Justicia

Tribunales en Chihuahua imparten justicia a puerta cerrada

Ciudad Judicial, sede de tribunales penales en Ciudad Juárez. Fotografía: Rey R. Jauregui

El Poder Judicial del estado resuelve casos penales en opacidad, es decir, sin garantizar la publicidad de sus resoluciones, por mantener vigente medidas de contingencia por el COVID, pese a que en la entidad ya se eliminaron las restricciones de acceso a instalaciones de gobierno

Por Blanca Carmona / La Verdad

Las audiencias en los tribunales penales en el estado se llevan a cabo a puerta cerrada, debido a que el Poder Judicial de Chihuahua mantiene restringido el acceso de los ciudadanos a las sesiones por mantener vigentes medidas contra el COVID que en la entidad ya fueron eliminadas para permitir el acceso a instalaciones gubernamentales.

La situación que persiste vulnera el principio de publicidad del sistema judicial, contemplado como obligatorio en la Constitución y en los códigos procesales.

En marzo del 2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura del TSJ de Chihuahua acordó no permitir la entrada del público –incluidos los representantes de los medios de comunicación– a las audiencias, bajo el argumento que se buscaba evitar la propagación del virus de COVID-19.

Esta semana, el vocero del Tribunal, Israel Hernández Domínguez, informó que ese acuerdo sigue vigente.

La medida contrasta con lo establecido en la modificación al acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia generada por el virus SARS-CoV2 – del pasado 7 de mayo– en el cual se indica que las actividades gubernamentales en el estado se retoman con un aforo del 100 por ciento. Además, de que las actividades productivas, esenciales y no esenciales, así como las recreativas ya fueron reanudadas.

La transparencia, en riesgo

Al respecto, Marco Lara Khlar, periodista y catedrático de la UNAM especializado en Justicia Penal, explicó que el Artículo 20 constitucional establece que en México el sistema penal acusatorio es público y oral, y la publicidad es uno de los cinco principios procesales del sistema.

A partir de 2016 , dijo, quedó plenamente implementado el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) en México, y desde ese momento el sistema debió haber garantizado que el proceso sea público.

Sin embargo, no solo en Chihuahua sino en todo el país las instituciones responsables del sistema judicial se han negado sistemáticamente a cumplir con la publicidad.

“Se han negado sistemáticamente porque la mentalidad de los actores del sistema de justicia penal es una mentalidad anacrónica y están más habituados a funcionar en la sombra, tienen una mentalidad opaca”, expuso. “Entonces han buscado todas las trampas posibles, los artilugios para retrasar el cumplimiento de esta responsabilidad del estado mexicano. Vino la pandemia y el aislamiento, y la utilizaron de pretexto para cerrar las salas”.

Ciudad Judicial, sede de tribunales penales en Ciudad Juárez. Fotografía: Rey R. Jauregui

Lara Khlar señaló que en los estados donde había un pequeño avance en el cumplimiento al principio de publicidad, tras la llegada de la pandemia los actores judiciales cerraron las salas y en otras entidades aprovecharon para no abrirlas nunca.

Lara señaló que el argumento del Poder Judicial en todos los estados ha sido que el cierre de las audiencias atiende a motivos sanitarios, pero eso es “una mentira absoluta”, tan es así que las restricciones por la pandemia terminaron y las audiencias sigue cerradas al público, apuntó.

En el caso de Chihuahua, cuando los medios de comunicación solicitan acceso a una audiencia penal, el TSJ habilita una sala para trasmitir en tiempo real solo el audio de las audiencias. Pero se registran fallas en el sonido y desfases, y no hay acceso a todas las diligencias.

Para el resto del público en general, como familiares y amigos de las personas detenidas y de las víctimas, no se cuenta con esta herramienta. Lo que evidencia que, a pesar de la tecnología existente, los tribunales no han generado un mecanismo que permita dar cumplimiento al principio de publicidad y con ello a la transparencia y rendición de cuentas, que es el trasfondo de esa garantía.

“No hay ningún mecanismo que se esté implementando en los poderes judiciales, completo. Se empezó a hacer en Coahuila, y por aquí por allá, pero no se ha implementado como una política pública de transparencia y rendición de cuentas. Entonces todo se hace sencillamente deshilvanado y básicamente no se resuelve el problema crítico que implica el principio de transparencia”, dijo el académico universitario.

El analista político y abogado, Gerardo Cortinas Murra, señaló que desde el momento en que la Secretaría de Salud federal determinó que Chihuahua estaba en color verde, en el semáforo epidemiológico, el Pleno del Consejo de la Judicatura debió quitar las restricciones que afectan al principio de publicidad, en lugar de tener un criterio discrecional.

“Realmente el Consejo de la Judicatura no ha establecido los nuevos parámetros, nuevos lineamientos para garantizar a los ciudadanos el libre acceso al Poder Judicial incluidos a los procesos penales y civiles, en base al principio de publicidad… en la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, hay un retén en el acceso a las salas, un guardia que te dice que si no eres parte en los juicios no permite el acceso”, indicó.

Cortinas también explicó que a las audiencia civiles si puede entrar el público, por lo que cuestionó a qué se debe esa diferencia respecto a la materia penal.

¿Se esconde sumisión al Ejecutivo?

El académico Lara Khlar agregó que desde la sociedad civil se ha intentado obligar al Poder Judicial de la Federación a respetar el principio de publicidad, pues en este ámbito los actores actúan de forma totalmente discrecional y en gran medida porque están “reflejando la histórica sumisión de ese poder al Poder Ejecutivo”.

Como parte de las acciones para hacer realidad el principio constitucional de publicidad, un grupo de periodistas exigió al Poder Judicial que les permitiera el acceso a la audiencia de control de detención y al proceso penal del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y la decisión de la Federación fue dar acceso a través de la aplicación de WhatsApp, esto es, se iría contando la diligencia a los periodistas que se registraran.

“O sea, una caricatura del principio de justicia, una caricatura de publicidad”, refirió Lara al señalar que ante esa situación se interpusieron varios amparos. Sin embargo, la resoluciones se fueron alargando y se resolvieron meses después de que las audiencias se habían desahogado.

laverdadjz@gmail.com

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