Frente a representantes del Ejército, en el arranque de actividades de la Comisión para la Verdad de la Guerra Sucia, familias y sobrevivientes reclamaron que no sólo quieren verdad y memoria, también justicia. Sin justicia, dijeron, tampoco podrá haber paz
Por Daniela Rea y Alejandro Ruiz / Fotos: María Fernanda Ruíz e Isabel Briseño / Pie de Página
Ciudad de México- Más de medio siglo esperando este día, que las puertas de las cárceles militares se abrieran para buscar a los detenidos y desaparecidos por el Ejército entre los años 1950 hasta 1990. Más de medio siglo de lucha para que las familias pudieran entrar al mismo lugar donde estuvieron sus madres, padres, hermanos, hermanas, hijas, hijos, luchadores sociales. Más de medio siglo para exigir justicia y reconstruir la historia de represión de la que el Ejército fue el principal responsable.
Aquí, en el Campo MIlitar número uno, la principal cárcel militar de este país, en donde fueron torturados y asesinados opositores políticos, las familias y los sobrevivientes reclamaron fuerte y claro durante el evento protocolario del Inicio de actividades de la Comisión para la Verdad y Justicia por los Hechos 1965-1990: abran cárceles, abran archivos militares, no sólo queremos verdad y memoria, queremos justicia.
Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos Merino, desaparecida por el Ejército el 5 de enero de 1978 lo dijo así:
Después de tantos años de exigirlo este día se abre el gran cuartel. Este día venimos a decirle al país, sin duda de por medio, lo que sucedió aquí: aquí fueron torturados, mutilados, nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, hijos e hijas de cientos de mujeres que no dejaron de buscarlos. Aquí fueron desaparecidos y desaparecidas”.
“Presidente: aquí estamos las personas sobrevivientes y los familiares de víctimas de violaciones graves a derechos humanos perpetradas en el pasado reciente. Dimensionamos este acto protocolario como un día histórico y con compromiso asumimos la invitación al diálogo. Reiteramos que buscamos investigación, verdad y justicia”.
“Conózcanos, reconózcanos porque tendremos que coadyuvar juntos en la reconstrucción de lo sucedido en esta su casa. Estamos listos para buscar reconocer las pistas y los lugares usados en diferentes etapas: la cárcel militar, las instalaciones del Segundo Batallón de la Policía Militar, las oficinas de Quiroz Hermosillo cercanas a la puerta 8, de los sótanos, de las mazmorras en las que dividían a hombres y mujeres; del hospital militar en el que convalecieron los heridos por la DFS y Brigada Especial”, dijo Alicia de los Ríos.
Y, recuperando el reclamo histórico de las familias, pidió un compromiso verdadero: la apertura exhaustiva de las cárceles, de los archivos, lugares, de los planos arquitectónicos de este lugar para que se reconstruya lo sucedido aquí, cuando cientos de luchadores sociales y opositores políticos fueron traídos y torturados en esta cárcel militar. Extendió el reclamo histórico de las familias y sobrevivientes: investiguen las cadenas de mando y construyan las condiciones para que los militares den el testimonio de aquellos años de represión.
De los Ríos reclamó a la Fiscalía General de la República ser la gran ausente de este proceso.
Observamos la ausencia de una institución vital para el proceso emprendido, no está la FGR por lo que le solicitamos la gestión para sumar al personal ministerial necesario a estos esfuerzos colectivos porque no habrá verdad sin justicia y sin justicia tampoco podrá haber paz”.
En el evento, presidido por Andrés Manuel López Obrador; Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos; Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, entre otras autoridades, habló también Micaela Cabañas, la única hija del guerrillero Lucio Cabañas, quien ante militares, dijo fuerte y claro cómo su padre Lucio Cabañas Barrientos, durante un enfrentamiento con tropas del Ejército se disparó con tal de no caer en manos de soldados, y después de eso el capitán Bravo Torres le dio un tiro de gracia.
“Tras el cerco que perseguía a mi padre en alguna casa del poblado de Tixtla fuimos aprehendidos, todos éramos niños, fuimos llevados a este recinto donde en este momento se hace vergonzoso decirlo pero en aquel tiempo era algo muy normal. Apenas cumplía dos meses de edad el campo militar en ese entonces era considerado el centro clandestino más grande de esa época. Mi madre fue torturada, violada o ultrajada pero me defendía. Dicen que llegaban los militares, me tomaban de un pie y me apuntaban en la cabeza. Mi madre era una adolescente que tenía 14 años. Llegué aquí de dos meses y en algún lugar de este edificio aprendí a caminar, correr y decir mis primeras palabras. En este lugar donde toda la familia Cabañas que nos encontrábamos en la clandestinidad sufrimos tortura física, moral y psicológica y muchas otras violaciones, incluida la sexual porque mi madre salió embarazada del gobernador de ese entonces de Guerrero”.
Por más de 50 años la familia Cabañas ha sido invisibilizada, han querido borrar toda esta historia que tenemos que contar; sin embargo estamos aquí y les decimos: con nada nos van a pagar lo que pasamos y sufrimos, con nada nos van a regresar a nuestros familiares que quedaron a la espera de justicia, se están yendo y no llega la justicia. Tengo fiel confianza en esta nueva Comisión porque sé quienes la dirigen”, agregó Micaela Cabañas.
Alejandro Encinas reconoció que en esta cárcel militar operó la Brigada Blanca y se violaron los derechos humanos de los opositores políticos. Por lo cual se abrirán los cuarteles, no sólo este lugar sino otros como la base aérea de Acapulco y otras instalaciones de Guerrero y Chihuahua. “Que la puerta que hoy se abre, no se vuelva a cerrar”, dijo.
Memorial para soldados caídos
Fue el turno del titular del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien sin responder a los reclamos de las familias y sobrevivientes dijo, como si hablara al espejo, que el Ejército siempre ha sido transparente y defendido los derechos humanos, ha sido cercano al pueblo. Que quienes integran estas filas y portan el uniforme se sienten honrados. Que la memoria histórica, la verdad y la no repetición son derechos que hacen valer.
Las familias de desaparecidos y los sobrevivientes de la represión, presentes en el acto protocolario, reclamaron desde sus lugares el optimista discurso del militar e hicieron valer su lucha: “¿Dónde están los desaparecidos?, ¿Dónde están los desaparecidos?”
Pero Sandoval no sólo no escuchó sino que lanzó una provocación en medio de un evento que buscaba -al menos institucionalmente- reivindicar al Ejército y su colaboración para investigar los crímenes del pasado.
“Aquí están presentes algunos de los militares y familiares que fueron afectados por los hechos ocurridos en aquel entonces. Con orgullo les expreso que el propio mandatario (López Obrador) autorizó a inscribir los nombres de militares fallecidos con motivos de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida”.
Los reclamos de las familias y sobrevivientes interrumpieron con tal fuerza y rabia que el discurso del militar dejó de escucharse.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, gritaron desde sus lugares, levantando pancartas en donde se leía “Fiscalía especial para enjuiciar a los perpetradores. No a la impunidad de la Guerra Sucia”.
López Obrador reiteró que estos hechos de represión son cosa del pasado, de regímenes autoritarios y antidemocráticos.
La Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo y eso fue lo que llevó a muchos a tomar el camino de la lucha social y la respuesta del Estado fue la represión, el exterminio, el autoritarismo», dijo.
Agregó que “este es un primer paso, pero no queremos que esto quede en la superficie, no queremos la simulación, queremos ir a fondo con la participación de todas y de todos. Que hagamos ese compromiso porque es lo mejor porque eso nos alivia a todos, es un acto de reconciliación nacional que necesitamos, tenemos que conocer la verdad, que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, para que no vuelva a haber represión, autoritarismo, en nuestro país”.
Casi al cierre de su discurso, López Obrador sorprendió con lo que pareció ser un ambiguo guiño tanto a las familias, como al Ejército.
Cero impunidad, para que podamos todos aclarar, para que honremos la memoria de quienes perdieron la vida, y que lucharon por un ideal o en cumplimiento de un deber”.
Reavivan proyecto de sentencia para buscar a guerrilleros
Aunque el presidente aseguró que los crímenes de la Guerra Sucia quedaron en el pasado, afuera, donde las cosas suceden, el Ejército siguió reprimiendo en años recientes a militantes y disidentes políticos.
Las familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Anaya lo han vivido en carne propia. Ellos eran guerrilleros, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Oaxaca. En 2007 ambos desaparecieron después de que la policía oaxaqueña los detuviera en la capital de ese estado. Años después se comprobó que los policías los pusieron a disposición del Ejército mexicano.
“Buscar a mi hermano ha sido, desde un principio, un camino muy difícil. El andar ha sido muy pesado, pero a la vez es increíble de que ya hayan pasado quince años y estemos todavía en pie de lucha a pesar de todo lo que nos ha pasado, porque este camino nos afecta psicológica, física y económicamente; pero seguimos adelante”, dice Margarita Cruz, hermana de Gabriel.
Ella, junto a decenas de personas e integrantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, carga la fotografía de su hermano frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El motivo: la resolución de un amparo que permitirá avanzar en la búsqueda y localización de su hermano. El amparo está enlistado desde el año 2020.
Su demanda es clara, pero contundente en un país que parece no tocar al Ejército mexicano. Piden que se abran los cuarteles para buscar a sus compañeros, padres y hermanos.
Ejército y policías: probables responsables de la desaparición de los guerrilleros
Nadín Reyes es hija de Edmundo Reyes Amaya, quien desapareció junto a Gabriel el 25 de mayo de 2007. Su consigna, desde hace 15 años, ha sido la misma:
Que los busquen en vida, como se los llevaron. Que los busquen en cuarteles militares, en donde se les vio por última vez aquí en la Ciudad de México”, dice.
En 2019, la jueza cuarta de distrito en materia penal, con residencia en la Ciudad de México, resolvió un amparo para hacer efectiva una sentencia emitida en 2014.
En esa sentencia se establecieron algunas medidas cautelares, entre ellas, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como la Fiscalía General de la República (FGR), abran los cuarteles militares donde los guerrilleros eperristas fueron vistos después de su detención.
“Se tiene acreditado, mediante el juicio de amparo, y mediante la sentencia en primera instancia, que participaron elementos del Ejército mexicano y policía ministerial del estado de Oaxaca en su desaparición”, dice Sandino Rivero, asesor legal de las familias de los eperristas.
Aparentemente primero los llevaron a la Fiscalía de Justicia del estado de Oaxaca, obviamente ahí no dejaron que ellos pudieran comunicarse con alguien; de ahí los llevaron al campo militar No. 1. Eso es lo que se tiene acreditado, al menos, en el juicio de amparo”, agrega el abogado.
La sentencia de amparo, además, insta a la creación de una Comisión Especial de Búsqueda para localizar a los militantes eperristas.
También obliga a la Sedena a que pague en un diario de circulación nacional la publicación de la sentencia en su contra; asimismo insta a la FGR a que publique en su página el proceso y los nombres que han surgido durante la investigación de la desaparición de los guerrilleros.
Ambas autoridades, sin embargo, apelaron esta sentencia. Argumentaron que no existían motivos para investigar a los militares por estos hechos. También dijeron que algunas medidas cautelares vulneran el debido proceso.
Ante esto, la defensa legal argumentó que, al ser un caso en donde militares estarían implicados en el delito de desaparición forzada, este hecho representa una grave violación a los derechos humanos. Por eso se exige el cumplimiento de estas medidas cautelares.
El caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a inicios del 2020; pero no fue sino hasta febrero de 2021 que, por primera vez, se discutiría en el pleno de la primera sala. El proyecto de sentencia lo elaboró la ministra Margarita Ríos Farjat, quien ha estado en constante comunicación con las familias y la defensa legal de los desaparecidos.
En aquel momento el caso quedó enlistado. Este 22 de junio, la Corte lo volvió a poner en su orden del día.
Se reactiva el proceso, se avivan las esperanzas
“El hecho de que hoy estemos aquí en la Suprema Corte de Justicia, a pesar de todo este tiempo, para nosotros sí es un logro significativo. El caso de la desaparición forzada del señor Edmundo y el señor Gabriel Alberto Cruz Sánchez es el primer caso que llega a la Suprema Corte de Justicia”, dijo Nadín minutos antes de la sesión de la corte.
Durante la sesión, sin embargo, el caso volvió a quedar en lista. La defensa legal declaró que “esto no es una derrota”.
La diferencia, precisó Sandino Rivera, estriba en que en 2021 el proyecto de sentencia se hizo público semanas antes de la fecha establecida.
“Ante esto, nosotros le hicimos llegar a la ministra, a partir de un expediente de pruebas, una serie de observaciones para precisar algunos vacíos en el proyecto de sentencia; el cual, cabe resaltar, da razón al fallo de la sentencia de 2019”, indicó el abogado.
Es decir, el proyecto de la ministra Farjat da por válida la apertura de los cuarteles militares para la búsqueda de los guerrilleros. También formaliza la creación de una comisión especial para esclarecer el caso; además de ratificar las otras medidas cautelares que se dictaron en 2019.
“Las observaciones que le hicimos llegar a la ministra son de procedimiento, para que estas medidas cautelares no queden en la ambigüedad”, explica Sandino.
Y agrega que fueron los familiares y su defensa legal quienes pidieron a la ministra enlistar el proyecto de sentencia para que tomara en cuenta las precisiones indicadas; entre ellas establecer tiempos razonables para la ejecución de las medidas.
Además, declaró que este fallo de la Corte puede sentar precedentes históricos para los miles de casos de desaparición en el país, quienes, en caso de optar por una vía de amparo para la resolución de sus casos, pueden encontrar nuevos parámetros para agilizar la búsqueda y localización de sus seres queridos.
Los precedentes que sienta este caso son buenos, importantes a nivel general; pues la corte está diciendo que en casos de desaparición forzada las sentencias de amparo sí pueden dictar medidas de reparación integral. Es decir, que el estándar para acreditar violaciones graves de derechos humanos en el juicio de amparo es atenuado, no tiene que ser un estándar como en los procedimientos penales donde tienes que acreditar más allá de toda duda razonable. Aquí es para acreditar una violación grave a los derechos humanos, no para inculpar a una persona, entonces el estándar es atenuado, es mínimo”, explicó el abogado.
Después de la sesión, la ministra Farjad salió a dialogar con las familiares de los guerrilleros. Se abrazaron, intercambiaron un par de palabras. Un compromiso quedó en el aire: la corte podría emitir su sentencia antes de que termine su periodo de sesiones; es decir, antes del mes de agosto.
Una lucha por la memoria y la dignidad
Antes de que desaparecieran sus familiares, Margarita y Nadín no conocían sus actividades políticas. Sin embargo, estos quince años de marchas, plantones y batallas en tribunales las han hecho caer en cuenta en lo que representaban los eperristas.
“De por sí teníamos mucha admiración por nuestros familiares. Mi padre y el señor Gabriel siempre han sido personas honestas, comprometidas, amorosas, disciplinadas con su familia. Creo que ahora entendemos muchas cosas de por qué decidieron luchar, los admiramos y los respetamos más. Si antes de saber de su lucha política en esta organización nosotros ya los admirábamos y los respetábamos mucho, ahora los admiramos y los valoramos más”, dice Nadín, hija de Edmundo Reyes.
A la vez, la cercanía por un trozo de justicia les ha hecho avanzar un paso más en su lucha por la memoria y la justicia. Esto, después de que tras años las autoridades las criminalizaran a ellas y a sus familiares debido a su militancia política.
“Cuando a él lo detienen en el 2007, como todo, por medio de la prensa nos enteramos. Ahí empezó nuestro calvario como familia de qué hacer, empezó el miedo; empezaron a molestarnos los policías, y decíamos ‘bueno, si lo tienen o no lo tienen ¿por qué nos molestan a nosotros?”, dice Margarita con sus ojos al borde del llanto.
Y concluye que:
Ahora toca a que las autoridades hagan su responsabilidad, porque lo que queremos nosotros, los familiares, es justicia. Que paguen las personas que hicieron todo esto, porque en verdad sí se sabe que los detuvieron, que estuvieron en el campo número uno. Eso queremos, que nos den una solución, y que nos la den inmediata, porque ya son quince años. ¿Cuántos años más tenemos que esperar? Vamos a seguir luchando, hasta que dios nos de vida”
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Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.
