Extorsiones, secuestro, revisiones arbitrarias y robo son los principales delitos que se cometieron contra las personas migrantes en el 2021, un 22 por ciento de las agresiones documentadas en Ciudad Juárez por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ocurrieron dentro de los espacios de acogida
Por Verónica Martínez / La Verdad
Ciudad Juárez –Desplazados por la violencia en sus lugares de origen, miles de personas llegan desde países de Centroamérica y estados del sur de México a esta comunidad fronteriza; sin embargo, al llegar aquí y permanecer a la espera para cruzar a Estados Unidos muchos de ellos son víctimas de grupos criminales que han irrumpido hasta en los espacios humanitarios.
Las extorsiones, secuestro, revisiones arbitrarias y robo son los principales delitos que se cometieron contra las personas migrantes en el 2021, reportó el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) al en el Diagnóstico de Necesidades de Acompañamiento en Ciudad Juárez.
El 22 por ciento de las agresiones ocurren dentro de los albergues para migrantes, se señaló en el informe que recopila más de 30 entrevistas a personas que colaboran en albergues, organizaciones, organismos internacionales e instituciones de gobierno relacionadas a la atención de migrantes.
En el diagnóstico también se señala a autoridades de gobierno como la policía municipal como principales agresores además de integrantes del crimen organizado, coyotes y guías migratorios.
La situación de violencia generalizada y control del crimen organizado ha estado presente en el contexto migratorio en Ciudad Juárez. Aunque tal problemática no se comenta o denuncia ante las autoridades por miedo a repercusiones e investigaciones que no prosperan, señalaron entrevistados.
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En noviembre del 2020, varios individuos portando armas irrumpieron en un albergue ubicado en el sur poniente de la ciudad y asaltaron a las personas que se alojaban en el espacio.
Además de robarles dinero y celulares, los agresores que fueron identificados como policías municipales golpearon a dos personas, detalló el director del albergue que por temor a represalias pidió no ser identificado ni mencionar el nombre del refugio.
El hombre afirma que presentó una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado, además notificó al Consejo Estatal de Población, autoridad estatal que coordina los esfuerzos humanitarios de atención a migrantes en Ciudad Juárez.
El evento fue traumático para las personas alojadas en el albergue y se requirió atención médica y psicológica, dijo el director.
“La mayoría de ellos vienen huyendo de violencia y encuentran experiencias como esta y se asustan”, dijo el director, quien asegura que a raíz de este evento algunas personas del albergue decidieron partir de la ciudad e intentar cruzar de manera irregular.
“Pocos lograron llegar a sus destinos en Estados Unidos y supe de algunos que los deportaron a sus países de origen como El Salvador y Honduras”.
Como medidas de seguridad, el director del albergue reforzó el portón que da entrada a las instalaciones. Aún así, el lugar mantiene una política de “puertas abiertas” ya que la gran mayoría de las personas que se alojan trabajan, pero han limitado las entradas y salidas del espacio humanitario, al establecer que solo los directivos y un encargado abran cuando tocan la puerta.
A pesar de haber presentado una denuncia a diversas autoridades, el director del albergue decidió no continuar con el proceso por temor a represalias.
“No vamos a recuperar lo que se robaron y podemos ser afectados. Yo vi más por la seguridad de (los migrantes) que por el dinero que se llevaron”, mencionó.
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Un caso más reciente ocurrió a finales de marzo, en un albergue donde se da refugio a migrantes de varias nacionalidades, en el norte de Ciudad Juárez, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
La noche del 28 de marzo, dos personas de sexo masculino ingresaron al domicilio portando armas de fuego.
En el reporte de la SSPE se detalló que los dos individuos eran seguidos por agentes de policía municipal. El encargado mencionó que al salir al exterior del albergue se encontraron “unas armas largas”, por lo cual se comunicaron al 911.
Para la mañana del 29 de marzo, elementos de la SSPE se trasladó al domicilio y aseguro un arma de fuego tipo pistola que quedó a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la Republica.
El director del albergue, que no respondió a solicitudes de entrevista con La Verdad, reportó el evento a la COESPO, dijo Enrique Valenzuela, coordinador de la autoridad estatal.
“Hemos tomado razón de todos los eventos y nos hemos cerciorado de que también tome razón la autoridad que corresponde”, dijo el funcionario.
“No obstante nos preocupa qué quienes operan estos espacios, los directores y coordinadores, y las personas que ahí están puedan estar a salvo. Es por eso que todos los esfuerzos para mejorar la seguridad de esos espacios son bienvenidos”.
En por lo menos cinco espacios humanitarios en esta frontera se han dado casos en los que individuos ajenos a los albergues han irrumpido violentamente amenazando y asaltando a las personas que ahí se alojan, mencionó Rosa Mani, representante de la red Somos Uno por Juárez.
“Ha habido varios eventos. Se podría pensar que solo porque somos comunidades de fe pasa esto, pero es en general. En todos los espacios humanitarios de la ciudad estamos en riesgo”, dijo Mani.
Agentes de seguridad pública comúnmente realizan monitoreos por los espacios de acogida, explicó Mani, pero asegura que estas estrategias no les brinda algún tipo de protección.
“La necesidad de la seguridad es primordial, pero nadie está exento”, dijo Mani. “No solo son los espacios para migrantes, también nuestra comunidad (juarense) está en la misma situación.”
La seguridad que se tiene en los albergues es básica, dijo Santiago González Reyes, director de la oficina de Derechos Humanos del Municipio. Mientras el albergue municipal ubicado en el Gimnasio Municipal ‘Kiki’ Romero cuenta con agentes de la policía municipal y el albergue federal es resguardado por agentes de la Guarda Nacional, los otros espacios autogestivos no cuentan con algún tipo de protección.
Actualmente en la ciudad hay 23 espacios de acogida, reportó la oficina local de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De ellos, 15 están agrupados a la Red Somos Uno por Juárez, para fortalecer su trabajo y ofrecer mejores condiciones para las personas en movilidad que arriban a esta comunidad fronteriza.
Vulnerabilidad e impunidad
Las personas en situación de migración comúnmente se enfrentan a la impunidad, se explicó en el informe del Servicio Jesuita a Migrantes, debido a la falta de denuncias, ya sea por temor o falta de interés por parte de las víctimas.
Interponer una denuncia requiere tiempo y recursos económicos para acudir a las instituciones. Cuando si se llega a presentar, el avance es poco ya que es muy difícil señalar a responsables y las fiscalías no pueden darles seguimiento a los casos. El informe también señala que no existen los registros ni las estadísticas necesarias para hacer un seguimiento.
También se complica la continuidad de los casos por la misma movilidad de las personas migrantes ya que no cuentan con un domicilio físico y es difícil contactarlos o porque no pueden acudir a las instituciones, dijo González.
Las personas migrantes tienen una “vulnerabilidad acumulada”, en el que se juntan contextos de pobreza y se acentúa si son mujeres, posiblemente víctimas de violencia de género, así como la dificultad de viajar con niños y niñas o ser discriminado por ser indígena, explicó el director de unos de los albergues donde se registró una irrupción.
“El no saber a dónde acudir, no tener las redes de apoyo, está la estigmatización institucional, el temor de acercarte a alguna autoridad que te pida documentos, que te cuestión o el temor de no tener una situación regular, afirma. “Todo esto genera la vulnerabilidad”.
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