toma de las decisiones públicas que inciden en su presente y futuro.
