Migración

Vacunas, la otra frontera para los migrantes en México




abril 2, 2022

Menos del 5% de los migrantes detenidos en la frontera sur de México, en 2021, recibió alguna dosis contra la COVID-19. La tardanza de la oferta, la desconfianza en el proceso y la discrecionalidad con la que autoridades migratorias determinan las necesidades de vacunación influyen decisivamente. Esta es la historia del acceso a la vacuna de los migrantes varados en el sur de México, por donde transitan medio millón de extranjeros anualmente.

Por Ángeles Mariscal y Andrés Domínguez / Otras Miradas

Chiapas- Multitudes de migrantes se aglomeran todos los días fuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y de los parques de Tapachula, ciudad donde quedan varados al entrar a este país en su ruta hacia Estados Unidos. 

Afuera de las oficinas del INM, en medio de la calle, un par de jóvenes con un chaleco que dice “Brigada COVID”, camina entre la multitud de personas migrantes, bajo el sol y una temperatura de más de 30 grados centígrados. Ofrecen toallas sanitarias, cepillos dentales, y “detectan” si hay personas que tengan algún malestar físico relacionado con el COVID-19. Cuando encuentran a alguien enfermo, el protocolo, explican, es pedirle sus datos y remitirlo a una ambulancia estacionada metros adelante. 

El lugar es una Babel de idiomas y de colores de piel donde los brigadistas sanitarios, también migrantes, pasan desapercibidos. Pocos, muy pocos se acercan a ellos. La prioridad de los que ahí se aglomeran es otra: no perder su lugar en las largas filas en las que tienen que esperar antes de iniciar el trámite migratorio que impida su deportación, algo que, en algunos casos, puede dilatarse más de un año. 

Solo en 2021, el gobierno mexicano detuvo a 307, 679 migrantes que entraron de manera irregular a México. Los que no fueron detectados y llegaron a la frontera norte de este país, son tres veces más.  

La crisis económica mundial que dejó la pandemia multiplicó también la migración. El INM reporta que en Tapachula, actualmente, hay migrantes que vienen de 20 países de África, Asia, América, El Caribe y, recientemente, se han unido otros de Europa del Este, incluido  Rusia. Tapachula no solo es una Babel, sino una “ciudad prisión” donde las autoridades mexicanas impusieron, a golpe de retenes militarizados, un embudo que pretende contener la migración para que no llegue a la frontera norte.

Ilustración: Leo Pacas

La contención migratoria obliga a la población migrante a permanecer en Tapachula, en donde aseguran no hay atención a la salud y medidas suficientes para prevenir contagios por COVID-19/Ángeles Mariscal

Las vacunas que llegaron tarde

El 9 de septiembre de 2020, Jules Junio, de 33 años de edad, migrante originario de Haití, murió en el interior de la habitación que rentaba en la ciudad de Tapachula, luego de presentar síntomas relacionados con el virus SARS-Cov-2.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, el cuerpo de Jules Junio se encontraba tendido en el piso que le servía como cama. Llevaba algunos días con fiebre y dolor de cabeza, lo que a sus compañeros de dormitorio les hacía suponer que estaba enfermo de COVID. Al morir, el cuerpo de Jules se encontraba en el piso sobre una cobija, tenía la cabeza envuelta en una playera. 

Sus connacionales, que compartían el dormitorio, avisaron a las autoridades a fin de pedir auxilio para levantar el cuerpo. Esperaron durante casi 12 horas sin obtener respuesta, por lo que decidieron sacarlo a la calle para reclamar atención urgente.

El presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus, de origen haitiano, denunció que Jules era el segundo haitiano muerto con síntomas de COVID-19, en “abandono y falta de atención médica”.

Tres meses después de estas muertes, en diciembre de 2020, el gobierno mexicano inició la vacunación a la población del país, pero fue hasta el 20 de septiembre de 2021, un año después de la muerte de Jules, cuando extendió la vacunación antiCOVID a toda la población migrante. 

El gobierno informó en un comunicado oficial que ese primer día de vacunación, en cuya organización participaron uniformados del cuerpo militarizado Guardia Nacional para vigilar el lugar,  se aplicó una dosis de la marca CanSino- a 23 mujeres y 76 hombres provenientes de Cuba, Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Haití. Todos estaban detenidos en la Estación Migratoria Siglo XXI, la más grande del país, diseñada para albergar a 800 personas, pero que en tiempos de mayor contención migratoria, ha tenido en su interior a más de 2,000 extranjeros.

Identificación y “criterio” del INM

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), organismo encargado del proceso de vacunación antiCOVID en México, informó que, para febrero de 2022, había aplicado 17,907 primeras dosis a migrantes de Haití, Honduras y El Salvador; el esquema de dos dosis solo a 10,750, es decir, solo el 5% de la población migrante detectada por el gobierno en su entrada por el sur de México. 

Saúl Madrid Tovilla, coordinador médico del programa “IMSS Bienestar” en el estado de Chiapas, explicó en entrevista para este reportaje la aparente accesibilidad para vacunarse. La población migrante puede solicitar su vacuna antiCOVID en cuatro módulos asignados para su atención específica, el principal en el interior de la Estación Migratoria Siglo XXI.

Los otros tres están en el albergue El Buen Pastor, ubicado en Tapachula; en la estación migratoria conocida como La Mosca, en la capital de Chiapas, a donde también son llevados luego de ser detenidos; y en Palenque, en la comunidad Pakal Ná. 

En teoría, el personal sanitario del INM debería ofertar la vacuna, pero según Madrid Tovilla: “Depende del criterio del INM solicitar la vacunación, depende de qué tan seguro sea al personal de salud acudir. Si no hay solicitud, no se puede acudir a menos que el INM lo autorice”.

Para este reportaje se solicitó al INM, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, las estadísticas de las personas migrantes que recibieron alguna vacuna antiCOVID en sus instalaciones y los requisitos para este proceso. El organismo respondió que “no es de su competencia” este asunto.

Son casi las 5 de la tarde y a través de la bardas que rodean la estación Migratoria Siglo XXI se escucha un bullicio voces y algunos cantos de las personas afrodescendientes que componen ahora el segundo flujo migratorio más grande en México. 

La instalación está rodeada por muros de casi cuatro metros de altura, pero por una ladera que colinda con sus patios traseros. Se puede observar, a lo lejos, a cientos de migrantes en una gran explanada. Algunos están acostados en colchonetas, otros caminan, algunos más se bañan con agua que llevan en cubetas; la única separación en ese bullicio visible es una barda intermedia que divide a hombres y mujeres. 

Oscar Pérez recorrió 2,954 kilómetros para llegar a la ciudad de Tapachula, México. Arribó a este país el 7 de febrero, en compañía de su esposa y dos niñas de siete y ocho años de edad. Entró por una de las rutas que utilizan quienes no desean registrar su estancia ante las autoridades migratorias, pero kilómetros adentro fueron detenidos y remitidos a la Estación Migratoria Siglo XXI.

Tres semanas después, cuando inició un proceso para solicitar una visa humanitaria, fue liberado con la condición de que no podría salir de la ciudad de Tapachula. Entrevistado al salir en compañía de su familia, declaró: “Están actuando muy mal, están haciendo las cosas muy mal. No nos prestan atención en Siglo XXI, nos tratan mal (…) Hay 1,200 personas ahorita (dentro de la estación)”.

– ¿Hay medidas para prevenir contagios de COVID? 

–  Sí hay medidas sanitarias; pero no hay medidas de precaución contra el COVID ni nada de eso. Allá no es obligatorio usar tapaboca ni nada por el estilo. Mira, cargo gripe, de verdad cargo gripe que se me pegó allá. Llegó un muchacho enfermo y nos contagió a todos porque nos dan un botellón de agua y qué pasa, que ese botellón de agua ahí lo andan como Pedro por su casa”.  

– ¿Adentro les ofrecieron vacunarse?

– No, nada de eso.

– ¿Quisieras vacunarte contra el COVID?

–  Sí, sí. Pero ahora yo traigo prisa, ¿sabe?, porque necesito encontrar un lugar donde dormir con mi familia–, dice antes de empezar a caminar, mientras sus dos hijas y su esposa lo seguían.

Otra opción para ser vacunados es acudir a uno de los módulos itinerantes. Para acceder, se les pide una identificación, llenar una solicitud, y que tengan un número telefónico para ser contactados en los periodos que se abran los módulos de vacunación. Si no tienen ninguna identificación, deben llenar un formulario con sus datos, para abrirles un registro de identidad.

Sólo el 5% de la población migrante ha recibido alguna vacuna antiCOVID /Ángeles Mariscal

El miedo a dejar sus datos

“Vacunación sí ha habido, después de muchos, muchos empujes, mucho cuestionamiento por parte de diversas organizaciones; porque claro, estamos en una pandemia, no puedes dejar a nadie fuera del cuidado de la salud. Y sin embargo, creo que llegó muy tarde el proceso de vacunación para las personas migrantes”, sostiene Yamel Athié, psicóloga y defensora de los derechos de las personas migrantes en la ciudad de Tapachula.

A esa demora se sumó después la normatividad que obliga a las personas migrantes que desean recibir una vacuna a dejar sus datos en manos de autoridades de las que desconfían. El miedo a la deportación siempre está presente.

“El migrante en general tienen mucha desconfianza en cualquier tipo de proceso que tenga que ver con el gobierno, esa es una razón por la cual muchos deciden no vacunarse, por miedo a que su nombre, sus datos, terminen en un espacio que no corresponda al de la vacunación”, explica Atihé en entrevista.

La niñez migrante y su familia se expone cada día los contagios por COVID-19, que han disminuido sin detenerse/Ángeles Mariscal

A esto se sumó la presencia de militares de la Guardia Nacional en los centros de vacunación, uniformados que, para la población migrante, representan uno de los principales obstáculos que les impide avanzar en su camino. 

Entre quienes decidieron vacunarse, uno de cada diez fue inoculado con el biológico de marca CanSino, de fabricación china, que no está reconocido en varios países, entre ellos Estados Unidos, a donde los migrantes que pasan por México desean llegar.

“Muchos tampoco se vacunaron por desconfianza a la calidad de la vacuna y porque, si querían seguir su camino a Estados Unidos, tenían que esperar a una vacuna que fuera válida en su destino”, detalla la psicóloga.

Las estadísticas del IMSS también indican que únicamente 6 de cada 10 migrantes inoculados se aplicaron las dos dosis necesarias para completar el esquema de vacunación. El resto, un 40%, siguió su viaje sin la pauta de inmunización completa.

Migrantes han sorteado los efectos de la pandemia por el COVID-19, y transitan en la ciudad de Tapachula, frontera sur de México, donde el gobierno asegura que pueden vacunarse, pero les pide trámites y documentación que les genera desconfianza/Ángeles Mariscal

“No estamos enfermos”

Desde el inicio de la pandemia, el INM argumentó en diversos comunicados de prensa que los operativos de detención de migrantes eran para evitar eventuales episodios de propagación de la pandemia. El 1 de octubre de 2020, las autoridades advirtieron que quien entrara enfermo al país sería encarcelado.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova acusó a esta institución de discriminación, interpuso un recurso legal para exigir al INM que se abstuviera de relacionar la propagación de los contagios con la entrada de migrantes. Fue hasta el 12 de enero de este año que un juzgado federal exigió al organismo retirar sus comunicados.

Para entonces, muchas personas migrantes evitaban ser relacionadas con los contagios, negaban estar enfermas, y argumentaban que, en sus países de origen, o en los de paso, ya habían sido vacunadas. 

“Algunos se han vacunado, pero si alguno de nosotros estuviera enfermo, ya nos hubiéramos enfermado todos”, señala Irineo Mujica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, quienes realizan manifestaciones y protestas desde el mes de enero en la ciudad de Tapachula, para exigir al gobierno mexicano que les permita continuar su ruta rumbo a Estados Unidos. 

“En el paso (hacía México) recibimos dos vacunas”, señala Dania, una inmigrante de unos 40 años de edad, que acompaña las protestas que todos los días, desde finales de enero, salen del parque ubicado en el centro de Tapachula, hacia las distintas oficinas de atención a la población migrante. 

Pocos traen cubreboca, el calor intenso, la humedad que genera la vegetación tropical de la región más las largas caminatas por la ciudad hacen casi imposible respirar a través de la tela. Mientras camina, otra mujer migrante asegura que fue en Perú donde la vacunaron. “Desde que yo me puse la vacuna, gracias a Dios, he estado bien”, añade una tercera mujer que va con dos hijas. En la ruta migratoria se ha incrementado el número de mujeres que transitan con sus hijos e hijas por única compañía.

Henry Martínez señala mientras se seca el sudor del rostro: “si tuviera la oportunidad de vacunarme, sería mejor, yo tengo las dos vacunas, pero me hace falta la tercera y si la ponen, mejor para nosotros, tendría confianza en que no nos enfermemos con el COVID-19”.

Migrantes trabajan de manera temporal en la Secretaría de Salud, en brigadas que buscan contener la pandemia/Ángeles Mariscal

Daniel y Michel son dos brigadistas de salud del equipo antiCOVID que contrató el gobierno mexicano para recorrer los lugares donde se reúne y manifiesta la población migrante en Tapachula. Daniel es nicaragüense y estudió hasta 4º año de Veterinaria, Michel es médico titulado en Cuba. Ellos explican que fueron contratados en la brigadas por su perfil profesional relacionado con estudios de la salud.

Aseguran que son un grupo de 10 brigadistas sanitarios que buscan detectar personas migrantes con síntomas de COVID, una labor casi titánica si consideramos que Tapachula es el principal punto de concentración de los cientos de miles que entran a México por la frontera sur.

En sus monitoreos, explica Daniel mientras se refugia del sol debajo de un árbol en la calle que da a las oficinas administrativas del INM, han detectado menos de una docena de migrantes con síntomas de COVID, y que, prácticamente, ninguna persona ha manifestado el deseo de querer recibir la vacuna.

Sin embargo, entre la población migrante se palpa otra realidad.  Henry Martínez explica que, a inicios de febrero pasado, una mujer migrante que se encontraba en un plantón en el parque central de Tapachula, enfermó de COVID allí mismo. “La atendieron en un ambulancia, pero no se más de ella. Ella estaba enferma, la tuvieron con oxígeno y todo”, relata.

Sobreviviendo al virus

Cada día salen a las calles y acuden a las oficinas migratorias esperando agilizar los trámites que les permitan seguir su camino al norte del país/Ángeles Mariscal

En el parque central de Tapachula, el principal lugar de reunión de miles de migrantes, uno de ellos recorre la plaza cargando un canasto en el que lleva decenas de botellas de plástico que, en su interior, tienen una mezcla de de hierbas, mismas que, asegura, sirven para aliviar los síntomas que dejan los contagios de la pandemia.   

“Le puedes colocar algún licor, o miel, y si tienes tos o fiebre, las vas tomando a sorbos”, detalla mientras, a su alrededor, se extienden improvisadas casas de campaña fabricadas con plásticos, en cuyo interior se resguardan algunos migrantes. Vendedores de comida, de ropa, de agua y otros objetos, van ofreciendo su mercancia. Este lugar ya se convirtió en su refugio y lugar de reunión.

El gobierno mexicano no tiene una cifra de la población migrante que se ha contagiado o fallecido a consecuencia del virus. El certificado de muerte de Jules Junio dice que la causa fue un paro cardiaco. “Para poder comprobar que el paro cardiaco se dio como consecuencia del contagio, se tuvo que hacer una prueba COVID, y esa ni a los mexicanos se las han hecho. Hay un subregistro de las muertes y los contagios”, explica un funcionario del Servicio Médico Forense de Tapachula, que pide no se le identifique. 

Añade que, aún pese al subregistro, la muerte de personas migrantes a consecuencia del virus, “es mínima”. Según su perspectiva, “quizá por las condiciones de hacinamiento y pobreza en la que viven, han generado muchos anticuerpos a las enfermedades”.

Yamel Atihé coincide con esa visión: “La pandemia, si bien llegó a los hogares migrantes, no pegó con la intensidad que hubiéramos esperado. Yo pensé que íbamos a ver a las personas caer en las puertas o en las calles de Tapachula (…) pero el migrante es muy fuerte”.

“Creo que sí tuvieron síntomas” añade Atihé, “muchos de ellos se los aguantan y se han pasado el confinamiento con o sin síntomas, tomando remedios naturales de tés y hierbas”.  

Desde finales de febrero, cientos de migrantes de países africanos empezaron a llegar a Tapachula, para sumarse a esta Babel migrante donde la vacunación antiCOVID para este sector poblacional no es una prioridad en la política pública del gobierno mexicano.

Tampoco existen datos ni evidencias que expliquen estas observaciones. Para que los hubiera, la población migrante tendría que ser atendida con todas las garantías y con los ajustes necesarios a su condición particular. De momento, el derecho a la salud y la vida parece seguir teniendo nacionalidad y frontera.

***

*Este reportaje forma parte del especial Los que no se vacunan en Centroamérica y México, impulsado por medios integrantes de la alianza Otras Miradas. Participan en el especial: Agencia OcoteChiapas ParaleloRadio ProgresoLa Voz de GuanacasteGato Encerrado y Divergentes.

*La Verdad lo retoma gracias a la Alianza de Medios de la cual forma parte Chiapas Paralelo.

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