Desde hace una década, el registro de las personas desaparecidas en México ha sido una herramienta que no sirve para identificar y localizar personas extraviadas como era su objetivo. Durante los tres sexenios en los que ha funcionado, ha mantenido quizás una única función: servir como un marcador opaco, incompleto y burocrático —no ajeno a oportunismo político, rasuramientos y ambigüedad de criterios— que oficializa la cifra de personas desaparecidas, la cual acaba de rebasar las 100 mil víctimas.
Por Efraín Tzuc / A dónde van los desaparecidos
Año y medio antes de concluir su mandato, el presidente Felipe Calderón escuchó por primera vez el reclamo de las madres de personas desaparecidas. María Herrera, una madre con cuatro hijos desaparecidos, le dijo: “Mis hijos son personas honestas y trabajadoras y fueron víctimas de esta guerra. Como ellas, existen miles, algunas organizaciones no gubernamentales han documentado hasta tres mil. Yo siento que son más”.
La madre, que perdió a dos hijos en Guerrero en 2008 y dos en Veracruz en 2010, tenía un presentimiento que resultó ser una realidad: había más personas desaparecidas de las que se registraban.
Y eso ocurre aún hoy.
En junio de 2011, cuando María Herrera reclamó a Calderón, durante los llamados Diálogos de Chapultepec, el número ya superaba las 12 mil 600 personas no localizadas en México. Pero eso se sabría hasta después porque para ese entonces no había un registro nacional, sólo intuiciones.
En mayo de 2022, el conteo oficial rebasó la cifra de 100 mil personas desaparecidas.
Dos días después de que el país llegara a este vergonzoso número, el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó el alza en las cifras en las personas desaparecidas en lo que va de su sexenio a que ahora “ los buscamos y antes no”.
Para las familias de las personas desaparecidas, los números oficiales siguen siendo poco confiables. “Me atrevo a asegurar que pueden ser más del doble, porque son muchos más los que no denuncian”, sostiene todavía María Herrera, quien sigue buscando a sus hijos.
Desde antes de ese encuentro con Calderón, la necesidad de contar a quienes faltaban ya era urgente. A partir de diciembre de 2006, al inicio del sexenio calderonista, la desaparición de personas comenzó a ocurrir masiva y sistemáticamente como consecuencia de la estrategia de seguridad llamada “guerra contra las drogas”.
Para 2009 tuvo manifestaciones más claras en el norte del país. Una docena de personas con familiares desaparecidos —convocadas por la diócesis de Saltillo— fundó el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), al descubrir que lo que les pasó no era extraordinario y tenía denominadores comunes: profesión de las víctimas, ubicaciones, edades, sexo, temporalidades, que muchas veces los perpetradores eran agentes del estado —policías, militares—, y que las procuradurías no siempre querían levantar registros y nunca investigaban.
El año 2009 fue el preámbulo de la ola de desapariciones que arrasaría durante más de una década al país. En Tijuana, el Ejército presentó a Santiago Meza López, alias “El Pozolero”, a quien acusó de disolver a 300 personas en ácido. En Nuevo León, a la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) llegaron casos de hombres entre los 26 y 33 años desaparecidos por agentes del Estado. En Chihuahua, una organización dedicada a atender casos de feminicidios, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), recibió la primera denuncia atribuible a las Fuerzas Armadas. En Tamaulipas, las desapariciones comenzaban a ser una epidemia que, por miedo, pocos se atrevían a denunciar.
Fue hasta junio de 2011, tras las caravanas, plantones, protestas y huelgas de hambre de familias de personas desaparecidas de todo el país, que las procuradurías estatales y la Procuraduría General de la República (PGR) admitieron la obviedad más postergada: que se necesitaba un registro de desapariciones en México.
El registro debía servir para intercambiar información entre procuradurías estatales y la federal; datos que llevara a encontrar a las personas extraviadas. Además, contaría con información con la que se podría perfilar los lugares de riesgo y los sectores de la población que más peligran; analizar las temporadas de violencia y los modus operandi de la desaparición.
El día de hoy, al contador de las ausencias, actualmente llamado Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se suman —en promedio— 15 personas por día. Ese número se mueve a distintos ritmos según las temporadas e intensidad de la violencia en las regiones del país.
La historia de las cifras de la desaparición en México puede ser contada en cuatro distintos momentos.
A partir de que el registro nacional fue creado, ha sufrido filtraciones a la prensa, ocultamiento, mutilaciones, rebatinga política, transferencia entre instituciones e, incluso, se le han cambiado los criterios sobre qué casos incluir y cuáles dejar fuera. Hasta llegar a lo que es hoy: un listado de 100 mil personas al que sólo se puede acceder parcialmente en un sitio web y que, más que revelar, oculta. Que no muestra nombres ni fotografías, y tampoco permite el análisis para la búsqueda, para entender la catástrofe o prevenir nuevos casos.
Momento #1 – El registro en construcción
junio de 2011 – 2012
10 de Junio de 2011: El acuerdo y las definiciones
En junio de 2011, los procuradores del país agrupados en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) acordaron atender la ya preocupante crisis humanitaria con una Base de Datos de Personas Desaparecidas. Así comenzó el armado del primer registro que contaría a las personas ausentes.
Para ello, se adaptó un apartado sobre las personas desaparecidas al Sistema Único de Intercambio de Información entre Procuradurías (SUIIEP), un sistema de la Procuraduría General de la República (PGR) desarrollado para intercambiar información criminal a nivel nacional. En agosto de ese año, los creadores de la base nacional tomaron una decisión por la que se “fugarían” varios casos de personas desaparecidas: sustituyeron el término personas “desaparecidas” por “no localizadas”. Esa ambigüedad dejaba abierta a la interpretación de cada estado cómo clasificar los casos porque no existía norma o delito que definiera a quiénes se les consideraba como tal.
El 22 de septiembre de 2011: El nacimiento
La Base Nacional de Personas No Localizadas nació oficialmente en septiembre de 2011. El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR quedó como administrador de esta herramienta que concentraría la información mediante la que se pretendía “identificar o localizar a las personas”.
Se empezó por fijar criterios. “Se conformaron diversas mesas técnicas en donde se advertía, por parte de todas las fiscalías del país, cuáles eran los elementos con los que se contaban en este momento relacionado con los datos de las personas no localizadas, esa era el concepto que se manejaba, no como personas desaparecidas”, recuerda una persona que trabajó en una procuraduría estatal como enlace entre ésta y el Cenapi, y que pidió mantener en anonimato su identidad.
La ruta para alimentar el contador de ausencias empezaba con los ministerios públicos o fiscales especiales que recibían las denuncias, éstos entregaban la información al funcionario que cada procuraduría había asignado como enlace con el Cenapi; éste verifica los datos y se aseguraba de que las personas denunciadas no estuvieran previamente reportadas en el SUIIEP, para no duplicarlas. Enviaban por correo electrónico o en discos compactos los casos positivos, y el Cenapi, tras una revisión, los sumaba; si encontraba errores pedía a las procuradurías corregirlos.
Los cambios, al menos durante los primeros dos años, los hacía el Cenapi. Diversos oficios entre la procuraduría michoacana y el Cenapi, a los que se tuvo acceso, muestran solicitudes de baja de algunos registros por ser previos a diciembre de 2006, por estar duplicados, o por tratarse de privaciones de la libertad o incompetencias. También solicitaban o rectificaban el estatus de algunas personas que, de acuerdo con la procuraduría estatal, ya habían sido localizadas.
Abril de 2012: la primera ley para crear un registro: el RNPED
A la par, en febrero de 2012, cuando en el país ya habían comenzado a surgir las primeras fosas clandestinas masivas, el Congreso aprobó la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, registro que estaría a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Pero al cierre del año, el RNPED, no fue publicado por el SESNSP, como indicaba la ley que le daría origen, y la Base de Datos de Personas No Localizadas del Cenapi-PGR permaneció oculta. Ni las familias que buscaban a sus seres queridos ni las organizaciones civiles que las acompañaban sabían que existía y, en consecuencias, no se conocía el tamaño de la crisis de desapariciones en el país.
Momento #2 – La rebatinga política y la montaña rusa de las cifras
2012 – 2013
29 de noviembre de 2012: 25 mil casos, la punta del iceberg
A dos días de que Calderón terminara su sexenio, el diario estadounidense The Washington Post publicó una nota en la que aseguró contar con una base de datos filtrada desde la PGR —que no hizo pública— con más de 25 mil personas sin localizar. Ese fue un primer y rápido esbozo de la dimensión de la tragedia ocasionada por la “guerra contra las drogas”.
Calderón se rehusó a confirmar si la cifra era cierta y negó responder al Post por qué su gobierno, a días de finalizar, no hizo público el dato.
La organización civil Propuesta Cívica también recibió una base de datos filtrada, ésta con menos casos: 21 mil 851 casos registrados del 2 de agosto de 2006 al 29 de febrero de 2012. La organización sí hizo pública la base de datos. Eso sucedió el 20 de diciembre de 2012.
Eran notorias las grietas: la base de Propuesta Cívica no tenía todos los casos. Por ejemplo, los cuatro hijos de María Herrera no figuraban en ella.
En diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto, del Partido de la Revolución Institucional (PRI), empezó su mandato con esa herencia de miles de ausencias.
Los colectivos presionaron a las nuevas autoridades federales para que informaran la cifra real de personas desaparecidas. “Lo que estuvimos cuestionando cuando se empieza a oficializar o dar cierto reconocimiento (de las desapariciones), era saber quiénes son, de dónde son. Ahí se va construyendo la demanda en torno a una visión de registro o de documentación de los casos, ya no solo como la mera cifra”, recuerda Jorge Verástegui, que busca a su hermano y sobrino desaparecidos desde 2009 en Coahuila y es integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec).
Febrero de 2013: del escándalo al desinflamiento de los números
El 20 febrero de 2013, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que documentó 249 desapariciones ocurridas en el sexenio de Calderón; al menos 149 podrían ser desapariciones forzadas, es decir, con participación de funcionarios públicos. Ese mismo día, tras una reunión con la organización, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, dijo que “contaban con información” de 27 mil personas desaparecidas.
En una entrevista, al día siguiente, Limón precisó el dato: eran 27 mil 523 personas “no localizadas” contenidas en la base en manos del Cenapi.
La cifra causó revuelo dentro del mismo gobierno federal. Mientras que José Óscar Vega Marín, que días antes había dejado el cargo de Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, decía que no existía tal base, el secretario de Gobernación —y jefe de Limón— Miguel Ángel Osorio Chong, aseguraban que no había una lista oficial pero que encontraron “en áreas oficiales” una base con 27 mil personas sin localizar.
La polémica quedó zanjada el 26 de febrero, cuando Lía Limón, junto con la encargada de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez, en conferencia de prensa, soltaron el primer dato oficial sobre el tamaño de la catástrofe humanitaria: había 26 mil 121 personas desaparecidas.
Con el lanzamiento también se publicó un sitio web para consultar información de la base de datos que, aseguró Limón, provenía del Cenapi y contaba con la información de las procuradurías estatales. Se trataba de la Base de Datos de Personas No Localizadas que existía desde 2011. Quinto Elemento Lab buscó a Limón y Benítez —la primera, alcaldesa capitalina; la segunda, congresista en Oaxaca— para conocer cómo se llegó a la primera cifra nacional, pero no respondieron a las solicitudes de entrevista.
Mayo – junio de 2014: Las “depuraciones”
No hubo nuevos datos sino hasta un año después. En una reunión el 21 de mayo de 2014, el procurador general Murillo Karam dijo a familiares de personas desaparecidas que durante el sexenio calderonista el número no había subido, sino bajado a 13 mil 195 “no localizaciones”.
Ese mismo día, en una reunión en el Senado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, aseguró que tenían un conteo de 24 mil 800 personas “cuyo paradero se desconoce”. En seguida, dijo que había “otros 2 mil 610 casos”, de los cuales 612 podrían ser desapariciones forzadas, 267 podrían atribuirse al crimen organizado y en mil 425 no tenían información sobre los posibles perpetradores. Además, había 308 migrantes desaparecidos. Plascencia no explicó por qué las sumas no daban y cuál era la diferencia entre ambos “tipos de casos”: los 24 mil 800 y los 2 mil 610.
Al día siguiente, Osorio Chong, desde Segob, enterró oficialmente la mitad de las desapariciones del registro dado a conocer por Benítez y Limón –de 26 mil 121–, cuando afirmó ante el Senado que había 14 mil 688 personas localizadas con vida, 748 fallecidas y 13 mil reportes de personas “no localizadas” durante el periodo de Felipe Calderón. Además, el secretario informó de una “nueva lista” en la misma base de datos con 8 mil “no localizaciones” durante la administración de Peña Nieto. La suma de ambos periodos sería de alrededor de 21 mil víctimas.
De inmediato, organizaciones civiles y colectivos de familiares cuestionaron el rasuramiento de las cifras. “Podemos afirmar que el Estado mexicano sigue sin tener claridad de cuántas personas están desaparecidas; cuántas ausentes, o extraviadas. No sabemos la lógica estadística para deducir cada dato y evidentemente seguimos sin contar con la estructura suficiente para esclarecer cada evento”, indicó Fuundec en un comunicado.
El descalibrado contador no paró ahí: un mes después, en junio de 2014, el mismo Osorio Chong se contradijo al afirmar en una conferencia que “es una sola lista que hoy tenemos en alrededor de 16 mil”. Quinto Elemento Lab solicitó entrevista al ahora senador por el PRI, Osorio Chong, pero no obtuvo respuesta.
Dicen que la primera víctima en una guerra es la verdad. En México ocurrió lo mismo con la cifra de desapariciones de personas que fue sometida a un inexplicable sube y baja. Las autoridades del gobierno peñista explicaron posteriormente que la contradicción en las cifras era por causa de “depuraciones”.
Octubre de 2014: la primera base de datos pública, el RNPED
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que debía funcionar desde 2012, se publicó por primera vez en agosto de 2014 con 22 mil 322 personas no localizadas. Aunque debía existir una base de datos, la primera versión del registro era un sistema que sólo permitía buscar casos específicos, usando datos como el nombre completo. Ocultaba un panorama global.
Nuevamente, organizaciones civiles y familiares cuestionaron cómo se llegó a esa cifra y a quiénes se estaba contando. “No existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos y el porqué las cifras han variado de forma tan drástica en tan poco tiempo”, denunció Amnistía Internacional en un comunicado, mientras que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) cuestionó la falta de metodología y las variables —información por cada caso— que contenía el registro nacional.
La ley que le dio vida determinaba que el RNPED quedaría a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En la práctica, el registro era un recorte de la Base de Datos de Personas No Localizadas que desde 2011 administraba el Cenapi-PGR: excluía a las personas encontradas con vida y sin vida y solo conservaba 15 columnas de las cerca de 80 de la base original (por ejemplo, no incluía el nombre y ocupación de la víctima, posible causa de desaparición, descripción de los hechos, número de averiguación y el estatus actual de expediente, entre otras).
Cada registro es una persona que es buscada. Al eliminar los detalles reducía también las posibilidades de encontrarlas. A pesar de ésto, el SESNSP nunca explicó por qué no publicaba más información que ayudara a la localización de las personas.
El RNPED se publicaba cada tres meses con la información de las procuradurías estatales, y cada dos, la sumatoria de los casos investigados por la PGR. Cada vez que se montaban nuevos datos, retiraban los anteriores. Esto impedía analizar los datos históricos o compararlos para saber en qué municipios o estados se incrementaban las desapariciones de un trimestre a otro.
Además, los criterios para saber qué casos debían sumarse a la base de datos no eran claros. A pesar de que la Ley del RNPED diferenciaba a las personas “extraviadas” (aquellas que no recordaban datos como identidad o domicilio), de las “desaparecidas” (aquellas de las que se dejaba de saber por causas tan complejas como situaciones de violencia, disturbios o catástrofes naturales), la base del Cenapi-PGR —de la que provenía el RNPED— era de personas “no localizadas”, término que no existía en ninguna ley o norma.
“No había claridad sobre qué tipo de desapariciones eran (las registradas), porque solo se hablaba de ‘desaparecidos’ y ‘extraviados’, pero ‘desaparecidos’ en términos penales no existía, a pesar de que en el Código Penal Federal existía el delito ‘desaparición forzada’. Ahí empezamos a preguntarnos a quién y cómo estaban registrando”, dice Verástegui.
El problema era que cada agencia ministerial anotaba de manera distinta las desapariciones, dice una fuente que trabajó en el Cenapi y pidió mantener su identidad en reserva: “A lo mejor era un mismo hecho, pero con una categoría, con una descripción diferente”. Según esta fuente, lo que era común en todos los casos era que las personas no estaban localizadas.
Bajo el ambiguo paraguas de personas “no localizadas”, las denuncias de las víctimas de desaparición podían estar dispersas entre los crímenes de “desaparición forzada” –cometida o apoyada por servidores públicos– o “privación ilegal de la libertad,” o mezcladas con casos de personas adultas mayores o con enfermedades mentales que no recordaron cómo regresar a casa, infantes sustraídos por sus padres en pleito conyugal o personas que migraron sin avisar o huyeron de sus hogares.
Al final, las procuradurías decidían qué tipo de no localizaciones informaban al Cenapi y terminaba dentro del RNPED.
“Muchos de los (desaparecidos) de larga data los tenemos [registrados] como de secuestro porque no había tipos penales en muchos estados o los tipos penales que se tenían antes de la ley general eran muy difíciles de probar”, explica Volga de Pina, litigante e investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad (Odim).
En Baja California, por ejemplo, como no existía el delito de desaparición; estos casos se iniciaban como secuestro y luego se reclasificaban a privaciones ilegales de la libertad, reconoció Miguel Ángel Guerrero Castro, excoordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia estatal, en una entrevista realizada en 2019.
2014: la base que excluye los delitos de la desaparición
Hasta 2014, a partir de que se actualizó el protocolo creado dos años antes para que las procuradurías ingresaran la información a la Base de Datos de Personas No Localizadas del Cenapi-PGR, la instrucción quedó clara: las víctimas de cualquier delito, como secuestro y trata de personas, no podían ser incluidas en la base y, en consecuencia, quedaban fuera del RNPED.
En Estado de México, por ejemplo, las víctimas de secuestro o sustracción de menores —delitos en donde se desconoce el paradero de las víctimas— no eran contados en la Base Nacional de Personas No Localizadas, recuerda Sol Salgado, quien fue fiscal especializada en desaparición de personas en ese estado entre 2014 y 2018.
2015-2019: Las grietas en el RNPED
Los errores de la base del Cenapi-PGR comenzaron a salir a la luz cuando su versión cortada, el RNPED, empezó a publicarse en formato de datos abiertos, en octubre de 2014.
En Jalisco, a inicios de 2015, el periodista Darwin Franco identificó que la fiscalía no reportó 914 desapariciones que sí tenía registradas.
En 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de la diócesis de Saltillo, en Coahuila, cotejó los casos que tenía documentados con la información del RNPED (que permitía buscar las desapariciones por nombre y apellido) y encontró que, de casi 500 casos que el Centro había documentado y cuyos familiares sí habían tramitado denuncias ante la fiscalía del estado, apenas 20% estaban incluidos en el registro.
Aída Novelo, bibliotecaria a cargo de la documentación de las denuncias que llegaban al Fray Juan de Larios, concluye que la base del RNPED no era de personas desaparecidas o sin localizar, sino de actas circunstanciadas y averiguaciones previas. Y, contadas así, podrían ocultar a muchas personas.
“Había situaciones donde en la averiguación previa se había denunciado la desaparición de más de una persona —nosotros teníamos de dos hasta creo que un caso de 24—, y en el RNPED aparecía el 75% el 50% de ellas, o solo una”, explica Novel. Con su equipo notó también que las víctimas en una misma averiguación previa aparecían registradas en dos estados distintos, usualmente Coahuila y Tamaulipas.
Ese mismo año, el Centro publicó un informe de las fallas del RNPED. Además de la rutina del SESNSP de eliminar cada trimestre la información, identificó más errores: casos duplicados o triplicados, falta de información para distinguir entre personas “extraviadas” o “desaparecidas”. Identificó casos de personas no incluidas en el registro.
La organización civil, Data Cívica, especializada en análisis de datos de derechos humanos, ideó un mecanismo para hacer millones de consultas automatizadas en el sitio de consulta del RNPED. Con esa información, en 2017, lanzó su “propio” RNPED pero sin ocultar los nombres de más de 31 mil personas desaparecidas. Gracias a este esfuerzo, colectivos de Jalisco, Coahuila y Nuevo León encontraron que varios familiares no estaban incluidos en el registro oficial o habían sido registrados con errores.
Más inconsistencias fueron descubiertas en 2018: un informe de la Red Nacional “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) reveló que las fiscalías en su conjunto reportaban un 82% más desapariciones de mujeres cuando se les preguntaba por las cifras directamente, a través de peticiones de información, que las reflejadas en el RNPED.
Abril, 2018: La última versión del RNPED
Por presión de las familias de víctimas, a finales del 2017, se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMD). La nueva ley también ordenó un nuevo registro que sustituiría al RNPED; su nombre: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el cual estaría a cargo de una nueva institución: la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).
En abril de 2018, por ello, el RNPED fue descontinuado. Cerró con 36 mil 265 personas desaparecidas para el fuero común y 1 mil 170 investigados por la PGR en el fuero federal. En total: 37 mil 435. Esto mostraba que desde la “guerra contra el narcotráfico” de Calderón desaparecieron, en promedio, 11 personas al día.
Todavíaen 2019, un último reporte de Data Cívica confirmó las fallas que arrastraba la Base de Datos de Personas No Localizadas del Cenapi-PGR, de la que se obtenía el RNPED: identificó duplicación de casos, errores en la captura de información, que algunas desapariciones denunciadas nunca llegaron al RNPED y casos de personas que localizadas, no fueron dadas de baja del registro.
En la base de datos del RNPED sí estaban incluidos los cuatro hermanos Trujillo Herrera, hijos de la señora María Herrera. Sus nombres completos aparecían en la lista del fuero federal. En la versión del fuero común, también se podía identificar a Antonio Verástegui González, hermano de Jorge Verástegui, y su hijo Antonio de Jesús, pero los apellidos de Antonio padre estaban invertidos.
La vida útil del Registro Nacional fue de cuatro años. Desde que nació en 2014, hasta su última actualización, en 2018, el RNPED operó sin el reglamento que daría claridad a su funcionamiento.
Momento #4 – Nueva base, mismos errores
2020 – actualidad
El nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) se concibió, a diferencia de su antecesor, como una herramienta de búsqueda que debería actualizarse en tiempo real e incluir todos los hechos en los que se desconociera el paradero de una persona—sin importar el delito y si existía una denuncia—. No solo las fiscalías podrían ingresar información, también las comisiones estatales de búsqueda.
Pero no se publicó a tiempo. Horas antes de presentar su renuncia, en enero de 2019, el primer comisionado nacional de búsqueda de personas, Roberto Cabrera, elegido apenas 10 meses antes y herencia del gobierno peñista al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dio un mensaje que cimbraría el panorama.
Afirmó que había 40 mil 180 personas desaparecidas en México, 7.3% más casos que la última actualización del RNPED. Esto significaba que en ocho meses habían sumado 3 mil 915 desapariciones. Pero no hubo forma de verificar el dato: la lista no se publicó.
Al año siguiente, el 6 de enero de 2020, la comisionada que sustituyó a Cabrera y continúa en el cargo, Karla Quintana, dio una nueva cifra en conferencia de prensa: 61 mil 637 personas ausentes. Pero, otra vez, no hubo evidencia que respaldara el dato. No había forma de consultar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que supuestamente ya existía. De hecho, algunos estados reportaron más desapariciones de las expuestas por la comisionada.
13 de julio, 2020: El estreno más esperado que llegó sin datos abiertos
Con dos años de retraso de la fecha que marcaba la ley, en julio de 2020, se lanzó el nuevo RNPDNO en una plataforma web de consulta que reportaba 73 mil 233 ausencias. Pero a diferencia del registro que suplió a éste, no tiene base de datos pública.
Esto ha impedido que sea una verdadera herramienta de búsqueda. La exfiscal y ahora comisionada de búsqueda de Estado de México, Sol Salgado Ambros, lo explica: “En nuestro registro interno podemos hacer la búsqueda de ciertas variables, por ejemplo, si yo dijera ‘quiero que el sistema verifique cuántas mujeres de 18 años han desaparecido en este último mes en Toluca’, lo arroja. Pero si yo nada más contara con el Registro Nacional no podría tener ese corte, tendría que pedirlo a la CNB (Comisión Nacional de Búsqueda) para que me diera el resultado”.
Andrés Ricón, quien hasta mayo de 2021 estuvo al frente de la Dirección de Análisis de Contexto de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, considera que el RNPDNO es limitante. “No se tiene acceso al (archivo) histórico de la fiscalía o la información de otra entidad federativa. Solamente puedes hacer un rastreo nominal específico”. Es decir, solo es posible buscar por nombre a cada individuo para verificar si alguna otra autoridad ya había hecho el mismo reporte.
El registro tampoco permite descargar datos para hacer análisis de contexto y entender las dinámicas de desaparición en un territorio determinado.
“El registro sirve para registrar, no sirve para buscar”, lamenta Rincón.
Álvaro Martos, investigador del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad (Odim) e integrante del actual Consejo Nacional Ciudadano, dice: “(Las comisiones estatales de búsqueda) difícilmente pueden hacer confronta masiva y los análisis de patrones que pueden hacer son muy limitados. Ellas tienen un registro paralelo que muchas veces alimentan sus propias políticas de búsqueda”.
El Registro Nacional no permite comparar de manera automática los miles de datos de personas desaparecidas con otros registros administrativos como los de detenciones, ingresos hospitalarios o registros de desaparición y localización entre entidades federativas.
Está centralizado, por lo que solo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas —como antes el Cenapi— ha podido sacar un provecho limitado de esta herramienta. Por ejemplo, realizó un cotejo de la información del RNPDNO con una base de datos de 15 mil cuerpos que fueron enterrados en nueve fosas comunes de la Ciudad de México, Puebla, Sonora y Veracruz. Así, lograron coincidencias de 72 personas que eran buscadas pero estaban enterradas.
Aunque uno de los cambios significativos del nuevo registro era la incorporación del nombre del delito que es investigado por cada desaparición, las fiscalías estatales no están cumpliendo con esta obligación; sólo en 23% de los casos registrados por las fiscalías estatales contaba con el delito que estaba siendo investigado, de acuerdo con una respuesta entregada por la CNB en septiembre de 2021.
Para este reportaje se buscó a la comisionada Quintana para saber si planea solventar las deficiencias del RNPDNO y abrir los datos, pero no se obtuvo respuesta.
En menos de dos años de vida, el registro nacional de las desapariciones colecciona sus propios mecanismos de ocultamiento. Por ejemplo, de acuerdo con una investigación de la organización civil Elementa DDHH, siguen desfasados los datos entregados por la Fiscalía de Baja California. En peticiones de información reporta más de 12 mil; en el actual registro, alrededor de 1 mil 100.
Quinto Elemento Lab buscó a un representante de dicha fiscalía, pero no obtuvo respuesta. A una petición de información, sobre el tema, contestó: “se encuentra en proceso de actualización”.
Mayo 2022: Desaparecidas y desconocidas
Además de desaparecidas, las personas permanecen en el anonimato.
“(En la comisión) dicen ‘es que están poniendo en riesgo a la víctima’. Pero el riesgo es que no sepamos en dónde está. Yo creo que el listado público no es malo, salvo que una situación expresa de la investigación nos lo impida”, opina la comisionada estatal Salgado Ambros, “que fuera, y así lo veo solamente, en los casos de secuestro o de privación, donde sabemos que ya hubo amenaza de la persona que lo tiene de que si denuncia pues le van a quitar la vida”.
“Desde un enfoque y perspectiva de derechos humanos y desde el derecho de cada persona a ser buscada, la versión pública es una necesidad. Aunque el RNPED estuviera desactualizado y a veces muy mal hecho, podías acceder medianamente a esa versión pública. Fue lo que le permitió después a otras ONG reconstruir los datos y analizar todo el tema de la doble desaparición”, explica el exfuncionario Rincón.
Jorge Verástegui menciona que el derecho a ser buscado también pasa por la difusión de los datos de las personas que siguen desaparecidas: “A los desaparecidos no hay que desaparecerlos otra vez, hay que nombrarlos”.
La primera “guerra” que las familias enfrentan contra las fiscalías es por la opacidad de las cifras que reportan sobre la crisis de desapariciones, dice Juan Carlos Trujillo, hijo de María Herrera, aquella madre con cuatro hijos desaparecidos que encaró a Calderón en 2011.
“Las instituciones han estado luchando para que los números (de desapariciones) no reflejen la realidad, y no se reflejan porque no quieren reconocer este problema”, dice el ahora activista. Esto, remarca, tiene una consecuencia clara: “Un problema que no se reconoce, no puede ser atendido”.
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*Fragmentos de la Desaparición es una investigación periodística que permite explorar la información sobre cómo México llegó a las 100 mil personas desaparecidas, quiénes faltan, desde cuándo y en qué territorios se resiente su ausencia. Esta es una serie de Quinto Elemento Lab y del proyecto A dónde van los desaparecidos.
