El gobierno mexicano estableció un cerco militarizado para impedir el paso a miles de personas que han llegado a su frontera sur. Es la primera vez que se despliega una operación de esta naturaleza, totalmente bajo el control del Ejército. La estrategia ha sido cuestionada pues en los hechos México se convierte en el muro migratorio que Estados Unidos ha esperado por décadas
Por Rodrigo Soberanes | Fotografías: Duilio Rodríguez
En el autobús donde fue confinado con su familia antes de ser expulsado del país, un joven haitiano escribe desesperado en su teléfono móvil que muestra por la ventanilla: “¿Cómo me pueden ayudar?”, pide a periodistas que atestiguan la detención de decenas de personas migrantes en Tapachula, Chiapas.
El joven haitiano se llama Flerend. Ha viajado más de seis mil kilómetros desde Chile, donde se encontraba hace unas semanas, hasta esta ciudad fronteriza con Guatemala. Quería llegar a Estados Unidos y por eso, junto con su esposa y dos hijos, abordó un autobús que le llevaría a Tijuana, Baja California.
Pero antes de salir de Tapachula, el vehículo se encontró con un retén del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN).
La revisión del vehículo, como sucede con la mayoría de los que pretenden salir de la región fronteriza con Guatemala, es parte de una amplia operación del Gobierno Federal para tratar de impedir que las personas migrantes sin documentos se desplacen al norte del país.
Desde enero de 2021 se han desplegado de manera permanente más de 13 mil elementos del Ejército, la Marina y la GN y el INM, que conforman un cerco militarizado para virtualmente encerrar a miles de recién llegados desde Haití, Centroamérica, África y otras regiones.
El cerco oficial se ubica en todas las carreteras y sitios de cruce fronterizo. Y, al menos para las autoridades, parece dar resultados.
De las 354 mil 367 personas migrantes presentadas ante el INM, entre enero de 2021 y marzo de este año, 149 mil 168 se detuvieron en Chiapas, Tabasco y Oaxaca, lo que representa el 42% del total.
En esas entidades se establecieron varios anillos de seguridad para controlar el flujo migratorio, reconoce el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.
A lo largo de 2021 y en los primeros meses de este año, muchos han intentado salir del sureste con caravanas organizadas desde Tapachula. La mayoría, sin embargo, fueron disueltas por la Guardia Nacional y el INM.
Otros, como Flerend y su familia, trataron de salir en autobús, sin éxito. En el retén del INM donde fueron detenidos pidieron ayuda a periodistas que documentaban el cerco militarizado.
Con mensajes de voz y texto, Flerend contó de su largo viaje desde Chile y la confusión por permanecer encerrados dentro del vehículo. Los agentes del Instituto le dijeron que serían enviados a la Estación Migratoria Siglo XXI, pero el haitiano desconfiaba.
Tuvo razón. El autobús se dirigió hacia Guatemala donde, tres horas después de ser detenidos, los pasajeros bajaron del vehículo.
Pronto les rodearon personas que cambiaban quetzales (moneda local de Guatemala) por pesos mexicanos. Estaban a unos metros del puente fronterizo. La familia descansó unos minutos y luego emprendió el viaje de regreso a México.
Antes de volver, el joven haitiano encaró al agente del INM que le había mentido. “Le dije: ¿Tú no ves noticias? ¿Ustedes no tienen corazón? ¿Son de piedra? ¿No tienen familia? ¿Sabes lo que está pasando en Haití ahora? ¿Son capaces de hacernos esto, traernos a la frontera? Y no me respondieron”, cuenta.
Flerend y su familia formaron parte de las estadísticas que reporta el Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur, que desde junio de 2019 aplica el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para controlar la movilidad de migrantes.
Oficialmente, la idea del Plan es ofrecer alternativas de empleo y seguridad a esas personas. Pero al mismo tiempo, las autoridades aplican otras estrategias de control, como la expulsión exprés de personas hacia Guatemala.
De enero de 2021 a marzo de este año, el INM envió por vía terrestre a 93 mil 55 personas migrantes, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
Los migrantes fueron transportados en dos mil 226 autobuses y se entregaron en las aduanas de El Ceibo, Tecún Umán y El Carmen.
A esto se suman las deportaciones por avión. El IGM refiere que en el mismo período fueron enviadas ocho mil 692 personas a ese país, por vía aérea en vuelos fletados por el gobierno mexicano.
El muro militar
El Plan de Migración y Desarrollo fue una respuesta al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles a las importaciones mexicanas, como sanción por el incremento del flujo migratorio irregular hacia su territorio.
El objetivo era proteger la vida de los migrantes y ofrecerles una alternativa de empleo que no encontraron en sus países, dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en la primera evaluación del programa, el 26 de diciembre de 2019.
Pero en los hechos, el Plan se convirtió en una estrategia militarizada de contención migratoria.
A partir de junio de 2019, cada mes se han desplegado, en las fronteras norte y sur, más de 28 mil elementos del Ejército, la Marina, Guardia Nacional, Fuerza Aérea y agentes del INM para custodiar el movimiento de personas en las dos fronteras terrestres, de acuerdo con los informes mensuales que presenta el secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval.
Desde el primer momento, el objetivo del programa ha sido mantener a las personas migrantes en el sureste del país. Oficialmente, el argumento es protegerlos de las bandas criminales que operan en el norte de México.
“Tenemos que cuidar a los migrantes, aunque resulte paradójico”, dijo López Obrador, en la conferencia de prensa matutina del 7 de septiembre de 2021. “Si permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera, estamos corriendo riesgos, muchos riesgos”.
Para cumplir el objetivo se estableció un anillo de seguridad que abarca los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca, reconoció Sandoval González.
“En lo que corresponde a la frontera sur se hizo una línea establecida en nuestro límite con Guatemala y con Belice, una frontera donde se busca rescatar a los migrantes en ese movimiento. Desde ese punto hasta el Istmo de Tehuantepec es donde tenemos cubierto”, dijo el 27 de agosto de ese año.
“Rescatar” es la forma como el gobierno actual define la detención de migrantes. Anteriormente a la misma acción se le llamó “aseguramiento”. Más allá del eufemismo, en los hechos el resultado es un cerco militar para virtualmente encerrar a las personas migrantes en la frontera sur, denuncian organizaciones, como el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma).
Al despliegue de tropas se añade la transformación en la línea de mando del INM, que desde 2020 incorporó a militares como responsables de la mayoría de las delegaciones estatales, según denuncia la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Así, para controlar el creciente flujo migratorio en la frontera sur, el gobierno de López Obrador aplica una estrategia coordinada por mandos militares, como lo reconoció desde agosto pasado el secretario de la Defensa.
“El comandante de la zona militar de Tapachula es el coordinador de la parte sur de esta estrategia y realiza una serie de acciones, todas tendientes a detectar el movimiento de migrantes”, dijo.
No es la primera vez que se aplica una estrategia similar para contener la migración que viene del sur, pero hasta ahora ningún gobierno había reconocido abiertamente que el objetivo es impedir el paso a las personas migrantes.
Ni tampoco, como ahora, se había dejado por completo el control de la operación en manos de militares, como reconoce el secretario de Defensa.
Organizaciones civiles advierten que el control militar de la estrategia migratoria de México aumenta el riesgo de abusos de derechos humanos.
“A las personas migrantes y refugiadas se les ve como un enemigo”, dice Yuriria Salvador, coordinadora del área de Cambio Estructural del Frayma.
Pero desde el inicio del Plan, las autoridades rechazan que exista una estrategia de mano dura contra la migración. “No hemos securitizado, al contrario, hemos introducido el criterio de desarrollo”, afirmó el canciller Ebrard. “Lo que estamos haciendo es cumplir la ley mexicana”.
En todo caso, el cerco genera inconformidades. Desde el año pasado miles de centroamericanos, cubanos, africanos y haitianos han realizado protestas y bloqueos en Tapachula para exigir más agilidad en los trámites para regularizar su situación migratoria.
Las protestas han llegado a extremos. Algunos, por ejemplo, se han cosido los labios, mientras otros derramaron sangre frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar).
“Estamos inundados de migrantes”
Los retrasos de la Comar son conocidos entre las miles de personas migrantes que permanecen virtualmente varadas en la frontera sur de México.
Flerend es uno de ellos. Al volver a Tapachula se hospedó con su familia en una casa sin muebles en la periferia de la ciudad, lejos de la mirada de policías municipales que están a la caza permanente de personas migrantes en las calles del centro.
Lejos, al menos por momentos, de las operaciones migratorias del INM y la GN. Fue una pausa para decidir los siguientes pasos, pero sobre todo para descansar del largo y duro viaje desde el sur del continente.
El joven haitiano no quiso solicitar asilo ante la Comar, pues sólo quedarían atrapados indefinidamente, dijo.
Los trámites de refugio duran varios meses. De hecho, muchos de quienes han tratado de escapar en caravanas o participan en las protestas se cansaron de la espera ante el organismo oficial.
Las personas peticionarias pasan, en promedio, nueve meses retenidos en Tapachula, según ha documentado el Frayma. A esto se suma la desorganización y por momentos el maltrato del personal de Comar a quienes solicitan refugio.
Cada día miles de personas se reúnen en las afueras de sus instalaciones, una bodega industrial habilitada para atender la contingencia.
Algunos empleados ofrecían información equivocada, como la necesidad de enviar correos electrónicos para iniciar el trámite de refugio, requisito que fue eliminado desde mediados de 2021. Ahora las citas se solicitan a través de la página electrónica de la Comar.
¿Por qué asumir esa actitud? “Por la cantidad de gente” que solicita refugio, responde el director de la Comisión, Andrés Ramírez Silva.
“Nosotros seguimos con la misma capacidad y la gente sigue llegando. Es preocupante, pero no tenemos de otra. Hemos tomado medidas, pero siempre va a ser insuficiente. Estamos con una capacidad operativa limitada. Tapachula está inundado (de personas migrantes)”, añade.
Entre enero de 2021 y marzo de este año, la Comisión recibió 161 mil 22 solicitudes de refugio, la cifra más alta de su historia, según datos de la dependencia.
“Están llegando miles y miles. El proceso va a tener que ser lento. Tampoco vamos a hacer milagros”, reconoce el funcionario.
La desesperación
Las escenas en las oficinas de la Comar son una cara del fenómeno que invade a la región desde finales de 2020, cuando la pandemia de covid-19 tuvo una ligera baja en contagios y provocó la llegada de miles de personas migrantes.
Es un flujo que no cesa, a pesar de que el presidente Joe Biden mantiene las mismas restricciones migratorias de su antecesor, Donald Trump.
Tapachula, y en general la frontera sur de México, es una zona de confinamiento militarizado con pocas posibilidades de salida, ni siquiera si se cuenta con los documentos que acreditan el trámite de refugio otorgado por la Comisión.
A las cuarterías, donde habitan personas haitianas y africanas, en las calles del centro de la ciudad o el barrio donde vivía Flerend con su familia, llegaban las noticias de personas peticionarias de asilo detenidas por el INM y la Guardia Nacional.
“Con o sin papel de la Comar, te detienen”, dice Flerend. Por eso decidió arriesgarse. Compró pasajes a Tijuana para él y su familia, pero fueron detenidos al salir de Tapachula, y luego expulsados a Guatemala.
De regreso en la ciudad contrató los servicios de un guía que les ofreció esquivar retenes de migración. Es una alternativa a las carreteras que a muchos les recuerda el duro periplo antes de llegar a territorio mexicano.
Flerend y familia tomaron ese camino. Al salir agarraron el único bulto con una o dos mudas de ropa para cada uno. Un equipaje muy distinto al que traían al salir de Chile, hace dos años.
La familia logró llegar a Ciudad Acuña, Coahuila, frontera con Del Río, Texas.
Por esos días en la ciudad que habían dejado la inconformidad y cansancio estallaron. Miles de haitianos y otras personas migrantes protestaron en las calles de Tapachula, mientras otros trataron de abandonar la frontera sur en caravanas.
La Guardia Nacional y el INM enfrentaron a los inconformes. Fue el mismo infierno del que escaparon Flerend y su familia. El último mensaje desde su teléfono móvil fue una fotografía de un paraje desértico, con dos camionetas de la Patrulla Fronteriza en el fondo.
Eso deseaba la familia de haitianos: entregarse al gobierno de Estados Unidos. Y buscar una nueva oportunidad de refugio en la tierra donde esperan vivir.
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*Este trabajo forma parte de Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México, una investigación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechoscopio (Baja California), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) (Chihuahua) y Uno de Siete Migrando (Chihuahua), además de la Red de Periodistas de a Pie, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Sin Fronteras IAP. Aquí puedes consultar la publicación original. www.bajolabota.com.mx
