La Guardia Nacional acumula cientos de quejas por abusos a personas migrantes. Es el riesgo de utilizar militares en tareas para las que no están preparados, advierten organismos pro derechos humanos. Aquí el infierno de Natalie, hondureña extorsionada por un elemento de la GN
Por Rocío Gallegos | Fotografías y video: Alicia Fernández
Pasaban las 10 de la noche cuando Natalie –nombre ficticio para proteger su identidad por lo delicado del caso que enfrenta –descendió del avión en el que regresó a Hermosillo, Sonora, tras unas vacaciones en el sureste de México.
Apenas bajó las escaleras eléctricas del aeropuerto cuando unos agentes de la Guardia Nacional (GN) la frenaron para solicitarle su identificación, luego la privaron de su libertad por casi dos horas, tiempo en el que la intimidaron, amenazaron y extorsionaron.
Fue el inicio de una larga odisea en la que por momentos tuvo la certeza de sería deportada, o que perdería su libertad.
“Estaba muerta de nervios y miedo”, narra la mujer de 28 años, originaria de Honduras.
Natalie es residente legal en Sonora, desde enero de 2020. Cuenta con una visa de estudiante, pues cursa una maestría en ciencias sociales con enfoque en migración.
El estado donde radica es una zona tradicional de paso de migrantes que buscan cruzar la frontera con Estados Unidos, sobre todo, en la región desértica de Altar y Sásabe.
De hecho, Sonora es la octava entidad con mayor detención de personas migrantes en el país. Entre enero de 2021 y marzo de este año se han detenido allí a 16 mil 501 personas, la mayoría de origen centroamericano, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Muchas fueron arrestadas en el aeropuerto. Hermosillo, donde se ubica la terminal aérea, es el tercer municipio con más detenciones de migrantes en el país.
La tarea está a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), que desde 2019 es acompañado por elementos de la GN, instancia que desde su creación, tiene facultades de supervisión migratoria. Una decisión cuestionada por organizaciones civiles por los elementos con que se integró la corporación: la Policía Militar, entrenada para otros propósitos.
Por este cariz, advierten, existe un alto riesgo de que se cometan abusos contra personas migrantes.
La GN es una de las 10 dependencias del gobierno federal con mayor número de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): 920, en total, entre 2019 y lo que va de este año.
Natalie lo vivió de forma directa.
“¿Hay algún problema?”
Natalie regresaba a su casa desde Ciudad del Carmen, Campeche, a donde fue a visitar una familia de amigos hondureños. En su regreso le acompañó uno de ellos.
No tuvo ningún problema en el viaje, hasta que llegó al aeropuerto de Hermosillo. Al recoger su maleta encontró a cuatro agentes de la GN.
Uno de ellos “preguntó si veníamos juntos y pues le dije que sí. Entonces nos pidió identificación”, cuenta Natalie.
Los militares que hacían las revisiones no estaban acompañados por personal del INM, lo cual es una irregularidad.
Desde mayo de 2019, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Guardia Nacional, los elementos de la corporación están autorizados para verificar la condición migratoria de las personas extranjeras. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 9 fracción XXXV de la legislación, la revisión tiene que realizarse en coordinación con el INM.
En caso de encontrar alguna irregularidad en las personas sometidas a revisión, señala el mismo artículo, los elementos de la GN deben presentarlos ante el Instituto “para los efectos previstos en la ley de la materia”.
Además, el artículo 60 fracción VIII de la misma ley, obliga a los agentes de la corporación “abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna, sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables”.
Esto no ocurrió en el caso de Natalie. Los agentes de la GN que les interceptaron aplicaron con ella un criterio distinto y a su acompañante lo dejaron seguir.
A Natalie, en cambio, le ordenaron pasar con otro de los agentes, a quien sus compañeros llamaban El Flaco, para que revisara el documento que la acredita como residente temporal en México.
“Le entregué mi identificación, me preguntó si venía sola, le dije que no, que venía con un amigo”, narra. El acompañante de viaje la esperaba en la puerta de salida de la terminal que a esa hora se iba quedando vacía.
El agente que interrogó a Natalie se dio cuenta y llamó al hombre. Los militares separaron a la pareja, a la espera de que se vaciara la terminal.
“Uno de los elementos estaba preguntándome lo que yo hacía, desde cuándo estaba yo en México, dónde vivía, cuál era mi dirección”, recuerda. “¿Hay algún problema con mis documentos?, respondí”.
El elemento de la Guardia Nacional se tornó agresivo, tomó los papeles de Natalie y comenzó a buscar por internet información personal de la hondureña.
A su amigo, otro agente le preguntaba sobre ella. “A lo lejitos escuché lo que le estaban preguntando: qué hace ella acá, a qué se dedica, hace cuánto está aquí”.
Los agentes tomaron fotos de su tarjeta de residente, renovada en enero del 2021, y su credencial de estudiante. Luego acusaron al amigo de Natalie de traer una licencia falsa.
“Él viene de ilegal”, me dijeron. “Y el que me estaba checando a mí, le dijo a su compañero: ella si está en regla”.
En ese momento El Flaco, el agente que interrogó a Natalie, le preguntó si sabía que su compañero de viaje no traía documentos en regla.
“Le dije no, no sé su situación migratoria, nomás somos amigos, no le voy a estar preguntando eso”, cuenta.
La respuesta desató la furia del agente. “Pegó un grito a los otros tres que estaban con mi amigo y les dijo: ‘los vamos acusar de trata de personas’. Me asusté mucho”.
Extorsión en el aeropuerto
El maltrato hacia Natalie y su acompañante es una muestra de los excesos que se cometen al colocar a militares en tareas que corresponden a civiles. Organizaciones como la Fundación para la Justicia (FJEDD) han promovido amparos contra la participación de la GN en esas tareas.
Otras, como la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), promovieron desde 2019 la campaña #LaGuardiaNoEsPolicíaMigratoria.
Los amparos siguen su curso ante tribunales, mientras la Guardia Nacional mantiene la misma actuación en las revisiones migratorias, los abusos incluidos.
Extorsión
A la custodia de la mujer se sumó también El Flaco, quien molesto le exigió un comprobante de los depósitos que recibe de su beca del gobierno. Quería una prueba de sus dichos.
Como Natalie le explicó que no recibe ningún comprobante en papel, solo transferencias a su banco, el agente le exigió abrir su cuenta bancaria desde el celular y que mostrara el monto que recibió el último mes. Natalie obedeció.
Luego regresó a amenazarla con acusarla de tráfico de personas.
“Me dijo que toda persona que acompaña y moviliza a un inmigrante realiza trata de persona, pero yo, pues ni siquiera sabía qué estaba pasando”.
“Los ves ahí uniformados, son cuatro, todos prepotentes te hacen creer que estás haciendo algo malo. Entonces no supe qué decirle”, comenta al recordar el episodio que todavía le altera los nervios.
Después de un rato –no recuerda cuánto tiempo– su amigo salió de la oficina de la Guardia Nacional y dijo que los agentes le pidieron dinero.
“Les dio tres mil y fracción” de pesos, no traía más dice la mujer. A ella también le exigieron que entregara dinero, pero como no disponía de efectivo, le ordenaron bajar al área de cajeros del aeropuerto, mientras desde el piso superior la vigilaban los elementos de la GN.
Natalie obtuvo entonces cinco mil pesos, que entregó a sus captores. Luego esperó afuera de la oficina custodiada por El Flaco, a quien la mujer le rogaba que la dejara irse a su casa.
Otro elemento de la GN se acercó con dos hojas, que supuestamente contenían la acusación por el delito de trata de personas, pero el agente que la custodiaba le pidió esperar, pues aseguró que quería ayudarla.
“Mira, yo sé cómo te va afectar esto”, le dijo. “Primero te van a deportar, vas a perder tu beca, vas a perder el avance que tienes en tu maestría… Esto es muy grande y yo quiero ayudarte”.
Acto seguido: le pidió más dinero. “¿Cuánto vale para ti tu libertad?”, dijo el hombre y enseguida pidió ver de nuevo su cuenta bancaria.
Como recordó que ya había realizado un retiro en el cajero del aeropuerto, le pidió entonces que hiciera una transferencia por 15 mil pesos.
La mujer aceptó y desde su teléfono celular depositó el dinero a la cuenta que le proporcionó uno de los agentes que se encontraban en la oficina de la Guardia Nacional.
Aún así, no dejaron ir a Natalie ni a su acompañante. Para liberarlos, El Flaco puso dos condiciones: una consistió en la entrega de dinero –que ya había cumplido–. Y la segunda: guardar silencio.
“Quiero asegurarme que esto no va a salir de acá, que no vas hablar con nadie y que esto se queda entre nosotros”, amenazó. Enseguida le arrebató el celular, tomó su número, le marcó y exigió que guardara el suyo.
Al despedirse, El Flaco pidió a Natalie, a quien mantuvo retenida y amenazada por varias horas, que fueran amigos.
“Quiero ser tu amigo”
Era casi medianoche cuando a Natalie y a su acompañante les permitieron salir del aeropuerto.
El Flaco se ofreció a llevarla a su casa y le pidió que no se fuera con su acompañante. “Yo te voy a ir a dejar, te vas a ir conmigo, nomas espérame”, le dijo. La mujer se negó.
En un descuido de los agentes, el amigo de Natalie le aconsejó no permitir que la llevaran a su casa y que hablara con su compañera de habitación para que la recogiera en el aeropuerto.
Su amigo abordó un automóvil del servicio Uber. Por Natalie pasó su amiga, apenas había subido al automóvil cuando recibió un mensaje por Whatsapp. Era El Flaco, quien preguntó: “¿Ya vas en camino? Avisa cuando llegues a tu casa”.
El trayecto fue difícil. Natalie estaba aterrada ante la posibilidad de que el elemento de la GN pudiera llegar a su casa. Cada que escuchaba pasar un carro por la calle donde vive, temía que fuera él, “empezaba a temblar”.
Pero el acoso no terminó esa noche. En los días siguientes, la estudiante recibió varios mensajes.
“Hola, ¿cómo estás?… Ojalá me aceptes una salida a un café… Quiero ser tu amigo… ¡Feliz domingo!”, eran algunos de ellos.
Fueron momentos difíciles para Natalie. “Tenía muchísimo miedo, me sentía amenazada, me sentía intimidada, me sentía acorralada, me sentía bien pequeña”, dice.
Nada es igual
Al salir del aeropuerto de Hermosillo, lo último que pensó Natalie fue en presentar una denuncia por lo que había sucedido.
Conocía historias de personas migrantes que habían sido obligadas a entregar dinero al llegar a aeropuertos o estaciones de autobuses. Los casos de abuso y extorsiones por parte de policías o agentes del INM son comunes entre las personas migrantes que se encuentran en México.
Al principio, Natalie decidió dejar pasar el incidente. Pero el acoso del agente de la Guardia Nacional y el miedo permanente que invadió su vida fueron el primer paso para cambiar el rumbo.
Fue muy difícil, cuenta. Temía sufrir repercusiones negativas, además que no sabía si los agentes que la habían detenido tenían razón en hacerlo.
El otro paso fue la conversación con una abogada quien le explicó que ella era una víctima, a quien se debía proteger para detener la situación que enfrentaba. Eso la animó.
Cinco días después de su retención en el aeropuerto presentó una denuncia ante la delegación en Sonora de la Fiscalía General de la República (FGR).
Fue el último día que recibió mensajes de El Flaco. El acoso terminó, pero la vida de la mujer hondureña no fue igual.
Durante 15 días permaneció encerrada en su casa, su vida social se detuvo por completo. El incidente impactó su actividad académica y su salud mental.
Sobre este hecho la Guardia Nacional guardó silencio. No respondió a una solicitud de entrevista sobre el caso.
Natalie ahora busca retomar su vida.
La controversia
El caso de la estudiante hondureña cuestiona la estrategia de control migratorio que aplica el actual Gobierno Federal, advierten organizaciones civiles.
Para atender el problema se requiere entender la situación particular de las personas que cruzan el territorio mexicano, especialmente quienes necesitan refugio o asilo humanitario señalan especialistas como Gloria Ciria Valdez Gardea, coordinadora general del Seminario Niñez Migrante en el Colegio de Sonora.
Algo que, hasta ahora, no parece ocurrir con la Guardia Nacional. La corporación fue creada en marzo de 2019 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El objetivo fue proteger a los ciudadanos y combatir la inseguridad y la violencia, “sin excesos, sin autoritarismos, respetando los derechos humanos”, dijo el presidente.
Sin embargo, los hechos parecen exhibir otra cosa.
Desde que asumió el cargo de comisionado del INM, el 18 de julio de 2019, Francisco Garduño advirtió que la GN sería desplegada en las fronteras norte y sur, como parte de los nuevos mecanismos de control migratorio en el país.
El funcionario explicó entonces que las personas migrantes podían ser detenidos por agentes de la corporación que participen en los operativos, para luego ser puestos a disposición de los agentes migratorios.
La investigadora Gloria Ciria Valdez Gardea, coordinadora general del Seminario Niñez Migrante en el Colegio de Sonora, reitera el riesgo de ese despliegue militarizado.
“A la Guardia Nacional se le ha dado instrucción de detener, supervisar, observar a cualquier individuo que pueda parecer que no trae papeles, entonces de alguna manera se está metiendo en cuestiones muy delicadas que atañen los derechos humanos de las personas”, insiste.
Valdez Galdea asegura que se debe observar con recelo la manera como se organiza toda la infraestructura humana para la contención migratoria. Por ejemplo, la incorporación de la Guardia Nacional en facultades de migración imprime un sello diferente a la estrategia por varias razones.
Es una corporación integrada por elementos no capacitados para esa tarea, ni con la sensibilidad suficiente hacia las personas migrantes, lo que da pie a que sigan “las violaciones a los derechos humanos y continúan las extorsiones”, advierte.
Al final del día, coinciden activistas, el resultado es el mismo: un aparato militarizado para contener la migración sin documentos por México.
Y la creciente vulnerabilidad de las personas que sólo buscan una alternativa para mantenerse con vida.
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*Este trabajo forma parte de Bajo la bota. Militarización de la política migratoria en México, una investigación de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechoscopio (Baja California), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) (Chihuahua) y Uno de Siete Migrando (Chihuahua), además de la Red de Periodistas de a Pie, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Sin Fronteras IAP. Aquí puedes consultar la publicación original. www.bajolabota.com.mx
