Especial

Violencia y disputas sobre las tierras ancestrales: una mirada a los pueblos indígenas de Latinoamérica

Ilustración: Kipu Visual / Mongabay Latam
  • Cada año, el promedio de asesinatos de líderes y lideresas indígenas es un tercio del total de asesinatos de defensores ambientales a nivel global, según Global Witness.
  • 12 lideresas y líderes indígenas de nueve países de América Latina hablan con Mongabay Latam sobre las amenazas que enfrentan y los asesinatos que los rodean.

Por Astrid Arellano e Ivette Sierra Praeli / Mongabay Latam

“A mí, en mi pueblo, me vienen amenazando por oponerme a la minería. Me dicen: ‘¿Qué vas a hacer cuando lleguen y te vuelen la cabeza con dinamita? A ver si vas a seguir resistiendo”, cuenta desde Bolivia Ruth Alipaz, lideresa indígena uchupiamona. Alipaz se enfrenta desde hace años a la construcción de la hidroeléctrica Chepete – El Bala, una obra formada por dos represas que en conjunto inundarían por lo menos 66 200 hectáreas y causaría la relocalización de más de 5000 personas, en su mayoría pobladores indígenas.

Las amenazas a líderes indígenas son una constante en Latinoamérica. Se trata de una escalada de violencia que está dejando una sobrecogedora estela de asesinatos: 363 defensores y defensoras de pueblos originarios perdieron la vida entre el 2012 y el 2020 en la región.

“En todos nuestros informes, el promedio de asesinatos de personas indígenas es un tercio del total de asesinatos de defensores ambientales a nivel global, pero esa relación es tremendamente abrumadora porque solamente el 4 por ciento de la población mundial corresponde a los pueblos indígenas”, dice Marina Comandulli, Oficial de Campañas de Global Witness, una organización dedicada a mapear la situación de los defensores de derechos humanos en el mundo

La situación más crítica se encuentra, sin duda, en Colombia. En ese país, 117 pobladores indígenas han sido asesinados en el periodo mencionado, la cifra más alta para el continente. “Nadie quiere denunciar lo que pasa en los territorios porque están amenazados. Es una situación humanitaria gravísima”, reflexiona Fany Kuiru Castro, lideresa indígena uitoto de la Amazonía colombiana y coordinadora de Mujer, Niñez y Familia de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).

Gran marcha indígena en Bolivia en el año 2021. Foto: Antonio Terceros.

 ¿Por qué están siendo asesinados los líderes indígenas? ¿Cómo han respondido ante esta ola de violencia? Mongabay Latam entrevistó a 12 líderes indígenas de nueve países de la región para reunir las principales amenazas, demandas, tareas pendientes del Estado, los retos del liderazgo indígena y su visión sobre la conservación del medio ambiente.

Escalada de violencia

El sábado 30 de abril, el líder indígena Yesid Caña, miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fue asesinado a tiros por hombres armados que ingresaron al resguardo de La Guada, en el departamento del Cauca. De acuerdo a Indepaz, su muerte se suma al asesinato de otros 61 líderes sociales y ambientales en lo que va de 2022 en Colombia.

El año pasado, Indepaz reportó la muerte de 171 personas asesinadas entre líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia; 55 de ellos pertenecían a pueblos indígenas. “Muchos de nuestros guardias, autoridades, líderes sociales, mujeres, niños y la población en general han sido asesinados. Hemos tenido una situación muy compleja, especialmente en el Cauca y en el sur occidente colombiano”, dice Aida Quilcué, lideresa indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y actual senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), en Colombia, quien ha sido víctima directa de esta violencia cuando en el 2008 asesinaron a su esposo. Ella, además, ha sido amenazada en más de una ocasión.

La situación no es distinta en otros países de la región. El ministerio de Justicia de Perú tiene registrados 11 asesinatos contra defensores de derechos humanos desde el inicio de la pandemia, una cifra que difiere al de otras organizaciones. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, ha identificado 14 defensores asesinados, 10 de ellos eran líderes indígenas.

“Los problemas más grandes son las invasiones territoriales. También la extracción de madera, petróleo y minería. Inclusive, las carreteras”, dice Teresita Antazú, lideresa indígena que integra el consejo directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y responsable del Programa Mujer Indígena de esta organización.

Según Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en el Perú, la mayoría de los defensores ambientales mueren por defender sus territorios de las actividades ilegales. Es decir, no tienen un enemigo claramente identificado. “El esquema es más complejo, el enemigo no es tan fácil de identificar y necesitas una presencia más fuerte del Estado para combatirlo. Son mafias enquistadas en actividades ilegales que forman parte de una cadena de corrupción”, agrega Baldovino. Efectivamente, Marina Comandulli, de Global Witness, menciona que en Colombia, los crímenes están relacionados con las dinámicas de los grupos paramilitares, que desde hace mucho tiempo mantienen dominados determinados territorios. Lamentablemente, este panorama de violencia se repite en otros países del bioma amazónico como Brasil y Venezuela.

En Guatemala, Nicaragua y Honduras, que también figuran en la lista de los países más peligrosos para los defensores ambientales, los crímenes contra líderes indígenas apuntan sobre todo al avance de las empresas dedicadas a las actividades extractivas y a la ilegalidad que se instala en sus tierras.

“A mí me han llamado para amenazarme, que debía de retirarme de un sitio donde estuve porque me iban a asesinar. Después calculé que era solo intimidación para que no nos resistamos, para que no digamos nada. Aquí ha habido muchos asesinatos, por ejemplo, en el pueblo Tolupán, cada rato caen líderes, también en el pueblo Chortí y en el pueblo Garífuna”, dice Donaldo Allen, presidente de la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), que agrupa a nueve pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras, país centroamericano donde asesinaron a 28 indígenas entre 2012 y 2020, según Global Witness.

Allen vive en La Mosquitia, un territorio con una enorme biodiversidad, que se ha convertido en un botín para los acaparadores de tierras que buscan explotar sus recursos. En esas mismas tierras se han identificado corredores para el narcotráfico, pistas clandestinas y laboratorios para el procesamiento de drogas. “Tenemos el caso de Berta Cáceres, en Honduras. Después de ella siguieron casi como 10 o 15 hermanos que han desaparecido y han sido asesinados y no solamente de los pueblos indígenas, sino también los hermanos garífunas negros de Honduras. Las dinámicas de violación a los derechos de los pueblos indígenas son diarias y sistemáticas”, dice Allen.

Y el panorama podría empeorar, añade Chris Van Dam, coordinador del Componente de Comunidades de Forest Trends. El experto explica que estas situaciones de violencia entre las industrias extractivas, los madereros, las mineras, las empresas de hidrocarburos y los pueblos indígenas “se va acrecentar por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que ya ha llevado a una situación de incremento exponencial de los precios de los hidrocarburos y de los alimentos (…). Se debe pensar, por lo tanto, que las empresas van a querer avanzar sobre los bosques que detentan los pueblos indígenas”.

Territorios indígenas en disputa

“Los problemas más grandes son las invasiones territoriales”, dice la lideresa peruana Teresita Antazú, sobre otras de las  amenazas que actualmente agobian a la Amazonía de este país. Lo mismo opina Aida Quilcué, de Colombia, quien ha sido testigo de los constantes desplazamientos forzados que ocurren en los territorios indígenas de ese país provocados durante los múltiples escenarios de guerra y violencia en el país.

Consignas de los pueblos originarios en exigencia de liberación a los presos políticos y contra la minería y el saqueo del agua. Foto: Astrid Arellano

“Como pueblos originarios, lo único que tenemos del gobierno es desprecio, quieren desaparecernos porque les estorbamos, porque aún tenemos grandes cantidades de territorio y esa identidad y cosmovisión que tenemos con relación a la naturaleza”, dice Miguel López, dirigente nahua desde México. El líder hondureño Donaldo Allen González también habla del deterioro y acaparamiento ilegal de las tierras que históricamente han vivido los pueblos indígenas de este país centroamericano.

Un estudio realizado por la Coalición Iniciativa para los Derechos y los Recursos (Rights and Resources Initiative – RRI) indica que, entre el 2017 y 2021, se registraron 2109 casos de comunidades afectadas por las industrias extractivas y actividades asociadas en cinco de los países que hemos investigado: Perú, Colombia, México, Guatemala y Honduras.

La mayoría de ellos, al menos 791, corresponde a conflictos con la minería. Colombia con 465 casos es el país que más comunidades afectadas registra por esta actividad, seguido por Perú con 251,  Guatemala con 45 y Honduras con 30.

“Han metido a la cárcel a gente defendiendo sus territorios, principalmente, de la minería. En Bolivia es el sector más poderoso… Todo tienen los mineros y son los que están engulléndose los ríos, las montañas, mi pueblo está concesionado”, añade la lideresa indígena Ruth Alipaz.

El mismo escenario se repite en Venezuela. Eligio DaCosta es presidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y vive en la comunidad de Guarinuma, en el Estado de Amazonas. El líder baniva menciona los impactos de la minería ilegal en su país. “Tenemos 182 mil kilómetros cuadrados de selva amazónica y focos de minería en diversos territorios”, precisa.

DaCosta recuerda con claridad lo que sucedió en Guarinuma. “Fuimos víctimas de la minería ilegal de oro en nuestro río: fueron casi tres años”, dice el líder indígena baniva sobre el impacto que significó esta actividad para el río Atabapo, que pasa por su comunidad hasta llegar al río Orinoco. Guarinuma se ubica cerca de la frontera con Colombia y para enfrentar a los mineros se unieron quienes viven en ambos lados de la frontera. Así sostiene que destruyeron las balsas y lograron sacar a los mineros.

A las presiones de la minería sobre los territorios indígenas hay que añadir las obras de infraestructura como carreteras, hidroeléctricas y ferrocarriles. La cantidad de conflictos por estas construcciones, según RRI, suma 585 en los cinco países. La lista la lidera Perú con 457, le sigue México con 77 y Honduras con 51 comunidades afectadas.

Laura Hernández, coordinadora de la región México del Enlace Continental de las Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), se refiere a la construcción del Tren Maya como ejemplo de lo que ocurre cuando llega una obra de infraestructura en territorios indígenas. “El Tren Maya forma parte de un proyecto más grande que es un corredor interoceánico. Y cuando llega este proyecto empieza la destrucción de la flora y fauna y de los territorios indígenas, de zonas arqueológicas y de zonas espirituales”.

Dirigentes del Pueblos Shuar Arutam (PSHA) en la marcha en contra de la minería en Morona Santiago, Ecuador. Foto: Lluvia Comunicaciones

Hernández también menciona que la instalación de estas obras genera desertificación del suelo y sequía de lagos y ríos. Y en el caso de los pueblos indígenas, precisa la coordinadora del ECMIA, les cambia la vida comunitaria.

A las presiones en el territorio por la minería y los proyectos de infraestructura, hay que sumar también la exploración y explotación de petróleo. La lideresa ecuatoriana Patricia Gualinga recuerda cómo su pueblo tuvo que enfrentarse a la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), cuando en 2002 ingresó a la comunidad de Sarayaku, en la provincia de Pastaza, ubicada en la Amazonía del Ecuador, para iniciar trabajos de exploración. Tras varios años de demandas, en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo en favor del pueblo Sarayaku. Sin embargo, señala Gualinga, las prácticas de las actividades extractivas no han cambiado.

“Hemos tenido todas las semanas derrames de petróleo en el nororiente, que están afectando las cuencas hídricas del río Amazonas; por ejemplo, el río Napo, un afluente del Amazonas, está bien contaminado”, señala la lideresa indígena.

El impacto ambiental de la industria petrolera es también una constante en toda la Amazonía. Según la lista de RRI, entre 2017 y 2021 hubo 158 comunidades afectadas por hidrocarburos en estos cinco países. Perú lidera el ranking con 131 comunidades afectadas y le sigue Colombia con 27.

Según el especial Manchados por el Petróleo, de Mongabay Latam, existen por lo menos 282 procesos sancionadores contra 72 petroleras de Perú y Colombia, y, por lo menos, la mitad de ellas ha sido multada por un monto total que supera los 55 millones de dólares.

Un análisis geoespacial realizado también para este informe determinó que 1647 territorios indígenas están afectados por la superposición de lotes petroleros en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. “Los territorios indígenas garantizan agua, alimento, aire puro y, si se destruyen, se está jugando con la desaparición de los seres humanos en el planeta también”, dice José Gregorio Díaz Mirabal, quien desde hace casi cuatro años está al frente de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), organización que representa a los nueve países del bioma Amazónico.

Díaz Mirabal lamenta que los bosques del planeta estén desapareciendo a un ritmo muy alarmante y en la Amazonía mucho más rápido. “Ahora estamos en un punto de no retorno y no hay opción,  defendemos nuestro territorio o desaparecemos”.

Un lento proceso de titulación

Aunque todos los países investigados para este especial reconocen a sus pueblos indígenas en sus Constituciones, la seguridad jurídica de esos territorios continúa siendo un enorme problema. De igual forma, si bien en todos los casos los Estados se han adscrito al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, esto no les ha asegurado el respeto total de sus derechos.

Líderes y lideresas indígenas peruanos piden al gobierno que se atienda sus demandas de titulación. Foto: IRI Perú.

Para el coordinador de la COICA, José Díaz Mirabal, la falta de titulación de los territorios indígenas es uno de sus principales problemas, ya que la falta de este reconocimiento legal ha generado conflictos y disputas sobre sus tierras. Desde hace 15 años, señala Díaz Mirabal, los pueblos indígenas están solicitando la titulación de 100 millones de hectáreas en la Amazonía. “Si eso se hace antes del 2025 hay esperanza. Pero no hay titulación porque los han vendido [los territorios] a las empresas mineras y petroleras. Si la situación sigue como hoy, no habrá respuestas a las crisis climática, económica, social, jurídica y moral”, agrega.

La situación del saneamiento de los territorios indígenas es diferente en cada país, pero en general, las demoras y postergaciones para reconocer los derechos territoriales están afectando a los pueblos indígenas de todo el continente. En la Amazonía, el proceso de titulación empezó en la década de 1970, menciona Chris Van Dam, de Forest Trends, pero luego llega un momento “en que los intereses económicos se dan cuenta que esos territorios no son espacios vacíos ni pobres, sino que por el contrario, son territorios con muchísimos recursos tanto en el suelo como en el subsuelo”.

En el Perú, la titulación de territorios es una de las principales demandas de los pueblos indígenas. Según el especial Comunidades en resistencia, publicado por Mongabay Latam, una comunidad como Unipacuyacu, puede esperar por su reconocimiento más de treinta años. En total, 694 comunidades siguen esperando por la titulación y 647 ni siquiera han sido reconocidas en cinco regiones de la Amazonía peruana.

“Nunca ha habido voluntad del gobierno colombiano”, dice Quilcué sobre el proceso de titulación en su país. “Hemos avanzado en la medida en que hemos exigido y, lógicamente, nos falta mucho todavía”. Miguel Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) de Bolivia, comenta que en su país el avance de la titulación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) se dio hasta el año 2010, sin embargo, a partir de esa fecha “el porcentaje de TCO tituladas es mínimo y hay más bien un retroceso en materia de reconocimiento a las tierras indígenas”.

Patricia Gualinga cuenta que el título de la comunidad Sarayaku, en Ecuador, lo obtuvieron  luego de “hacer grandes marchas” y que después han logrado titular gran parte de los territorios de los pueblos indígenas. “Posiblemente, ese es como un paraguas que nos permite defendernos”.

La comunidad nativa de Unipacuyacu lleva casi tres décadas esperando su titulación. Foto: Christian Ugarte.

La situación en México y Guatemala es bastante compleja porque no contemplan la figura de la propiedad para los pueblos originarios. “No está reconocido el derecho al territorio, pero los pueblos saben cuál es su territorio y lo defienden amparados en el derecho internacional que México se ha comprometido a respetar”, comenta Francisco López, investigador del Colegio de San Luis y miembro del pueblo mixteco.

López señala que existen casos en los que el reconocimiento ha llegado a través de los tribunales, como ocurrió en la comunidad de Huetosachi, del pueblo rarámuri, en el estado de Chihuahua. En el 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la comunidad indígena era la legítima propietaria de un predio que reclamaba una sociedad mercantil en el Municipio de Urique.

Laura Hernández, de ECMIA, explica que en México existen ejidos o tierras comunales que, en algunos casos, pertenecen a comunidades campesinas o comunidades indígenas. Y explica que en 1992 hubo una reforma “para facilitar la privatización de estas tierras, precisamente para el desarrollo de proyectos de infraestructura”.

Miguel López Vega, concejal del Concejo Indígena de Gobierno. Foto: Astrid Arellano.

En Guatemala la situación es similar. “No se reconoce la gobernanza o la administración que hacen los pueblos indígenas en sus territorios, no hay una legalidad que permita decir que somos propietarios”, aclara Dolores de Jesús Cabnal, presidenta de la Mesa Indígena de Cambio Climático.

“Vemos cambios de gobiernos, pero no vemos cambios en cuanto a las políticas para los pueblos indígenas. ¿Por qué tanto ataque? El meollo es por la tenencia de la tierra. Lo que buscan todos los gobiernos es cómo explotar la tierra. Entonces, para ellos, somos un tropiezo los pueblos indígenas”, dice Jesús Amadeo Martínez, líder indígena de El Salvador, actual coordinador general del Foro Indígena de Abya Yala y consejero mayor del Consejo Indígena de Centro América (CICA), organización que agrupa organizaciones de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México.

Ante esta serie de problemas y amenazas, los pueblos indígenas han buscado tener una mayor y mejor representación en espacios políticos nacionales y supranacionales.

Pueblos indígenas en la escena global

“Hemos tratado de asumir con responsabilidad la vocería internacional y también hemos tenido un impacto global porque, al unirnos con Asia, África, Centroamérica y los pueblos con esas organizaciones, hemos logrado sentar a algunos gobiernos de Europa y sentarnos con nuestros gobiernos en Europa. Es increíble: no podemos hablar aquí en Sudamérica, pero tenemos que hablar con ellos en esas conferencias mundiales”, dice Diaz Mirabal, coordinador de Coica, sobre la mayor representación política que están teniendo los pueblos indígenas en la escena global.

José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de Coica, celebra aprobación de propuesta para la protección del 80 % de la Amazonía. Foto: IISD / ENB / UICN.

Silvana Baldovino, de la SPDA, considera que el liderazgo indígena se hizo más visible desde su presencia en las cumbres internacionales. Baldovino recuerda que en el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) de Honolulu, en Hawai, por primera vez se incorporó como miembro a los pueblos indígenas. Lo mismo pasó en la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático COP 20, en Perú, en el año 2014 —menciona Baldovino— cuando por primera vez en la historia de las cumbres climáticas estuvieron representados.

Pero la presencia de los pueblos indígenas en los encuentros internacionales ha ido más allá, pues han logrado tener voz y voto en los acuerdos que los involucran. En el último Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), realizado en Marsella, Francia, se aprobó un acuerdo que apunta a proteger el 80 por ciento de la Amazonía para el 2025, una propuesta que proviene de las bases de la Coica.

También en la COP 26, realizada en Glasgow, Escocia, uno de los compromisos más importantes, respaldado por 141 países, fue detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030. Para este fin se han destinado 18 mil millones de dólares en fondos, incluyendo 1.7 mil millones de dólares dedicados a apoyar a los pueblos indígenas.

“De América Latina somos siete regiones de pueblos indígenas que hemos ido a la COP y cuando tenemos que negociar estas propuestas globales, las negociamos de manera colectiva. Lo que queremos y estamos haciendo es asegurar que los representantes indígenas tengamos la oportunidad de presentar propuestas grandes y luego trabajar en cada uno de los países de la región”, comenta Dolores de Jesús Cabnal, coordinadora de la Mesa Indígena de Cambio Climático, en Guatemala.

Para los representantes indígenas no solo basta ser más visibles en la agenda mundial. Una de sus principales preocupaciones es cómo tener mayor y mejor discrecionalidad para la administración de fondos destinados a sus comunidades. “En Glasgow se hicieron muchos anuncios. Ya han pasado casi cinco meses, vamos por seis meses, y ese anuncio de 1.7 billones de dólares para la lucha contra el cambio climático y que también apoya los pueblos indígenas, en este momento, todavía no tiene un mecanismo sobre cómo esos recursos bajarán a los pueblos”.

Según un estudio de Rainforest Norway, menos del 1 por ciento de los fondos climáticos llegaban a los pueblos indígenas. “Hay muchas razones para ello, pero una de las principales es esa desconfianza que tienen gobiernos y donantes de la capacidad que pueden tener las organizaciones indígenas para usar eficiente y eficazmente esos fondos”, indica Chris Van Dam de Forest Trends.

Marcha del Clima en Glasgow, Escocia, en el marco de la COP26. Foto: COICA

Van Dam señala que se está trabajando con las organizaciones indígenas regionales en la creación de un mecanismo que les permita manejar directamente los fondos climáticos. “A fines del 2025 se debe tener un mecanismo totalmente orientado por las organizaciones indígenas para manejar estos fondos”.

Diaz Mirabal confía en que las organizaciones indígenas podrán alcanzar sus objetivos. “Tenemos voz, tenemos derecho, eso es cierto; pero se ha logrado con mucho dolor, con mucho sacrificio, con muchas pérdidas. No ha sido regalado. Pero eso no es suficiente todavía, necesitamos que nuestros derechos se implementen realmente, que se materialicen en acciones. Todas las organizaciones que están en los países defendiendo derechos, son necesarias, son clave para la vida de los pueblos indígenas”.

Así como la dirigencia indígena ha alcanzado una mayor representación en escenarios internacionales, también se ha ido poco a poco diversificando. La aparición de nuevas y potentes voces de liderazgo femenino es también un logro en la organización indígena.

El liderazgo de las mujeres indígenas

“Se ha trabajado para que siempre quien figure sea la figura masculina, el presidente. Ahora ya está de moda que haya vicepresidentas, porque hemos subido un poco de categoría (…). Nosotras en algún momento dijimos que no; tenemos que hablar las mujeres, tenemos que ejercer vocería, tenemos que tener visibilidad”, dice Patricia Gualinga, lideresa indígena kichwa de la comunidad nativa Sarayaku.

Patricia Gualinga, lideresa del pueblo Sarayaku en Ecuador. Foto: Cortesía Patricia Gualinga.

Gualinga se refiere a la agrupación Mujeres Amazónicas, un colectivo en Ecuador integrado por más de 100 mujeres organizadas para defender sus territorios y fortalecer sus conocimientos, además de conservar su cultura y reafirmar su compromiso como defensoras de la Madre Tierra. “Nosotras tenemos nuestra propia forma de organizarnos, de protestar, de sanarnos, pero sobre todo tenemos una estructura plana donde todas pueden hablar, todas pueden dirigirse, todas son lideresas”.

Este año, el informe El Mundo Indígena 2022, que acaba de ser publicado por la organización IWGIA está dedicado a las mujeres. El estudio indica que la discriminación, marginación y exclusión de la que son objeto los pueblos indígenas, se expresa, en gran medida, como violencia contra las mujeres. Según el documento, ellas son víctimas de violación por parte de colonos, militares, policías, trabajadores extranjeros o turistas, agresiones que no suelen denunciar y que por lo tanto no están registradas. “De hecho, las mujeres y las niñas indígenas tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de diferentes formas de violencia sexual”, precisa el informe.

Teresita Antazú, lideresa yanesha del Perú. Foto: COICA

En el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas del 2021 se discutió también cómo la pandemia había agravado las numerosas desigualdades preexistentes, en especial, el de las mujeres y niñas indígenas.

Desde México, Laura Hernández menciona que en los últimos años ha crecido el liderazgo femenino pero que aún falta avanzar. “Para que una mujer indígena pueda ser diputada o senadora en sus países implica una lucha, porque se necesita de toda la fuerza y de todo el empuje no solamente de otras mujeres, sino también de los propios compañeros y de sus propias organizaciones y de sus propias comunidades. Cuando avanza una mujer, avanzan también los pueblos”.

Para Fany Kuiru, de la OPIAC de Colombia, el liderazgo de las mujeres siempre ha estado presente, pero ha sido ignorado y poco visibilizado. “En la cuenca amazónica veo el liderazgo muy fuerte de las mujeres del Brasil con todas esas marchas que están haciendo para defender la Amazonía frente a la deforestación, a los incendios forestales y a la política de [Jair] Bolsonaro”.

Dolores Cabnal, lideresa indígena de Guatemala. Foto: Cortesía Dolores Cabnal

En Chile, de los 17 escaños reservados para los pueblos indígenas en la Convención Constitucional, nueve han sido ocupados por mujeres. Y una mujer indígena, Elisa Loncon, lideresa mapuche, fue elegida presidenta de la Convención Constitucional que tiene como misión redactar la nueva constitución.

Las seis mujeres indígenas entrevistadas para este especial contaron lo que significa ser lideresas para sus comunidades, de cómo han tenido que ir avanzando para ocupar espacios en igualdad de condiciones que los hombres y de la discriminación que han tenido que enfrentar cuando empezaron a asumir su liderazgo.

Para Ruth Alipaz, de Contiocap, son las mujeres las que sostienen la defensa del territorio. “Lo vivimos en las marchas y las vigilias. Éramos nosotras gestionando la comida, lo poco que uno lleva lo entrega a las mujeres que son las que administran y hacen que se estire como chicle y alcance para todos”, sostiene.

Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de Bolivia. Foto: Flor Ruíz

“Nos dicen que somos lideresas porque hablamos, porque decimos las cosas como son y no nos callamos… ¿Qué significa eso? Significa que te vean mal, significa que, muchas veces, te marginen. Significa que se burlen de ti. Significa que, en algún momento, traten de destruirte, que te hagan sentir insegura. Pero también significa que puedes avanzar y hacer que otra gente pierda el miedo… Eso es ser lideresa indígena”, dice Patricia Gualinga, de Ecuador.

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Este contenido es publicado por La Verdad con autorización de Mongabay LatamVer original aquí.

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