Aún hay un largo camino por recorrer en el tema de los derechos sexuales y reproductivos en México. Por el derecho a decidir de todas las mujeres
Por María Teresa Juárez
Twitter: @tuyteresa
Hace 50 años, mujeres de diversos sectores tomaban anticoncepción de emergencia usando dosis más altas de sus anticonceptivos habituales. Era un secreto a voces, nuestras antecesoras usaban este recurso antes de que la anticoncepción de emergencia fuera incluida en los programas de salud sexual y reproductiva de nuestro país y en la región.
Antes de la difusión masiva de métodos anticonceptivos y las políticas públicas de control natal, mujeres de todo el mundo recurrían -y aún lo hacen- a diversos procedimientos para evitar embarazos y cuando estos no funcionaban, abortaban muchas veces, en condiciones de riesgo.
Un tema de justicia social
El aborto es un tema de justicia social. Antes de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, mujeres con recursos han accedido a este servicio bajo condiciones seguras, otras han muerto por abortos mal practicados, en condiciones de riesgo, extorsión e inseguridad.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se practican 25 millones de abortos inseguros y cerca de 22 mil mujeres mueren por esta causa. Organismos internacionales y voces expertas aseguran que prohibir el aborto no lo impide, solo hace que sea más inseguro.
Durante mis primeros años como reportera entrevisté a mujeres que accedieron a un aborto seguro en hospitales y clínicas privadas. En contraste entrevisté a mujeres que recurrían a opciones riesgosas para practicarse un aborto en casa, o bien acudir a lugares clandestinos, lo que elevaba el costo del procedimiento y en algunas ocasiones implicó también poner en riesgo su vida.
Luego de varias décadas; mujeres organizadas, expertas/os en educación sexual, feministas, algunas expresiones del sector académico, profesionales en el ámbito de las políticas públicas y algunos actores clave en el sector salud hicieron posible el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas, en la Ciudad de México.
En el marco de la ILE -Interrupción legal del embarazo-, del 2007 al 2022, se han realizado 247 mil procedimientos y hasta el momento no ha habido ninguna muerte asociada a este procedimiento.
77 por ciento de las mujeres solicitaron la interrupción de un embarazo antes de las ocho semanas de gestación y 78 por ciento de los procedimientos se realizaron de forma ambulatoria.
Entre los datos más relevantes destaca que el 78.8 por ciento de los procedimientos de ILE se realizaron con medicamentos; 68.8 por ciento de las usuarias reside en la Ciudad de México y el 31.1 por ciento en otras entidades federativas.
Durante el foro de análisis en el marco de los XV años de la ILE en la Ciudad de México, Alanna Armitage, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, fue enfática al asegurar que: Criminalizar el aborto no evita que las mujeres suspendan su embarazo, solo logra poner en riesgo la salud y la vida de las mujeres.
Algunos datos de contexto
El 28 de agosto del año 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la constitucionalidad de la ILE.
En diciembre del año 2021 se integra como componente el aborto seguro al programa Federal de Salud Sexual y Reproductiva del Centro Nacional de Equidad y Género.
En este mismo periodo se despenaliza el aborto en Colima, Hidalgo, Veracruz, Coahuila y Baja California.
Datos del informe más reciente de la organización Ipas –organización internacional sin fines de lucro que trabaja en 17 países de 4 continentes para extender el acceso al aborto seguro y acabar con los procedimientos inseguros de aborto– sobre la ILE en la Ciudad de México revelan que no existen efectos negativos en las mujeres tras abortar por libre decisión de manera segura y confidencial.
Educación sexual integral: un tema urgente
Si bien es cierto que el Artículo Cuarto constitucional reconoce el derecho a decidir en el número y espaciamiento de los hijos, aún hay un largo camino por recorrer en el tema de los derechos sexuales y reproductivos en México.
Se requieren políticas públicas que hagan posible el acceso a métodos anticonceptivos, una cobertura amplia, sin restricciones, no solo para personas que viven pareja, también a menores de edad que hayan iniciado su vida sexual y otros sectores sociales como las personas con discapacidad, personas solteras, etcétera.
También es urgente que un país laico como el nuestro asegure educación sexual integral para toda la población, no solo en entornos escolarizados. Urge un marco de promoción de la salud sexual y reproductiva dirigido a poblaciones diversas: migrantes, jóvenes, personas mayores, comunidades indígenas y afrodescendientes, etcétera.
Esto incluye la reactivación de las políticas públicas para la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como una amplia difusión de recursos como la NOM-046 relativa a la atención a la Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, como indica en el artículo
Requerimos políticas públicas y un mayor presupuesto para la salud sexual y reproductiva que tome en cuenta la diversidad cultural y lingüística de este país, así como la generación de campañas temáticas dirigidas a diversos sectores y educación sexual integral.
Por el derecho a decidir de todas las mujeres.
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María Teresa Juárez. Guionista, reportera, radialista. Cubre temas culturales, sexualidad, salud, género y memoria histórica. En sus ratos libres explora el mundo gastronómico y literario. Cofundadora de Periodistas de a Pie
