Opacidad: la palabra clave en los recursos otorgados para las personas con discapacidad en Nuevo León. En los presupuestos de 2018 y 2019, durante el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, fueron asignados 10 millones de pesos para la atención de personas con discapacidad pero no ese sabe en qué se usó ese dinero
Por Reyes Ramiro Gamez Barboza / Border Hub
Durante todo su gobierno, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, sólo destinó a personas con discapacidad en el estado el equivalente a 45 pesos de presupuesto por cada uno de los 220 mil 206 neoleoneses en esa condición. A pesar de lo bajo del recurso, es un fondo que “desapareció” de los registros públicos de Nuevo León.
Diputados de diferentes legislaturas del Congreso asignaron de manera extraordinaria al Presupuesto de Egresos de 2018 y 2019 un total de 10 millones de pesos, cinco millones en cada año, para la población con discapacidad en el estado, pero en los informes de gobierno de la administración anterior no se detalla nada al respecto y después de realizar más de una decena de solicitudes de información para intentar ubicar este dinero, la Secretaría de Desarrollo Social (que en el gobierno actual se llama Secretaría de Igualdad e Inclusión), aseguró que los cinco millones que se autorizaron en 2018 fueron transferidos a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) mediante la Convocatoria para la Atención de Personas con Discapacidad. ¿Para qué proyectos se ocupó este dinero? ¿Cuánto se gastó en cada uno?, nadie lo sabe con claridad.
En 2019 se llevaron a cabo dos proyectos: el Congreso “Incluir para Innovar” y la campaña de difusión “Las Diferencias nos Unen”, la cual tuvo como objetivo sensibilizar el trato digno hacia las personas con discapacidad. Ambos, supuestamente, fueron parte del destino final de estos recursos, así lo explicó Patricia Martínez Lozano, quien desde 2016 fue designada por el exgobernador Rodríguez Calderón como presidenta del Consejo para las Personas con Discapacidad.
Pero esto no concuerda con lo que la Secretaría de Igualdad e Inclusión contestó vía transparencia, ya que en el documento oficial se menciona que el contenido en medios para la campaña “Las Diferencias nos Unen”, fue hecho por una empresa: Veinte Cero Nueve, S.A.P.I de Capital Variable, y no se hace referencia alguna a una participación en conjunto con ninguna OSC. Las autoridades responsables no han entregado, a solicitud para este reportaje, ningún documento que avale si el dinero lo recibieron las OSC o empresas privadas.
Además, el sitio de internet http://lasdiferenciasnosunen.com, el cual forma parte de esta campaña, se encuentra inactivo, al parecer desde mediados de 2020.
Sobre el Congreso “Incluir para Innovar”, realizado en septiembre de 2019, la dependencia informó que los gastos que se reportaron correspondían a sueldos y honorarios de la Fundación para Unir y Dar, A.C. Esta organización tuvo que actuar como representante de la Red de Discapacidad N.L., la cual está conformada por siete organizaciones de la sociedad civil del estado, pero que carece de uno de los requisitos esenciales para participar en las convocatorias del gobierno: no aparece en el directorio de las OSC registradas ante la Secretaría.
Al cuestionar a Martínez Lozano si el Consejo tiene la información de los montos ejercidos por las OSC en el 2018, aseguró que la Secretaría de Desarrollo Social fue la que dirigió y vigiló todo el proceso, pero el organismo no entregó el detalle de estos datos.
Los otros cinco millones de pesos que autorizaron los miembros de la LXXV Legislatura en 2019 tampoco fueron auditados en su momento. Ese monto tenía que ser asignado al Comité Técnico de Personas con Discapacidad, de acuerdo con la información publicada en la Iniciativa de Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el ejercicio fiscal 2019, pero la Secretaría de Igualdad e Inclusión informó que al no contar con una persona jurídica ni cuenta bancaria, este recurso no se asignó. Es decir, el dinero nunca llegó al Comité.
Y aunque la Secretaría de Finanzas y Tesorería señaló en diferentes peticiones de transparencia que tampoco tuvieron ese recurso que fue designado por el Poder Legislativo, en el reporte trimestral julio-septiembre 2019 de las actividades del Comité está marcada la petición para activar la recepción de este presupuesto asignado.
Se solicitó vía transparencia un testigo de que estos recursos fueron devueltos al Presupuesto, pero hasta el momento no se tiene respuesta.
La aprobación de estos millones de pesos carece de planeación, ya que en Nuevo León ni siquiera se conoce con exactitud a cuántas personas con discapacidad se beneficia con algún programa. La información y estadística a nivel estatal es inexistente. Hasta ahora el único documento que brinda datos sobre las personas con discapacidad de la entidad es el Censo 2020 del Inegi.
Es necesario que antes de solicitar presupuestos se tenga claro a quién se va a apoyar a través de diferentes programas, y esto es obligación del gobierno estatal y las autoridades municipales, aseguró el diputado Fernando Adame Doria, quien también ha sido alcalde en dos ocasiones, y reconoce la importancia de que la autoridad sea transparente con los recursos que recibe para la atención de grupos vulnerables.
Un ejemplo de la poca planificación del uso del dinero es el programa federal “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad”, el cual deja fuera a todos los neoleoneses con discapacidad de 30 a 64 años, la razón de esto es porque desde 2019 las Reglas de Operación del programa federal no consideraba a estos adultos con discapacidad, además de que en el gobierno de Rodriguez Calderón eliminaron el programa estatal que les otorgaba un apoyo de 700 pesos mensual. Y, aunque la actual administración estatal planea darles un apoyo, nadie sabe en realidad cuántos son, explicó Adame Doria.
Versiones diferentes y presupuesto sin fiscalización
A pesar de que los 5 millones de pesos que el Congreso autorizó en 2018 podían haber servido para diversos programas dirigidos a las personas con discapacidad, la Secretaría de Igualdad e Inclusión decidió otorgárselos a una sola organización: la Fundación para Unir y Dar, A.C., una OSC que se dedica a administrar fondos filantrópicos, pero que entró en colaboración con la Red de Discapacidad N.L. para que desarrollaran una “Campaña de sensibilización, respeto e inclusión hacia las personas con discapacidad”, de acuerdo con una respuesta a una solicitud de información hecha a la misma Secretaría.
La Fundación Unir y Dar, A.C. tiene un largo historial en el manejo de recursos filantrópicos dirigidos a las OSC, desde 2012 ha manejado temas de salud, educación y otras causas, pero fue hasta 2018 que, por primera vez, presentó un proyecto en el tema de discapacidad. Y el recurso público que recibió por parte de la entonces Secretaría de Desarrollo Social estatal fue debido a que la Red de Discapacidad N.L. no cuenta con ninguna figura moral.
Este monto millonario fue utilizado para realizar un congreso de sensibilización, campaña de dignificación, cubrir los sueldos del equipo coordinador, realizar gestiones administrativas, equipo y materiales de oficina, consultores externos y materiales impresos, según consta en el documento entregado vía transparencia por la Secretaría de Igualdad e Inclusión. A pesar de que se solicitó el desglose de estos gastos, las autoridades correspondientes solo enviaron un listado y no costo por costo.
Se estableció contacto con la Fundación para Unir y Dar, A.C. para solicitarles más información sobre este proyecto en específico y se comprometieron a enviarla, pero hasta la publicación de este reportaje no se ha recibido nada. También se les solicitó una entrevista con alguno de sus directivos, pero no respondieron.
Crédito de la foto: Facebook https://www.facebook.com/ConsejoCiudadanoPCDnl
La información que hay en su portal de internet y que hace referencia a este congreso no señala en ningún lado que fue un evento realizado con recursos públicos, tampoco indica el número de asistentes al evento, el cual se llevó a cabo en un salón de un hotel del centro de Monterrey, y tampoco hay detalles sobre los conferencistas que participaron.
En su momento, la presidenta del Consejo, uno de los organismos más importantes para velar por los derechos de la población con discapacidad, aseguró que ese monto de 5 millones había sido utilizado para fortalecer el presupuesto de la convocatoria de apoyos a las organizaciones, pero en realidad solo fue ejercido en un único proyecto.
Se buscó entrevistar a Martha Herrera, Secretaría de Igualdad e Inclusión, así como a Carlos Garza, Secretario de Finanzas y Tesorero estatal para que explicaran la manera en que una dependencia puede justificar que en lugar de ejercer un recurso para un programa estatal se decida transferirlo a un programa de vinculación con organizaciones, además si era permitido que una fundación que no tiene relación directa con el tema de la discapacidad estuviera participando en la convocatoria, pero la solicitud de entrevista no fue respondida por Alejandro Silva, director de Prensa del Gobierno de Nuevo León.
Desde el anterior sexenio Carlos Garza ha sido el responsable de la Secretaría de Finanzas y Tesorería, dicha dependencia es la encargada de dispersar los recursos otorgados al Presupuesto de Egresos e informar la manera en la que son ejercidos.
El diputado Adame Doria subraya que en los últimos años el “Estado ha tenido unos ingresos adicionales muy importantes”, por lo que no comprende que no se hayan implementado programas dirigidos a las personas con discapacidad y anteriores legislaturas hayan designado de manera extraordinaria recursos, de los cuales en el Congreso se desconoce si fueron utilizados para ese fin o si la Tesorería los reprogramó para otro tema, lo cual “es en perjuicio de lo que originalmente estuvo aprobado”.
A pesar de estas dudas, el Congreso no tiene la suficiente fuerza para fiscalizar directamente los recursos que asignan, ya que eso le corresponde a la Auditoría Superior del Estado, por lo que a los diputados solo les queda hacer una solicitud de información para conocer el destino de las partidas.
Realidad lejana a presupuestos millonarios
Alfredo Heredia Lazarín, nuevoleonense de 33 años, utiliza una silla de ruedas para desplazarse en su día a día; desde que nació presentó una discapacidad motriz que lo ha hecho buscar todas las formas que le brinden una mayor independencia en su movilidad, aunque su propia ciudad es muchas veces su mayor reto por vencer.
De lunes a viernes su rutina lo lleva de su casa a su centro laboral, ubicado en el centro de Monterrey, en un recorrido que puede durar desde una hora y media hasta dos horas con 45 minutos. Todo en transporte público. Su realidad, y la que viven más de 200 mil neoleoneses, es que “muchas cosas no están hechas para el mundo de las personas con discapacidad”, asegura Alfredo. Su primer obstáculo lo encuentra cuando apenas sale de su casa: las banquetas son tan poco accesibles para él y su silla de ruedas que tiene que ir por la vialidad, siempre con el peligro de que algún automóvil lo roce.
A pesar de que las personas con discapacidad de Nuevo León tienen derecho a la accesibilidad universal en condiciones dignas y seguras en los espacios públicos, en las colonias de diferentes municipios hay rampas que carecen de mantenimiento, aceras con todo tipo de obstáculos como escalones, maceteros o vehículos estacionados sobre la banqueta.
Los 10 millones autorizados en dos años seguidos por el Congreso del estado no se ven reflejados en las necesidades de miles de personas con discapacidad. La gran mayoría corren grandes riesgos para siquiera moverse en su propia ciudad. “No soy la única persona con discapacidad que necesita el transporte público, si hay presupuesto, si hay la legislación, si están las herramientas, ¿por qué no se ejercen?, a mí me causa mucho conflicto el hecho de que no pueda moverme de un lugar a otro en una ciudad como Monterrey”, afirma Alfredo.
Incluso, por ahora su única forma de llegar a casa y al trabajo está limitada al Metro, ya que en las unidades de transporte urbano no cuentan con diseño de accesibilidad universal. “Deberían incentivar a los concesionarios, a las rutas camioneras de comprarlos, nosotros lo necesitamos, es importante para que todos nos podamos mover”, asegura Heredia.
Tras revisar los paquetes fiscales de los últimos seis años, se encontró que la autoridad estatal no hizo ninguna propuesta para otorgar incentivos fiscales a las empresas concesionarias del transporte público que adquirieran unidades con accesibilidad universal. Lo único que presentaron en agosto de 2018 fue un prototipo de taxi accesible que nunca fue implementado.
Calles completas. Proyecto caro y con errores
La avenida Juárez, ubicada en el centro de Monterrey, es una de las que tiene mayor flujo de peatones en la ciudad. En sus ocho cuadras se mueven casi 455 mil peatones semanalmente, pero sus banquetas en mal estado, y de diferentes dimensiones, provocaron, por mucho tiempo, caídas e impedían la movilidad de personas con discapacidad visual o motora.
Con esto en mente, el 19 de noviembre de 2018, el gobierno estatal y municipal iniciaron el proyecto denominado “Calles Completas”. La empresa Conseer, S.A. de C.V. se hizo cargo de la avenida Juárez. La inversión fue de 42 millones 241 mil 648.26 pesos, según la información proporcionada en el sitio de internet “Infraestructura Abierta” del gobierno estatal; la obra fue terminada el 21 de noviembre de 2019.
El otro tramo de este proyecto fue la avenida Juan I. Ramón, del cruce de la Avenida Cuauhtémoc a la calle Galeana, por la que cada semana se mueven alrededor de 133 mil peatones. Esta parte costó otros 42 millones 410 mil 716.22 pesos y estuvo a cargo de la empresa Kaans Administración, S.A. de C.V., se detalla en el sitio de gobierno “Infraestructura Abierta”. El proyecto inició el 19 de noviembre de 2018 y terminó el 20 de diciembre de 2019.
Casi 85 millones de pesos fueron invertidos en ampliación de banquetas, colocación de guía táctil y construcción de 70 rampas para personas con discapacidad, pero apenas tres meses después de su entrega el Consejo para las Personas con Discapacidad hizo visible una serie de errores en las obras.
En febrero del 2020, el Consejo hizo públicos sus señalamientos sobre algunas de las fallas que encontraron en el diseño universal del proyecto “Calles Completas”: rampas con escalones y pendientes pronunciadas que exceden la norma, como la ubicada en Avenida Juárez y Ocampo; pendientes que carecen de descansos, la de Padre Mier y Matamoros, lo cual es un peligro para personas en sillas de ruedas y que los registros o postes en decenas de puntos de la avenida obstruyen las guías para personas con discapacidad visual.
Para este reportaje se hizo un recorrido a finales de febrero y, a dos años de que fue entregada la obra, se encontró un deterioro notable en la guía podotáctil, losetas con cuarteaduras y rampas que tienen la carpeta asfáltica dañada. Incluso, en Juárez y Padre Mier, el dispositivo sonoro del semáforo, utilizado por personas con discapacidad visual para saber el momento en el cual cruzar de manera segura, se encuentra dañado, aún y cuando a menos de dos metros hay cámaras de la red de videovigilancia de la seguridad pública municipal.
Las fallas encontradas en el diseño universal se deben a que “las autoridades no se coordinaron ni realizaron la adecuada supervisión con las empresas que realizaron las obras […] hay una buena intención, también un buen diseño, pero faltó ver que se cumplieran todos los estándares de accesibilidad al momento de ejecutar la obra, incluida la pendiente de la banqueta”, explica Luis Omaña, integrante del colectivo “La Banqueta Se Respeta”.
Omaña asegura que este tipo de proyectos de movilidad tienen la característica de que la autoridad invita a la sociedad civil a conocerlos, pero ya durante su desarrollo no hay una supervisión ciudadana. Los motivos pueden ser “el costo, razones políticas o que simplemente las autoridades no quieren que nada los detenga al momento de ejecutar estas obras”, asegura el integrante de “La Banqueta Se Respeta”.
Al final, un proyecto de casi 90 millones de pesos tiene fallas desde su origen, algo que se hubiera evitado si se tuviera a personal con experiencia en el diseño de accesibilidad universal, afirma Omaña.
El otro lado de la moneda es la iniciativa de regeneración urbana: Distrito Tec, donde participaron ciudadanos, organizaciones y autoridades. En la avenida Garza Sada y avenida del Estado, realizaron la primera Calle Completa con la finalidad de brindar una seguridad vial a los peatones, priorizando a las personas más vulnerables, entre ellas, las que tienen alguna discapacidad.
Los más vulnerables de todos los medios de transporte “son las personas caminando, sobre todo las personas con discapacidad y es para ellas para quienes tenemos que hacer primero la calle segura”, dice Sheila Ferniza, Líder de Diseño de Entornos Urbanos de Distrito Tec.
Uno de los grandes puntos que diferencia a este proyecto del que solo llevó a cabo el gobierno estatal y municipal fue la supervisión de especialistas. En esta “Calle Completa” de Distrito Tec, el Centro de Innovación y de Recursos para la Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo león (UANL) hizo una evaluación física al terminar el proyecto, se verificó desde los tiempos del semáforo para el cruce peatonal y que las superficies y que los materiales del piso fueran seguros para las diferentes condiciones de movilidad de las personas.
Beneficiarios ocultos
En cuestión de programas y apoyos para las personas con discapacidad, en el gobierno ha permeado el enfoque “de una mirada caritativa y no en lograr que se garanticen los derechos y hacer partícipes de la vida en comunidad a las personas con discapacidad”, asegura Brenda Araceli Bustos García, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UANL.
Además, se ha detectado que los presupuestos se utilizan principalmente para entregar apoyos funcionales como sillas de ruedas, pero se deja sin atender otros derechos de las personas con discapacidad.
Y lo mismo ocurre en todo el país, en México se tiene el registro de 20 millones 838 mil 108 personas con discapacidad, pero el gobierno federal no ha realizado una inversión que cubra las verdaderas necesidades de este sector de la población, asegura Bárbara Anderson, directora de la plataforma yotambien.mx. “No hay una inversión correcta en cuanto a esta minoría tan importante […]en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 la Secretaría de Salud no tuvo aumento de recursos en el tema de discapacidad, el Instituto Nacional de Rehabilitación tampoco tuvo crecimiento en su presupuesto, tampoco hay una adecuada atención a la educación inclusiva”.
Además, la opacidad es algo que ha permeado en estos recursos, por ejemplo, el gobierno federal entrega una pensión a las personas con discapacidad permanente en situación de vulnerabilidad, pero dicho programa “es bastante opaco”, en la revisión que hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se destaca que es muy discrecional la manera en que deciden qué persona debe recibir el apoyo, además, en la base de datos no se conoce ni el sexo ni la edad de los beneficiarios, ni tampoco se sabe las zonas con mayor incidencia por tipo de discapacidad, explica Anderson.
“La discapacidad es estadística, pero en México no hay datos de nada, ¿por qué? Porque a mayor ausencia de números, mayor oportunidad de opacidad, corrupción, y dispersión de recursos, porque no sé ni a quién le dan, ni cómo le dan”, afirma la directora de yotambien.mx
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* Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
