La iniciativa busca sancionar con cárcel a las también denominadas terapias de ‘reorientación sexual’, practicas consideradas como asimilables a la tortura
Por Itzel Ramírez / La Verdad
A casi siete meses de su presentación, el Congreso de Chihuahua mantiene en la ‘congeladora’ la iniciativa que busca prohibir y sancionar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), también conocidos como terapias de conversión.
El legislativo, de mayoría panista, ni siquiera ha iniciado el análisis de la propuesta, presentada el 21 de octubre del año pasado por la legisladora Leticia Ortega Máynez, de Morena.
Ayer, a propósito del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la legisladora recordó que dentro del Congreso chihuahuense ni siquiera se han instalado las comisiones unidas de Igualdad y Justicia, adonde fue turnada la propuesta.
Ortega también llamó la atención sobre el número de crímenes de odio cometidos en Chihuahua.
“Morelos, Veracruz, Baja California y lamentablemente Chihuahua, encabezan los estados mexicanos con más crímenes de odio en contra de las personas LGBTTTI+, de acuerdo con la Fundación Arcoiris. Entre mayo de 2020 y abril de 2021, ha habido un total de 87 crímenes contra esta comunidad en el país, informó el observatorio. El observatorio indica que de los 43 asesinatos registrados en todo 2020, uno ocurrió en Baja California; seis en Chihuahua; tres en Ciudad de México; tres en Guerrero; tres en Jalisco; cinco en Michoacán; uno en Nuevo León; y 21 en Veracruz”, dijo la legisladora.
Su iniciativa, a la que se sumó la fracción entera de Morena y la diputada Ilse América García Soto de Movimiento Ciudadano, busca agregar tres artículos al Código Penal del Estado de Chihuahua para sancionar hasta con cinco años de prisión y mil días de multa a quienes por medio de coacción, amenaza o engaño obligue, financie o aplique cualquier tratamiento encaminado a anular o modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona.
Las penas se aumentarían en caso de que el delito fuera cometido en contra de una persona menor de edad o sin capacidad de comprender el hecho, de acuerdo con la iniciativa, promovida con el hashtag #NadaQueCurar.
Aunque el asunto fue turnado cinco días después de su presentación, hasta la fecha las comisiones unidas de Igualdad y Justicia no se han instalado, mucho menos iniciado los trabajos de análisis y dictamen.
La Comisión de Igualdad, presidida por la priista Ivón Salazar Morales, ha tenido instalación y reunión con otras comisiones como las de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, de Desarrollo Rural y Ganadería, de Educación, Cultura Física y Deporte, de Economía, Industria y Comercio y de Participación Ciudadana y Asuntos Electorales, para tener, entre reuniones unitarias y de comisiones unidas, 15 sesiones.
En el caso de la Comisión de Justicia, con la panista y presidenta del Congreso Georgina Bujanda al frente, apenas ha celebrado 9 reuniones, ninguna con comisiones unidas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, las terapias de conversión son prácticas asimilables a la tortura.
“Las ‘terapias de conversión’ causan profundos traumas físicos y psicológicos a las personas que las sufren. Por ese motivo, los mecanismos de las Naciones Unidas de lucha contra la tortura han concluido que esas terapias pueden equivaler a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, considera el organismo.
De acuerdo con un informe especial de la ONU, en algunos países como Ecuador y Malta, las terapias de conversión están consideradas como delito, mientras que en Canadá, Francia, Alemania y Albania se han tomado medidas para prohibirlas.
En México, algunas entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Yucatán, Zacatecas y Baja California ya prohíben los Ecosig.
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