El juez considera que existen pruebas suficientes para presumir la participación de César Duarte en los delitos de peculado y asociación delictuosa durante su gobierno; ‘resolución es ajena a cualquier cuestión política y no es definitiva’, dice en audiencia
Por Blanca Carmona / La Verdad
(Con información de Raíchali)
En una audiencia de más de 12 horas, el exgobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez fue vinculado a proceso penal por los delitos de peculado y asociación delictuosa cometidos durante su gestión, al presuntamente desviar 96 millones 685 mil 253 pesos.
“Lideraba un grupo de personas que de manera expresa o tácita pudieron dedicarse a delinquir durante toda la administración de Gobierno estatal de 2012 a 2016, por lo anterior se evidencia que César Horacio Duarte encabezó una asociación de facto demostrable, lo cual preparó desde el año 2005 y 2006 con pleno conocimiento y consciente de que se dedicarían a extraer recursos del erario estatal de forma ilícita una vez que fuera gobernador del Estado”, dijo el juez Humberto Chávez Allende, al dictar el auto de vinculación a la 21:16 horas de este 8 de junio.
Después de escuchar la resolución, el exmandatario estatal de extracción priísta se colocó frente a uno de los micrófonos de la mesa de la defensa y acusó a su antecesor, Javier Corral Jurado, de haber fabricado pruebas en su contra y de presionar a exfuncionarios públicos para meterlo a la cárcel.
“Con la fuerza del Estado, con todos los empleados del Estado, con los recursos, con toda la presión que impuso a quien encarceló, a quienes les generó temor y por ello les arrancaron las declaraciones a modo y a gusto, lo que han logrado verdaderamente es una falacia, es una mentira del tamaño de la Catedral de Chihuahua… motivó simple y sencillamente una razón a Corral: el odio y la venganza” afirmó Duarte Jáquez en una exposición de casi 12 minutos que cerró con la frase de “el cielo bendiga a Chihuahua”.
Con la vinculación a proceso quedó vigente la medida cautelar de prisión preventiva dictada contra el exgobernador, por lo que al concluir la audiencia fue trasladado al Cereso número 1, donde permanece desde el 2 de junio cuando fue extraditado.
Los razonamientos del juez
El juez Chávez Allende consideró que existen elementos suficientes para presumir la responsabilidad que la Fiscalía de Chihuahua le imputa a de Duarte Jáquez, quien el pasado 2 de junio fue extraditado a México desde Estados Unidos, donde se encontraba preso desde el 8 de junio de 2020.
De las consideraciones del juez, se desprende que dio valor de dato de prueba a la denuncia presentada por funcionarios de la Secretaria de la Función Pública, quienes dijeron que la Secretaría de Hacienda realizó una revisión a la contabilidad de Gobierno del Estado e identificó pagos millonarios, efectuados entre 2011 a 2014, a la Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y/o Unión Ganadera Regional General División del Norte así como Financiera División del Norte S.A. de C.V., S.O.F.O.M. de E.N.R.
En la revisión también se determinó un conflicto de interés pues Duarte era socio y presidente del Consejo directivo de la Unión Ganadera y accionista mayoritario de la Financiera, así como gobernador.
Además, se indicó, al buscar los procedimientos administrativos llevados a cabo para efectuar los pagos se estableció que la mayoría se efectuaron con base en supuestos convenios de apoyo financiero y un contrato de mutuo con interés en los años 2011, 2012, 2013 y 2014, en los que estaban involucradas las secretarías de Desarrollo Rural y de Hacienda.
También se detectaron múltiples irregularidades en los procedimientos administrativos, como documentación incompleta, trámites inconclusos, inconsistencias en fechas, conceptos y montos y violación a los procedimientos legales para otorgar los subsidios, sin evidencia del cumplimiento de los apoyos económicos y financieros otorgados, es decir sin evidencia del uso del dinero para fines públicos.
Presuntamente Duarte Jáquez creo una estructura delictiva a tres niveles, la primera conformada por titulares de secretarías; la segunda por directores generales y jefe de departamento y la tercera por empleados de las anteriores administraciones. Además, también se diseñaron formar de desviar recursos del erario, a través de subsidios y apoyos y programas ficticios, se expuso durante la audiencia judicial.
El juez también acepto unos peritajes presentados por los agentes del Ministerio Público respecto a la ruta del dinero público, determinado que millones de pesos fueron directamente a las empresas propiedad de Duarte, incluso a una cuenta personal de la que se pagó la nómina de un rancho e impuestos a la Servicio de Administración Tributaria (SAT) y también a un fideicomiso constituido por el político y por su esposa, Bertha O.G.F.
Algo del dinero público también fue a un hijo, a la esposa y a una hermana del exgobernador, de acuerdo con la trazabilidad del dinero expuesta por el Ministerio Público.
‘No es la primera vez que el señor Corral me acusa con mentiras’
Tras escuchar acusaciones en su contra y la resolución del juez, Duarte Jáquez afirmó que no es la primera vez que “el señor Corral”, como llamó al exgobernador de Chihuahua, lo acusa y recordó que desde el 2012-2013 lo señaló de ser dueño de una cadena de farmacias y un hotel.
Dijo que lo acuso de una infinidad de mentiras que jamás probó. Por desgracia, “las acusaciones irresponsables” las siguió haciendo en su calidad de gobernador del estado.
Lo más grave, consideró, es que al iniciar las actuaciones de investigación, los ministeriales de Fiscalía de la administración estatal anterior iniciaron por solicitar a la Unión Ganadera Regional División del Norte toda la información que tuviera a la mano y un luego realizaron un cateo en una oficina que desde 10 años atrás él no utilizaba, de donde corrieron a un notario público, en lo que consideró “una falta de aseo en el procedimiento que deslegitimizó una acción que podría haber sido más transparente”.
El exmandatario, ahora vinculado a proceso por dos delitos en modalidad agravada, aseguró que en los archivos de Gobierno del Estado no se encontró ningún documento que lo incriminara, que lo expuso en su contra durante la audiencia fue un machote.
“Me queda claro que es una fabricación absoluta de estos hechos, tendremos el tiempo para poderlo probar. Pero lo que yo quiero expresar en estos momentos es que me resulta increíble como una institución puede ser utilizada y manipulada al grado que veo que ha sido utilizada la Fiscalía General del Estado en la administración anterior y que me preocupa que todavía queden algunos resabios de quienes construyeron esta mentira para defenderla a ultranza, por esta razón yo solicito a su señoría una vez que usted ya expreso la instrucción para que sean investigados las posibles amenazas en contra de los testigos, también se amplie a todos los testigos de esta investigación”, dijo Duarte.
En otra parte de la audiencia los agentes del Ministerio Público se inconformaron por la presunta publicación de los nombres de cuatro testigos de identidad protegida como parte de una entrevista a los abogados defensores, y solicitaron al Tribunal que se llamara la atención al medio de comunicación.
Al resolver la situación jurídica, el juez le ordenó investigar al Ministerio Público investigar la posible comisión de un delito en contra de los testigos de identidad reservada. Aunque al momento que los fiscales expresaron su inconformidad sobre el tema, el resolutor respondió que estaba fuera de su ámbito de competencia llamar la atención a los reporteros y dejó en claro que ya había ordenado la reserva de los datos personales del exgobernador sujeto a proceso penal.
En su intervención, Duarte también señaló que ha recibido muchos comentarios en el sentido de que los testigos fueron presionados y de que se tergiverso información para poderlo acusar de peculado y asociación delictuosa y habló de sus ex colaboradores señalados de haber participado junto con él en el desvío de millones de pesos del erario público.
“El asunto de Lázaro López, que le costó la vida y que jamás pudieron mostrar su responsabilidad, le costó la vida en el Cereso de Chihuahua, como Lupita Medina, una mujer que por más de 20 años trabajo, una mujer honesta, una mujer humilde y hoy se le pone como si hubiese sido mujer corrupta. Carlos Hermosillo, que perdió la vida, que ojalá estuviera para aclarar todas las cosas, se aprovecha su ausencia para fincar un monto de responsabilidad y señalamientos falsos” dijo durante su participación al finalizar la audiencia de vinculación.
De igual manera, mencionó a Marcelo González Tachiquín; Javier Garfio, “que por descarrilar su carrera política se le señaló”; a Alejandro Villarreal. “El odio y la venganza se le marco a Antonio Tarín, a Gerardo Villegas, a Sergio Medina, al propio Esparza que por decir el hecho decir que eran mi parientes era suficiente para encarcelarlos y perseguirlos”.
El exmandatario acusó a la Fiscalía General del Estado de sembrar terror a todo aquel que tuviera cercanía él para que declararan en su contra y así “poder redondear” la acusación; además exhortó a los medios y a los chihuahuense a hacer una comparación del gobierno de Corral con el gobierno encabezado por él.
“Corral de lengua me señalo como propietario de una inmensa riqueza, como dueño de cadenas de hoteles y de farmacias, con la fuerza del Estado, con todos los empleados del Estado, con los recursos, con toda la presión que impuso a quien encarceló, a quienes les generó temor y por ello les arrancaron las declaraciones a modo y a gusto, lo que han logrado verdaderamente es una falacia, es una mentira del tamaño de la Catedral de Chihuahua”, acusó Duarte.
Al final de su discurso, el exmandatario estatal se dirigió a los chihuahuenses para, dijo, “reiterar mi compromiso de aclarar y revindicar la posición en la que cual hemos hecho, tengo fe en la justicia de Chihuahua, tengo confianza en el nuevo momento que vive Chihuahua, pero también tengo muy claro que la perversidad, el odio, la venganza y quienes se prestaron para fabricarla y hacerla se quedaran precisamente con ese señalamiento y tendrán que dar la cara a la justicia de Chihuahua y muchas gracias y puedo pedir que el cielo bendiga a Chihuahua”.
Ante las expresiones de Duarte, el juez únicamente refirió que su resolución fue ajena a cualquier cuestión política y no es definitiva.
Testigos son los verdaderos delincuentes: defensa
Antes de que se dictara el auto de vinculación a proceso, los defensores de Duarte Jáquez pidieron al juzgado no tomar en cuenta las declaraciones de los testigos –que básicamente se trata de exfuncionarios públicos que laboraron en el sexenio encabezado por Duarte Jáquez, de 2010 a 2016–, al considerar que estos optaron por repartir responsabilidad para eludir la propia o bien fueron corrompidos por la administración presidida por Javier Corral Jurado.
Los representantes legales de Duarte Jáquez acusaron que los testigos de identidad reservada son los verdaderos delincuentes de esta historia y al verse descubiertos optaron por repartir responsabilidad.
El finado extitular del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas, Carlos Hermosillo Arteaga; al exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral y el exsecretario de Desarrollo Rural, Octavio Legarreta Guerrero, son quienes presuntamente bajaron las instrucciones de Duarte para la simulación de unos 11 procedimientos administrativos que permitieron desviar más de 96 millones de pesos que estaban en cuentas de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, de acuerdo con los datos aportados por el Ministerio Público.
Los abogados de Duarte señalaron que los ahora testigos de identidad reservada no estaban en un estado de necesidad y vulnerabilidad; cuestionaron además cómo podrían haber sido corrompidos por su representado.
La defensa también pidió al Tribunal la nulidad de información bancaria asegurando que fue obtenida ilícitamente de otras carpetas de investigación y de un equipo de cómputo confiscado en un inmueble ubicado en la ciudad de Parral que era propiedad de Duarte.
Una defensora del equipo de abogados del exgobernador acusado expuso al Tribunal que César Horacio Duarte en su calidad de gobernador, no tenía la bajo su cuidado los bienes públicos de Chihuahua.
Sin embargo, al resolver la situación jurídica de Duarte Jáquez, el juez penal le dio valor a todas las declaraciones de los testigos incluidos los de identidad protegida y a los informes, y aseguró que en su calidad de gobernador Duarte tenía la obligación de cuidar los fondos públicos, podía dispones de los bienes del erario y enajenarlo de acuerdo a la ley.
Al principio de la audiencia de este miércoles, los agentes del Ministerio Público pidieron al juez que llamara la atención a medios de comunicación que publicaron los nombres de cuatro testigos con identidad reservada.
El juez Humberto Chávez Allende autorizo seis meses como plazo para la investigación complementaria.
De encontrarse culpable, Duarte podría alcanzar hasta 29 años de prisión como establece la pena máxima por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada, se indicó por parte del Ministerio Público.
laverdadjz@gmail.com
